Lo anterior, recordemos, tal como actualmente lo hacen los diputados quienes lo dejaron establecido en el reglamento de la Cámara.

A su vez, la parlamentaria emplazó a sus pares del Senado a seguir el ejemplo de los diputados y consignar también en su reglamento la obligación de realizarse un examen de pelo, con el objetivo de determinar que ningún integrante de la Cámara Alta presenta problemas por el abuso de drogas.

“Las autoridades públicas estamos mandatados a predicar con el ejemplo, y no podemos poner ningún tipo de excusa para realizarnos este examen”, dijo la diputada Labra.

Agregando que “debemos demostrar con pruebas contundentes que no estamos desempeñando nuestro mandato público bajo el efecto de las drogas”.

En cuanto a los ministros y subsecretarios, actualmente la ley de bases generales de la administración del Estado establece que estas autoridades están sujetas al control de consumo de drogas. Sin embargo, no especifica temporalidad en los exámenes de rigor.

“Actualmente al no existir requisito de temporalidad, esto en la práctica no se lleva a cabo. Por lo mismo, hemos presentado este proyecto que lo que busca es establecer que el Presidente, pero también sus ministros y subsecretarios, se hagan un control de consumo de drogas periódico, cuyos resultados sean públicos”, explicó la diputada.

En concreto, el proyecto señala explícitamente que el plazo establecido para realizarse el test será “semestralmente y durante todo el período de ejercicio de sus funciones”

.“Espero que este tipo de exámenes sean habituales para quienes desarrollamos cargos públicos”, concluyó Labra.

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Según Labra, “La ministra de la Mujer sigue muda frente a un caso de presunto abuso sexual que involucra a dos funcionarios de gobierno. Se entiende lo delicado del hecho, y en ese sentido lógicamente se debe resguardar la intimidad, la dignidad y no revictimización de la funcionaria denunciante, pero al mismo tiempo es imperativo que el Ministerio de la Mujer dé a conocer cuáles son los protocolos de acción en estos casos, más considerando que el denunciado como la presunta víctima son funcionarios de gobierno, y al menos en el caso del primero, era cargo de expresa confianza del seremi de Bienes Nacionales”.

“No puede quedar ninguna suspicacia de ningún tipo. Es muy importante clarificar bien el contexto en el que se dieron los hechos, cuando se tomó conocimiento de esta situación, tanto a nivel regional como a nivel central, cuál es el apoyo que se le está brindando a la funcionaria que denunció, y lo más importante, las correspondientes acciones legales que se puedan tomar”, añadió.

Seremi se refiere a la acusación de abuso sexual

Por su parte, el domingo el Seremi de Bienes Nacionales del Maule emitió un comunicado en el que se informó que el 16 de agosto se había solicitado la renuncia a quien fuera jefe de gabinete del organismo, luego que se tomara conocimiento del caso, pero no se entregaron mayores antecedentes.

“Como siempre hemos hecho como gobierno, entregaremos toda la información y antecedentes que puedan ser requeridos por las instituciones competentes para el proceso judicial”, dijeron desde el organismo. 

“Como gobierno condenamos todo tipo de violencia contra las mujeres, por eso nos hemos puesto a disposición para apoyar a la denunciante así como tomar todas las acciones para resguardar su integridad y evitar su revictimización. Como institución trabajamos bajos los principios de seguridad y justicia para todos los habitantes”, añadieron.  

La diputada Labra, representante por la zona, aseguró que no basta con la suspensión de la militancia que hizo el Partido Socialista sobre el funcionario, ni tampoco su salida del cargo. 

“Las posibles consecuencias penales que esto tenga, y en ese sentido, hasta aquí no hemos escuchado a la ministra Orellana decir si están explorando esa arista, si ya se pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público o si están estudiando como gobierno, que se dice feminista, presentar una querella en contra del denunciado”, insistió.

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