Y es que según informó El Mercurio, este año se han iniciado 570 procesos por faltas graves o gravísimas a la convivencia escolar.

Esta cifra se refiere principalmente al primer semestre con agregados en septiembre. Además, se canceló la matrícula de 24 jóvenes por falta al reglamento interno.

La alcaldesa Irací Hassler (PC) no dudó en referirse a esta situación, asegurando que los hechos violentos no pueden quedar en impunidad.

“Nosotros hemos sido muy claros, estos hechos no pueden quedar en impunidad y esto requiere, por tanto, de la aplicación de los reglamentos internos de convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales y también de la investigación de las policías y la Fiscalía, para que no queden sin sanción aquellos hechos que son constitutivos de delito”, aseveró.

Asimismo, confirmó que la aplicación de los reglamentos “ha implicado también en varios casos la sanción máxima, que es de expulsión, en cerca de 30 casos este año. El año pasado también hubo muchas situaciones de ese tipo, así como también otras sanciones y otras conversaciones, que son parte también del diálogo y del proceso educativo en cada uno de nuestros establecimientos educacionales”.

Hassler y dudas de los apoderados

Consultada por las dudas de los apoderados ante las expulsiones, quienes dicen que las expulsiones son realmente cambios hacia otros liceos, la autoridad dio a conocer su postura.

“Una expulsión, como el nombre bien lo dice, justamente señala la expulsión del establecimiento educacional. Obviamente, el Ministerio de Educación tendrá la tarea posteriormente de entregar algún espacio para la educación. Pero, que nos parece clave que pueda ser rompiendo estas dinámicas que se han dado en establecimientos educacionales”.

Luego, apuntó a que los hechos de violencia ocurridos en los liceos participan adultos que nada tienen que ver con los establecimientos. Aseveró que estos hechos han sido protagonizados “tanto por estudiantes, muchas veces, como también muchas veces por personas externas a las comunidades educativas y por personas adultas que han sido, por ejemplo, detenidas en flagrancia en algunas de las ocasiones de estos hechos lamentables”.

“Para aquellas personas que no tienen interés en mejorar sus establecimientos, que no tienen interés en la democracia y en la educación pública y que actúan de manera violenta y cometiendo delitos; eso requiere no solo el reglamento interno de convivencia escolar, sino que también que puedan ser sancionados en la justicia como corresponde a la comisión de un delito”, reiteró.

Finalmente, indicó que “a diferencia de otros años, cada vez más estos hechos son muy aislados, son menos continuos en el tiempo. Pero, además, (son protagonizados) por un grupo muy acotado de personas y esas personas no pueden afectar a toda la educación pública. Por eso que hemos actuado con reglamentos internos de convivencia escolar y con las demandas y querellas para que la justicia pueda actuar en aquellos hechos que son constitutivos de delito”.

Este martes, ma idea fue presentada por los diputados Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), José Miguel Castro (RN) y Jorge Guzmán (Evópoli), en conjunto con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

“Lo que pasa ahora es que cuando un migrante ilegal comete un delito y queda en cárcel, y luego puede acceder a un beneficio para cumplir en libertad, el Estado entiende que está cumpliendo la pena y, por lo tanto, no podemos expulsarlo”, comentó el diputado UDI, Juan Antonio Coloma.

“Lo que tenemos que hacer es que cuando una persona, un migrante ilegal, salga de la cárcel, lo deportemos del país”, complementó.

Dicha postura fue reforzada por el diputado de Renovación Nacional, Juan Miguel Castro, quien aseguró que el proyecto busca “sacarlos (a los migrantes infractores de ley) por lo menos cinco años y ahí ver si pueden volver, dependiendo del crimen que hayan cometido”.

“Es necesario que se entienda que nosotros queremos que entren los migrantes, pero por la puerta ancha, y no por la ventana y no si tienen antecedentes penales”, complementó el parlamentario RN.

Otra de las aristas que toca el proyecto, que según los parlamentarios es para “mejorar las leyes que regulan la migración, así como para solicitar la agilización de diferentes iniciativas que se están tramitando en el Congreso”, es la de fortalecer las fronteras.

Por si parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) justificó que el control de las fronteras quede en manos de las Fuerzas Armadas, ya que dicha zona “es la primera fase para combatir el crimen organizado internacional”.

Además, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, comentó que “la crisis de seguridad va de mano de crisis migratoria, por lo que son las fuerzas armadas quienes deben velar por cumplir y proteger las fronteras de Chile”.

