Recordemos que este jueves, el partido Frente Amplio declaró que no seguirán insistiendo en un tercer proceso constituyente en caso de que se rechace el texto propuesto por el Consejo Constitucional, durante este viernes desde el Partido Comunista plantearon que el tema de una nueva Constitución “es un debate que empieza el 18 de diciembre”.

“Ha quedado bastante claro que nosotros, como muchos otros, hubiéramos querido que la propuesta de texto fuera más consensuada y más transversal. Esto no fue así, pero la ciudadanía tendrá que juzgar, luego de informarse, si esto les parece un buen texto o no respecto a lo que tenemos actualmente vigente. Eso va a ser el proceso de votación que vamos a tener el 17 de diciembre”, resaltó.

“En ese marco, los partidos políticos, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las personas van a tener que marcar sus propias posiciones. Eso es parte de una democracia y los partidos lo han estado haciendo“, señaló.

Vallejo destacó que al Ejecutivo le corresponde, además de “garantizar la prescindencia, el proceso informativo y lamentar que no haya un acuerdo transversal, dar garantías de que el proceso va a llevarse a cabo como corresponde”.

Con todo, la autoridad fue enfática en señalar que, independiente del resultado del plebiscito, desde el Gobierno “no vemos condiciones para empujar otro proceso”, y que les corresponde dar certezas de que el programa de gobierno va a continuar.

“Nosotros tenemos muchas tareas que empujar como Ejecutivo en los años que quedan y vemos muy difícil que se den esas condiciones”, sentenció.

En específico, los manifestantes son integrantes de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura) y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Según los trabajadores, habrían realizado una «ocupación pacífica» de la oficina de la ministra.

La medida se adoptó «por el incumplimiento por parte de las autoridades del acuerdo adquirido en junio (…) en relación a aprobar por parte de la Dirección de Presupuestos los recursos para financiar el Plan de Fortalecimiento Institucional el año 2023 y en el Presupuesto 2024», según señala un comunicado.

«Anfucultura y ANEF ha decidido ocupar pacíficamente la oficina de la ministra Carolina Arredondo, ubicada en Ahumada #48, Santiago, para concretar de una vez por todas los compromisos asumidos y sacar de la profunda crisis en que se encuentra el ecosistema cultural del país y la institución que lo sostiene, el Mincap», alegaron.

«Queremos dejar en claro que esta medida se toma muy a nuestro pesar, pero como única manera de evitar el colapso total de nuestra cartera y de los cientos de programas de culturas, artes y patrimonio que se sostienen con su apoyo», añadieron.

Ante esto, el directorio Nacional de Anfucultura acusó que «luego de innumerables alertas, conversaciones, movilizaciones y compromisos adquiridos, el tiempo, la energía y los recursos se acaban, pero no la urgencia de rescatar nuestra institucionalidad cultural».

«Por eso, resulta incomprensible que la ministra Carolina Arredondo; la subsecretaria Noela Salas; la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el Presidente de la República, Gabriel Boric, sigan mirando hacia el lado dejando morir el alma de Chile: Sus culturas, sus expresiones artísticas y su riqueza patrimonial», cerraron.

Respecto a esto último, la secretaria de Estado respondió que le parece inapropiado que cualquier ministro o ministra esté hablando de aquello”.

Agregando “yo entiendo la dinámica de la política o lo que algunos quieran instalar, a propósito de las encuestas, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, tenemos muchas preocupaciones”.

En esa línea, pidió “a parlamentarios que nos ayuden a dar cumplimiento con las tareas que la ciudanía está esperando, ¿cuánto hemos esperado en la reforma de pensiones, en el pacto fiscal?”.

“Instalar en el debate público problemas en torno a las presidenciales, cuando lo fundamental es que los parlamentarios parlamenten y voten proyectos importantes para la ciudadanía, yo creo que es una pérdida de tiempo”, dijo.

Ministra Vallejo y el rol informador del Gobierno en el plebiscito constitucional

En el marco del próximo plebiscito programado para el próximo 17 de diciembre, Vallejo indicó que desde La Moneda “hicimos solicitud de recursos hace rato (…) hay que mantener esta obligación” porque “nos corresponde informar”.

“Creo que faltó la última revisión de Contraloría respecto al grueso de los recursos, pero el objetivo de esto es abrir las licitaciones para desarrollar la campaña informativa del plebiscito y el Presidente lo pidió”, complementó.

Asimismo, la vocera de Gobierno destacó que no solo será campaña digital, sino también en el impreso. “Vamos a tener menos campaña informativa porque solo un mes que vamos a cumplir con ese mandato y esa obligación”, explicó.

