Este viernes, el juez Iohan León rechazó prisión preventiva a Camila Polizzi y a todos los imputados, decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para todos en el Caso Convenios, incluida la excandidata a alcaldesa, Sebastián Polanco, Diego Polanco, Simón Acuña y Rodrigo Martínez. Los dos últimos, exfuncionarios del Gobierno Regional del Bío Bío.

“Dándole cabida a la gravedad que significa el delito, nosotros estimamos que las cinco personas deben estar privadas de libertad por la atribución que se ha realizado. Pero no a través de medidas como sería la prisión preventiva, sino que a través de un arresto domiciliario”, decretó León.

El arresto domiciliario empieza a partir de este viernes (1/12) y durará los nueve meses (270) determinados para la investigación.

Tras la decisión del juez, Fiscalía apeló verbalmente a la decisión, pero también fue descartada por el magistrado, que la declaró inadmisible.

“Efectivamente, nosotros hicimos la petición de una medida cautelar, que es la prisión preventiva, que es la máxima que se puede pedir. Consideramos y seguimos considerando que había mérito suficiente para pedirla. El tribunal estimó una cosa diferente por distintas elucubraciones propias del tribunal, estimó no poner la medida de prisión preventiva, pero sí el arresto domiciliario total”, detalló la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena.

En la misma línea, el juez consideró que los antecedentes aportados por el Ministerio Público y las defensas de los imputados, determinó que el arresto domiciliario total era la medida cautelar más efectiva, debido a que los acusados han acudido a tribunales cada vez que han sido citados.

Por último, se determinó un plazo de investigación de 270 días (9 meses).

“Mecanismo Polizzi”

La investigación se inició en julio de este año, luego de un extenso reportaje de BBCL Investiga, donde se reveló el denominado “Mecanismo Polizzi”.

Además, se conocieron denuncias de vecinos de los sectores beneficiados por los proyectos sociales, quienes aseguraron que nunca recibieron las prestaciones prometidas por la Fundación En Ti.

Asimismo, se detectaron irregularidades en la rendición de cuentas y en la documentación presentada por la entidad.

Los cargos que se le imputan son el de incumplir la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad del accidente y la negativa injustificada a someterse a prueba respiratoria.

En la audiencia de formalización, el magistrado Guillermo Cofré ordenó el ingreso en prisión de D.B.R.M. por eventual peligro de fuga, por lo que fijó una caución (fianza) de $10.000.000. Además, estableció en 100 días el plazo de investigación.

En el caso de que la imputada pague la caución, deberá permanecer sujeta a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

En la causa, otro carabinero de iniciales L.A.F.V., fue imputado como coautor de los delitos de conducción en estado de ebriedad y omisión de denuncia. Así como encubridor del delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones.

El imputado quedó sometido a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y suspensión de licencia de conducir.

Según el ente persecutor, en horas de la noche del sábado 14 de octubre de 2023, la imputada D.B.R.M., cabo primero de Carabineros en servicio activo, tras concertarse con un grupo dedicado a las carreras clandestinas, y sin haber obtenido licencia de conducir, condujo su vehículo particular hasta la comuna de Alto Hospicio junto al también carabinero L.A.F.V.

Una vez en el lugar, ambos consumieron alcohol y, encontrándose en estado de ebriedad, D.B.R.M. comenzó a participar en las carreras clandestinas, las que se desarrollaban en la calle de servicio paralela a la Ruta A-16, en un sector denominado “La Azufrera”.

En dicho contexto, cerca de las 00:20 horas de la madrugada del día siguiente, la imputada inició un nuevo pique y, al alcanzar una velocidad alta, sobrepasó el eje central de la calzada, impactando a un peatón, quien cayó a varios metros de distancia y que debió, debido a las lesiones graves que presentaba, ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Se dio a la fuga

Tras el accidente, la imputada descendió de su vehículo, se acercó a la víctima sin prestarle ayuda para, finalmente, darse a la fuga del lugar abordo de su automóvil, el cual era conducido por el coimputado L.A.F.V., quien también se encontraba en estado de ebriedad.

Más tarde, cerca de las 00:40 horas, dejaron el vehículo en una calle céntrica de Iquique, para luego dirigirse a la Primera Comisaría de la ciudad, lugar donde residían y donde fueron detenidos finalmente.

