A propósito del escándalo de los audios revelados por CIPER, que involucran al abogado de la élite, Luis Hermosilla, a la operadora Leonarda Villalobos y al “empresario” Daniel Sauer, decidí viajar al pasado, para ver qué ocurrió en otros escándalos que involucraban a políticos, empresarios y sus entornos.

El caso coimas

Primero, la máquina del tiempo me llevó a octubre de 2002. Ahí partió el “caso coimas”, un episodio de cohecho ocurrido durante el mandato de Ricardo Lagos.

El subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini (PR) fue denunciado por recibir una “coima” de 15 millones de pesos para aprobar la concesión de una planta de revisión técnica en Rancagua.

Por supuesto hubo otros políticos involucrados, como el diputado Víctor Manuel Rebolledo (PPD), el jefe de finanzas del SENSE, Eric Leighton y Alejandro Chaparro, ex jefe de gabinete del ministro de obras públicas Carlos cruz.

Después fueron denunciados los diputados de la DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez, por cobrar 20 millones de pesos a cambio de facilitar los trámites para las concesiones de plantas de revisión técnica.

El sucesor de Tombolini en Transportes fue Guillermo Días Silva (DC), el mismo qué tiempo después sería procesado por fraude al fisco en el caso denominado Mop-Gate. Unas joyas, todos.

El resultado: 8 condenados a penas menores y remitidas, todos personajes de menor cuantía.

En la época, los “peces gordos” estaban ocupados en la tramitación de la ley de pesca, que en ese entonces involucraba 3000 millones de dólares.

Ahí si que no caería nadie, porque nunca se sabría nada.

El caso MOP-GATE

Ocurrido durante el mandato del presidente Ricardo lagos el caso MOP-GATE es un escándalo de corrupción que tuvo como protagonistas a miembros del ministerio de obras públicas y de la empresa gestión ambiental y territorial conocida como GATE.

Básicamente, se trataba de que el MOP paga sobresueldos a 120 funcionarios por trabajos que jamás realizaron y GATE recibía pagos injustificados por las autopistas concesionadas.

Los sobresueldos eran pagados a partir de contratos ficticios que involucraron, incluso, a la Universidad de Chile.

Carlos Cruz era el ministro y todo se hizo bajo su conocimiento y aprobación. No le pasó nada. Ni a él ni nadie, porque operó la clase política, todo con la complicidad del Poder Judicial.

Una vez más, pagaron unos pocos involucrados, todos de poca monta.

¿Y el SII? No sólo no se metió: el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, ofició al director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro, para que emitiera un pronunciamiento señalando que estas platas mal habidas correspondían a gastos de representación de ministros y subsecretarios y que no pagaban impuestos. Todo súper correcto.

El caso Penta

Luego, la máquina del tiempo me trasladó a enero de 2015. Ahí me encontré con el “caso Penta”, cuya denominación no hace justicia con los otros involucrados en una red de corrupción que involucró a políticos, empresarios, empresas, ejecutivos de dichas empresas y “palos blancos” de menor cuantía que emitían boletas de honorarios o facturas ideológicamente falsas.

Jovino Novoa, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Laurence Golborne, Alberto Undurraga, entre otros pasaron con cero faltas pese a estar involucrados en esta maquinaria fraudulenta, armada para financiar campañas y actividades políticas.

Posteriormente se abrió una nueva arista en la investigación del caso cuando el fiscal Carlos Gajardo solicitó a la PDI información sobre 19 personas con el fin de indagar la emisión de boletas de honorarios irregulares a la Sociedad Química y Minera, SQM.

En dicha nómina aparecían familiares y asesores vinculados a políticos de la Nueva Mayoría, coalición oficialista durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Un mes después de conocidos estos nuevos antecedentes, la fiscalía separó la arista SQM del “caso Penta”.

De SQM se hizo cargo el fiscal metropolitano centro norte Andrés Montes, el mismo que aparece mencionado en los en los audios de Hermosilla y cía.

El resto del caso fue asignado al fiscal regional metropolitano oriente, Alberto Ayala.

El fiscal Carlos Gajardo, quedó fuera de la jugada, porque al parecer, tenía demasiadas ganas de llegar a la verdad y sancionar a los involucrados en una trama de facturas falsas que servían para financiar irregularmente a la política y a los políticos.

Nuevamente el SII y su poderosa división de grandes contribuyentes no hicieron nada.

