En conversación con radio Cooperativa, Quintana aseguró que estaba haciendo una reflexión sobre el retroceso en derechos sociales que provocaría la aprobación de la nueva Constitución, y que no estaba “metiendo miedo”.

“Es algo bastante ruidoso y puede ser más ruidoso, porque, finalmente, cuando las personas empiezan a ver que sus derechos se restringen, eso va a generar inquietud. Eso puede generar en cualquier democracia, esta es una democracia y esas cosas ocurren”, dijo Quintana.

“Yo no estoy metiendo miedo ni nada; simplemente estoy haciendo una reflexión en voz alta de escenarios posibles. Si uno está en política y no puede hacer prospección, no sé para qué está en política”, agregó.

La propuesta de nueva Constitución debe ser entregada a más tarde el 7 de noviembre al Presidente de la República, quien deberá convocar a un plebiscito para el 17 de diciembre. Sin embargo, el texto ya está listo y desde la centro izquierda y la izquierda han cuestionado la norma que, según acusan, retrocede en derechos sociales.

“Yo lamentablemente creo que no va a ser una Constitución que nos una como se nos prometió en alguna oportunidad. No va a ser la base de la sociedad, que es lo que una espera de la ley fundamental de una República. Creo que eso no se entendió. Así nos farreamos el primer proceso del año pasado, que tiene responsables claros. También, tras cada fracaso habrá responsables y en este caso también los hay”, opinó Quintana.

“Con ‘fracaso’ no me estoy refiriendo al resultado, porque el resultado no sé todavía lo que va a ocurrir. Me refiero al fracaso, al farrear una oportunidad de una Constitución que una al país, que sea una base común de la sociedad. Eso lamentablemente no es y mi temor de que este texto sea más a la derecha, por lo que yo he revisado hasta la altura, claramente lo es. Es lamentable, pero esto es una Constitución que está construida más a la derecha”, añadió.

“Creo que en materia de derechos sociales, para cualquier gobierno en el futuro, si esto se aprueba, un gobierno socialdemócrata, socialcristiano o, incluso, liberal, va a ser muy difícil plasmar visiones, porque hay un marco muy rígido, normativo, en el orden público-económico, en el cual se discutió y se negoció también, hay que decirlo, porque en un momento los consejeros, los expertos, se negoció ahí”, complementó.

Fueron en específico, 108 incidentes, entre los que destacan desórdenes, manifestaciones y barricadas, todos concentrados principalmente en la región Metropolitana.

En el mismo universo, se registraron dos saqueos. Las comunas en las que más eventos hubo fueron Providencia, Santiago y Maipú.

Fueron más de 7 mil carabineros desplegados en todo Chile, y más de mil 300 recursos logísticos, principalmente vehículos del personal de Control de Orden Público.

En total fueron 50, 42 en la región metropolitana: 35 de ellos por desórdenes, y el resto por Ley Antibarricadas, por orden de detención vigente, robo en lugar no habitado, robo frustrado, entre otros. En su mayoría, fueron hombres (92%), adultos (62%) y chilenos (solo un extranjero).

Fueron 11 funcionarios de la policía uniformada y 3 civiles los que resultaron heridos. Respecto a los primeros, uno de ellos fue herido con un balín en una de sus extremidades; mientras que de los segundos, una joven fue atropellada por un conductor que manejaba en estado de ebriedad. Ambos casos fueron alrededor de la Plaza Baquedano (Plaza Italia o Plaza de la Dignidad).

La delegada Martínez destacó la coordinación previa de las instituciones, la que finalmente permitió “una disminución importante de eventos y delitos” respecto a 2022, con un 33% menos.

Finalmente, el ministro (s) Monsalve resumió: “Si uno puede tener una primera conclusión, mirando el plan operativo de Carabineros desplegado en el país (…), lo primero que uno puede decirle al país es que hay un trabajo profesional y riguroso. Ese trabajo tiene resultados (…) Si uno mira los datos, en materia del 18 de octubre, hay resultados: hay menos hechos de alteración del orden público y de violencia”.

