“Estamos dispuestos a analizar esa legislación que viene de larga data, pero creo que no vale la pena, tal como dijo la ministra Carolina Tohá, caer en ataques cruzados (…) hoy día los ataques cruzados debilitan a las instituciones que combaten la delincuencia”, agregó el jefe de Estado.

Cabe recordar que Luis Vicente Martínez (27), condenado por el delito de robo con violencia, fue beneficiado con un indulto general a causa de la pandemia de covid-19.

La iniciativa, aprobada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2020), le permitió conmutar la pena de 5 años y un día de prisión por reclusión nocturna.

De todas formas, Martínez habría cumplido la totalidad de su pena en el transcurso de 2021.De acuerdo a diferentes estimaciones, cerca de 1.800 reos fueron beneficiados con esta medida, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de aquel entonces: 92 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.

Entre los que apoyaron este proyecto destacan personeros del actual Gobierno, partiendo por el Presidente Boric.

“Nuestra prioridad tiene que estar centrada en que los delincuentes sean los que tienen miedo. Seguramente hoy día, mañana o la próxima semana hay personas que están preparando actos delictivos. Esas personas deben saber que se van a enfrentar con una fuerza policial empoderada”, dijo el Mandatario.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad a la clase política y a la sociedad. “En la medida en que nos vean unidos, vamos a poder salir adelante con mucha más fuerza”, cerró.

En la ocasión, el Presidente Gabriel Boric valoró la aprobación de proyectos de seguridad en la Cámara de Diputados y aseguró que vale la pena reconsiderar las actuaciones del pasado.

“Creo que vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado, en donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”, explicó.

En ese contexto, añadió que “Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza que es mucho mayor de la que conocíamos, por lo que tiene que contar con todo nuestro respaldo”.

Fue mediante una entrevista con el canal 24 horas, donde la autoridad respondió al cuestionamiento sobre esta situación, asegurando que no es el momento para debatir sobre indultos y sus consecuencias, porque es algo que no aportaría.

“Muchas veces en nuestros debates de seguridad, con mucha facilidad nos ponemos en la vereda de al frente a disparar y yo creo que en esta ocasión no es el momento de hacer eso. Si queremos discutir sobre los indultos, sobre las consecuencias que pueden tener, hagamos una discusión seria, porque hoy día no aportaría en nada que nosotros desde La Moneda demos vuelta la discusión y ahora empecemos hacia el otro lado”, dijo Tohá.

“Hagamos una discusión más en profundidad sobre los indultos y concentremos hoy día en lo que tenemos por delante que es perseguir a los responsables de este delito y acordar una agenda que fortalezca en general el crimen organizado”, añadió la ministra del Interior.

Recordemos que Martínez, recibió el beneficio de un indulto en abril de 2020, cuando se le conmutó la pena de 5 años y un día de prisión por robo con violencia, a una pena de reclusión nocturna, en el marco de una ley realizada por la pandemia de Covid-19.

En primera instancia, fueron dos los sujetos detenidos por el crimen, quienes corresponden a Edward Fuenzalida Leiva, de 28 años, quien es uno de los seis reos que se fugaron desde el Centro Penitenciario de Valparaíso en 2021. El segundo involucrado es Miguel Acevedo Tauda, de 26 años.

“La ciudadanía tiene que estar tranquila por dos motivos; uno, porque el Tribunal ha ratificado que el ejercicio de la potestad constitucional se ha hecho ajustada a la Constitución y a la ley”, aseguró.

“Y lo segundo, que es responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto que se dio, mantener la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones a través de los centros de reinserción social de Gendarmería respecto de aquellas personas que fueron indultadas”, agregó el ministro Cordero.

Por otra parte, durante la tarde de la actual jornada, el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado había anunciado que si el TC acogía los requerimientos, recurrirían directamente a la acusación constitucional en contra del Presidente Gabriel Boric.

Conocido el resultado del TC, el ministro llamó a aceptar “en el triunfo y en la derrota” la legitimidad de las instituciones democráticas. “Eso sucede cuando uno se somete a un tercero imparcial”, dijo.