Hubo más de 180 imputados en las causas y más de 200 empresas involucradas, pero la clase política, nuevamente, operó y la intervención de Michelle Bachelet llegó al punto de cambiar al director del SII.

La búsqueda de responsables fue selectiva, con objetivos de medio pelo y sanciones irrisorias.

Cabe recordar que la presidenta del PPD, uno de los partidos involucrados en esta trama deleznable era la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, que el Senado nombró fiscal nacional a Jorge Abbott y que los controladores de Penta fueron condenados a clases de ética.

Viaje al futuro: ¿se repite la historia?

Cansado de ver tanto abuso e impunidad, decidí viajar al futuro y ver qué pasó con los muchachos de los audios.

Confiado en que esta vez sí pasará algo y los actos de los involucrados tendrán consecuencias, pese a que Luis Hermosilla es abogado de Sebastián Piñera y a pesar de que su hermano Juan Pablo Hermosilla es abogado de Michelle Bachelet, comprobamos que, nuevamente no pasa nada, a pesar de la gravedad de lo que ahí todos pudimos escuchar: corrupción en el SII, pagos de coimas, facturas falsas.

Nada es suficiente. Ahora nos distrae el plebiscito constitucional, ese que nos va a cambiar la vida y pondrá fin a todas las crisis.

Después, caemos de cabeza en Navidad y año nuevo y luego salimos de vacaciones.

A mediados de enero empiezan los incendios forestales, que se mantienen hasta febrero ya que ahí viene el Festival de Viña.

Con el fin del festival, se terminan febrero y las vacaciones. Luego, los escolares entran a clases y aparece el temido súper lunes de marzo.

Con tanta actividad, Hermosilla y compañía son olvidados y nos dejan de importar. Nuevamente, no pasa nada, fin de la historia, suma y sigue, que pase el siguiente. Así es Chile.

Por Emmett Brown.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió a los funcionarios asegurando que no es verdad que el Minvu está lleno de funcionarios corruptos en el marco del denominado “Caso Convenios”.

“No es verdad que en el Ministerio de Vivienda son puros corruptos, eso no es verdad (…) Quiero defender a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda porque son personas serias que llevan años dedicados a esto”, afirmó Montes.

Montes, además, aseveró que a su juicio “lo más importante es ver las causas de las cosas y ver cómo se resuelven. Quisiera terminar como un ministro… no el ministro del Caso de los Convenios, sino el ministro que resuelve el Caso de los Convenios y tenemos una nueva institucionalidad para que no se vuelvan a repetir”.

“Hemos entregado mucha información a los distintos organismos públicos porque creemos que hay que llegar a ella y cuando haya responsabilidades deben responder a esas responsabilidades quienes tienen la culpa”, agregó.

Asimismo, Montes recalcó que “nosotros queremos enfrentar el problema, enfrentar las causas, ver quienes son responsables, pero especialmente construir más viviendas y que haya solución hacia adelante”.

Consultado sobre la eventual acusación constitucional en su contra, dijo: “Respeto a las instituciones del Estado, espero poder estar ahí y explicar cómo se dieron las cosas”.

Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó acceder a crear una comisión especial investigadora (CEI) para el denominado Caso Hermosilla.

En total fueron tres solicitudes se presentaron en la corporación esta mañana. La primera fue impulsada por el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri para investigar las “mafias de la evasión y la regulación del mercado financiero”; la segunda por la bancada del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes; y la tercera por diputados del Partido De la Gente (PDG).

La CEI deberá buscar responsabilidades políticas en medio de las diligencias que realiza el Ministerio Público, y procesos internos que efectúa el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras revelarse una conversación donde abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto al representado Daniel Sauer, mencionan pagos a funcionarios del SII y de la CMF para obtener información reservada y favores que beneficien al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

La instancia tendrá 60 días para efectuar su trabajo y elaborar el informe al respecto. Se espera que las tres propuestas sean fusionadas en una sola comisión.

En paralelo, tanto la SII como la CMF anunciaron acciones legales al respecto. En tanto, el director del SII, Hernán Frigolett, removió este martes al director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, por pérdida de confianza en su gestión; y suspendió a otros cuatro funcionarios.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció que presentará una denuncia por el presunto delito de soborno en contra de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, además del representado Daniel Sauer.

