Recordemos que tras su salida en noviembre de 2022, la exseremi contó que durante su paso por la institución, fue objeto de presiones de parte de autoridades de Gobierno para que diera su voto a favor de proyectos de los que no estaba convencida.

Ahora, en medio del caso Convenios, Hidalgo contó sobre otras solicitudes que le hicieron cuando estaba en el cargo.

“Cuando yo asumo el cargo, yo no estaba en Chile. Cuando vuelvo, que fue en abril, inmediatamente me piden que firme unos tratos directos con unas fundaciones que yo no conocía, para albergues, para personas en situación de calle”, reveló la exseremi en el programa político Sin Filtros.

Al ser consultada sobre quién le pidió esto, ella dijo que fue su asesor directo, su “jefe de gabinete”.

“Yo iba camino a una actividad en Ñuñoa, me llama por teléfono, me dice seremi tiene que volver y firmar urgentemente unos tratos directos, porque hay que levantar cinco o siete albergues”, señaló Hidalgo, haciendo hincapié en que esto está todo público.

“¿Tratos directos? Sí, me dice, lo que pasa es que se les cayó la licitación que la hicieron cuando usted todavía no asumía el cargo ¿Y quiénes son las fundaciones? No sé, me dice, no las conozco”, detalló la exseremi.

Exseremi de Desarrollo Social revela que firmó tratos directos con fundaciones

Respecto a los montos, Hidalgo dijo que “eran más de 200 millones en total, porque eran varios albergues. Entonces, que se ejecutan además durante el invierno”.

“Yo automáticamente y la persona que era mi asesor, que me conoce, que además era jefe de carrera de Servicio Social antes de entrar al Gobierno, de trabajar conmigo (…) me dice seremi yo no los conozco, yo creo que usted debiese mirarlos, pero por supuesto, dile que yo no voy a firmar”, relató la exfuncionaria.

Hidalgo comenta que fue ahí cuando recibió el llamado de Francisca Gallegos, militante de Revolución Democrática y jefa de División.

“Me dice seremi, mire lo que pasa es que usted va a tener que firmar estos tratos directos. Yo la escuché, la dejé que hablara, y luego le dije discúlpame, pero yo no soy un buzón, yo no voy a firmar tratos directos que yo no sepa, ¿por qué? ¿cuánto monto? ¿con quiénes? ¿hicieron licitación primero? (…) Yo necesitaba entender cosas”, expresó Hidalgo.

La exseremi también comentó que cuando era concejala, “por mucho menos, yo le negué tratos directos a un alcalde, porque me dediqué a fiscalizar al alcalde, que es lo que deben hacer los concejales”.

Según precisa Hidalgo, Francisca Gallegos le dijo que “ella estaba de subsecretaria subrogante, porque la subsecretaria parece que estaba en el extranjero. Me dice venga si quiere al Ministerio, yo le puedo mostrar los antecedentes, porque esto se tiene que hacer así, pero hay que hacerlo rápido, porque la ministra nos está pidiendo que tengamos albergue, y es obvio que había que hacerlo rápido”.

“Y ahí mi repuesta fue por qué lo están haciendo recién ahora, o sea el invierno está a un mes y ustedes están licitando en abril”, sentenció la exseremi.

Recordemos que en ese tiempo la cartera de Desarrollo Social era liderada por Jeannette Vega, quien dejó el cargo en agosto del año pasado.

Hidal acusó una “operación política” en su contra, maltrato y abuso de poder.

“En un gobierno que era, por todos sabidos, iba a ser un gobierno feminista, yo fui víctima de una operación política, de maltrato, de abuso de poder”, comenzó diciendo Hidalgo.

La acusación constitucional contra Jackson fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano y aseguran que el titular de Desarrollo Social incurrió en “abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política de la República”.

Hidalgo aseguró que su salida ocurrió luego que ella se negaba a votar proyectos inmobiliarios que tenían la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que eran apoyados por el gobierno.

La exautoridad apuntó a la subsecretaria de Servicio Sociales, Francisca Perales, como quien ejercía “presiones en su contra” y también aseguró que desde el Ministerio del Interior pidieron su salida.

“Yo esperaría que el ministro Jackson tuviera conocimiento de las presiones que ejercía sobre mí la subsecretaria Francisca Perales, por ser su superior jerárquico directo. Eso es algo que deberá investigar otra instancia, que se lo podrán preguntar a él, yo lo desconozco, pero él es el jefe de ella y sus presiones yo las recibí por teléfono y otros medios electrónicos como WhatsApp”, aseguró.