Este miércoles 18 de octubre se cumplen cuatro años de la revuelta más grave desde el retorno a la democracia, que se inició con una protesta contra el alza en el precio de pasaje del Metro, y que terminó con multitudinarias manifestaciones pidiendo un modelo económico más justo y derechos sociales.

No obstante, la revuelta se saldó con 34 muertos y más de 3.400 personas heridas, donde al menos unas 347 sufrieron lesiones oculares por perdigones o balines.

Al respecto, el presidente Boric reflexionó asegurando que “el estallido social, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia de nuestro país, sus efectos son de largo aliento y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo”.

“Lo que sí tengo claro es que el malestar del pueblo de Chile que se expresó durante esos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver. La política y la democracia tienen que ser capaces de dar soluciones”, sentenció el mandatario.

Asimismo, descartó algún acto conmemorativo organizado por el Gobierno, a propósito de los cuatro años del estallido social.

“No tenemos pensados actos especiales o particulares más que seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha convicción, por mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile”, enfatizó.

En ese sentido, el jefe de Estado criticó lo que sucede con la tramitación de la reforma a las pensiones, que se encuentra entrabada en el Congreso.

“Cuando veo que nos enredamos, por ejemplo, en la posibilidad de tener una reforma de pensiones, que se vuelve tan difícil tener acuerdos que le hagan bien al país, yo creo que eso le hace mal a la democracia”, puntualizó.

“Mi llamado es que pensemos en cuáles son las causas subyacentes más profundas del malestar de los chilenos con sus instituciones. Uno de los objetivos que yo me he puesto como Presidente y como Gobierno es que podamos mejorar la confianza tanto entre las personas como entre las personas y sus instituciones”, afirmó Boric.

En esa línea, resaltó que “hemos avanzado en esa dirección y encausado varios de los problemas con los que nos encontramos cuando asumimos el Gobierno”.

“Pero sin lugar a dudas, todavía falta mucho, en particular en materias que son tan sensibles como mejorar las listas de espera o la reforma previsional para que todas las personas que después de trabajar toda una vida puedan tener derecho a una pensión digna y una vida digna”, añadió.

“Creo que eso es lo que estaba en el fondo de lo que significa el estallido social”, concluyó el mandatario.

“Hago un llamado a que todos tengamos la altura de miras para poder poner a los chilenos primero y no a nuestras diferencias políticas y a la pelea partidista por sobre las necesidades de nuestros compatriotas”, cerró.

Durante la semana pasada, desde Argentina, el expresidente Sebastián Piñera aseguró que su Gobierno sufrió un “golpe de Estado no tradicional”, en el que estaban dispuestos a “destruirlo y quemarlo todo”.

El exmandatario reiteró el punto en una entrevista con el diario español ABC, agregando que -durante el estallido social- “se generó una ola irracional de violencia criminal que no respetó a nada ni a nadie”.

“La consigna era quemarlo todo, cosas tan nobles como escuelas, hospitales, iglesias, el Metro de Santiago”, dijo. Además, aseguró que la izquierda “no tuvo una posición de clara condena de la violencia”.

La explicación de Piñera por el “golpe de Estado no tradicional” y “enemigo peligroso”

Por el contrario, a juicio del exmandatario, la en ese entonces oposición “fue ambigua, la toleró, la apoyó, la justificó e incluso buscó formas de derrocar a un Presidente que había sido elegido democráticamente”.

“Por eso yo hablé de un intento de golpe de Estado no tradicional porque no tenía nada que ver con los golpes habituales en América Latina (…) hubo una reacción social legítima. Pero también una actitud ambigua ante la violencia y la democracia”, explicó Piñera.

A continuación, agregó que el 19 de octubre “el líder del Partido Comunista pedía la renuncia del presidente de la República y el Congreso rindió homenaje a la llamada ‘primera línea’ que eran los activistas que quemaban los bienes públicos y privados, y se presentaron acusaciones constitucionales”.