“Espero que los que nos criticaban antes, hoy día no nos critiquen por hacer campaña informativa. Además que la Contraloría dijo que estábamos en nuestras atribuciones (…) pero si va a entregarse los textos”, concluyó.

La clausura de las conversaciones se dio este fin de semana según ExAnte, luego de una reunión entre la secretaria de Estado, autoridades de Gobierno y parlamentarios de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El encuentro duró poco más de mediahora y en el estuvieron la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

Además, participaron los diputados Héctor Ulloa (ind pro PPD), Juan Santana (PS), Andrés Giordano (ind pro RD) y Luis Cuello (PC).

En la oportunidad, la ministra Jeannette Jara les habría dicho a los presentes que continuaba trabajando en las indicaciones del proyecto, todo a miras de cumplir con el plazo autoimpuesto de ingresar la iniciativa antes de fin de este mes.

Mientras que los parlamentarios le recomendaron a la secretaria de Estado que ingresara las indicaciones la primera semana de octubre, para que no se tope con el veto a la ley de usurpaciones.

En tanto que Jeannette Jara detalló las indicaciones que aplicará el Gobierno al proyecto, y que se propone destinar 4 puntos de las cotizaciones extra a un fondo de solidaridad y 2 puntos a las cuentas individuales.

Indicaciones que el Ejecutivo estima podrían aprobarse por 7 votos a favor y 6 en contra en la comisión de Trabajo.

No obstante, el Gobierno estaría dispuesto a llegar a un nuevo acuerdo y ceder a que 3 puntos vayan a un fondo solidario y 3 a las cuentas individuales.

La instancia de esta jornada corresponde al tercer encuentro que el mandatario realiza para retomar el diálogo y generar acuerdos antes distintas votaciones en el Congreso Nacional.

Los partidos de Chile Vamos -Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli)- abrieron el ciclo de reuniones el pasado 17 de agosto. Esto fue valorado por el jefe de Estado, aunque los timoneles de dichas colectividades lo calificaron como “tenso”.

El viernes 25 de agosto fue el turno de la Democracia Cristiana (DC), Demócratas y Amarillos.Previo a la reunión, la ministra Jara fue enfática en manifestar que, como país, “estamos en los tiempos definitorios de las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Hemos estado tanto en diálogo con la derecha como con los partidos del centro y más que una ruta propiamente tal, lo que es importante tener a la vista es que hay un sentido de urgencia y esto tiene que resolverse pronto”.

En ese sentido, destacó que “el tiempo del acuerdo por la reforma a las pensiones llegó y es ahora“, y mencionó que, como Gobierno, también entienden que los partidos políticos lo interpretan así. Por lo tanto, “vamos a saber en los próximos días en definitiva con quienes logramos ponernos de acuerdo y con quienes no, porque no ha sido un tema fácil para el país, pero es un tema urgente y esa es la sensibilidad que hay que tener”, añadió.

Respecto a las distintas propuestas mencionadas por los partidos, sobre todo ante la que planteó la Democracia Cristiana (DC), es decir, que el 6% extra de cotización sea dividido en 3% para un fondo común y el otro 3% para el individual, la ministra Jara sostuvo que, “nosotros presentamos un seguro social que abarcaba un 6% de cotización adicional no por darnos un gusto ideológico, sino que precisamente porque un seguro social de esa naturaleza nos permite subir de una manera más significativa el monto de las pensiones. En particular de las mujeres y eso es algo de lo cual hay que hacerse cargo en nuestro país, dada la baja tasa de reemplazo que obtienen las mujeres”.

De este modo, la secretaria aseguró que “cada punto del seguro social que se resta (…) significa menos mejora de pensiones para los actuales jubilados y jubiladas, y eso es algo que hay que tener sumamente claro. Todas las propuestas que se han hecho de un 3%-3%, 2%-4%…, todas las propuestas siempre se pueden analizar, pero el punto es para qué queremos la reforma previsional en nuestro país. ¿Para que las cosas sigan igual? No creo. Creo que tenemos que hacer una reforma previsional para que las pensiones suban y, por tanto, cuando se hacen propuestas hay que tener a la vista el objetivo de esta reforma“.

Es así que la ministra Jara comentó que “nada está descartado”, pero lo que sí tienen a la vista es que se requiere “que esto tenga un efecto en pensiones y ese efecto implica que cada punto que se resta del seguro social las pensiones suben menos“.