La imputada se negó injustificadamente a someterse a los exámenes para determinar el grado de alcohol o el eventual consumo de sustancias sicotrópicas. Accediendo a ello, solo horas después.

El delito se cometió el 19 de septiembre de 2017. Justo ese dia, un grupo de sujetos ingresó a la mencionada empresa ubicada en Independencia y sustrajo $15.800 millones.

El Ministerio Público solicitó una salida alternativa para Pablo Antonio Cordero Valenzuela, alias “dolape”, de 39 años, quien fue uno de los cabecillas del delito. Esto, según consignó La Tercera.

En 2020, luego de 3 años del delito, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió decretarle arresto domiciliario, sin embargo, días después, la Corte de Apelaciones revirtió la medida cautelar y le decretó la de prisión preventiva, pero él ya se había dado a la fuga antes de que lo fueran a buscar a su casa.

Dos años más tarde, en mayo de 2022, Carabineros logró su detención en un control policial, por lo que comenzó a cumplir la prisión preventiva en la Cárcel Santiago Uno.

Esto debido a que en una audiencia para discutir el aumento del plazo de investigación, la Fiscalía ofreció una salida alternativa para él, quien es uno de los tres ideólogos del caso.

El fiscal Francisco Tolosa argumentó la acusación verbal en contra de Cordero y leyó los hechos por los cuales se le buscaba condenar de manera abreviada.

El persecutor detalló que la agrupación era liderada por Pablo Cordero, así como también por Claudio Pino Morales, Manuel Díaz Ávila y Luis Mosquera Novoa, quienes desde junio de 2017 comenzaron a reunirse para concretar el “robo del siglo”.

Además, agregó que Cordero, al igual que Luis Mosquera, “entregaron dinero para comprar las patentes robadas e instalarlas en los vehículos receptados. En el caso de Pablo Cordero, además, entregó un reloj espía a Eduardo Moya para que grabara dentro de la empresa”, dice la sentencia de acuerdo a lo informado por el medio citado.

El fiscal ofreció una salida alternativa, a través de un juicio abreviado, luego de que Cordero aceptó los hechos.

Finalmente, se le condenó a cuatro penas de 61 días de cárcel por los delitos que le imputaban, condena que ya había cumplido, mientras se encontraba con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel.

El tribunal rechazó argumentos de la defensa que pedía considerar que el Ministerio Público había actuado fuera de plazo.

Al inicio de la audiencia en que se debatió jurídicamente si procedía la reformalización, el defensor regional Osvaldo Pizarro, en representación del único imputado que ha tenido la investigación, Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, argumentó que el Ministerio Público había hecho la petición fuera de plazo, que se había cumplido el 2 de marzo.

Pizarro cuestionó la llamada facultad discrecional de la Fiscalía para llevar a cabo estos actos y aseguró que el plazo de investigación de dos años es absolutamente improrrogable.

Recordemos que el Ministerio Público declinó seguir con la imputación de homicidio calificado a Jorge Escobar, luego de recibir los últimos resultados de peritajes enviados a España, que buscaban establecer o descartar la participación de tres personas de interés para la investigación, entre ellos el tío abuelo de Tomás.

En audiencia, el fiscal Michelangelo Bianchi dijo que no puede ser obligado el Ministerio Público a mantener una imputación de la que no tiene convicción y explicó que la investigación está agotada, que no habrá más diligencias y que sólo se excluirán hechos de la carpeta investigativa.

En línea con lo manifestado por la fiscalía, el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, que representa a Moisés Bravo, el papá del pequeño, indicó que la defensa no puede sorprenderse del nuevo cargo imputado.

Pena por abandono con resultado de muerte es de hasta 15 años

La jueza de garantía de Arauco, Perla Roa, rechazó la argumentación de la Defensoría Penal Pública, dando lugar a la reformalización por abandono de menor con resultado de muerte, delito que tiene una pena de hasta 15 años de presidio.

En la audiencia estuvieron presentes de manera telemática ambos padres del niño desaparecido el 17 de febrero de 2021 y que fue encontrado muerto 9 días después, con signos de violencia en el sector Caripilún, de la comuna de Arauco, caso que en dos años ha dado origen a múltiples cuestionamientos a la investigación, y que ha llevado a que ya no existan imputados por su muerte.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2022 en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, cuando la progenitora golpeó las manos y los glúteos de la niña.

El diario local El Pingüino informó que la mujer fue considerada autora en grado consumado del delito de maltrato corporal relevante infantil, en el contexto de violencia intrafamiliar.