Por lo anterior, comentó, “la democracia estuvo en grave riesgo” y “hubo un riesgo inminente de que tomaran el Palacio de La Moneda, que era el objetivo que persiguieron permanentemente durante esos días, junto con quemar otros edificios emblemáticos”.

Consultado sobre la frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” que dijo en la instancia, el expresidente aclaró que no era una guerra contra el pueblo de Chile.

Por el contrario, era “contra la violencia criminal (…) por eso yo siempre distinguí entre las legítimas manifestaciones pacíficas, propias de la democracia, y esa ola de violencia irracional absolutamente condenable”.

“Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo”, agregó.

Consultado al respecto desde Estados Unidos, Boric evitó polemizar con su antecesor y se limitó a recordar la declaración que firmó junto a los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y el propio Sebastián Piñera en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1973.

“Además de comprometernos con la democracia, con el respeto irrestricto a los derechos humanos, decíamos de manera muy explícita que la violencia no es parte de la acción política en democracia y esa convicción yo la he tenido siempre y la mantengo”, señaló el jefe de Estado.

En ese sentido, sostuvo que “más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa es destacar qué es lo que tenemos a futuro”.

A pesar de ello, agregó que “me parece muy importante no confundir y no poner en el mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”.

Parlamentarios opinan sobre declaraciones de Piñera

No sólo Boric reaccionó a los dichos de Sebastián Piñera, sino también parlamentarios de oficialismo y oposición.

El diputado Gonzalo Winter (CS) indicó que “uno puede pasarse los pueblos que quiera, pero en 2019 las fuerzas políticas buscaron herramientas democráticas y constitucionales para atender el legitimo descontento ciudadano”.

“Las manifestaciones en contra de un gobierno no son un golpe de Estado. Fue usted mismo quien valoró la marcha que pacíficamente convocó a más millón de personas. A diferencia de lo que pasó hace 50 años atrás, nadie quiso tomarse el poder a la fuerza”, añadió.

Por su parte, Daniel Manouchehri (PS) afirmó que el expresidente tuvo “un gobierno desastroso y dejó al país al borde de una crisis institucional”.

“Debe asumir su responsabilidad en el mal manejo que contribuyó a acrecentar la crisis en el estallido social. Cuando se requería buscar salidas de diálogo, Piñera optó por declararle la guerra a la gente”, dijo.

Desde la oposición, el senador Francisco Chahuán (RN) aseveró que lo que se vivió tras el 18 de octubre de 2019 fue “una ola de violencia que buscaba desestabilizar al Gobierno”.

“En aquel entonces, fue Carabineros quien impidió que una turba tuviera el acceso a La Moneda. Hay que comprometerse con el diálogo, la libertad, la democracia y que la política se vuelva a poner al servicio de las personas”, expresó.

En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) compartió la teoría de que “algunos miembros de la izquierda, incluso que hoy día están en el Gobierno, querían derrocar al gobierno del presidente Piñera en octubre y noviembre del 2019. Por eso hemos exigido una condena transversal a la violencia”.

“La democracia está retrocediendo en el mundo entero” y “no es que los enemigos de la democracia avancen y tengan mucho talento, sino que los defensores de la democracia hemos estado poco activos”, dijo a Radio Mitre de Argentina.

A continuación agregó que “la violencia es otro cáncer que tenemos en América Latina” y que durante su última administración ocurrió “un Golpe de Estado no tradicional porque no fueron las Fuerzas Armadas”.

La finalidad, para Piñera, era “debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia (…) estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, lo que se cruzara”.

“El fuego fue un gran aliado de estos terroristas, anarquistas, que quisieron destruir nuestro país. Afortunadamente Chile resistió”, sostuvo.

Consultado por la situación actual del país, el expresidente respondió que el estallido social se debería llamar “estallido de violencia irracional, destructiva y que no respetaba a nada ni a nadie”.

“Esa violencia le causó un daño gigantesco a nuestra sociedad y desgraciadamente hubo algunos sectores de nuestro país que la toleraron, la ampararon, la protegieron, la motivaron y eso no hay que permitirlo nunca”, comentó.