Además, el ministro de Justicia reconoció que hubo “múltiples lecciones” durante el proceso de indultos, por ello, se comprometió a que para futuras acciones similares “se tramitarán como históricamente se han tramitado en el Ministerio (de Justicia)”.

Recordemos que los indultos fueron aprobados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado, y desde entonces las diversas opiniones no han cesado.

Algunos legisladores dijeron que está decisión era “predecible” por la composición del tribunal, mientras que otros hicieron hincapié en los prontuarios de los beneficiados.

Al respecto, la senadora y una las parlamentarias que presentó este documento, Ximena Rincón (Demócratas), dijo que “los fallos de la justicia se respetan, pero más allá del fallo del tribunal, la opacidad y las contradicciones del Gobierno son evidentes”.

“Siete personas que tienen informe desfavorable de Gendarmería, están libres y eso todo el país lo sabe. Por tanto, si llega a ocurrir una tragedia, todos conocen al responsable”, recalcó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) precisó que “aquí hay ministros con contradicciones flagrantes, aquí se dejó en libertad a gente con un alto prontuario. Los chilenos lo que piden es que investiguemos hasta las últimas consecuencias de por qué se produce esto”.

“Si el Presidente lo ha hecho con los antecedentes del caso, nosotros como diputados vamos a citar al Presidente de la República y le vamos a pedir que comparezca para que le explique a los chilenos qué motivo tuvo para dejar en libertad a estas personas, si manejaba sus antecedentes”, añadió el parlamentario, quien además será integrante de la comisión revisora.

El relator del tribunal, José Francisco Leighton, anunció que “en las causas relacionadas con los indultos particulares concedidos a los señores Jorge Mateluna, Luis Castillo y Jordano Santander, estuvieron por rechazar los requerimientos, la presidenta, ministra señora Yáñez, el ministro señor Pozo, la ministra señora Silva, el ministro señor Pica y la ministra señora Marzi”.

“En estos casos, estuvieron por acoger los requerimientos, los ministros señores Letelier, Vásquez y Fernández”, añadió Leighton.

En tanto, en las causas referentes a los indultos particulares “concedidos a los señores Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas, estuvieron por rechazar los requerimientos, la presidenta, ministra señora Yáñez, el ministro señor Pozo, la ministra señora Silva, los ministros señores Fernández, Pica, y la ministra señora Marzi”.

“En estas causas, estuvieron por acoger los requerimientos, los ministros señores Letelier y Vásquez”, informó el relator.

Finalmente, Leighton señaló que “los detalles de todos los expedientes constitucionales pueden ser consultados en la página web institucional”.

Continúa la polémica en torno a los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines de diciembre, luego que se revelara que solo 3 de ellos habían tenido un informe favorable de Gendarmería.

Recordemos que previamente, habían salido a la luz los expedientes con evaluaciones negativas de seis de los siete casos que actualmente están siendo revisados por el Tribunal Constitucional (TC).

Por lo anterior, el TC solicitó lo mismos documentos de los seis restantes, más el último indulto pendiente que seguiría en tramitación.

Según El Mercurio, dentro de este segundo grupo está Cristian Cayupán Queipil, sobre quien el Tribunal de Conducta de Colina 1 advirtió un riesgo medio de reincidencia en abril de 2022.

Cayupán presentaría «dificultad para establecer un reconocimiento de sus conductas y de los factores de riesgos asociados a los hechos por los que fue condenado, su discurso difiere de los antecedentes presentados en sentencia, advirtiendo que su participación no se encuentra relacionada como fue expuesta en el proceso judicial, desestimado su responsabilidad respecto de la naturaleza y tipificación del delito».

En tanto, sobre Francisco Hernández Riquelme, el Tribunal de Conducta de Colina 1 recomendó no otorgar el beneficio en mayo pasado, a pesar de que en julio dejaría el penal para pasar a estar bajo libertad vigilada intensiva.