De esa forma, agregó el parlamentario “derivar el trabajo de nuestras policías y carabineros al trabajo de orden y seguridad interna del país”.

Agregó que “no es necesario destinar recursos en una zanja”.

Por último, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la disminución de la dotación de carabineros en su comuna, asegurando que bajó a la mitad desde 2019. Además, pidió que se trabaje en entregar más atribuciones a los inspectores municipales, con el fin apoyar el trabajo de las policías.

“Eso nos permitiría quitar presión a carabineros, que no dan abasto a todo lo que hay que hacer”, comentó Evelin Matthei.

La iniciativa modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, con el objetivo de agregar formas alternativas de notificación al inicio de expulsión.

Esto permitiría una mayor celeridad en los procedimientos de esta materia.En el marco de la sesión desarrollada, Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, explicó las propuestas del Ejecutivo.

Thayer detalló que se pretende incorporar distintas vías, ya que la actual normativa no penaliza el ingreso irregular.

De esta manera, en caso de que el extranjero no entregue información, se sanciona administrativamente.

Esto busca evitar la judicialización de los procesos administrativos, lo que retrasa en gran medida las expulsiones.

La propuesta del Gobierno establece que la autoridad contralora deberá apercibir en su primer contacto al extranjero que ingresó al país, con la finalidad de que este indique un domicilio.

En caso de no cumplir con dicha obligación, deberá indicar una dirección de correo electrónico.

Si la persona tampoco cumple con esta última, quedará afecta a una causal de expulsión imperativa.

La notificación del acto administrativo podrá practicarse personalmente por la policía.

Se entenderá válida, cuando se practique por carta certificada dirigida al domicilio y cuando se envíe a la dirección de correo electrónico informado por el extranjero.

Del mismo modo, cuando corresponda al último domicilio o correo electrónico informado al Servicio de Migración.

La autoridad deberá exhibir al extranjero el documento donde constan los antecedentes recolectados y entregarle una copia.

Por su parte, el extranjero deberá mantener actualizado el domicilio e informar cualquier cambio al Servicio.

Para esto contará con un plazo de 30 días.Dichos domicilios o direcciones de correo electrónico se incorporarán en el Registro Nacional de Extranjeros.

Expulsión de migrantes que ingresan por pasos no habilitados

Por otra lado, se aprobó un nuevo artículo para extranjeros que hayan ingresado por pasos no habilitados, evadiendo control o con documentos falsos.

El inicio del procedimiento administrativo de expulsión podrá ser realizado por la propia PDI, al momento de efectuarse la respectiva denuncia.

En cuanto a la notificación de la medida de expulsión, cuando no puede ser notificada personalmente, podrá ser informada por carta certificada o por correo electrónico.

Sin embargo, durante la sesión desarrollada por la Comisión de Gobierno Interior, los diputados pidieron aclarar quién integra la autoridad contralora.

Es decir, cuál es la policía encargada de la función de control migratorio.

Lo mismo respecto de cómo se conjuga este proyecto con el de control preventivo de identidad.

Al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones sostuvo que es la Policía de Investigaciones (PDI) la que está a cargo del control migratorio, además de carabineros o militares en el caso de los pasos no habilitados.

Asimismo, también la Armada en lo que respecta al territorio marítimo. En el caso de tomar iniciar el procedimiento cualquiera de las otras instituciones competentes, tendrán que derivar a la persona que ingresó de forma irregular a la PDI.

Por tanto, Thayer precisó que Carabineros podrá realizar controles en ciudades.

A su vez, la PDI iniciará el acto administrativo de expulsión, sin necesidad de una denuncia al Servicio de Migraciones, permitiendo agilizar el proceso administrativo.

Cabe destacar que esta propuesta comenzó su tramitación en el Congreso desde octubre de 2022, por lo que se encuentra aún en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Este miércoles, el Gobierno de Venezuela pidió a Chile «respeto a los derechos humanos» de los migrantes del país que sean expulsados, esto después de que el Ejecutivo anunciara reforzar las medidas de seguridad para frenar la entrada irregular de personas por pasos clandestinos. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, indicó a través de Twitter que «la coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas».

«El Gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el Gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos», afirmó.

Desde la localidad fronteriza de Colchane, el presidente Gabriel Boric afirmó que se debe trabajar en «una labor diplomática intensa, tanto con Bolivia como con Venezuela, para que reciban a los ciudadanos que sean deportados».

