Este lunes, y tras revelarse un documento en redes sociales que vinculaba a la sede edilicia con Urbanismo Social, la Municipalidad de Santiago confirmó que dejó sin efecto el convenio de transferencia de recursos con la mencionada institución.

En concreto, la alcaldesa Irací Hassler (PC) decidió no “darle continuidad” a un proyecto denominado “Diseño de arquitectura y especialidades rehabilitación inmueble Av. Diego Portales 2717 – 2725”, por un monto de $121.922.433, dineros que iban a pagarse en cuatro transferencias a Urbanismo Social.

Dicho convenio, de forma expresa, señala que fue suscrito el 22 de marzo del 2023, entre la “Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su Alcaldesa, Irací Luiza Hassler Jacob y la Fundación Urbanismo Social, representada por su Director Ejecutivo, Camila Ramírez Gacitúa”.

Sin embargo, desde la Municipalidad sostuvieron que el convenio de transferencia firmado en abril pasado tiene su inicio el 18 de marzo de 2021, bajo la gestión de Felipe Alessandri.

Punto que si bien no se entiende de la revisión de los documentos, debido a que lo aprobado por Alessandri señala que fue para la “habilitación de la vivienda para adultos mayores” no hace referencia a “diseño de arquitectura” ni mucho menos a “especialidades rehabilitación inmueble” que se ubica en la calle Diego Portales de la citada comuna.

Es más, al revisar los antecedentes de Urbanismo Social en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no aparece alguna ampliación de giro relacionada a tareas de diseño arquitectónico o ligadas a esta. Se establece en el documento del SII que su giro está orientado a “consultoría de gestión” y “actividades de otras asociaciones”. Ambos giros son del año 2010.

El 5 de abril de 2021, un mes después del contrato con la Municipalidad de Santiago, pidieron ampliar su radio de acción tributaria a “actividades de asistencia social sin alojamiento”, donde nuevamente no aparece en el sistema tributario algún dato relacionado al convenio establecido este 2023.

Por ahora se desconocen los detalles oficiales de cómo y por qué se tomó la decisión de concretar la redacción de un nuevo documento entre Urbanismo Social y la Municipalidad de Santiago. Tampoco se conocen los detalles que llevaron a tomar la decisión de dejarlo sin efecto.

Lo anterior, pese a que fuentes municipales adelantan que estaría radicado en una revisión que se generó desde la institución edilicia y que habría detectado irregularidades, lo que debería ser resuelto este martes por la entidad que dirige Irací Hassler.

Round en Twitter por Urbanismo Social

Un adelanto de lo que podría entregarse como respuesta por parte de la sede edilicia la dio la alcaldesa Hassler vía Twitter.

Esto, luego que el senador socialista, Fidel Espinoza, replicara el documento que dio vueltas por redes sociales.

Espinoza publicó en la red social que: “#UrbanismoSocial recibía millonarios recursos no solo del @Minvu, sino también de Gobiernos Regionales, Instituciones públicas como el Fosis. Pero ojo!! Tb DE MUNICIPIOS. @IraciHassler Alcaldesa de Stgo le aportó más de 120 millones. Se pasaron!!”.

Frente a esa afirmación, 53 minutos después, Irací Hassler le contestó por la misma red social. “Estimado Senador, está equivocado. En esta administración, no hay ninguna transferencia de dinero a Urbanismo Social. Dicha Fundación no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio”, confirmando de esta forma lo transmitido por su equipo.

Y es que desde Santiago advierten que pese a existir el decreto no se alcanzaron a materializar las transferencias establecidas, producto de la revisión del contrato anterior. Se espera que hoy martes la Municipalidad de Santiago responda a los concejales de la comuna y parlamentarios que pidieron detalles de la decisión.

Documentos

Al revisar los documentos firmados en marzo de 2021 y abril de 2023 entre la Municipalidad de Santiago y la fundación Urbanismo Social, se podría establecer que son decretos diferentes. Ejemplo de ello es que pasaron por una revisión y votación en sus respectivos concejos. Sin embargo, tienen una conexión en común y que se basa en recuperar barrios patrimoniales.

