El magistrado Héctor Barraza entregó a la Corte de Arica, a raíz de un recurso de protección interpuesto en su contra por la fiscalía, sus argumentos para justificar la entrega de los testigos claves en una investigación seguida contra la banda criminal del Tren de Aragua. El documento, al que accedió El Desconcierto, considera otros fallos pero no la peligrosidad de los 44 imputados ni que once de ellos arriesgan presidio perpetuo.

El juez Héctor Barraza se defendió de los cuestionamientos tras su polémica decisión de entregar el listado de testigos protegidos a la defensa del clan “Los Gallegos”, brazo armado del Tren de Aragua que operaba en Arica.

Se trata de los nombres de los 57 testigos protegidos y funcionarios policiales que han colaborado en la investigación en contra del clan de origen venezolano que echó raíz en las tomas del Cerro Chuño.

Esta situación llamó la atención de la Fiscalía, desde donde se opusieron a la decisión del juez, ya que pondría en peligro la vida de cada una de las personas que se atrevieron a dar su testimonio.

De hecho, tras lo sucedido, la Fiscalía presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Arica, tribunal que suspendió la polémica resolución del magistrado.

Pero además, el fallo del tribunal de alzada decretó que el juez Barraza despachara un informe respecto de los “hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna”, “adjuntando todos los antecedentes” que correspondan.

Justamente, en dicho informe, el magistrado defendió su cuestionada decisión, apuntando a que la postura de la Fiscalía de mantener el listado de testigos fuera del alcance de la defensa de los imputados, “restringía seriamente el trabajo de las defensas”.

Así lo detalló en el documento de cuatro páginas al que tuvo acceso El Desconcierto.

Según su apreciación, la petición de mantener en secreto la lista de testigos “contravenía su interpretación del debido proceso”, incluso a lo que señala la Constitución Política.

En ese sentido, recordó que los imputados por los graves delitos son “sujetos de derechos”.

Asimismo, tras citar la Ley Orgánica del Ministerio Público, Barraza señaló que ahí se apunta a que la transparencia de sus actuaciones debe ser un “elemento central del proceso penal”.

Pero también, el magistrado aludió a distintos fallos, tanto de la Corte Suprema, como de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se ordenó revelar la identidad de testigos protegidos, pese a que ninguna de estas decisiones incluía a imputados del Tren de Aragua.

Incluso, aludió a los cuestionamientos que hizo la Corte Interamericana Derechos Humanos (COIDH) por el uso de testigos reservados en sus observaciones al Estado de Chile, por el caso Norín Catrimán.

Recordemos que la decisión de Barraza no solo provocó un revuelo en el Poder Judicial, sino que también a nivel político, luego que el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, acusara incumplimiento de “deberes funcionarios” por parte del juez y remitiera los antecedentes a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre su comportamiento.

No obstante, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández, declaró que la decisión tomada por el Ejecutivo es una “intromisión” en el estamento judicial.

En esa línea, sin una mayor diferencia en la discusión entre los ministros del Pleno, la Corte Suprema habría decidido no emitir un juicio respecto al juez Héctor Barraza.

Según consignó El Mercurio, la razón radicaría en que la Corte de Apelaciones de Arica ya inició una investigación administrativa y que en esa indagatoria se resolverá si existe o no una responsabilidad por parte del regulador.

El interrogatorio continuará la tarde del miércoles.El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró durante ocho horas ante la fiscal Ximena Chong, en el marco de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social y por las responsabilidades del alto mando de Carabineros.

El interrogatorio comenzó a eso de las 15:30 horas del martes en la oficina del ex mandatario en Vitacura, con Piñera acompañado de tres abogados.La ronda de preguntas se extendió hasta las 23:00 horas, cuando se realizó una pausa, para que posteriormente el expresidente y sus abogados revisaran la declaración.

Terminado el interrogatorio, la fiscal Chong explicó debido a la gran cantidad de preguntas, decidieron realizar una segunda jornada el miércoles.