El Ministerio Público acordó una salida alternativa para la imputada, la cual consiste en la suspensión condicional del proceso si es que cumple con ciertas condiciones.

En concreto, la mujer deberá fijar domicilio ante Fiscalía e informar sobre cualquier cambio de este; además, tendrá que someterse a una terapia con énfasis en control de impulsos y en orientación familiar.

Dicha medida fue aceptada tanto por la imputada como por el padre de la niña, quien también es su tutor legal.

En caso de que la mujer cumpla con las condiciones señaladas anteriormente y no sea formalizada por ningún otro delito, podría ser sobreseída. En caso contrario, será condenada por el delito de violencia intrafamiliar contra su hija.

El sujeto fue condenado a la pena de 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de abuso sexual y violación de menor de edad. Ilícitos cometidos entre 2020 y octubre del año pasado.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a J.G.N.T las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, el tribunal decretó la interdicción del sentenciado del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

En la causa, el tribunal condenó a la acusada M.L.G.C. a la pena de tres años y un día de presidio efectivo y accesorias legales, en calidad de autora del delito consumado de producción de material pornográfico infantil, ilícito cometido en Talca.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El caso

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en días no determinados, entre 2020 y octubre de 2021, en Talca, el acusado J.G.N.T., “en reiteradas oportunidades accedió carnalmente a la víctima, una menor nacida en 2008, a quien también le realizó reiteradamente acciones de relevancia y significación sexual”.

Además, en un día no determinado entre junio y julio de 2021, en la misma ciudad, “la acusada M.L.G.C. grabó con su teléfono celular, a su hija nacida el año 2008, mientras J.G.N.T, la accedía carnalmente”.

Finalmente, el tribunal indicó que, “en un tercer hecho, en un día no determinado entre el 9 y 11 de octubre de 2021, en Yungay, el acusado J.G.N.T., realizó acciones de relevancia y significación sexual en contra de la víctima”.

En la sentencia, la magistrada Sylvia Papa Beletti acogió la solicitud del CDE al constatar que, “(…) La Fundación en los últimos cinco años destinó en promedio solo un 11% del total de sus activos en gasto social orientado al cumplimiento de sus fines; y que el total de sus activos, al año 2015, ascendía al monto de $5.626.068.753, lo que contrastaba con su bajo gasto social”, se detalla en el fallo.

El documento señala que “la mayor parte de los ingresos de la Fundación provenían de la enajenación de inmuebles y que dichos recursos fueron invertidos persistentemente en instrumentos financieros como fondos mutuos y depósitos a plazo, aumentando el capital acumulado, sin que se observara intención de destinarlo al cumplimiento de su objeto social”.

Cema Chile

La resolución indica que “la Fundación Cema Chile no se ha ceñido a los fines para los que está destinada (…) razón por la cual esta Juez acogerá la demanda deducida, por cuanto a partir de los antecedentes (…) es posible visualizar que las actuaciones y gestiones de la organización no están orientadas a un interés general y benéfico, lo que difiere diametralmente al objetivo manifestado al momento de su creación por los socios fundadores”.

Recordemos que, desde 1974, la fundación Cema Chile, una institución privada y sin fines de lucro, estuvo presidida por Lucía Hiriart, viuda del exgeneral Augusto Pinochet.

El empresario había sido enjuiciado por giro doloso de cheques y en ese año se autodenunció mientras estaba en administración de Inversiones Saturno S.A. Y en 2020, se interpuso una querella por parte de Cumplo Chile S.A. por la misma causa.

La lectura de sentencia se sabrá el próximo martes y según fuentes cercanas al imputado, indicaron a La Tercera que es muy probable que el menor de los hermanos Frei Ruiz-Tagle sea condenado a remisión condicional de la pena.

Además, se realizó una audiencia de juicio oral simplificado, que se llevó a cabo en la misma jornada de este jueves, y en la que el acusado admitió responsabilidad.

«Nos sentimos muy muy satisfechos con esta condena, ya que de alguna forma viene a reparar a tantas víctimas que fueron defraudadas por el señor Frei, pues en el caso de Cumplo, estamos hablando de más de 120 personas que entregaron sus dineros y ahorros confiando en que les serían devueltos», dijo el abogado de Cumplo Chile, Octavio Pino.