Esto, tras la filtración de una conversación donde se menciona pago a funcionarios de la institución y del Servicio de Impuestos Internos (SII) para obtener información reservada y favores que beneficien al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

El consejo del organismo se reunió este miércoles de forma extraordinaria tras recibir antecedentes contenidos en un oficio del fiscal de la Unidad de Investigación (UI), que incluye información sobre un audio recibido de manera anónima por la UI el día lunes 13 de noviembre en la tarde, y que fueron revelados ayer por el Centro de Investigación Periodística (Ciper).

“Para el Consejo de la CMF resulta de la máxima gravedad que se intente influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos de algún tipo, como asimismo aceptarlos o solicitarlos”, expresó la entidad.

También se acordó instruir una investigación interna para determinar eventuales infracciones administrativas y las sanciones que resulten pertinentes.

De la misma forma, la CMF subraya que el actuar de la institución y sus funcionarios se enmarca en decisiones colegiadas y basadas exclusivamente en criterios técnicos que resguardan la objetividad y probidad.

La CMF también se refirió a las empresas investigadas por operaciones irregulares.

Indicó que respecto de las empresas STF Capital Corredores de Bolsa y sus directores, Daniel Sauer y Ariel Sauer, y su gerente general, Luis Flores, todos sancionados con máxima severidad por la CMF; y Factop Corredores de Bolsa de Productos, sobre la que pesa la suspensión de sus operaciones; el Consejo es enfático en señalar que el actuar de la Comisión ha sido de total diligencia, probidad y transparencia, como consta en el historial y los fundamentos de sus decisiones, que se encuentran a disposición del público.

Fue precisamente mediante redes sociales, que la representante del gobierno en la región informó que la decisión se adoptó tras una reunión con el jefe de la V Zona de Carabineros.

“He solicitado, y así se ha acordado, comenzar con una investigación interna que permita establecer eventuales fallas en el servicio y también responsabilidades”, aseveró.

Además, anunciaron que van a reforzar inmediatamente la presencia policial y el control sobre el perímetro de seguridad para dar mayor certeza a los vecinos y vecinas del sector.

Recordemos que durante este martes se conoció el robo en al menos 10 departamentos del edificio Miramar Reñaca y luego, tras la concurrencia de personal de la PDI, se constató la totalidad de los inmuebles de la torre Kandinsky también fueron vulnerados.

Los vecinos del primero arremetieron en contra de la delegada, indicando que se le había advertido que una situación con esta se podría registrar si es que no se resguardaba bien el lugar.

Cuestionamiento al que luego se sumó el abogado del edificio Kandinsky, Pablo Gómez, quien acusó incumplimiento por parte de la autoridad a un compromiso por escrito donde se aseguraba la protección de las edificaciones.

“Hay una responsabilidad de la autoridad desde el momento en que prohíbe el ingreso de los titulares de esos departamentos, de los propietarios, y no inhibe a terceros que ingresen. Ese es un deber de seguridad que le corresponde a la autoridad”, reforzó.

Además confirmó que evaluarán con la totalidad de los afectados, tanto por los socavones como por los robos, la presentación de acciones legales en contra de quienes resulten responsables.

Según informó El Mercurio, fue la abogada Julia Uriquieta quien solicitó la reapertura del caso y aseguró que solicitarán “diligencias de carácter técnico”.

La magistrada informó el cierre de la etapa investigativa a fines de septiembre, luego de releer informes policiales, revisar numerosas declaraciones y documentos y pericias nacionales y extranjeras por la muerte de Neruda.

Recordemos que en el mes de febrero pasado, la familia de Pablo Neruda aseguró que peritos internacionales demostrarían que el poeta había sido envenenado y que su muerte se debía a esta situación y no al cáncer de próstata que padeció los últimos años de vida.

Recordemos que Neruda había sido senador de la República por el Partido Comunista y también fue embajador de Chile en Francia durante el Gobierno de Salvador Allende.

En 2017, científicos de un laboratorio canadiense encontraron la bacteria ‘Clostridium botulinum’ en una muela del cuerpo de Neruda, sin embargo, no se pudo confirmar que haya sido introducida en su cuerpo de forma intencional. Fue la propia justicia chilena la que convocó a un penal de expertos internacionales para intentar aclarar la muerte del poeta, por lo que las universidades de McMaster de Canadá y la de Copenhague de Dinamarca encabezaron los estudios.

La investigación judicial de la muerte de Neruda, premio Nobel de Literatura 1971, comenzó luego de que en 2011 su exchofer, Manuel Araya, relatara a la prensa que el poeta pudo ser envenenado por la dictadura de Pinochet.

Araya aseguró que Neruda no estaba tan enfermo como para ser ingresado en una clínica el 19 de septiembre de 1973, sino que fue una estrategia para partir al exilio a México.