El ministro presentó su argumentación ante la comisión y descartó que haya habido «presiones indebidas».

“No existieron presiones indebidas hacia la Sra. Patricia Hidalgo. Las acciones de coordinación realizadas por la subsecretaria Perales fueron expresión del deber de probidad administrativa, pues este también exige el despliegue de una gestión eficiente y eficaz en la ejecución de la función pública. Precisamente, la coordinación desplegada tenía por objeto asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le eran aplicables a la exseremi en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana, pero que, sin embargo, ella se excusaba de cumplir”, argumenta la defensa de Jackson.

Denuncia de abuso en una hostal

Desde el gobierno han descartado la versión de la exsubsecretaria y aseguran que su salida se debió a que Hidalgo no denunció un caso de abuso sexual que habría ocurrido en una hostal para personas en situación de calle perteneciente al ministerio, y a su cargo, lo que ha sido descartado por ella.

“Eso es falso, de falsedad absoluta. Nosotros estamos preparado una querella al respecto. Yo he sido citada por el Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo, no he sido sumariada, se me preguntan por hechos que yo no tengo conocimiento, en un hostal de dependencia del ministro de lo cual yo nunca fui invitada a ninguna reunión”, dijo durante su exposición en la comisión.

“Es muy grave que él me acuse de esa manera, y ahí yo creo que hay un gran abuso de poder e incluso amedrentamiento para que, quizás, yo no dijera lo que estoy diciendo hoy. Pero además hay un daño muy grande a mi honra, a mi familia y a mi prestigio”, acusó.

“Soy de profesión psicóloga y soy mamá además, entonces hacerme la lesa o mirar para el lado con algo tan grave, es algo que jamás haría. Eso no es real, esos hechos, al parecer, ocurrieron en este hostal de dependencia del ministro Giorgio Jackson, o del ministerio, a esta altura no sé si era de la subsecretaria o de él”, agregó.

Fue el 30 de noviembre pasado cuando el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson le solicitó a la entonces seremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (PPD), su dimisión en el cargo.

Desde la cartera emitieron en ese entonces una declaración en la que aseguraron que la solicitud de renuncia se realizó luego de que Hidalgo omitiera denunciar un caso de presunta violación en un centro de atención a personas en situación de calle de en la Región Metropolitana, tras lo cual la exfuncionaria del gobierno acusó que las razones sobre su salida respondían a represalias en su contra por cuestiones políticas.

Este miércoles, tras ser invitada a participar en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, la exseremi Hidalgo realizó sus descargos en esta instancia parlamentaria, donde detalló las supuestas presiones de la delegada presidencial RM, Constanza Martínez, para que votara a favor la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto para construir un Mall Vivo en la comuna de Ñuñoa.

“Sí, fueron presiones, presiones. Fue una reunión con la delegada Constanza Martínez. (…) Después de un gabinete regional que tuvimos en la comuna de Talagante, ella nos hace quedar. (…) Dice ‘quiero que salgan todos, solamente se quedan los seremis que votan en la comisión de Medio Ambiente. Y ese día nos hace quedarnos a todos para instruirnos la votación respecto del mall Vivo (de Ñuñoa). Sí, derechamente, (dijo) ‘vamos a votar ordenando los votos’, porque iba a ser muy feo -y ella lo dice así- que nos vean a todos aprobando, cuando algunos de nosotros fuimos contrarios a ese proyecto, que es conocido por todos”, sostuvo la exseremi.

Hidalgo indicó ante la comisión que, ante estas palabras, “yo le digo ‘bueno, si vamos a dividir los votos, y algunos de nosotros vamos a poder rechazar, porque en el fondo se va a aprobar igual con mayoría’, yo le digo ‘delegada, lo que usted nos está sugiriendo es algo súper impropio”.

Al respecto, destacó que “uno podrá conversar y compartir respecto de los argumentos que hay de fondo, si está a favor o no del SEA, si alguien conoce más la historia del proyecto en si lo puede hablar, pero no que alguien te diga ‘tienes que votar de determinada manera’, entonces cuando esto ocurre así yo le digo ‘lamentablemente le voy a informar que yo voy a rechazar’, y ella me dice que me va a llamar su jefe de gabinete, porque él va a decir quiénes podían rechazar, y yo le insistí y le dije ‘yo voy a rechazar’, y me dijo ‘soy tu superior político (…), yo soy tu jefa política en la región y por lo tanto yo doy la instrucción de cómo esto se hace’ y la verdad, para mí fue muy fuerte”.

