Además, desde la oposición no se descarta presentar una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric.

El diputado y secretario general de la colectividad, Diego Schalper, indicó que podría haber vicios de ilegalidad en alguno de los decretos de indulto.

Es por esto que ya solicitaron los informes en derecho correspondientes a dos juristas para evaluar con ellos la pertinencia o no de una acusación constitucional que sumaría también al Presidente de la República.

Recordemos que el miércoles pasado, los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, confirmaron el inicio de un análisis jurídico que permita evaluar en su mérito una posible Acusación Constitucional en contra del jefe de Estado.

Incluso, senadores de RN no descartaron respaldar esta acción contra el mandatario.

«Hemos coordinado con el Servicio Electoral, como por primera vez van a concurrir a votar algunas de las personas privadas de libertad y eso está funcionando en 14 recintos penitenciarios a lo largo del país. Un total de 820 personas privadas de libertad en todo el país podrán participar», detalló la ministra.

Recordemos que el pasado 19 de julio, el presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, expuso ante la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el trabajo desarrollado por Servel, en coordinación con otras instituciones, para el voto de personas privadas de libertad en el plebiscito. 

En su exposición, Tagle señaló que la Constitución de la República suspende el derecho a sufragio a las personas acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva o por conducta terrorista. Por su parte, establece la pérdida de la ciudadanía a los condenados a pena aflictiva o conducta terrorista, con lo cual pierden el derecho a sufragio. Lo anterior determina que un porcentaje cercano al 20% de las personas privadas de libertad mantienen su derecho a sufragio, lo que corresponde a electores que se encuentran en prisión preventiva, no acusados por delitos que merecen pena aflictiva o con condenas inferiores a la pena aflictiva.