A propósito del escándalo de los audios revelados por CIPER, que involucran al abogado de la élite, Luis Hermosilla, a la operadora Leonarda Villalobos y al “empresario” Daniel Sauer, decidí viajar al pasado, para ver qué ocurrió en otros escándalos que involucraban a políticos, empresarios y sus entornos.

El caso coimas

Primero, la máquina del tiempo me llevó a octubre de 2002. Ahí partió el “caso coimas”, un episodio de cohecho ocurrido durante el mandato de Ricardo Lagos.

El subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini (PR) fue denunciado por recibir una “coima” de 15 millones de pesos para aprobar la concesión de una planta de revisión técnica en Rancagua.

Por supuesto hubo otros políticos involucrados, como el diputado Víctor Manuel Rebolledo (PPD), el jefe de finanzas del SENSE, Eric Leighton y Alejandro Chaparro, ex jefe de gabinete del ministro de obras públicas Carlos cruz.

Después fueron denunciados los diputados de la DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez, por cobrar 20 millones de pesos a cambio de facilitar los trámites para las concesiones de plantas de revisión técnica.

El sucesor de Tombolini en Transportes fue Guillermo Días Silva (DC), el mismo qué tiempo después sería procesado por fraude al fisco en el caso denominado Mop-Gate. Unas joyas, todos.

El resultado: 8 condenados a penas menores y remitidas, todos personajes de menor cuantía.

En la época, los “peces gordos” estaban ocupados en la tramitación de la ley de pesca, que en ese entonces involucraba 3000 millones de dólares.

Ahí si que no caería nadie, porque nunca se sabría nada.

El caso MOP-GATE

Ocurrido durante el mandato del presidente Ricardo lagos el caso MOP-GATE es un escándalo de corrupción que tuvo como protagonistas a miembros del ministerio de obras públicas y de la empresa gestión ambiental y territorial conocida como GATE.

Básicamente, se trataba de que el MOP paga sobresueldos a 120 funcionarios por trabajos que jamás realizaron y GATE recibía pagos injustificados por las autopistas concesionadas.

Los sobresueldos eran pagados a partir de contratos ficticios que involucraron, incluso, a la Universidad de Chile.

Carlos Cruz era el ministro y todo se hizo bajo su conocimiento y aprobación. No le pasó nada. Ni a él ni nadie, porque operó la clase política, todo con la complicidad del Poder Judicial.

Una vez más, pagaron unos pocos involucrados, todos de poca monta.

¿Y el SII? No sólo no se metió: el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, ofició al director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro, para que emitiera un pronunciamiento señalando que estas platas mal habidas correspondían a gastos de representación de ministros y subsecretarios y que no pagaban impuestos. Todo súper correcto.

El caso Penta

Luego, la máquina del tiempo me trasladó a enero de 2015. Ahí me encontré con el “caso Penta”, cuya denominación no hace justicia con los otros involucrados en una red de corrupción que involucró a políticos, empresarios, empresas, ejecutivos de dichas empresas y “palos blancos” de menor cuantía que emitían boletas de honorarios o facturas ideológicamente falsas.

Jovino Novoa, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Laurence Golborne, Alberto Undurraga, entre otros pasaron con cero faltas pese a estar involucrados en esta maquinaria fraudulenta, armada para financiar campañas y actividades políticas.

Posteriormente se abrió una nueva arista en la investigación del caso cuando el fiscal Carlos Gajardo solicitó a la PDI información sobre 19 personas con el fin de indagar la emisión de boletas de honorarios irregulares a la Sociedad Química y Minera, SQM.

En dicha nómina aparecían familiares y asesores vinculados a políticos de la Nueva Mayoría, coalición oficialista durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Un mes después de conocidos estos nuevos antecedentes, la fiscalía separó la arista SQM del “caso Penta”.

De SQM se hizo cargo el fiscal metropolitano centro norte Andrés Montes, el mismo que aparece mencionado en los en los audios de Hermosilla y cía.

El resto del caso fue asignado al fiscal regional metropolitano oriente, Alberto Ayala.

El fiscal Carlos Gajardo, quedó fuera de la jugada, porque al parecer, tenía demasiadas ganas de llegar a la verdad y sancionar a los involucrados en una trama de facturas falsas que servían para financiar irregularmente a la política y a los políticos.

Nuevamente el SII y su poderosa división de grandes contribuyentes no hicieron nada.

Hubo más de 180 imputados en las causas y más de 200 empresas involucradas, pero la clase política, nuevamente, operó y la intervención de Michelle Bachelet llegó al punto de cambiar al director del SII.

La búsqueda de responsables fue selectiva, con objetivos de medio pelo y sanciones irrisorias.

Cabe recordar que la presidenta del PPD, uno de los partidos involucrados en esta trama deleznable era la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, que el Senado nombró fiscal nacional a Jorge Abbott y que los controladores de Penta fueron condenados a clases de ética.

Viaje al futuro: ¿se repite la historia?

Cansado de ver tanto abuso e impunidad, decidí viajar al futuro y ver qué pasó con los muchachos de los audios.

Confiado en que esta vez sí pasará algo y los actos de los involucrados tendrán consecuencias, pese a que Luis Hermosilla es abogado de Sebastián Piñera y a pesar de que su hermano Juan Pablo Hermosilla es abogado de Michelle Bachelet, comprobamos que, nuevamente no pasa nada, a pesar de la gravedad de lo que ahí todos pudimos escuchar: corrupción en el SII, pagos de coimas, facturas falsas.