De acuerdo con la información exclusiva de Radio Bío Bío, la resolución se adoptó tras un requerimiento de la Fiscalía Local y corresponde a los implicados con menor grado de gravedad en los delitos imputados.

En el caso de los otros restantes, se informó que continúan su proceso judicial. Es preciso indicar, además, que de estos cinco, tres se mantiene en calidad de prófugos, por tanto, siguen las diligencias para dar con su paradero.

En tanto, a los dos imputados que siguen en prisión preventiva y que serán llevados a juicio se les imputa el delito de agresión a carabineros en servicio, tráfico de drogas y de armas. En este caso, la Fiscalía espera se decrete una pena superior a los 5 años de cárcel.

La resolución se enviará a Migraciones, que junto con el Ministerio de Justicia, deberá ejecutar lo determinado por el Tribunal de Garantía de Puerto Montt.

Fiscalía explica resolución

Desde la Fiscalía de Puerto Montt explicaron que se obtuvo una sentencia a través de la cual siete de los involucrados en la agresión a carabineros pueden ser objeto de expulsión mediante una sanción de carácter penal.

Si estas personas retornan al país, yendo en contra de la resolución dictada, deberán cumplir la pena efectiva 5 años de cárcel, detalló el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado.

También aclaró que esta se trata de una resolución judicial, que es distinta a cualquier medida que se adopte de nivel administrativo.

La agresión en sector de Mirasol
Esto por los hechos registrados el pasado 10 de octubre, luego que Carabineros fuese alertado por un motociclista que había participado en un asalto. El vehículo fue encontrado en el sector Marisol, donde personal policial intentó fiscalizar a un presunto sospechoso.

En ese momento, desde una casa salieron entre 15 y 20 personas, los que agredieron a los carabineros, de los cuales seis terminaron con lesiones de diversa consideración.

A la ocasión estaban citados la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el director Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, siendo este último el único que participó de la instancia.

En la sesión se le consultó al director de inmigraciones sobre los costos que significan para el Estado las expulsiones de los inmigrantes ilegales, a lo que Luis Eduardo Thayer respondió que aproximadamente 2 millones 700 mil pesos en los destinos más lejanos.

Según informó el director del servicio de migraciones, se han expulsado 140 personas en lo que va del año, lo que ha tenido un costo de 300 millones de pesos.

El diputado independiente y presidente de la comisión, Jaime Araya, calificó de preocupante la cantidad de dinero que está costando el expulsar a los inmigrantes ilegales, llamando a trabajar en medidas preventivas para evitar llegar ese punto.

En la comisión también se discutió sobre cambiar la tipificación de la inmigración ilegal para convertirla en delito, como lo propone un proyecto en el Congreso, una reforma a la que Thayer se mostró contrario por las dificultades que significaría para los procesos administrativos de las expulsiones.

El diputado de RN José Miguel Castro, miembro de la comisión, argumentó sobre el por qué es importante la tipificación de la inmigración ilegal como delito, interpelando al director del servicio de inmigración.

Para esta tarde está puesta en tabla para la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, una modificación a la Ley de Migración y Extranjería, que busca agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión, como carta certificada o por correo electrónico, para facilitar los métodos de notificación.

Para ello, se plantea emitir los actos administrativos necesarios para expulsar del país a los extranjeros que comentan crímenes o delitos reiterados o sean reincidentes.

En su parte argumentativa, explica que, en reiteradas notas de prensa, se expresa un aumento de la violencia y actos delictivos en el país.

Muchos de ellos se encuentran relacionados a personas de origen extranjero.

Agregan que, como consecuencia de lo anterior, hay un aumento de la sensación de inseguridad pública en Chile.

A su juicio, esto conlleva a un mayor gasto fiscal o la destinación de otros recursos públicos para mantener el orden público.

Finalmente, señalan que la delincuencia en manos de los extranjeros impide el trabajo honesto de todos los habitantes de la República.

Por lo tanto, solicitan al Presidente Gabriel Boric y a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá tomar medidas frente a los hechos en la línea ya expuesta.

La iniciativa la promovieron Johannes Kaiser (IND), Cristián Araya (PREP), Chiara Barchiesi (PREP), Gonzalo De la Carrera (IND), Juan Irarrázaval (PREP), Harry Jürgensen (IND), Gloria Naveillan (IND), Agustín Romero (PREP), Leonidas Romero (IND) y Luis Sánchez (PREP).