El Gobierno, a través de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), informó este miércoles que instruyó a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a las Isapres a “no rechazar licencias médicas presentadas fuera de plazo por efecto de los incendios forestales”.

Suseso emitió una circular con las instrucciones, donde es detalla que las licencias médicas no podrán ser rechazadas aunque sean presentadas fuera de plazo por los trabajadores y trabajadoras de las regiones afectadas por los incendios forestales y que fueron decretadas zonas de catástrofe.

La Superintendencia precisó que no procederá también aplicar sanciones a los empleadores por el atraso en la tramitación de las licencias.

Lo anterior, “en cuanto se mantenga la declaración de zona de catástrofe en las regiones y zonas afectadas”.

Por último, solicitó a la Compin e isapres a adoptar las medidas necesarias para una adecuada coordinación que permita lograr la pronta tramitación de las licencias médicas y el pago del subsidio por incapacidad laboral que corresponda.

Esto, explicaron los parlamentarios gremialistas, “porque el 1 de enero vencerán todas las licencias que han sido postergadas producto de la pandemia del 2020, 2021, 2022 y 2023, es decir, quién tenga que renovar la licencia el próximo año se enfrentará a un volumen de cuatro años de renovación de su carné de conducir, haciendo colapsar las Direcciones de Tránsito del país”.

Se ha hablado de que esta modificación generaría un riesgo en la conducción, pero dijo el diputado Donoso, “la prueba empírica la tenemos en las calles todos los días, ya que no subió el nivel de accidentabilidad en estos cuatro
años, entonces, ¿por qué tendría que hacerlo producto de este proyecto?», detalló.

“También se ha planteado la necesidad del cobro por parte de los municipios. Bueno, si ese es el problema, le pedimos al Gobierno que ingrese una indicación, que lo diga claramente cómo solucionamos el problema de los
fondos de esta extensión de licencia para que los municipios no pierdan sus ingresos, pero que sí tengamos los chilenos la posibilidad de no tener que pasar un proceso lento, engorroso e innecesario”, argumentaron los
parlamentarios gremialistas.

La idea central y concreta con este proyecto de ley finalizaron los diputados Felipe Donoso y Cristhian Moreira es “eliminar este exceso de burocracia por la que tenemos que pasar los chilenos, no solamente cuando renuevan su
licencia, sino que también cuando tienen que ir a pedir la hora, ya que no en todos los municipios se hace de manera electrónica”.

Las autoridades estiman un perjuicio para el Estado de al menos $29.500 millones.

Según la resolución del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, siete de los detenidos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el resto de los imputados quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación.

En 120 días quedó fijado el plazo de la investigación, y al término de la audiencia, la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, destacó que las cautelares a los imputados son «un buen resultado».

«Es un buen resultado. Es una investigación compleja que se realiza en un periodo acotado, cinco meses, es un periodo muy breve. Se está investigando un perjuicio al erario fiscal muy alto, importante», dijo la persecutora.

«El tribunal ha acogido tres delitos: el previsto en el artículo 202, el previsto en el artículo 470 número 8, y además el lavado de activos. Vamos a revisar bien la resolución y tendremos que realizar las otras diligencias para ya pensar en el juicio», agregó.

El medio Meganoticias investigó a esta red y a otras personas que se dedican a la venta de licencias médicas.

Dentro de los hallazgos se descubrió que el precio de estos «reposos médicos» ronda entre los 30 mil y los 50 mil pesos y que, principalmente, son entregadas por doctores extranjeros recién llegados al país y que atienden con un RUT provisorio.

Las empresas o «centros médicos» contratan a estos médicos principalmente por su baja tasa de entrega de licencias, ya que los doctores que dan muchos permisos encienden rápidamente las alertas de las autoridades, las isapres y Fonasa.

Sin embargo, la investigación reveló que no es necesario ni siquiera asistir a uno de estos centros, porque incluso a través de WhatsApp es posible conseguir licencias, sin la necesidad que un médico haga la más mínima revisión a los «pacientes».

Se trata de profesionales colombianos detenidos por la PDI y que este jueves serán formalizados por la Fiscalía Oriente. Se les imputarán diversos delitos, como por ejemplo asociación ilícita y emisión fraudulenta de licencias.

Los aprehendidos están acusados de aprovechar que no necesitaban validar su título para ejercer la profesión (esto por tratados internacionales, para comenzar a ofrecer licencias médicas.

Los documentos eran reales, pero las enfermedades falsas. Los “pacientes” pagaban valores según el tipo de atención (física o telemedicina) y según cuántos días de reposo necesitaban.

Una licencia por telemedicina de 22 a 30 días costaba $75 mil, de los cuales $50 mil era para el médico y $25 mil como comisión. Presencial costaba $7 mil más barato.

También se detuvieron a otras cinco personas, entre ellos chilenos y venezolanos, que ejercían como captadores y representantes.

El director general de la PDI, Sergio Muñoz, señaló que los profesionales emitían 1.500 licencias anuales por cada uno. Agregó que lo defraudado, por lo menos, son $25 mil millones.

Se perseguirá a “pacientes”

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó que también se perseguirá a los “pacientes” que compraron la licencia, por beneficiarse del uso fraudulento y recibir el dinero de Fonasa.

También detalló las sanciones que arriesgan los médicos.

Detenidos fueron investigados de forma similar a las bandas de narcotráfico, con interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos.

De hecho, se estableció que tenían lujos similares a los del narco, con uso de vehículos de lujo, viviendas en la playa y el campo, compra de joyas y de vestimenta exclusiva personalizada con el nombre del propietario.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que es el fraude de licencias médicas más grande de la historia de Chile.

Parte de las millonarias ganancias obtenidas eran enviadas al extranjero, según se pudo corroborar en la indagatoria.

Tras un operativo efectuado este martes, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, junto con la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente, detuvieron 29 médicos extranjeros acusados de emitir licencias fraudulentas.

Según reportó la Fiscalía Oriente, la captura de los galenos se produjo luego de allanamientos en dos centros médicos y 32 domicilios en distintos puntos de la capital.

La captura se logró gracias al arduo trabajo de investigación efectuado durante cinco meses, luego que la Fiscalía Nacional designara a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, para indagar a los grandes emisoras de licencias y que habían sido denunciados por Fonasa y las isapres.

Así fue como se iniciaron una serie de diligencias encabezadas por la fiscal Constanza Encina, junto con el fiscal Álvaro Pérez, abogados asistentes, analistas criminales y contables.

Los aprehendidos pasarán a control de detención durante la tarde de este martes en el Centro de Justicia. Se espera que la Fiscalía Oriente entregue más detalles en los próximos minutos.