Se trata de una iniciativa presentada por Luis Fernando Sánchez y Cristián Araya, que busca eliminar la atenuante de irreprochable conducta anterior, a quien comete delito, habiendo previamente eludido el control migratorio, es decir, haber ingresado de forma ilegal a territorio nacional.

En el documento, los legisladores hicieron hincapié en el caso del peligroso clan “Tren de Aragua”, -de origen venezolano-, cuyos integrantes han ingresado de forma clandestina a Chile. A ello se suma el informe de la ONU que catalogó al Puerto de San Antonio como uno de los principales terminales marítimos del mundo para el tráfico de drogas.

En el escrito, los parlamentarios sostuvieron que casos como anteriores hacen que grandes bandas delictuales extranjeras ingresen a sus integrantes de forma clandestina en el país y que estos, pese a ser grandes criminales en su país de origen, no cuenten con antecedentes penales o policiales previos conocidos en Chile, siendo beneficiados con la atenuante de “irreprochable conducta anterior”, una vez que son detenidos por cometer delitos.

En ese sentido, el diputado Luis Fernando Sánchez sostuvo que la iniciativa elimina esta atenuante, porque “no sabemos si ellos tenían antecedentes penales en el país del cual provienen, en muchos casos esos otros países no entregan estos antecedentes a Chile, y en segundo lugar porque consideramos que el ingreso ilegal al país ya es un antecedente delictivo suficientemente grave, independiente de que no hayan sido procesados”.

“El mínimo que debiésemos estar teniendo en Chile es no tratar como blancas palomas a quienes entran a nuestro país a la mala, y muchos de ellos están entrando exclusivamente para venir a delinquir”, añadió el integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Mientras que su par, Cristián Araya -integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana-, coincidió en que “con este proyecto de ley lo que buscamos es invertir la responsabilidad, que sea precisamente el extranjero quien demuestre su irreprochable conducta anterior. Es impresentable que a extranjeros que ingresan ilegalmente a nuestro país se les trate como blancas palomas”, aseveró.

En la iniciativa, los legisladores Republicanos también recordaron casos en que delincuentes extranjeros irregulares en Chile han atacado e incluso asesinado a policías, “dándose la contradicción de que son beneficiados ingenuamente con una ley que se torna ciega e injusta”.

“Se hace necesario no beneficiar con atenuantes al criminal extranjero que ha ingresado ilegalmente para delinquir, sino más bien aplicarle una agravante por dicho hecho”, añade el texto del proyecto de ley.

Finalmente, la iniciativa hace hincapié en que, en su contenido, “distingue de manera clara y sin dudas al criminal extranjero que viene a delinquir y que ingresa de manera ilegal, con el extranjero que ingresando de manera legal y no habiendo cometido delito en su país de origen, comete delito, pues a este último sí se le guarda la aplicación de la atenuante”.

«Se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado a que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”, dijeron parlamentarios de Renovación Nacional.

Al respecto, en la región de Tarapacá, desde donde se inauguró un nuevo puesto de control fronterizo, la titular de Interior destacó que el Gobierno está tomando medidas para enfrentar esta problemática.

“Las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas con su seguridad, con su bienestar, las estamos haciendo por compromiso con Chile. No las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan”, dijo.

Agregando que “me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas. Las recibí en alguna época en dictadura, las recibí de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, las recibí de grupos de presión siendo diputada”.

Aún así, aseguró, “pero nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente, nunca. Espero que sea la última vez (…) efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad”.

“Nuestro Gobierno ha hecho varias cosas en esa dirección, hemos aprobado dos proyectos de ley para mejorar las condiciones en que quedó el proyecto de migraciones que se aprobó en la administración anterior”, añadió.

En concreto, dijo Tohá, “uno para agilizar los procesos de notificación, otro para dar más tiempo a los servicios particularmente al organismo contralor que es la PDI para poder llevar adelante la expulsión”.

“También para mejorar las condiciones de control de identidad que se hacen las personas que están de manera irregular”, concluyó.

Argumentando que la existencia de una descontrolada migración irregular en Chile “ha provocado que un número indeterminado de extranjeros ingresen con el único propósito de delinquir, los diputados integrantes de la bancada UDI -Henry Leal, Juan Manuel Fuenzalida, Renzo Trisotti y Marlene Pérez- anunciaron la propuesta denominada “Ley Valencia”.

Según explicaron los parlamentarios, el proyecto apunta a establecer que cuando un extranjero esté siendo imputado por un delito, se presumirá que su eventual libertad podría implicar un peligro de fuga y, por consiguiente, terminaría afectando gravemente la investigación del Ministerio Público y una posible condena.

En ese sentido, y para evitar esa situación, la ley dispondrá que el juez a cargo estará obligado a decretar una cautelar de prisión preventiva, al menos hasta que las autoridades competentes puedan dar con la identidad real del extranjero.

Por lo que “es fundamental que, mientras las autoridades no den con su verdadera identidad, queden en prisión preventiva y no sean puestos en libertad, porque eventualmente podríamos correr el riesgo de dejar libre a un verdadero criminal sin saberlo”.

La prisión preventiva como obligatoriedad

Debemos considerar que no es el único proyecto que, en caso de ser aprobado, asegurará que “ningún magistrado podrá volver a ignorar la petición de la Fiscalía y tendrá la obligación de decretar la prisión preventiva”.

Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (ambos demócratas), Gustavo Sanhueza (UDI) y el independiente Pedro Araya, además del apoyo del senador Iván Flores (DC) también apuntan a modificar el Código Procesal Penal.

En ese contexto, plantean “que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación o para evitar la fuga del imputado cuando se trate de un extranjero que se halle en condición migratoria irregular“.

Esto “de acuerdo con el número 4 del artículo 1 de la ley N° 21.325 o se encontrare en algunas de las hipótesis que el artículo 127 del mismo cuerpo tipifica como causales de expulsión del país.”

El procedimiento se enmarca en una serie de controles a los conductores de estos vehículos, quienes trabajan como repartidores y -en su mayoría- son extranjeros con una situación migratoria irregular.

En ese sentido, el grupo anunció un paro para que los dejen andar de todas formas, aunque lo hagan de manera ilegal.

A raíz de ello, el jefe de Estado señaló en su cuenta de Twitter que “Carabineros de Chile cuenta con todo nuestro respaldo para fiscalizar que la ley se cumpla”.

“Eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo. En Chile quien no cumple la ley debe responder ante la justicia, le guste o no”, agregó Boric.

Además, el Presidente Gabriel Boric hizo una advertencia a los extranjeros que se encuentran en situación irregular y a los que que cometieron delitos. «Acá no hay nadie que vaya a estar encima de a ley», enfatizó.

A esto agregó que “hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas. A quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van. A quienes hayan cometido delito derechamente, se tienen que ir. Acá no hay nadie que vaya a estar encima de a ley”.

“Nosotros acá tenemos que dar señales claras, categóricas y sin doble estándar. No vamos a permitir que la delincuencia se venga a instalar a nuestro país”, sentenció el mandatario.