El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se refirió a la filtración de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, aseverando que “si la información de la vulnerabilidad se entregó después del hackeo, es evidente que no se entregó toda la información”.

En su visita a Lota, en la región del Bío Bío, la autoridad insistió que a la ministra de Defensa, Maya Fernández, solo se le informó respecto a la vulnerabilidad del sistema y no del hackeo: “Nunca fue informada de que había sido hackeado el sistema y que había información que había sido extraída, información reservada”.

“No es la misma situación que a una autoridad se le informe de que el sistema es vulnerable y, por lo tanto, se tome la decisión política de entregar recursos para cerrar la vulnerabilidad, que fue lo que se hizo, a que se le hubiese informado de que había una sustracción de información relevante para la seguridad del país”, profundizó.Lo último -añadió- es lo que no ocurrió.

Además, aseveró que una situación de esa naturaleza debía ser informada por escrito.

El ministro (s) reiteró que lo ocurrido es grave y que el sumario administrativo y la justicia militar esclarecerá desde qué momento se sabía que el sistema era vulnerable y si se actuó de manera oportuna.

Debido a que la filtración contempla cerca de 400 gigas, recién se está conociendo el conjunto de información y las áreas vulneradas.

De igual forma aclaró que los resultados de la investigación de Justicia Militar permitirá establecer si “está vulnerada la Ley de Defensa y eso depende del tipo de información que ha sido revelada”.

Esto porque -según explicó- “hay información reservada que no es necesariamente secreta”.

Este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, habló tras el primer Consejo de Gabinete con los nuevos ministros del Gobierno de Gabriel Boric, y abordó los temas de seguridad pública, que han sido recurrentes en los últimos días, y también de la disposición de la oposición en cuanto a las reformas que espera llevar adelante el Ejecutivo.

La secretaria de Estado enfatizó en la importancia que tiene para lograr “cambios reales” en el país la tramitación de las reformas tributaria y de pensiones, cuyo respaldo ha sido puesto en duda por la oposición.

“Una prueba de fuego que vamos a tener como gobierno y como oposición es que logremos que haya en Chile una reforma tributaria, porque si de verdad se cree en garantizar derechos sociales, todos sabemos que eso es imposible sin una reforma tributaria”, detalló.

“Si de verdad se cree que tenemos que cambiar el sistema de pensiones para mejorar la condición en que viven las personas mayores en el país, todos sabemos que eso no es posible sin cambios profundos; tenemos que dialogar, tenemos que acordar, pero no cambiar no es una alternativa”, dijo la ministra Tohá.

“La reforma tributaria es la llave para lograr más justicia en el país, tener un sistema tributario más justo en el que los que tienen más, paguen más. Es la llave para financiar los derechos sociales, que en el debate constitucional quedamos todos de acuerdo: avanzar a un Estado que proteja y garantice de verdad los derechos sociales”, añadió.

La nueva líder de Interior también se refirió a la posición de un grupo de senadores de Renovación Nacional (RN), que dijeron que no estaban por una nueva Convención Constitucional para la elaboración de una nueva Constitución, pese al compromiso de la oposición durante la campaña para el plebiscito.

“Esperamos que si existen esas posturas en la derecha, que no sean mayoritarias. Porque si pensaban eso, le mejor hubiese sido bueno que lo dijeran antes de la votación. Nosotros no hemos visto que predomine esa idea, aquí estuvieron sentados todos los partidos de la oposición, menos el Partido Republicano, y todos reafirmaron su compromiso con un nuevo proceso, y su compromiso con hacerlo rápido”, opinó la ministra.

Tohá también tuvo palabras para las manifestaciones estudiantiles y disturbios que se han registrado los últimos días en la región Metropolitana. La ministra se refirió a las palabras de representantes del Partido Comunista (PC) que pidieron “no criminalizar” la protesta.

“La idea de que las protestas y el derecho a manifestación no puede ser tratado como un acto criminal, es compartido en todos los sectores que estamos apoyando al gobierno del Presidente Boric, y también es compartido que ese derecho a manifestarse no incluye el quemar buses y romper semáforos”, explicó.

La decisión fue valorada por el oficialismo, sobre todo en Socialismo Democrático, pero desde la oposición fue criticada, especialmente por su gestión como alcaldesa de Santiago.

Este martes, Carolina Tohá (PPD) asumió como ministra del Interior y Seguridad Pública en reemplazo de Izkia Siches, luego del primer cambio de gabinete realizado por el presidente Gabriel Boric a casi seis meses de haber asumido el mandato de la República.

La decisión fue valorada por el oficialismo, sobre todo en Socialismo Democrático. Sin embargo, desde la oposición criticaron su designación, especialmente por un juicio de cuentas que mantiene pendiente en Contraloría de cuando fue alcaldesa de Santiago y su “responsabilidad política” en el caso SQM.

El juicio de cuentas por «gastos improcedentes» que lleva la Contraloría General de la República contra la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sigue en primera instancia luego de casi cuatro años en curso.

Pendientes

Según consignó El Mercurio, el ente fiscalizador en 2019 emitió un informe catalogando como «gastos improcedentes y sin respaldo» el uso de 265 millones de pesos mientras (Tohá) se desempeñaba como alcaldesa en la comuna de Santiago, entre los años 2012 y 2016.

La resolución de dicha auditoría señaló que se usaron recursos públicos que estaban destinados para ciertos fines, como la Subvención Escolar Preferencial, pero que finalmente derivaban en otras cosas, incurriendo en una irregularidad administrativa. En el mismo, se destaca el pago de una indemnización a un profesor; la contratación de cursos; compra de elementos tecnológicos y la adquisición de infraestructura para colegios.

El documento, además, sostiene que se realizaron gastos por remuneración indebida y que se rindieron facturas erróneas. Este juicio se encuentra en su primera instancia, en la etapa probatoria, donde se recaban antecedentes del informe de auditoría y escuchan argumentos de la defensa; luego, se debería dictar una sentencia.

Aun así, todos los sumarios y juicios de cuentas se mantuvieron congelados por la pandemia del Covid-19, retomándose algunos de ellos este año, sin embargo, éste podría demorarse hasta tres años en concluir, debido a la lentitud de los procesos. 

Desde la Contraloría anticiparon que esta investigación, al no ser un proceso judicial sino administrativo, no debería tener problemas tras el arribo de la exalcaldesa al Gobierno.