“Otro exconvencional trabaja con el gobierno”. Desde que la Convención Constitucional terminó sus funciones el 4 de julio de 2022, esta frase se ha repetido en 12 ocasiones. El pasado 3 de agosto fue la última vez, cuando se concretó un contrato entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la actriz Malucha Pinto (PS).

En particular, fue la Secretaría Regional Ministerial de Copiapó de la cartera la que cerró el acuerdo, que, según Mercado Público, fue por $4.000.000 y por trato directo. Las funciones que se comprometió a ejercer son específicas: “Realización de talleres de memoria e identidad juvenil, y creación artística, en Teletón Copiapó y Cecrea Vallenar”.

“La labor que se pretende contratar reviste naturaleza especial, demanda experticia y conocimiento específico, además de una destacada trayectoria y habilidades técnicas específicas, todo lo cual carece de oferta estándar y reúne especialidades únicas en el mercado”, constata el contrato sobre el argumento con el que se realizó el trato directo.

El acuerdo fue firmado por Juan Pedro Palta, quien se encuentra subrogando en el cargo de seremi de Culturas en Copiapó. En ese momento, el contrato se selló bajo la supervisión del entonces ministro de Culturas, Jaime de Aguirre, quien salió del gobierno tras el cambio de gabinete del pasado 16 de agosto. En su reemplazo, entró la actriz Carolina Arredondo, cuyo nombre habría sido sondeado por la propia ex-Primera Dama, Irina Karamanos.

Malucha Pinto ha estado fuera de la primera línea política tras su salida de la Convención. Una de sus reapariciones ocurrió tras la victoria del Partido Republicano en los comicios de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo. En dicha ocasión, la exconvencional señaló que estaba “preocupada por el destino de nuestro país después de estas últimas elecciones (…). Algo que está pasando en todo mundo y Chile no está ajeno a la tendencia hacia la ultraderecha”.

Esa jornada, en Chilevisión, Pinto también descartó retornar a algún cargo de elección popular: “No me interesa ir al Congreso, Senado o algo así”.

Consultada por su contrato con el Ministerio de las Culturas, Malucha Pinto indicó a La Tercera que: “Nosotras somos actrices, actores, dramaturgos, directores que hacemos un trabajo y nos contratan entidades públicas o privadas para desarrollar nuestro trabajo, como cualquier chileno o chilena. (…) Haber sido convencional fue un espacio en el que estuve dos años y, obvio, vuelvo a mi trabajo, a lo que he hecho siempre”.

Con su contrato del 3 de agosto, Malucha Pinto se convirtió en la décimo segunda autoridad con paso en la Convención Constitucional que ha reforzado las tareas del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Dicho número no es menor: el 8% de los constituyentes ha pasado por esta administración. Entre quiénes han llegado a posiciones de mayor poder se encuentra Ricardo Montero, quien tras ser por casi un año el jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá, se convirtió el 16 de agosto en el nuevo subsecretario de Defensa.

En el Ministerio del Interior, Montero coincidió con la exconvencional Constanza Schönhaut (CS), quien asumió la coordinación con las delegaciones presidenciales regionales y provinciales.

En dicha cartera, pero en la Subsecretaría de Prevención del Delito, están César Valenzuela (PS), jefe del programa Denuncia Seguro, y Tatiana Urrutia (RD).

A su vez llegado al gobierno Ignacio Achurra (CS), como director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Segegob; Beatriz Sánchez, como embajadora en México; Rosa Catrileo, como jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI), de Desarrollo Social; Tomás Laibe (PS), en Hacienda; Jeniffer Mella, en Culturas, y María José Oyarzún (RD), en la Seremi de Salud de Valparaíso.

Patricio Fernández, nominado por el Presidente Boric como delegado de La Moneda para la conmemoración de los 50 años, ha sido hasta ahora el único exconvencional en reforzar el gobierno y, posteriormente, renunciar.

Recordemos que la autorización se firmó el 4 de julio de 2022, según la resolución exenta N° 7.955, donde también se señala que la académica viajaría a Estados Unidos, Francia y Nueva Zelandia para participar del proyecto “de vinculación con el medio y voces emergentes del proceso constituyente chileno”.

Este permiso dio inicio a toda una polémica que hasta hoy día tiene al Consejo para la Transparencia y a la casa de estudios enfrentados en una disputa legal por los antecedentes académicos de la lingüista mapuche.

Según consigna el medio Emol, en el decreto 372, del 13 de mayo de 1998, la Usach establece las normas sobre “permiso sabático, comisiones de servicios, de estudios y permisos posdoctorales”.

En este se señala que, 30 días después del término del permiso sabático, el académico o académica “deberá presentar al Rector de la Universidad y a la autoridad de su unidad, un informe de las actividades realizadas en el periodo. La autoridad de la unidad deberá difundir este informe entre los académicos adscritos a la misma”.

Por ello, Loncon tendría hasta el próximo jueves 3 de agosto para entregar dicho informe de manera oficial, de acuerdo con lo establecido en el decreto de la casa de estudios. Esto deberá realizarlo, pese a que ha señalado en variadas ocasiones que ha escrito tres libros y participado en diversas conferencias en universidades de Estados Unidos.

En completo silencio arribó hasta el Centro de Justicia el exconvencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, para ser formalizado por el delito de estafa.

Recordemos que el exrepresentante de la Lista del Pueblo fue descubierto mintiendo sobre su real estado de salud, tras asegurar falsamente que padecía cáncer, enfermedad por la que le realizaron donaciones y obras de caridad para ayudarlo.

