Fue a eso de las 3:00 de la madrugada de este martes cuando un centenar de funcionarios de la PDI activaron un operativo de control y detención de personas extranjeras que no contarían con su documentación regular.

Según el detalle entregado por la policía, los detenidos son de nacionalidad venezolana, peruana, colombiana y dominicana. Asimismo, dentro del marco operativo, fueron requisadas sustancias ilícitas y armas de fuego.

El jefe de la Prefectura Santiago Norte de la Policía de Investigaciones, prefecto Javier González, habló del despliegue.

Dijo que este se realizó de madrugada porque a esa hora operan bandas criminales que extorsionan y asaltan a los trabajadores de la Vega Central.

Bajo esta misma premisa, se revisará la situación migratoria de los más de 120 aprehendidos, junto con sus antecedentes y si tienen órdenes vigentes de detención en sus respectivos países.

Los expulsados son ciudadanos colombianos, y 18 fueron deportados por ordenes administrativas y 12 por ordenes judiciales.

Por esta situación, en el programa «Podría ser Otra Cosa» del medio BBCL, conversaron con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien aseguró que “nosotros cotidianamente expulsamos personas, en vuelos comerciales, por tierra, en buses a los países vecinos, y también en vuelos charter”.

Asimismo, detalló que “mensualmente pueden ser 80, 100 personas. En lo que va del año, en total, entre administrativas y judiciales, van 856 expulsiones”.

En la misma línea, explicó que “en Chile vive 1.600.000 personas (extranjeras) aproximadamente, la mayoría de las cuales ni delinque ni debe ser expulsada, ni han cometido infracciones y están en su proceso de regularización”.

Asimismo, autoridades de Carabineros y del Ministerio del Interior presentaron el Plan de Fortalecimiento de Control Territorial Focalizado.

Por su parte, el mandatario destacó que los nuevos equipos y vehículos permitirán fiscalizar y controlar aquellos lugares de la capital que tienen mayor ocurrencia de delitos violentos.

En ese sentido, el Presidente Boric manifestó que “estas medidas extraordinarias lo que buscan es retomar el control de estos lugares y va a ir acompañado de una coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) para el control migratorio y la eventual expulsión de quienes sean detenidos”.

“Quiero decirles en esto que como Gobierno, en conjunto con las Policías, vamos a ser inflexibles. Quienes tengan orden de detención pendiente quedan detenidos. Del mismo modo, los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los próximos cinco días”, agregó.

Sobre este tema, finalizó anunciando “respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, aun cuando no cuenten con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve”.

Se trata de dos sujetos de 24 y 37 años, ambos de nacionalidad venezolana, con situación migratoria regular e irregular, respectivamente. Quienes quedaron en prisión preventiva durante los 120 días que decretaron para la investigación del caso.

La víctima, que fue asesinada con un arma de fuego, es una mujer dominicana de 43 años. Quien trabajaba en el sector de Plaza de Armas, en el ámbito del comercio sexual.

El hecho, ocurrido el pasado 27 de octubre, habría iniciado en la intersección de General Mackenna con Aillavilú, en Santiago. Donde la víctima habría tenido una discusión con otra mujer venezolana, debido a que ambas se dedicaban al cobro de “cupos” a mujeres dedicadas al comercio sexual.

El subprefecto Óscar Alvarado, jefe de la BH Metropolitana, entregó detalles del caso. “La víctima se encontraba en la comuna de Santiago, donde es abordada por los imputados, subida a la fuerza y contra su voluntad a un vehículo”, relató.

Para posteriormente, trasladarla hasta la comuna de Lampa, “donde es ejecutada mediante la utilización de un arma de fuego”.

Rodrigo Barrera, vocero Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló que los imputados le habrían percutado 16 disparos en distintas partes del cuerpo, “particularmente en la zona de la cabeza y en el abdomen”.

El director señaló que, dado que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) -el equivalente de la DGAC chilena en Venezuela- no otorgó el permiso de manera oportuna, no pudieron acceder a los permisos para ingresar al espacio aéreo venezolano.

Thayer aseguró que tanto el Servicio Nacional de Migraciones, como la Policía de Investigaciones (PDI) y el consulado venezolano, cumplieron con todo lo establecido.

“El consulado certificó las identidades de las personas oportunamente, la PDI envió los listados de los pasajeros y los escoltas también oportunamente, se envió eso a la contraparte venezolana a través de la Cancillería, también se procedió a enviar eso a Venezuela de manera oportuna”, aseveró.

Consultado por el riesgo que significa que la retención de estas personas con orden de expulsión supere los cinco días establecidos por ley y, con ello, queden en libertad, Thayer garantizó que todos serán repatriados antes de que se cumpla el plazo.

“Todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas judicialmente y administrativamente en este vuelo serán expulsadas por vías comerciales a través de la compra de pasajes antes de los cinco días“, aseguró.

Se trata de 60 personas extranjeras que mantienen ordenes de expulsión, administrativas y/o judiciales, quienes iban a viajar este viernes hasta Venezuela, en un vuelo de la compañía Estelar, del propio país.