Fue en un punto de prensa realizado en Maipú, donde la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que “una cosa son las asignaciones que se transfieren desde el gobierno central, donde hemos tomado acciones efectivamente para ante cualquier irregularidad, o eventual irregularidad o denuncia seria, iniciar los procesos correspondientes de sumario administrativo o investigaciones sumarias (…) Lo que tenga que ver con la justicia, entregárselo a la justicia”, agregó sobre este último punto.

Igualmente, señaló que “estos casos de los gobiernos regionales, corresponden las acciones por parte de los gobiernos regionales, en muchos casos ha habido respuestas clarificando que se ajustan a los procedimientos normados y de concurso que tienen, en otros casos tendrán que despejarse esas inquietudes”.

“Para nosotros lo más importante es que exista una convicción en todas las autoridades, todos los equipos, tanto municipales, gobiernos regionales o a nivel central de que, frente a denuncias fundadas de irregularidad, se tomen las acciones”, añadió.

Camila Vallejo señaló que “aquí, no es corrupto el que ante un hecho de corrupción no solo se indigna, sino que responde y actúa, una institución corrompida y corrupta no hace nada”.

“En eso creo es fundamental las acciones, por parte del gobierno central, al menos, ante cualquier denuncia de irregularidad que ponga en duda la probidad administrativa o que pueda configurar un tipo de delito, tomamos acciones y medidas”, complementó.

Finalmente, la vocera aclaró que “en ese caso, si se detecta una eventual irregularidad administrativa, lo que correspondería al gobierno regional es proceder con sus reglas para esas investigaciones de carácter administrativo y habría que determinar si constituye o no con la irregularidad”.

De ellas, al menos nueve están siendo investigadas por el Ministerio Público.

El medio de comunicación Mega Investiga analizó los 65 convenios y subvenciones que fueron adjudicados desde 2022 a estas entidades privadas.

Las transferencias reportadas suman casi $12 mil millones, que deberían haber ido en directo beneficio de las personas.

El análisis de los decretos que fijan la entrega de los dineros, muestra que la mitad de las fundaciones no tenía los giros tributarios adecuados para realizar los programas que les adjudicó el Estado.

Por ejemplo, en 2022, una fundación dedicada a la participación política fue seleccionada por la Gobernación de Los Lagos para regularizar títulos de dominio.

Lo mismo ocurrió con una corporación educacional: quedó a cargo de la regularización de terrenos de pequeños y medianos agricultores.

Otra fundación, con giro de actividades veterinarias y de producción cinematográfica, fue contratada por el Minvu para entregar agua potable en Copiapó.

Entre las tres, suman convenios por casi $2.700 millones. Pero no son las únicas, y es que el problema se repite a lo largo del país.

En Padre las Casas, Fundación Local firmó convenios por más de $2 mil millones con la Gobernación de la Araucanía para promover el turismo en la zona y la revalorización de residuos domiciliarios.

Su giro era de asesoría financiera, enseñanza y consultoría de gestión.

Llama la atención que cinco de las seis transferencias que registra la fundación, se hicieron en un solo mes: enero de este año.

En Antofagasta, la Seremi de Vivienda eligió a la fundación cultural TomArte para el programa de asentamientos precarios.

Sin embargo, esta sólo tiene giros de enseñanza, de promoción de actividades culturales, y de producción de obras de teatro y espectáculos.

Lo mismo ocurrió con el convenio con Espacio Lúdico para la habitabilidad de campamentos: su giro era de actividades culturales o recreativas, y de alquiler de “otros efectos personales y enseres domésticos”.

Por su parte, Territorios Colectivos recibió una subvención presidencial de $75 millones para el manejo de residuos en Juan Fernández, incluyendo la mejora de la infraestructura de un vertedero.

Pero, según los datos del Servicio de Impuestos Internos, sólo registra como giros tributarios la promoción de actividades culturales, de organizaciones políticas y de organizaciones extraterritoriales. Nada relacionado al manejo de basura.

Algo similar ocurrió con la fundación Procultura, que tenía el giro de promoción de actividades culturales y de edición y venta al por menor de libros.

En 2023, sumó “otros tipos de enseñanzas no calificadas previamente”.

Pese a ello, la organización se adjudicó cuatro convenios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta para la habitabilidad de campamentos.

El fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Los Lagos, Marco Muñoz, es tajante en señalar que esto no se enmarca en cómo deben ser las contrataciones públicas.