De hecho, su supuesta enfermedad lo convirtió en uno de los manifestantes emblemáticos en el estallido social, lo que le sirvió de trampolín para ser elegido como convencional.

Al momento de ser electo para ser constituyente, realizó una declaración de intereses en donde afirmó que tenía una deuda de 27 millones de pesos con el banco Scotiabank, por “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”, lo que resultó ser falso.

Rodrigo Rojas Vade reconoce estafa tras falso cáncer

Aunque su audiencia fue agendada en primera instancia para diciembre pasado, el paro que realizaron fiscales y defensores, obligó a reprogramar su comparecencia ante la Justicia.

Finalmente, este lunes fue formalizado por el delito de estafa residual en el Séptimo Juzgado de Garantía, en calidad de autor y en grado de consumado.

Si bien Rojas Vade arriesgaba 540 días de presidio y 20 UTM, la Fiscalía pidió la pena mínima, es decir, 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 UTM.

Esto último, debido a que el Ministerio Público consideró su irreprochable conducta anterior, así como también que aceptó su responsabilidad y se allanó a prestar declaración.

De esta forma, tras acceder a un procedimiento abreviado, el juez sustituyó la pena de privación de libertad de Rojas Vade de 61 días de cárcel por la remisión condicional de la pena, es decir, sin tener que ser recluido en un recinto carcelario.

No obstante, deberá permanecer sujeto a control de Gendarmería por un año.

Mientras que la multa, de 11 UTM ($681.494), deberá pagarla en 11 cuotas mensuales, según determinó el Juzgado de Garantía.

Se trata de César Valenzuela (PS) y de Constanza Schönhaut (CS). El socialista se hará cargo de la jefatura del programa de Apoyo a las Víctimas de la subsecretaría de Prevención del Delito, y la abogada asumirá como asesora política del gabinete de la ministra Tohá.

La secretaria de Estado defendió la llegada de ambos y se refirió a las críticas que se han generado por los nombramientos. «Yo toda mi vida he estado en política. He sido parlamentaria y creo que es muy importante en que nos pongamos de acuerdo sobre la manera en la que vamos a juzgar la gestión del gobierno».

«La gestión del gobierno se juzga por sus resultados, por los servicios que le entrega a la gente, por la respuesta que da ante los problemas. Y no corresponde transformar en un tema de opinión parlamentaria los asesores de los ministros. Yo jamás me permitiría ir a decirle a un parlamentario cuáles son los asesores que tiene», añadió en relación a las críticas del senador Fidel Espinoza.

Sobre las críticas por un posible «amiguismo», Tohá replicó: «¿Por qué amiguismo? Constanza Schönhaut y César Valenzuela son personas competentes por su propio peso. No están ahí por ser amigos de nadie. De hecho, no son amigos míos ninguno de los dos».

«Mi criterio siempre es que los cargos públicos están para prestar un servicio, los tienen que tener personas competentes, los tienen que tener en virtud de sus capacidades personales, y no de sus amiguismos y de los favores», agregó.

Del mismo modo, aseguró que «estas dos personas están en el Ministerio del Interior por esa razón. Ninguno es amigo mío y no estoy pagándole favores a nadie por eso. Creo que van a ser un aporte, y que eso va a quedar comprobado».

Consultada sobre cuáles son los criterios para formar a su equipo, Tohá sostuvo que «me importa que las personas sean competentes, que sean serias y comprometidas y que tengan espíritu de servicio. Eso quiere decir que entran al Ministerio del Interior para hacer su trabajo y no para hacer otra cosa. No para transformarse en candidato, ni para hacerle favores a algún parlamentario ni para cumplir una cuota. De esa manera se han reclutado a todas las personas que he convocado».

El ex convencional Daniel Stingo durante el pasado martes levantó una serie de críticas tras afirmar que las personas de la clase media alta le dan más importancia al tema de la seguridad, ya que “lo demás lo tienen resuelto“.

Específicamente señaló que, “La clase media, la clase alta tienen resuelto el tema de educación, porque sus hijos van a buenos colegios, van a tener oportunidad de entrar a la Universidad, tienen resuelto el tema habitacional, porque tienen buenas casas, se compran, arriendan, etc., tienen resuelto el tema de pensiones y salud. Entonces qué les queda, preocuparse del tema de la seguridad, porque lo demás lo tienen resuelto todo“, señaló.

El abogado sostuvo que “el pobre no tiene resuelto todos los temas, pero entonces le damos importancia a la seguridad, que es un tema que a todos les importa, pero de mayor relevancia para los más ricos“.

El ex convencional continuó explicando que «aunque algunos les duela, los que son más pobres poseen, no solo el problema de la delincuencia, ya que también tienen el problema de la habitación y de la salud que hacerse cargo”. “Ellos tienen muchos más problemas que la clase alta (…), quienes tienen todo eso solucionado“, enfatizó.

Reacciones

Ante esas declaraciones expuestas por Stingo, algunos representantes del sector opositor del país manifestaron sus críticas, tal es el caso de la senadora Ximena Rincón (DC) quien escribió que “con este nivel de odio y resentimiento era imposible que escribieran un texto constitucional que diera solución a la clase media y los que más necesitan en Chile“.

Por su parte, el ex convencional Bernardo Fontaine, señaló que “Daniel Stingo cree que la delincuencia y el narcotráfico no es importante para los sectores populares. Ahora entiendo por qué nunca quisieron darle espacio a la seguridad pública en la Constitución de la Convención”.