Sin embargo, cuando parecía que todo se encontraba listo para realizar el vuelo, desde el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) negaron la llegada del vuelo.

Frente a esta situación, según la normativa vigente, la Policía de Investigaciones (PDI) deberá dejar en libertad a estas personas, de no encontrar una solución en cinco días.

A raíz de aquello, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que “el gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para poder permitir que lo procesos de expulsión se lleven adelante”.

“Lamentablemente, este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela, llegaba hoy y partía mañana, no fue autorizado. Como gobierno, vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema“.

Por el contrario, la diputada Ximena Ossandón (RN) apuntó contra el embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri. “Si en estos seis meses, Venezuela se sigue oponiendo a las reconducciones desde chile es que las gestiones de nuestro embajador han sido inútiles”.

De todas maneras, desde el Ejecutivo están evaluando enviar a los extranjeros expulsados en vuelos comerciales.

Según detalló la secretaria de Estado, se trata de vuelos comerciales y de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Venezuela y Colombia o República Dominicana, lo que implicó un “aumento” -según dijo- de recursos por $1.400 millones.

“Este año, hace pocas semanas, se acaban de suplementar los recursos para expulsiones en 1.400 millones de pesos. Eso nos va permitir contratar dos vuelos comerciales y tener adicionalmente un vuelo de la FACh, dirigidos en dos casos a Venezuela y en el tercer caso a algún otro país, probablemente República Dominicana o Colombia”, dijo en diálogo con Radio Universo.

Luego complementó que, “adicionalmente a eso, todas las semanas hay personas que se expulsan en vuelos comerciales”.

El martes el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, tras acudir a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, dijo que la cantidad de personas que pueden ser expulsadas en cada vuelo “va a depender de la capacidad del avión”.

“Hay vuelos de la Fuerza Aérea que tienen capacidad para 60 personas, hay vuelos comerciales que tienen capacidad para 120″, detalló.

El lunes La Tercera había dado a conocer que el gobierno proyecta la deportación de 2.600 migrantes en 14 meses y que el Ejecutivo estaba afianzando el plan para concretar los vuelos de expulsiones.

La titular de Interior apuntó este miércoles que se trata de una materia no exenta de dificultades: “El tema es que la legislación internacional exige que por cada persona que se expulsa haya dos personas de la policía que los escolta. Entonces, efectivamente esto tiene costos muy importantes, porque hay que pagar esos pasajes también, y distrae funcionarios”.

Aunque aseguró que “eso no es un obstáculo para expulsar. En todo este tiempo no hemos estado limitados por los recursos ni por los funcionarios, lo que nos limita son los requisitos que son tan complejos”.

Luego ahondó en que “cuando uno expulsa a Venezuela, nosotros tenemos por ley cinco días –antes eran dos- desde que la personas es retenida para ser expulsada y se le expulsa. El problema es que Venezuela nos pedía que le diéramos la lista siete días antes, después logramos que fueran cinco días antes, pero eso es muy difícil, porque tenemos los mismos cinco días para armar el grupo y los tenemos que ir a buscar y a detener a sus casas, entonces no se alcanza a tener la lista los cinco días antes. Esas cosas hay que ir puliéndolas y lograr que Venezuela nos permita entregar la lista dos días antes y no cinco”.

“Cosas de ese tipo, que son puros enredos administrativos menores, hacen mucho más difícil el proceso de expulsión, especialmente con Venezuela”, recalcó.

Consultada acerca de si los vuelos de expulsión se harán públicos como sucedió en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la secretaria de Estado respondió que no se efectuará de esa manera, ya que en el Ejecutivo consideran “que no es necesario, (porque) es como un morbo que no ayuda”.

Asimismo, Tohá apuntó al fenómeno migratorio y cómo afecta a la seguridad interna: “En los flujos migratorios, sobre todo cuando son masivos, se meten entre medio personas que vienen con una agenda criminal y en este caso además organizaciones criminales y ante eso no se puede ser ingenuo. En ese caso, no se puede dar un trato solamente con la mirada de la migración, hay que dar un trato con la mirada de la seguridad, la integridad y la protección del país”.

En lo que va del año, se han concretado cerca de 740 deportaciones de ciudadanos extranjeros que cometieron delitos en Chile y el Ejecutivo espera cerrar diciembre con mil.

Sin embargo, esa cifra estaría muy por debajo de las 12 mil expulsiones exigidas por Renovación Nacional a la ministra del Interior, Carolina Tohá, o de lo contrario amenazaron con presentar una acusación constitucional en su contral. 

Y si bien el tono de los parlamentarios de oposición disminuyó tras sostener reuniones con las autoridades del Minsiterio del Interior, continúan los cuestionamientos entre el Ejecutivo y los miembros de la administración de Sebastián Piñera por las responsabilizades ante la crisis migratoria. 