Ejemplo es que en el primer punto del documento firmado por Felipe Alessandri con Urbanismo Social, se alude que los polígonos Matta – Madrid y Portales – Matucana “fueron seleccionados en el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática en el marco de un contrato de préstamo internacional celebrado entre el Estado de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual se ejecuta en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y Administrativo dependiente del Ministerio del Interior de Chile y la Ilustre Municipalidad de Santiago”.

Inmueble por el cual la Municipalidad de Santiago no pagó ningún peso, ya que los fondos salieron del convenio suscrito por el Estado y el BID. La génesis del proyecto en sí estuvo basado en transformar las casas patrimoniales en residencias de acogida para migrantes.

Incluso, el año 2021 se generaron conversaciones entre Felipe Alessandri y Servicio Jesuita a Migrantes, acuerdo con dicha fundación que no llegó a puerto debido a las contingencias de la época.

Por esta razón, según lo establecido en el Concejo de la Municipalidad el 27 de febrero pasado, la intención fue recuperarlo. Incluso Hassler indicó que “este es un proyecto muy relevante (…) será fundamental para iniciar en Santiago una política sobre arriendo protegido”.

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Lo anterior, con la finalidad de obtener mayores antecedentes respecto de la objetada compra de la ex Clínica Sierra Bella a la Inmobiliaria San Valentino que hoy está en la mira de la Fiscalía Centro Norte.

En el momento, los funcionarios lograron obtener computadores y otros objetos, aunque la jefa comunal se negó a entregar su teléfono celular, lo que llamó la atención de los investigadores.

En ese momento, de acuerdo con conocedores de la diligencia, Hassler argumentó que no correspondía entregarlo porque se trataba de un equipo personal y no un aparato institucional.

Sin embargo, como revela un oficio al cual tuvo acceso La Tercera PM y que está firmado por el director subrogante de Asesoría Jurídica, el abogado Aldo Tortorolo, la alcaldesa, al igual que el administrador municipal y algunos directores de departamentos, sí cuenta con un celular institucional.

Como se describe en el escrito de 17 páginas, “la compañía que provee el servicio es la empresa Claro” y hay una serie de modelos que se utilizan, entre ellos Galaxy S20 Plus e Iphone 12.

La respuesta del municipio, como se sostiene en el documento, se enmarca en una solicitud de información que recibieron el mismo día en que se desarrolló la diligencia dispuesta por el fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper.

En la misma, además, se adjuntaron las facturas de los servicios contratados, las cuales dan cuenta de que mensualmente se pagan $ 2.553.403 por las líneas.

Consultados al respecto, fuentes del municipio indicaron que si bien la alcaldesa tiene un teléfono fiscal asignado, no lo usa y, por lo mismo, estimó que no era necesario entregarlo a los efectivos policiales.

“Faltó a la verdad”

Frente a los antecedentes, los diputados de Partido Republicano que se querellaron por presunto fraude, Juan Eduardo Irarrázaval y Johannes Kaiser, fueron tajantes en que la jefa comunal habría “faltado a la verdad”.

“Hace sólo una semana, la Fiscalía fue a incautar los computadores y celulares de los funcionarios de la Municipalidad de Santiago involucrados en el caso Sierra Bella y la alcaldesa Hassler se habría negado a entregar su celular porque era personal y no institucional. Pero resulta que ahora sabemos que faltó a la verdad, porque sí tiene un celular institucional, pagado con recursos públicos y no se le entregó a la Fiscalía, en un claro intento por obstruir la investigación y ocultar información a esta investigación”, comentó Irarrázaval.

Por el mismo tema, Kaiser indicó: “La alcaldesa es un peligro para el éxito de esta investigación y debe ser formalizada cuanto antes. Una funcionaria pública que se niega entregar su celular institucional está claramente ocultando algo y debe ser investigada a fondo. ¿Cuántos mensajes habrá borrado en esta semana para ocultar su participación en los hechos?”.

Mientras los querellantes presionarán para que los equipos de la PDI puedan periciar el celular de Hassler, la jornada de este jueves el dueño de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, propietaria de la exclínica entregará su versión de lo ocurrido ante los detectives de la Brigada Anticorrupción.

A la instancia, de acuerdo con los antecedentes que pudo recabar La Tercera PM, llega tras ser asesorado por al menos cuatro abogados.

Entre ellos, el exfiscal Luis Vergara Varas y Felipe Rojas. Y, como comentan desde su círculo cercano, entregará un dossier con todos los documentos de la fallida transacción que están en su poder.