“El Estado debiese contratar y entregar recursos a personas que tienen experiencia para desarrollar labores que se encomiendan según el convenio”, asegura.

Giros de último minuto

Algunas de las fundaciones ampliaron sus giros de forma posterior a la entrega de los dineros.

Es el caso de Democracia Viva, que se adjudicó proyectos de habitabilidad de campamentos en Antofagasta, aunque tenía el giro de actividades culturales y recreativas.

Fue un mes después de recibir los recursos, que sumó el de construcción de proyectos de servicio público.

En Atacama, la Seremi de Vivienda contrató a la fundación Comprometidos para el programa de asentamientos precarios, aunque esta tenía solo giro tributario de producción de películas y de clínicas veterinarias.

Tres meses después de recibir los dineros, sumó el giro de “asistencia social sin alojamiento” y de promoción de actividades culturales.

La corporación educacional Kimün firmó un convenio con la Gobernación de Los Lagos para regularizar la propiedad de terrenos de pequeños y medianos agricultores.

Hasta entonces, tenía registrado el giro de asociaciones que promueven actividades culturales. La entidad amplió su giro tributario a “actividades de consultoría” en diciembre de 2022, casi dos meses después de que fueran aprobados los fondos.

También en Los Lagos, la gobernación firmó convenios con la Fundación Participa, otorgándole $1.200 millones para la regularización de títulos de dominio.

Sin embargo, el giro tributario de Participa sólo le permitía representar “los intereses de grupos especiales o que promueven ideas ante la opinión pública” y realizar “investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias”.

Al día siguiente de que estallara el caso convenios con Democracia Viva, la fundación amplió su giro a “asociaciones que promueven actividades culturales”, lo que tampoco se relaciona al proyecto adjudicado.

Con estos antecedentes, será la justicia quien deberá determinar si las contrataciones de estas fundaciones y corporaciones se ajustan o no a la ley.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, enumera los delitos que podrían configurarse en este caso: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación incompatible e, incluso, lavado de activos.

En medio de la primera entrega de vivienda a los damnificados por inundaciones tras el sistema frontal, el Presidente Gabriel Boric, se refirió al Caso Convenios y señaló que no habrá defensas de ninguna persona ni funcionario de Gobierno que esté involucrado.

«Nuestro Gobierno y, yo en particular, apropósito de los casos que han salido a la luz por la Fundación Democracia Viva en Antofagasta y, donde quiera que salgan, acá no se va a proteger a nadie indebidamente», señaló el Mandatario.

Agregó que, «el hecho de que el ministro Montes haya instruido un sumario para investigar la actuación del seremi del Maule da cuenta justamente de eso. Lo que he señalado es que acá hay que ser responsable y no meter a todas las personas en un mismo saco».

Ante esto, Boric enfatizó y dijo, «que no les quepa duda que en la medida en que existan antecedentes que lleguen a nuestro conocimiento, vamos a tomar las medidas que sean necesarias y, esos vale para cualquier funcionario público, independiente de la confianza o cercanía que tengan con otras autoridades de Gobierno, partiendo por mí».

El diputado UDI Juan Antonio Coloma aseguró que al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se le está “acabando el tiempo” para dar explicaciones por el caso, y no descartó que el partido impulse una acusación constitucional en su contra.“Al ministro Montes se le acaba el tiempo para transparentar lo que ocurre en el Ministerio de Vivienda. Ya prácticamente no le quedan instancias para decirle a Chile qué es lo que de verdad está pasando”, dijo Coloma.

“No puede ser que vaya a Antofagasta, entregue tres carpetas y con eso quede tranquilo. Si hay personas con doble sueldo, tiene que querellarse contra ellos y expulsarlos de la administración pública”, añadió.

Los polémicos contratos suscritos por Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta significaron la salida de la subsecretaria de la cartera Tatiana Rojas, quien habría estado en conocimiento de los hechos y no habría informado a Montes antes que se conocieran públicamente. El presidente de la UDI, Javier Macaya, presentó al equipo jurídico que se hará cargo de investigar estos casos que han sido denunciados a lo largo de todo el país.

“Que el gobierno no intente pasar gato por liebre en esto. He escuchado declaraciones de la vocera y de algunos representantes de la izquierda diciendo que necesitamos un Estados más grande, que necesitamos más recursos a propósito de la reforma tributaria, y acá hay una sociedad civil y fundaciones que son muy activas en la solución de los problemas públicos”, dijo Macaya.