En su exposición, el contralor Bermúdez detalló una serie de faltas y debilidades institucionales en los organismos regionales encargados de, entre otras cosas, controlar el gasto de las transferencias a entes privados. Sin embargo, la autoridad fiscalizadora evitó a referirse a un “modus operandi”, a pesar de los constantes emplazamientos de la oposición en la instancia.

El contralor, en todo caso, sí habló de “observaciones” que se repetían en las 15 regiones donde se detectaron serias falencias y debilidades institucionales.

Además, informó que algunos de los antecedentes se remitieron a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que podría configurar posibles delitos de corrupción.

Desde La Moneda, en tanto, llamó a la oposición a “asumir las propias responsabilidades frente a estos casos”, según señaló la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Tesis que esta mañana respaldó el subsecretario del Interior.

“Las responsabilidades son de quienes cometen las irregularidades o el delito, eso es intransferible. Y las irregularidades se produjeron en el traspaso de recursos durante el año 2021 y durante el 2022, por lo tanto, esa responsabilidad es intransferible”, apuntó en conversación con Radio Pauta.

En ese sentido, Monsalve señaló que el gobierno debía asumir dos desafíos en esta materia: “Reparar la institucionalidad deficiente, que lo está haciendo en la Ley de presupuesto, donde Hacienda presentó una serie de indicaciones para tener mucho mayor control. Y lo segundo, es hacerse responsable de las responsabilidades políticas o administrativas de los hechos que han ocurrido durante el transcurso de este gobierno, y creo que hemos enfrentado ambos desafíos”.

Y agregó: “Distinto es que la institucionalidad construida para el traspaso de recursos públicos sea una institucionalidad débil que permite abuso y esa institucionalidad estaba creada antes”.

Además, la autoridad de Interior valoró que la Contraloría tenga “la autonomía suficiente para sacar un informe que coloque en cuestión los procedimientos de asignación de recursos públicos” y aseguró que eso es parte de las “fortalezas institucionales” que había que destacar.

“Tenemos que valorarlo porque aquí no se está tapando un hecho, aquí hay una institución del Estado que tiene la autonomía para colocar los antecedentes en manos del Congreso, para colocarlo en manos del Ministerio Público, para hacer observaciones al gobierno para que corrija procedimientos”, expresó.

Funcionarios de la División de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social se trasladarán a todas las regiones del país para analizar cada uno de los convenios firmados por la cartera.

Una medida que primero se anunció en la Seremi de Atacama, luego que la senadora Yasna Provoste denunciara el traspaso de 160 millones de pesos a la Fundación Visibles en el marco del programa “Noche Digna” a pesar de haber sido creada hace dos años.

Por esta situación se instruyó un sumario administrativo y el propio ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, aseguró que este caso “no se parece a los otros” que están siendo investigados y que a pesar de eso presentaron los antecedentes en Fiscalía y Contraloría.

Barrido para detectar irregularidades

De visita en Valdivia, la autoridad afirmó que están realizando un “barrido” en otras áreas de la cartera y secretarías regionales para unificar criterios que les permiten detectar cualquier irregularidad.

De acuerdo al ministro Giorgio Jackson, la idea es diferenciar posibles irregularidades administrativas de aquellas que puedan ser constitutivas de delito.

El ministro de Desarrollo Social además descartó su renuncia y aseguró que seguirá en el cargo, señalando que mantiene la disposición para contribuir con la entrega de antecedentes a los organismos que así lo requieran.