«Hablamos de un ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo anterior, y en ese gobierno las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años. Y hoy se nos pide en un mes expulsar 12.000 (…) Hay que ser razonable y realista con la crítica. No podemos exigirle a otro lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que hace un partido de gobierno», reprochó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. 

En esa misma línea, la secretaria de Estado apuntó a la gestión del expresidente Piñera por su viaje a Cucutá y sus acciones frente a la ola de ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros.  

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentra liderando una mesa de trabajo que busca establecer acciones concretas para desarrollar las 2.600 expulsiones anunciadas y, en paralelo, presentar una nueva agenda legislativa que permita celerar ese proceso.

De aprobarse aquellas iniciativas, las cuales contarían con el respaldo de los parlamentarios de oposición, las policías podrían tener mayores facultades para allanar y entregarían mayores herramientas para reducir los tiempos de apelación de quienes estén en proceso de expulsión. 

Por su parte, Sergio Muñoz, director general de la Policía de Investigaciones (PDI), informó que la deportación de ciudadanos extranjenros «va a estar planificada con una agenda semanal. Para eso he dispuesto, a nivel nacional, equipos que se vana  dedicar a este trámite, a ubicar a las personas y ponerlas a disposicón para hacer las expulsiones». 

La Moneda se enfrenta con administración de Piñera

En paralelo a las reuniones para coordinar acciones en materia de migración, el Gobierno invitó a participar en una mesa de trabajo a los exministros y exsubsecretarios del Interior de la administración de Piñera para desarrollar medidas que permitan contener el alza de los hechos de violencia, tales como secuetsros, homicidios y robos. 

A esa instancia estaban invitados Juan Francisco Galli, Rodrigo Delgado, Andrés Chadwick y Rodrigo Ubilla. Sin embargo, las exautoridades no concurrieron a La Moneda. 

Frente a ello, la ministra Vallejo reclamó que es una «contradicción que se pida diálogo y no se venga a dialogar (…) es absurdo». 

Las declaraciones de la vocera causaron molestia en el exsubsecretario Rodrigo Ubilla, quien afirmó que ellos sí están trabajando con los actuales miembros del Ministerio del Interior. 

«Ministra, infórmese, estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en esta agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político», cerró. 

Este viernes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió al ultimátum dado por Renovación Nacional, luego que exigieran la expulsión de 12 mil migrantes, o presentarán una Acusación Constitucional contra la titular de Interior, Carolina Tohá.

La secretaria de Estado criticó a la colectividad de oposición, apuntando que “hablamos de un ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo anterior, y en ese gobierno las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años. Y hoy se nos pide en un mes expulsar 12.000″.

“Hay que ser razonable y realista con la crítica. No podemos exigirle a otro lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que hace un partido de Gobierno”, emplazó.

Asimismo, Camila Vallejo lanzó duras críticas a la administración del expresidente Piñera, afirmando que “cuando asumimos teníamos fronteras prácticamente abandonadas. Había muy pocos equipos tecnológicos funcionando, las policías tenían equipamiento que no se renovaba hace años”, sostuvo.

“No es comprensible que un sector político que fue gobierno hace poco tiempo, que no fue capaz de expulsar administrativamente a las personas que debió expulsar, hoy exija en un mes expulsar 10 veces más. Requiere muchos recursos y capacidad logística que no se puede desarrollar en un mes”, agregó.

Crisis de seguridadLa ministra de la Segegob también comentó los últimos hechos de violencia, señalando que “hay situaciones muy preocupantes como los homicidios, secuestros o granadas”, lo cual “nos lo estamos tomando en serio”.

No obstante, sostuvo que esta problemática “no se solucionará el tema con declaraciones rimbombantes y altisonantes ni menos con amenazas bien poco creativas. Si queremos proponer soluciones, no podemos proponer siempre Estados de Excepciones nacionales o acusaciones. Hagamos propuestas serias, eso es lo que queremos de la oposición”.

«Se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado a que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”, dijeron parlamentarios de Renovación Nacional.

Al respecto, en la región de Tarapacá, desde donde se inauguró un nuevo puesto de control fronterizo, la titular de Interior destacó que el Gobierno está tomando medidas para enfrentar esta problemática.

“Las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas con su seguridad, con su bienestar, las estamos haciendo por compromiso con Chile. No las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan”, dijo.

Agregando que “me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas. Las recibí en alguna época en dictadura, las recibí de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, las recibí de grupos de presión siendo diputada”.

Aún así, aseguró, “pero nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente, nunca. Espero que sea la última vez (…) efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad”.

“Nuestro Gobierno ha hecho varias cosas en esa dirección, hemos aprobado dos proyectos de ley para mejorar las condiciones en que quedó el proyecto de migraciones que se aprobó en la administración anterior”, añadió.

En concreto, dijo Tohá, “uno para agilizar los procesos de notificación, otro para dar más tiempo a los servicios particularmente al organismo contralor que es la PDI para poder llevar adelante la expulsión”.

“También para mejorar las condiciones de control de identidad que se hacen las personas que están de manera irregular”, concluyó.