Asimismo, según las mismas fuentes, mantendrá el leitmotiv que hasta ahora han pretendido fijar en todas sus intervenciones: Que actuaron de buena fe y con transparencia.

En medio de la declaración, además, el empresario pondrá a disposición de los investigadores la valoración que hizo de la exclínica la Universidad de Concepción y que, como han dicho sus abogados, despejaría “cualquier duda respecto al valor por el cual la municipalidad” pretendía adquirir el recinto.

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Los parlamentarios Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser llegaron al exterior del municipio para realizar un punto de prensa, donde anunciaron que pedirán la formalización de la jefa comunal.

Ante los anuncios efectuados por la jefa comunal, Irarrázaval expresó que “esas medidas siguen siendo de mentira. Cuando ella está imputada, y ahora vamos a pedir la formalización, ella pierde el derecho a querellarse”.

Sobre la remoción del director jurídico del municipio y del secretario de planificación comunal, señaló que “debería haberlos despedido mucho antes, cuando Contraloría ya les había pedido (antecedentes), cuando el Conservador de Bienes Raíces le había hecho observaciones”.

“La alcaldesa Hassler tiene que responder por su negligencia, en no frenar esta cuestión. Nosotros creemos que no la frenó porque sabía lo que estaba pasando… La alcaldesa se tiene que hacer responsable”, declaró.

Por su parte, Kaiser recalcó que el municipio defendió hasta el último día la adquisición de la compra y que trató de seguir adelante con ella, por lo que Contraloría abrió un expediente sancionatorio.

Junto con ello, recordó que el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y el diputado oficialista Gonzalo Winter, defendieron esta adquisición públicamente.

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Junto a esto, la alcaldesa Irací Hassler (PC) ordenó la realización de acciones administrativas internas.

Incluso, la jefa comunal señaló que “en orden a los antecedentes informados por el ente contralor, la Municipalidad ejercerá acciones legales por las tasaciones”.

Desde el municipio recalcaron que “no se ha efectuado ningún pago en relación a esta compra, por lo que no hay afectación al patrimonio municipal”.

Recordemos que durante esta jornada, el organismo que lidera Jorge Bermúdez emitió un pronunciamiento jurídico entregando los argumentos para impugnar el proceso de compraventa, lo que representa un duro golpe a las intenciones de la edil comunista de hacerse de dicho recinto de salud.

La Municipalidad de Santiago valoró que “la resolución de Contraloría ratifique el actuar transparente de esta administración durante el proceso, dando cuenta que el Concejo Municipal tuvo todos los antecedentes a la vista”.

“Lamentamos que haya reparos a que Santiago cuente con una clínica municipal, proyecto que además iba a albergar al Cesfam Padre Orellana, que requiere urgentemente, de un recinto para funcionar, por lo que la alcaldesa ha instruido continuar en la búsqueda inmediata de alternativas para ello”, manifestaron desde el municipio.

Finalmente, reiteraron su “férreo compromiso con el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Santiago merece un recinto de salud de calidad”.

“Una vez más un problema municipal. Acá una reacción institucional y eso está bien, pero fue una reacción posterior, después de que el negocio se hiciera. Entonces, lo que hay que fortalecer son los controles previos, los mecanismos de transparencia”, manifestó el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.

Así también indicó que “en este mismo instante, con la institucionalidad que tenemos, muchos casos como este pueden estar pasando desapercibidos”.

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Los lugares más ocupados se encuentran entre calle Teatinos y Almirante Latorre, pero también se pueden ver instalaciones en el Parque Balmaceda, en el límite de Providencia con Santiago.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler señaló que en la comuna viven cerca de 1.500 personas en situación de calle, de las 8.000 de la Región Metropolitana. En esa línea, solicitó al Gobierno más cupos en albergues.

“Nuestro equipos contabilizan cerca de 1.500 personas viviendo en la calle en Santiago de las más de 8.000 en la Región Metropolitana, y esto implica distintas políticas públicas. Hoy lo estamos abordando desde la recuperación de los espacios, entregando alternativas de albergue en coordinación con el ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo necesitamos aumentar la cantidad de cupos en los albergues que pueda proveer el gobierno central”, solicitó la edil.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, realizó una dura crítica al Ministerio de Desarrollo Social y lo emplazó a desarrollar una estrategia para enfrentar la situación.