La persecutora añadió que el expresidente contestó todas las preguntas.

“No tuvo resistencia a ninguna de las preguntas que se formularon, no guardó silencio pese a conocer este derecho“, explicó la persecutora.

“Fue una diligencia que se realizó de manera fluida y que va a concluir mañana”, agregó.

Sobre la situación judicial de Piñera, Chong explicó que es imputado por una investigación por crímenes de lesa humanidad, y también fue interrogado por otra causa sobre responsabilidades de los altos mandos de Carabineros.

“Nosotros llevamos dos investigaciones, uno por delitos de lesa humanidad, radicada en el fiscal Xavier Armendáriz, en esa investigación el expresidente tiene la calidad de imputado, porque hay querellas nominativas a su respecto”, explicó.

“En paralelo, llevamos una investigación relativa a eventuales responsabilidades homicidas de los mandos de carabineros, en esa investigación no es indagado directamente”, añadió.

Tras la primera parte del interrogatorio, uno de los abogados del ex jefe de Estado, Samuel Donoso, afirmó que Piñera busca colaborar con el Ministerio Público.

“La declaración del presidente se enmarca dentro de lo que ha sido el ánimo de él en esta causa, que es colaborar en todo lo que la Fiscalía determine“, sostuvo.

“Siempre el actuar del Gobierno se enmarcó dentro de dos grandes puntos: se produjera el control del orden público necesario para el país, pero siempre enmarcado dentro del respeto de los derechos humanos”, complementó Donoso.

Así se refirieron desde el Colegio de Abogados, por el ataque al juez. Manuel Muñoz, consejero de la institución, rechazó el hecho violento efectuado a la altura del sector La Greda en Penco.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el juez Carlos Hidalgo dio a conocer la experiencia vivida el sábado a eso de las 20:30 horas, al llegar a un semáforo en el sector La Greda del camino Concepción-Penco.

De acuerdo a sus propias palabras, señaló que “estos señores aparecieron de todos lados, es gente muy joven y muy violenta, pues pese al decirles que les iba a entregar el auto me golpearon…”.

Detalló que fue un carabinero de civil que al verlo sangrando lo ayudó y lo trasladó al Hospital Penco-Lirquén. Hoy se encuentra con licencia médica, pero sin querer referirse al tema, señalando que hay una investigación en desarrollo.

Esa indagatoria ya tiene algunos resultados, según confirmó el prefecto de la PDI, Gino Gutiérrez, quien agregó que las diligencias están a cargo de la Brigada Investigadora de Robos.

“Ya hemos recuperado una especie que estaba sustraída por los delincuentes. Estamos hablando de teléfono móvil, lo hemos recuperado, seguimos trabajando”, detalló el prefecto de la PDI.

Se espera que las pericias realizadas al teléfono arrojen resultados para dar con el paradero del vehículo BMV, pero además hay un chequeo de las cámaras de vigilancia que pudieran tener empresas ubicadas en el sector.

Mientras el silencio fue la respuesta de la Corte de Apelaciones y la Asociación de Jueces frente a las consultas sobre lo ocurrido al magistrado, desde el Colegio de Abogados, el consejero y exministro del tribunal de alzada, Manuel Muñoz, subrayó que la delincuencia no discrimina.

Manuel Muñoz enfatizo que “queremos dar el repudio más enérgico y decidido, respecto de la acción delincuencial de algunas personas. No es el primero que sufre esto, ni es el último que lo va a sufrir, porque la delincuencia ataca a todo el mundo (…) es una lacra social que hay que combatir de todo punto de vista”.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, también se refirió a la encerrona al juez y los otros delitos perpetrados el fin de semana, adelantando que pondrán el acento en un trabajo que realiza la municipalidad con las policías y Fiscalía.

La encerrona al juez se sumó a otro hecho similar ocurrido en Lenga el fin de semana, además del homicidio del comerciante de la Vega Monumental, cuyo vehículo fue interceptado por delincuentes que le dispararon.