«Es posible concluir rasgos de personalidad de tipo antisocial… carente de empatía, deshonesta, irresponsable, impulsiva, falta de reconocimiento a las normas y convenciones sociales y escasa capacidad de planificar un proyecto vital», detallaron desde Gendarmería.

Un documento similiar se emitió sobre Matías Rojas Marambio, ya que el Tribunal de Conducta de Colina 1 instó a no indultarlo en vista de que «no logra dar cuenta de la transgresión a la ley, sin visualizar víctimas y aportar una reflexión crítica frente a los hechos delictuales que había cometido».

Por su parte, el organismo indicó sobre Juan Olguín Rivera que, pese a tener un nivel de reincidencia «bajo», contaba con «muy altas necesidades de intervención en el factor de actitud de orientación profesional, pues existe racionalización y justificación de la infracción de la ley, minimizando su responsabilidad en los hechos y sus consecuencias».

Diferente fue lo documentado respecto a Sebastián Montenegro Coo y Alejandro Carvajal Gutiérrez, quienes sí recibieron un informe positivo, al igual que el exfrentista Jorge Mateluna, parte del primer grupo.

Las declaraciones del parlamentario de RN llegan luego que parlamentarios de Chile Vamos presentaran un requerimiento en el que cuestionan siete de los trece indultos otorgados por Gabriel Boric.

«Si mañana el Tribunal Constitucional declara que los indultos que se dieron son inconstitucionales, yo diría que ni siquiera necesitamos comisión investigadora. Vamos derecho a la acusación constitucional», aseguró Mellado.

«Hay un tema claro de que el Presidente eventualmente no cumplió la Constitución y nosotros somos quienes tenemos que estar fiscalizando que se cumpla», añadió.

Por su parte, desde el gobierno han reconocido en el pasado en que hubo “desprolijidades” al momento de entregar los indultos, pero no legales, sino de quienes deberían ser los beneficiarios.

Recordemos que fue el propio Presidente explicó que los beneficiarios debían ser personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del estallido social y que no tuvieran antecedentes penales previos, pero esto último no se cumplió en todos los casos.

En cuanto a la legalidad de los decretos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aclaró que todo está en regla y está a la espera de lo que diga el TC.

“Existen todos los antecedentes en los expedientes íntegramente asociados, por lo tanto no está comprometida su constitucionalidad ni su legalidad que es lo que ahora nos importa de cara a lo que decida el Tribunal Constitucional mañana”, explicó.

“Lo que yo he dicho y, es entiendo a lo cual se refirió el subsecretario Monsalve, es lo que ustedes me han escuchado siempre: los antecedentes obran en los expedientes”, finalizó el parlamentario.

Esto último, en medio de la controversia por la molestia de uno de los ministros, José Ignacio Vásquez, por la decisión de Yáñez de adelantar la votación, del jueves próximo, a este martes.

Según se conoció, finalmente se decidió aplazar la votación del requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos y Demócratas para las 13:30 horas.

Aunque, cabe también la posibilidad de que no se suspenda la votación, ante la eventual negativa del ministro Vásquez de participar de la votación.

De acuerdo a La Tercera, Vásquez envió un correo electrónico a todos los integrantes del TC comunicando su negativa a participar, aludiendo a un autoacordado del tribunal, es decir, una norma procedimental que dictan los tribunales para su ordenamiento interno.

Dicho autoacordado señala que el presidente del Tribunal Constitucional podrá solicitar al pleno o la Sala, según el caso, previo acuerdo unánime, que conozcan de causas o asuntos que requieran de una decisión urgente y no figuren en tabla.

No obstante, en este caso fue una decisión exclusiva de Nancy Yáñez, quien fue recientemente nombrada por el presidente Gabriel Boric.

Diputados de la oposición comentaron acerca de la polémica ocurrida tras la contradicción entre los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en relación a los 13 indultos presidenciales entregados el año pasado.