“Los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía, no para que la gente viva. Eso no es normal y no podemos normalizarlo. Esas personas van a tener que salir de ahí. Ahora adónde salen, eso es lo que le hemos preguntado al gobierno desde el día 1”, indicó Orrego.

El gobernador metropolitano agregó que “el ministerio de Desarrollo Social debe tener una estrategia para personas en situación de calle. Llevamos casi un año de este gobierno y no tenemos ni una sola estrategia. Hemos pedido el catastro que tú señalas y no lo han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno del que no tenemos toda la información”.

Por su parte la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, señaló que junto al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior se encuentran diseñando medidas para disminuir la población en situación de calle en el eje Alameda-Providencia.

Acerca del contenido de estas estrategias, la delegada presidencial señaló que se está en un “periodo de trabajo y evaluación”.

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La iniciativa fue impulsada por los diputados de las bancadas de RN y la UDI: María Luisa Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey y Juan Carlos Beltrán.En el proyecto se manifiesta una «preocupación ante el crítico estado de inseguridad e insalubridad existente en la comuna de Santiago, así como en la deficiente provisión de servicios educativos en ésta».

Es por ello que se solicita «al Presidente de la República disponer de todas las medidas de colaboración con dicho municipio, habida consideración de la incapacidad con que la administración comunal está enfrentando tales problemáticas».

El documento profundiza en las problemáticas que enfrenta Santiago, señalando que «es innegable que durante los últimos meses el estado de la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad, insalubridad provocada por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal, debiendosumarse a esto la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyo sostenedor es el Municipio, muchos de ellos de tipo ‘emblemáticos'».

«La crisis es tan cruenta que muestra cómo lo que otrora fuera un verdadero ‘ascensor’ de movilidad social: la educación pública de excelencia, hoy es un lastre para padres y apoderados que deben inscribir a sus hijos en tales establecimientos y para la comunidad santiaguina, que esobjeto de los hechos delictivos e incivilidades que ocurren desde los colegios como protestas violentas, uso de artefactos incendiarios para quemar buses del transporte público o ataques a policías y recintos militares», se asegura en el proyecto de resolución.

Asimismo, se indica que esta «crisis comunal» ha profundizado una precariedad económica en la zona, ya que desde 2019 hasta mediados de este año se contabilizabaron al menos 700 comercios que habían cerrado.En el escrito se informa que el casco histórico de la comuna «es el perímetro con mayor número de homicidios en todo Chile desde 2019, existiendo barrios como Franklin o Yungay en donde esta modalidad delictiva ha pasado a ser común».

«Finalmente, es por todos conocido el lamentable estado del espacio público, sobrepoblado completamente por personas que ejercen el comercio informal con actividades de distinta naturaleza, lo que encubre e incentiva delitos como robos, delitos violentos o de falsificación, así como desórdenes, incivilidades y falta de salubridad», se añade en el texto.

Críticas a Irací Hassler

La iniciativa es clara en cuestionar la labor de la alcaldesa de Santiago asegurando que «el paupérrimo estado de la comuna, que sin duda se gesta desde hace años y no puede atribuirse en particular a la actual administración comunal en su génesis, no ha sido abordado como es debido por esta».

«En efecto, la Municipalidad liderada por la alcaldesa Srita. Irací Hassler, ha dado pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna y ‘reman contra la corriente’ en cuanto a soluciones efectivas para estos problemas», añade.

En el proyecto, se menciona que la jefa comunal durante su campaña «prometió regularizar a más de 1.000 comerciantes informales, lo que generó un incentivo y una expectativa para el ejercicio de estas actividades en las calles de Santiago al producirse la materialización de este compromiso».

Además, se indica que «a poco de asumir, la alcaldesa resolvió desmantelar la unidad de fiscalización y vigilancia de la comuna, incluyendo en ello a funcionarios municipales que por años se habían desempeñado en dicha área».

«No cabe duda de que la gestión de la alcaldesa ha contribuido a profundizar la crisis en seguridad, salubridad y al interior de los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, siendo necesario que el Gobierno preste una colaboración excepcional ante la incapacidad en su actuar», finaliza el texto.

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