Respecto del caso que involucra a la subsecretaria Francisca Perales, la militante PPD -quien asistió a la sesión acompañada de su abogado, Marcelo Castillo- acusó que esta le impidió excusarse de la votación de una planta de tratamiento de aguas servidas en Quilicura.

Tras una consulta realizada en la comisión de Desarrollo Social, la exseremi Hidalgo afirmó: “si se dio una orden para votar de determinada manera el proyecto de Quilicura, si se dio una orden, la orden de Interior, que es lo que me dice a mi la subsecretaria Perales por un llamado telefónico, así como luego por un WhatsApp, es que debe ser aprobado el proyecto de Quilicura”.

Al respecto, indicó que la subsecretaria Perales “primero me dijo que ‘son instrucciones de la ministra del Interior’, cuando hablamos por teléfono. Entonces inmediatamente le digo ‘perdón, ¿entonces usted me está diciendo que la ministra Carolina Tohá le dio a usted una orden?, y ella me dice ‘son órdenes del Ministerio del Interior, que es lo que después me escribe en el Whatsapp”.

Hidalgo indicó que por estos casos realizó una presentación ante la Contraloría, para que determine si se incurrió en una ilegalidad. “Yo tengo los WhatsApp para demostrar que la subsecretaria me dice que es Interior quien me da esas instrucciones”, reveló.

Las causas de su despido

La exseremi Hidalgo indicó en la comisión que fue convocada por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para el dia 30 de noviembre, a través de un mensaje de WhatsApp, sin tener conocimiento sobre la razón de su citación. En esa reunión, afirma que el secretario de Estado le entrega una carta donde se le pide en las próximas 48 horas presentar la renuncia al cargo, y que este le explica que los motivos formales son por “pérdida de confianza”.

“Le pregunto yo (al ministro Jackson) si esa es la causa formal, que me explique cuál es la causa informal (…) y el inmediatamente me dice que es a propósito de una evaluación que hacen de mí la subsecretaria Perales y la delegada regional Constanza Martínez, que no están de acuerdo en la forma como yo he acatado el don de mando, la verticalidad de las instrucciones que a mí se me entregaban y que habían descoordinaciones con ellas y que, por tanto, él ya lo había conversado con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que estaba resuelta mi salida, ya que ‘no fluía’”.

“Le digo, ‘mire ministro, yo le voy a decir la verdad, el problema que he tenido con ambas jefaturas es a propósito de las votaciones del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), que reconozco que ellas se han molestado conmigo”, agregó la exseremi.

Es en ese entonces cuando -afirma- el ministro Jackson le habla además de “‘una supuesta vulneración -me dice-, pero eso es algo menor, porque no lo tengo muy claro’, y yo le digo ‘eso es grave lo que usted me está diciendo’. Si yo soy acusada de un delito, porque hoy no denunciar una violación, una vulneración de un niño o de una niña, a propósito de la promulgación de la Ley 21.430 ya es distinto, o sea existe una doble inexcusabilidad, ‘de lo que usted me está acusado en grave, gravísimo’ y ahí el como que recula también un poco y me dice ‘es algo que se está investigando’ y le pregunta a su abogado y le dice ‘no, aún no hay nada claro”.

Hidalgo indicó que pensó que ahí había terminado el episodio, pero que comenzó a recibir mensajes, incluso de su propio partido, preguntándole por qué no había realizado la denuncia.

“La verdad es que en ese momento yo tenía que hacer algo, callada no me podía ir. Tu no te puedes ir callado cuando fuiste injustamente acusado”, afirmó.

En este sentido, indicó que hubo una falla en los protocolos en el caso de la menor cuyos derechos fueron vulnerados, y sostuvo que el albergue donde supuestamente ocurrió el hecho no era uno de los que tenía bajo su cargo.

“Cuando muere un niño en la región, cuando es violado, cuando es vulnerado en sus derechos, en cualquiera de los hogares que pudiéramos tener (…), uno puede conocerlo, pero los que actúan automáticamente ahí son los protocolos, porque a esta Seremi lo que le corresponde es hacer convenios con ejecutores, que a veces son los municipios y a veces son privados, que son los que están a cargo de estas casas, no es la Seremi ni es el Ministerio el que está en las residencias, sino que son ejecutores, y ellos deben seguir el conducto regular que es el que está establecido en las bases de licitación, en los términos de referencia del programa que allí se está llevando a cabo”, agregó.

Es ahí donde la exseremi Hidalgo afirma que la casa donde “supuestamente” ocurrió la vulneración, está a cargo del propio ministro Jackson.