En ese sentido, indicó que el mandatario «estaba muy impactado» y que es de las situaciones más insólitas que han visto.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo por modificar la Ley Antiterrorista.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los últimos atentados con explosivos y a una grabación que, según dijo, correspondía a planteamientos del presidente Gabriel Boric en una reunión privada con parlamentarios de la Macrozona Sur.

En ese sentido, la secretaria de Estado indicó que -desde algunos medios de comunicación- informaron que “tenían un registro de la reunión” lo que consideran que “es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente de la República”.

Agregando que el mandatario “ayer estaba muy impactado de que algo así hubiera pasado después de una reunión de las características que tuvimos porque fue una muy positiva reunión”.

En esa línea, aseguró que no es la primera reunión con parlamentarios de la zona y que en la última hubo “colaboración” y “valoración de los avances que se han tenido, énfasis para la nueva etapa porque efectivamente ha habido un cambio en la situación en la zona.

Por lo que la grabación “está fuera de los códigos de una reunión y de los planteamientos de esa reunión donde todo el mundo aseguró que esto no iba a suceder (…) nos tiene muy desconcertados y preocupados”.

Respecto a los últimos atentados con explosivos, la titular de Interior comentó a T13 Radio que “la primera cosa a establecer es la vinculación sustancia que pueda haber entre ellos (…) eso se tiene que investigar”.

Lo mismo con “la autenticidad de la declaración que salió adjudicándose los atentados”, dijo, agregando que “llama mucho la atención y preocupa, que en un margen tan corto de tiempo se den este tipo de acciones”.

Consultada por la reunión de los tres poderes del Estado -que se realizará hoy- Tohá afirmó que al Presidente Boric le pareció importante “hacer un espacio para intercambiar información”.

Lo anterior “para coordinar acciones y estar todos alineados, alertos digamos, con los poderes del Estado, pero también en esa reunión se suma las policías y se suma el fiscal nacional”.

Respecto a la modificación a la Ley Antiterrorista, Tohá afirmó que “está comprobado que funciona muy mal, cada vez que se ocupa hay derrotas resonantes en los tribunales, porque la forma en la que está tipificado el delito terrorista es casi imposible de demostrar”.

Esto porque “hay que demostrar el ánimo de quien lo comete, entonces con esa tipificación, el riesgo de que se tenga un fracaso en tribunales es muy grande”.

Finalmente, concluyó que el compromiso del Ejecutivo es la modificación de la tipificación porque “con lo que tenemos hoy la ley es prácticamente inservible”.

Lo anterior, a propósito de la polémica que se generó luego que se revelara que la Clínica Las Condes no fue contactada para consultar sobre la disponibilidad de camas UCI pediátricas para la bebé de dos meses que murió en el Hospital de San Antonio, a la espera de ser trasladada.

«Todo lo que tiene que ver con responsabilidades políticas le corresponde al Presidente de la República, porque cada autoridad está en su desempeño en la medida que cuenta con la confianza del Presidente: ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias», indicó la vocera al término de un comité político ampliado.

«No me corresponde a mí señalar nada más al respecto. Decir que, frente a la no aplicación a cabalidad del protocolo, hay que aclarar evidentemente lo que sucedió y la responsabilidad frente a aquello, que terminó siendo que la Clínica Las Condes no fuera contactada cuando sí debió ser contactada», añadió.

También enfatizó que «cuando el protocolo señala que se debe hacer contacto con las clínicas en caso de emergencia sanitaria, no puede ser una razón no contactarse con ellas por una sentencia de carácter judicial donde no hay un convenio vigente, eso no es una razón».

Por lo mismo, resaltó que se requiere esta investigación sumaria, la que fue anunciada por el subsecretario Araos para determinar responsabilidades.

Fueron los parlamentarios del movimiento Avancemos Chile, ex Partido de la Gente, Víctor Pino y Yovana Ahumada, además del independiente Enrique Lee, los que dieron pie a esta iniciativa. Se trata de una reforma constitucional que pretende poner límite a los intentos por tener una Carta Magna, al menos durante los próximos 8 años, incluyendo un plebiscito de entrada.

Por lo anterior, la ministra Camila Vallejo aseguró que, a su parecer, es “política ficción” y que desvía del proceso actual, del que se espera emerja “una constitución hecha en el siglo XXI y de forma democrática”.

“Por eso es tan importante insistir en el presente, en poner los ojos en aquellos que fueron electos para asumir este desafío en esta segunda oportunidad histórica y más que estar solo pensando en qué viene después, porque nos desvía la atención lo que es importante, porque es construir escenarios hipotéticos”, reflexionó Vallejo.