Por último, el jurista expresó que «si bien esta condena es solo por el delito de giro doloso de cheques, obtuvimos la primera condena en contra del señor Frei, de varias acciones penales en su contra que aún se encuentran pendientes».

Por los delitos de lesiones leves fueron formalizadas la madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez; Dafne, hermana de la mujer, y la madre de ambas, Elisa Martínez, por hechos cometidos contra la abuela paterna del pequeño en diciembre de 2021.

Según se informó en la audiencia en el Juzgado de Garantía de Arauco, las tres agredieron físicamente a Elicea Salazar Ulloa y la amenazaron de muerte.

En la audiencia no se solicitaron medidas cautelares en contra de las tres imputadas.

El próximo 21 de septiembre se analizará una salida alternativa para esta investigación, sin embargo, las tres adelantaron que no aceptarán la propuesta de la Fiscalía, de pedir disculpas públicas a la víctima.

Producto de lo anterior podrían ser otras medidas las que se acuerden para que la causa no siga siendo investigada y se determine una salida alternativa para las imputadas.

Según los antecedentes que maneja Radio Bío Bío, todo ocurrió en diciembre del año pasado frente al colegio Mare Nostrum de Arauco, donde la madre de Tomás, su madre y hermana, agredieron a Elicea.

Luego de esto, la víctima presentó la denuncia por lesiones leves, tras ser atacada con golpes de puño. En la audiencia, que se realizó el 20 de julio, las imputadas no comparecieron.

Luego de 9 meses desde la vulneración, el fiscal de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur, Milibor Bugueño Gonzalez, pudo este viernes formalizar a la imputada en calidad de autora de dos delitos de sabotaje informático.

En la audiencia llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, el persecutor expuso los antecedentes obtenidos durante los meses de investigación. Gran parte de la indagatoria se sostiene en un informe pericial encargado a detectives de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, además de reportes internos del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Cronología

Según la información proporcionada por el fiscal Bugueño, el peritaje de los funcionarios de la PDI permitió confirmar cada uno de los movimientos de la mujer previo y posterior a la modificación de la causa. Los peritos de la PDI concluyeron en su informe que el archivo cargado al sistema del poder judicial se creó la tarde del 27 de octubre de 2021 en el computador de Roldán Berríos.

En efecto, usó el aparato que le había sido asignado para trabajar desde su casa considerando las medidas adoptadas por la pandemia.

De acuerdo a lo informado por el persecutor, a las 22:03 horas de ese mismo 27 de octubre la funcionaria buscó en Google a Gabriel Boric Font, logrando obtener su RUT. Un minuto más tarde ingresó a la página web del Registro Civil y consultó los datos del por esos días candidato de Apruebo Dignidad.

A las 22:05 horas, la administrativa accedió al sistema abierto de información del Poder Judicial, presumiblemente para obtener los datos específicos (RUC y/o RIT) de la antigua causa contra Boric.

Dos minutos después accedió con sus credenciales al módulo histórico de causas del Poder Judicial y descargó un archivo Word que figuraba en la causa archivada. Se trató, aparentemente, del mismo archivo que en 2005 el fiscal usó para comunicar que no investigaría el hurto.

A las 22:12 horas la funcionaria creó un primer documento que nombró “frase videollamada 2” y de inmediato creó un archivo PDF que llamó “Boric”.

Finalmente, a las 22:17 horas es cuando la mujer accedió al sistema de causas del Poder Judicial, específicamente al módulo histórico, y cargó el archivo PDF (el que nombró “Boric”) que finalmente desató la polémica y la tiene ahora sentada en el banquillo de los acusados.

Además, según se expuso en al audiencia, tras la publicación de la noticia en el medio nacional BBCL, el 28 de octubre a primera hora la administrativa envió los archivos a la papelera de reciclaje del computador.

Formalización

En base a estos antecedentes, el fiscal formalizó este viernes a Roldán Berríos por dos delitos de sabotaje informático ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, comuna donde se ubica el domicilio desde donde se cometió el ilícito.

Tras una réplica de la abogada defensora, Paula Manzano Sagüez, el juez Rodrigo Hernández otorgó al Ministerio Público 90 días de plazo para la investigación formal y accedió a decretar la medida cautelar de arraigo nacional para la imputada.

Finalmente, se dio a conocer en la instancia que la funcionaria en cuestión fue desvinculada del Poder Judicial hace algunos meses, fruto del sumario administrativo que se inició cuando el caso salió a la luz pública.