Esto luego que Monsalve afirmara que «el Presidente tuvo a la vista los antecedentes obviamente de las personas que iba a indultar», lo que se diferencia con las declaraciones entregadas por la ministra Vallejo, quien indicó que «si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta».

Tras esta situación, el diputado Guillermo Ramírez (Unión Demócrata Independiente) señaló que «las declaraciones del subsecretario Monsalve son gravísimas porque significa que él está mintiendo o que la ministra Vallejo mintió cuando dijo que el Presidente no había tenido todos los antecedentes cuando tomó la decisión de indultar, esto debe esclarecerse y esperamos que el Tribunal Constitucional muestre independencia política y haga justicia en este caso».

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, comentó que «ni ellos mismos se ponen de acuerdo para proteger a su jefe. Si el Presidente tenía todo sobre la mesa, quiere decir que no cumplió las leyes y le dio indultos a delincuentes que iban a reincidir (…) Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional los indultos vamos directo a la acusación constitucional contra el Presidente».

En ese sentido, el diputado Andrés Longton (RN) puntualizó que primero se debe conformar la comisión investigadora de la Cámara Baja para definir las responsabilidades políticas.

En tanto, el diputado Mauricio Ojeda (IND – Republicano) recalcó que «esto es gravísimo y socava las bases de la democracia».

Así, estuvo de acuerdo con Mellado que, según lo deliberado por la investigación, se analiza realizar una acusación constitucional en contra del Presidente.

En esta línea, el diputado Héctor Ulloa (IND -PPD) sostuvo que «pueden parecer medidas contradictorias, pero creo que hay que ser sinceros y cautos, el Presidente tiene una facultad presidencial y la opinión que tiene Gendarmería no es vinculante. Uno podrá estar o no de acuerdo, pero es una facultad del Presidente».

«Si queremos entrar en el fondo del tema, discutamos la facultad presidencial que tiene cualquier Presidente de la República», expresó.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, admitió este domingo que “el presidente (Gabriel Boric), que tramita esto con el Ministerio de Justicia y con Gendarmería, tenía a la vista todos los antecedentes respecto a los indultos”.

Así respondió en Tolerancia Cero tras ser consultado específicamente sobre si el mandatario estaba al tanto de los antecedentes que los indultados mantenían y que databan de antes del ‘estallido social’.

“Evidentemente, los indultos no fueron llevados a cabo bajo los procedimientos administrativos. Te saco de la discusión respecto a las facultades constitucionales, te saco de la discusión respecto a la legalidad de los indultos”, dijo.

“Pero evidentemente se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete del Presidente”, complementó.

“Lo que es evidente es que el Presidente consideró que se había hecho de la manera que él esperaba”, apuntó Monsalve.

Sus palabras llegan luego de que más temprano en la jornada el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuviera que los informes negativos de Gendarmería no son el único antecedente que conste en el expediente para otorgar indultos.

“Si así fuese, el indulto debiese ser otorgado por el informe de Gendarmería y no por el Presidente de la República”, aseguró.

En ese contexto, defendió que los indultos otorgados por el presidente Boric hasta la fecha, han cumplido con lo que indica la Constitución.

No obstante, los dichos del subsecretario Monsalve contradicen lo señalado en enero pasado por el Gobierno en voz de la ministra Camila Vallejo, quien aseveró que si el presidente Gabriel Boric hubiera tenido todos los antecedentes que salieron a la luz sobre los indultados, no les habría dado el beneficio.

“Los indultos están jurídicamente bien establecidos y elaborados, son completamente legales, por lo tanto, a propósito de esta solicitud de la oposición de revocarlos, no es posible por una serie de criterios”, sentenció.

En ese sentido, consultada respecto al caso de Luis Castillo, reconoció que “se produjo un incumplimiento de un criterio que fijó el Presidente”.

“Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta”, señaló.

Los indultos concedidos por el mandatario le han significado una seguidilla de polémicas, luego de que se revelaran los prontuarios que mantenían varios de los beneficiados incluso antes del ‘estallido social’.

Uno de ellos mantenía incluso 5 condenas y 26 causas judiciales.