Para la ministra, lo que el Gobierno espera es que “el Consejo Constitucional se constituya, pueda dar demostración en los hechos, y no solamente en las entrevistas o declaraciones, de que son capaces de fortalecer el diálogo democrático e inclusivo (…), sin dejar a sectores fuera”.

“Nadie quiere que volvamos a desaprovechar una oportunidad como esta, pero todo eso depende del rol que asuman en la práctica los consejeros y las consejeras constitucionales y del resultado del trabajo que tengan”, aseguró Vallejo.

Por último, la vocera de Gobierno les deseó “la mejor de las suertes” a los consejeros, recordando que “la ciudadanía podrá juzgar en el plebiscito de salida si está de acuerdo o no con la propuesta, eso no lo hace el Gobierno”.

Recordemos que las aseguradoras acusan que el proyecto “es un engaño” y que “promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse”.

Al respecto, la ministra Aguilera sostuvo que lo que nosotros estamos haciendo es dar cumplimiento a una sentencia de la máxima instancia del Poder Judicial chileno”, según señaló a Universo.

En ese sentido, cuestionó el tono de la respuesta de las isapres, asegurando que “nosotros lamentamos el tenor de ese tipo de declaraciones, creo que no corresponde ir a ese tipo de cancha”.

“Nosotros le hemos planteado en distintas oportunidades a la Asociación de Isapres que si ellos tienen un entendimiento distinto de lo que dice la sentencia, ellos pueden recurrir a la Corte, pueden presentar un escrito en derecho, pueden hacer un recurso de aclaración y, sin embargo, nunca lo han hecho”, replicó.

“Las isapres no son las víctimas, nosotros no somos victimarios, esto es consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema por las prácticas de la industria”, fustigó.

“La sentencia de la Corte Suprema no define el cierre del sistema privado. De hecho, hay isapres que van a tener muy poco problemas, depende de la cartera que tengan y de cuántos contratos vigentes tenían al año 2020 y que solo que aquellos a los que no se le aplicó la tabla de factores”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que “hemos presentado el proyecto de ley justamente para mantener la estabilidad de los prestadores privados, es decir, de las clínicas, médicos, laboratorios, es que estamos proponiendo un fortalecimiento de Fonasa para que pueda haber un mayor y mejor uso de la modalidad libre elección”.

“No es una reforma encubierta, nosotros tenemos que dar cuenta justamente los efectos sistémicos. Desde un primer momento nosotros hemos planteado que este es un proyecto de ley que no tiene por sentido hacer una reforma del sistema privado ni del sistema público, sino el cumplimiento a la sentencia”, reiteró.

Por último, consultada por la cantidad de nuevos usuarios que puede absorber Fonasa, la ministra de Salud adelantó que “si las clínicas y los prestadores siguen funcionando, por supuesto que fue Fonasa puede dar cobertura a través de la modalidad libre elección”.

“Esto de que la gente vaya a entrar a la lista de espera implicaría que todas las personas que se han cambiado de isapre a Fonasa, vayan a atenderse da a través de los consultorios, sabemos que eso no es real”, sentenció.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las duras críticas del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, en contra del presidente Gabriel Boric, por la crisis migratoria que se vive en la frontera con Perú.

Recordemos que el jefe comunal peruano calificó de “irresponsable” al mandatario chileno, tras acusarlo de trasladar el problema a su país.

“No debemos permitir que un innombrable, un irresponsable como su Presidente, esté trasladando los problemas a la frontera”, fustigó el alcalde de Tacna.

Al respecto, Tohá replicó asegurando que “Chile vive todos los días el desafío del tema de la inmigración y la vivimos con sentido de responsabilidad, entendiendo la magnitud que tiene este fenómeno”.

“Palabras como esa no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo del tipo de fenómeno que tenemos al frente y el rol que nos corresponde a las autoridades para manejarlo de la manera más adecuada, no solo para la seguridad nuestros países, sino también para los derechos de las personas que están involucradas”, agregó.

“La Cancillería de Chile ha estado en contacto con Perú desde el primer momento que esto se empezó a producir”, acotó la ministra Tohá.

“Y además, las autoridades, los funcionarios responsables de la frontera, han estado atentos también desde las primeras horas para que las personas que intentan trasladarse a otros países, encuentren por el lado chileno todas las condiciones de apoyo humanitario”, sostuvo.

Esto último, “especialmente cuando hay niños, niñas y adolescentes, que no los pongan en una situación de mayor vulnerabilidad”, concluyó.