Nada es suficiente. Ahora nos distrae el plebiscito constitucional, ese que nos va a cambiar la vida y pondrá fin a todas las crisis.

Después, caemos de cabeza en Navidad y año nuevo y luego salimos de vacaciones.

A mediados de enero empiezan los incendios forestales, que se mantienen hasta febrero ya que ahí viene el Festival de Viña.

Con el fin del festival, se terminan febrero y las vacaciones. Luego, los escolares entran a clases y aparece el temido súper lunes de marzo.

Con tanta actividad, Hermosilla y compañía son olvidados y nos dejan de importar. Nuevamente, no pasa nada, fin de la historia, suma y sigue, que pase el siguiente. Así es Chile.

Por Emmett Brown.

Recordemos que, esta semana se dio a conocer una conversación entre Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, junto al representado, donde mencionan pagos a funcionarios del SII y la CMF para obtener información reservada que beneficie al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

“Todo funcionario público que esté involucrado en casos de corrupción tiene que responder a la justicia”, señaló el mandatario.

“Acá no se puede defraudar la fe pública, pareciera que estamos ante una red de corrupción y de desfalco de recursos y de evasión de impuestos gravísima que afecta a quienes más lo necesitan. Los impuestos no son una regalía para el Estado. Con los impuestos se construyen los consultorios en los que se atienden la mayoría de los chilenos, con los recursos de los impuestos construimos las carreteras que conectan los lugares más recónditos de nuestro país”, agregó.

Asimismo, dijo que “a quienes estén en esas prácticas les digo muy claramente: tal como a los delincuentes que cometen hurtos o asesinatos en las calles, que tengan cuello y corbata, no nos intimida en lo más mínimo, los vamos a perseguir con la más fiera convicción que nos otorga la ley“.

“Pueden contar con aquello y el señor Hermosilla y quienes sean sus cómplices tendrán que responder ante ello y ante la justicia como corresponde”, zanjó.

Por otro lado, el mandatario se refirió al caso de Rayen Curihuil, funcionaria de carabineros que recibió el impacto de una granada en el marco de un procedimiento en Club Hípico.

“En primer lugar, yo empatizo, entiendo y les aseguro que estoy avocado con toda la energía en combatir la delincuencia. Acá no se le puede mirar en menos ni minusvalorar la sensación de temor que existe”, expresó.

“Es importante poner las cosas en perspectiva. El otro día veía una encuesta en donde más del 50% de los chilenos decía que Chile es el país más peligroso de Latinoamérica. Eso no es así y pueden revisar los datos en cualquier parte y se van a dar cuenta de que pese a las dificultades reales que estamos enfrentando, la delincuencia como fenómeno transnacional está golpeando con mucha fuerza, no solamente los países de América Latina, sino todo el mundo y en varios, con mucha más fuerza que en Chile”, dijo.

Asimismo, dijo que “eso no es excusa y no nos puede servir de consuelo para nada. Efectivamente, la criminalidad y en particular la violencia de determinados criminales ha aumentado. Pero yo quiero destacar la labor de las policías. Parte importante de los delitos que hemos conocido en el último tiempo han sido resueltos rápidamente por Carabineros y por la PDI”.

Finalmente, subrayó que “los delincuentes que decidan continuar con esa senda van a ser perseguidos con todo el peso de la ley y cuando a Carabineros, como sucedió con el caso brutal que vimos recientemente de Rayen, tenga que defender su vida, lo va a hacer y el Gobierno los va a respaldar“.

“A los delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar y si es necesario, los vamos a echar“, concluyó.

Recordemos que por este hecho se abrió una investigación de oficio en la Fiscalía Oriente.En esta línea, a través de su cuenta de X, el Mandatario se refirió a esta polémica grabación.

“Llegando a San Francisco (USA) para participar en la APEC veo detalles de los graves hechos investigados por Ciper”, señaló el Presidente.

Recalcando que “delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas».

«No escatimaremos esfuerzos en esclarecer los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda. Paralelamente, seguiremos avanzando en proyectos como el de Anti Evasión y el de inteligencia financiera, que levanta el secreto bancario en casos de conductas eventualmente delictuales», recalcó.

“Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla”, sentenció en la publicación.

Recordemos que el audio reveló una reunión donde Hermosilla, su representando Daniel Sauer, quien es empresario que está siendo investigado por operaciones irregulares, y la abogada Leonarda Villalobos, hablan de los pagos para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.

Tras esto, el abogado Luis Hermosilla dio a conocer una declaración pública en la que niega los hechos y acusa ser objeto de una “maniobra siniestra”.

“Debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”, señaló.

Hermosilla es abogado del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, indagadas por la CMF.

En un audio dado a conocer por Ciper Chile, de una reunión de Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, se habla de pagos a los funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario.

“He sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo”, sostiene el jurista en su declaración.

Hermosilla expresa además que “habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”.

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió de oficio una investigación penal por el caso y el SII instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia.

El Colegio de Abogados también inició una indagatoria para esclarecer los hechos y aplicar eventuales sanciones.

El profesional de la Universidad Católica fue asesor del Ministerio del Interior durante todo el gobierno de Sebastián Piñera y cuenta con experiencia en múltiples causas judiciales como los casos Degollados, Luchsinger-Mackay y Catrillanca.

Fue también defensor de Claudio Spiniak y representante de la familia de Jaime Guzmán, en el caso por el homicidio del senador.