“Me dice que la vulneración ocurrió en un hostal, entonces dije ‘ah, él está confundido’, y ahí le dije ‘ministro, le tengo que explicar que el hostal no es mío, el hostal es suyo, y eso ocurrió hace muchos días atrás’. La conversación con el ministro Jackson ocurrió el 30 de noviembre, la supuesta vulneración debe haber pasado ahí por el 12 de noviembre, yo me entero de esta por ahí por el 17 de noviembre, y el me dice ‘sí, debe ser de lo mismo, porque yo también me enteré mucho después’”.

“Me dijo ‘el tema es que al parecer no estaban puestas las denuncias’. Le dije, ‘no ministro, si es el mismo caso que yo estoy pensando, de una menor extranjera, la denuncia fue hecha por la Vicaría de la Pastoral Social que es el ejecutor de esa casa, pero esa casa es suya”, le insistió.

Agrega que el ministro Jackson le indicó que la casa en cuestión se encuentra en la Región Metropolitana. “Yo le dije sí, es que todas las casas están en la Región Metropolitana, pero hay algunas que son de dependencia mía, otras son de dependencia suya, otras son de dependencia de la Subsecretaría y algunas son de dependencia de los servicios”.

Más aún, la exseremi indicó que aún no tiene claro -ya que nadie le informó- si el caso por el que se le acusa es el mismo que discuteron con el ministro y que, hasta el día de hoy, no es posible comprobar incluso si existió esta vulneración por la falta de protocolos que existiría, a su parecer, en el hogar en cuestión.

“A lo mejor el ministro (Jackson) de lo que me está acusando es otro caso, otra persona, porque yo estoy asumiendo que es este (…) Creo que la mejor persona que les puede de qué niña se trata, la identifcacion, edad, dónde fue y dónde esta hoy (la menor), es el propio ministro”.

“Cuando digo que no está, es porque desapareció, o sea llegó la funcionaria de la PDI a intentar hacer la investigación y no había menor”. “No sabemos ni siquiera si estuvo en uno de los dispositivos del Estado”, destacó.

Hidalgo denunció que se le pidió la renuncia luego que se rehusara a votar a favor polémicos proyectos, como el Mall Vivo de Ñuñoa, una planta de tratamiento en Quilicura y el segundo tramo de la autopista Vespucio Oriente.

Agregó que en una ocasión quien le solicitó el voto fue la delegada presidencial Constanza Martínez, mientras que en otra ocasión le hablaron por orden de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social liderado por Giorgio Jackson declaró que se le pidió la renuncia por no denunciar una presunta violación contra una niña, esto en un centro de atención a personas en situación de calle.

Higaldo llegó este miércoles a Contraloría junto al abogado ambientalista, Marcelo Castillo, solicitan al contralor que indague si hubo infracciones a la legislación, faltas administrativas y sancionar a quienes resulten responsables.

El desalojo lo concreto Carabineros en la vivienda fiscal ubicada en calle Los Prunos, en La Reina, por orden del Ministerio de Bienes Nacionales. Allí habitaba una pareja de adultos mayores, uno de ellos exseremi, por casi 50 años.

Según un comunicado de la cartera, el matrimonio habitaba el inmueble desde 1973 y debían dejar la propiedad, ya que la justicia determinó en agosto de 2021 que eran “ocupantes ilegales”.

Por su parte, el ministerio señaló que se otorgaron diversas prórrogas para que los habitantes pudieran dejar el lugar, la última el 4 de julio pasado, donde se comprometieron a irse en 30 días. Como no ocurrió, hoy se concretó el desalojo.

Desde 1973

Entre tanto, Bienes Nacional explicó que el inmueble tiene 833 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de más de $230 millones, donde habitaba Manuel Miranda y su esposa. Él ejerció como funcionario y luego como seremi de Bienes Nacionales entre 1992 y 1994.

El domicilio lo ocupan desde 1973, arrendándolo hasta 1980. Tres años después, el Estado ofreció que comprara la propiedad, lo que no se concretó.

“De esta manera, siguieron viviendo gratis hasta 1991, cuando se firmó un nuevo contrato de arriendo con la señora María Teresita Araya como titular. Sin embargo, este arrendamiento solo fue pagado hasta el año 1992. A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron pagadas hasta el año 2004″, agregó el ministerio.

Fue así como la situación llegó a tribunales, donde se rechazó la defensa de los habitantes del domicilio. “Si bien se han otorgado diversas oportunidades y nuevos plazos para la restitución voluntaria, esta nunca ha sido cumplida, no dejando más opción que el desalojo concretado el día de hoy”, aseguró Bienes Nacionales.

Además, agregaron que Araya y su esposa “se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes en esta materia”.

“Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee”, agregaron.