En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución de primera instancia que condenó al exagente de la DINA, por el secuestro calificado de Gary Olmos Guzmán.

Este último caso corresponde a un comerciante de la población La Bandera, quien fue detenido por agentes del régimen en agosto de 1974 en La Cisterna.

“La víctima fue ingresada al centro de detención Cuatro Álamos, lugar en que fue mantenida ilegalmente privada de libertad, desconociéndose desde entonces su paradero y destino”, indica el fallo.

Asimismo, la Corte Suprema “estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, al acoger la media prescripción y rebajar la pena a 7 años de presidio, por lo que repuso la resolución de primera instancia que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años de presidio, en calidad de autores de un delito de lesa humanidad”.

ME-O celebra nueva condena de Kassnoff con mención a Kast

La decisión del máximo tribunal del país fue celebrada por el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, a través de sus redes sociales.

Esto último, destacando que Miguel Krassnoff también fue condenado a 10 años de cárcel por el homicidio calificado de su padre, el exsecretario general del MIR, Miguel Enríquez.

“Miguel Krassnoff, agente de la DINA que entre otros asesinó a mi padre, obtiene nueva condena: 10 años de presidio por secuestro calificado en La Cisterna. Este es el amigo de José Antonio Kast”, tuiteó.

Esta última mención al líder del Partido Republicano no cayó bien entre los parlamentarios de ese conglomerado, como el diputado Luis Sánchez, quien replicó duramente el comentario.

“Tu padre murió disparando. Era un terrorista que vivía armado y estaba dispuesto a matar al que se le atravesara. Chile se aburrió de las mentiras de la extrema izquierda y de que sigan profitando del odio que han esparcido por décadas”, escribió.

Cabe destacar que el nombre de Gary Olmos fue incluido en el fallido montaje orquestado por la dictadura llamado “Operación Colombo”, donde se intentó demostrar que 119 opositores al régimen habían muerto tras enfrentarse entre ellos en Argentina.

Durante el régimen de Augusto Pinochet, que se extendió durante 17 años, se registraron 3.200 asesinatos y al menos 1.192 detenidos desaparecidos. Lo anterior, además de decenas de miles de casos de prisión política, tortura, vejaciones, exilio y persecución que aún permanecen impunes, en gran medida, debido a la polémica “media prescripción”.

De todas maneras, hay algunos agentes de la dictadura que han sido condenados a largas condenas de cárcel, y que, con el correr de las resoluciones judiciales, han ido sumando cientos de años de presidio.

Uno de esos casos emblemáticos es precisamente el de Krassnoff Martchenko, quien suma más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de 900 años de cárcel.

El caso Soquimich (SQM) está alcanzando sus últimas fases. Este miércoles comenzará el juicio oral donde entre sus acusados figuran los excandidatos presidenciales Pablo Longueira, de la UDI y Marco Enríquez-Ominami, del PRO.

Entre los delitos que se le imputan a los ocho acusados que se encuentran en esta instancia judicial, están los cargos de soborno, cohecho y delitos tributarios, debido a que la gran mayoría de personajes reconocidos zafaron de enfrentar esta etapa gracias a procedimientos abreviados.

Los hechos perseguidos inicialmente por Pablo Gómez, fiscal regional de Valparaíso, hoy se encuentran en manos de su sucesora, Claudia Perivancich.

Durante el transcurso del caso desde el ente persecutor se apuntó a la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) para comenzar una persecución penal a los acusados.

La fiscalía ha pedido 818 días de presidio y multas por cohecho para Longueira, y 4 años de cárcel para Enríquez-Ominami por delitos tributarios. Alejandro Espinoza, abogado del exsenador de la UDI, manifestó que ningún peso llegó a los bolsillos de su representado, ni de su familia, ni del propio partido gremialista.

Por otro lado, Ciro Colombara, que representa a Marco Enríquez-Ominami, calificó de insólito que no tener aún en sus manos el auto de apertura, afirmando con esto que se han vulnerado las garantías de su representado.

Además, uno de los querellantes, el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente, Octavio del Favero indicó que este caso será la primera prueba de fuego del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia.

«Para mejorar un poco más el balance de impunidad que ha habido hasta ahora en la mayoría de causas de financiamiento irregular de la política y corrupción en Chile, es también la primera prueba de fuego del fiscal nacional, y demostrar el compromiso en la persecución de delitos que comprometen la fe pública, y que hasta el día de hoy benefician a una de las empresas más grandes del país», indicó del Favero.