Agregando que “además se debilitó a las fuerzas de orden y seguridad que es además la que debe usar la legítima violencia (…) por supuesto dentro del marco legal”.

La evaluación del Gobierno del presidente Gabriel BoricFinalmente, respecto a la actual administración, el exjefe de Estado afirmó que el Presidente Boric “no está conduciendo al país por el camino adecuado porque tenemos grandes problemas de estancamiento económico, inseguridad, falta de confianza y acuerdos básicos”.

“La izquierda cuando era oposición fue muy condescendiente con los delincuentes, no los combatió con la fuerza que requería, justificaba la violencia como una forma de instrumento político”, aseguró Piñera.

Concluyendo que “eso sembró un clima y debilitó mucho a las policías porque estaban permanentemente siendo atacadas (…) ha producido un problema muy grande en Chile”.

Durante la jornada de alegatos por los indultos del estallido social que senadores de la oposición buscan revertir, el abogado Raúl Letelier aseguró que habría otro indulto “en tramitación”.

Tras ello, el Tribunal Constitucional solicitó al Ministerio de Justicia entregar información respecto a otras solicitudes de indultos de personas condenadas por delitos cometidos durante el contexto del estallido social.

Cabe destacar que la respuesta del abogado Letelier se da luego de la pregunta del ministro Christian Letelier, exparlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el periodo 2010-2014.

Justicia tendrá un plazo de tres días para entregar la información sobre “eventuales solicitudes de indultos particulares presentadas con anterioridad al día 29 de diciembre de 2022”, dice el comunicado.

Entre los pertenecientes a esta agrupación se encuentra uno de los indultados por el presidente Boric.

Una investigación de Carabineros dio cuenta de la relación entre la “K-Pop Primera Línea”, grupo que protagonizó ataques en la “zona cero” de Iquique durante el estallido social, y Hugo Gutiérrez cuando era diputado de la República.

Según dio cuenta Biobiochile.cl, el ahora exparlamentario conoce a la familia de Ghislaine Reyes, una de las personas relacionas al grupo y también cónyuge de un ex funcionario del Ministerio Público investigado en el caso.

En este grupo de primera línea también se encuentra Brandon Rojas, apodado como “el Pirómano”, quien es sindicato como creador de artefactos incendiarios y a quien se le apunta por el lanzamiento de al menos 12 bombas artesanales.

Según un informe de la institución policial, Rojas es “uno de los sujetos más violentos del grupo” y cuenta con una “activa participación como autor de los lanzamientos de bombas molotov dirigidas principalmente al personal policial”.

El Pirómano fue condenado en junio de 2022 a cinco años y un día de presidio por el lanzamiento de artefactos incendiarios.

No obstante, fue indultado por el presidente Gabriel Boric -junto a otras 12 personas- en diciembre del mismo año

¿Quién es Ghislaine Reyes?

De acuerdo con la investigación y el informe de Carabineros, Ghislaine Reyes era “autora intelectual de las convocatorias y desórdenes graves que ocurrieron en la denominada ‘zona cero’ de Iquique”.

En concreto, ella no era parte de dicha primera línea, pero sí de un grupo denominado los Autoconvocados, los cuales se encargaban de la logística y abastecer a los “K-Pop” para cometer las operaciones ilícitas.

Las investigaciones dan cuenta de que Reyes se valió en su calidad de autoconvocada de sus “sus vínculos directos con el honorable diputado Hugo Gutiérrez Gálvez, a quien probablemente conoció durante su ex militancia en el Partido Comunista”.

Reyes fue condenada el pasado jueves 9 de marzo a 300 días de presidio por asociación ilícita.

Dicha pena la cumplirá en libertad por beneficio de remisión condicional de la pena.

Consultado por el medio citado, Gutiérrez señaló: “Yo conozco a la familia de la Ghislaine, de su madre para abajo. Y yo he tenido muchas conversaciones con ella y con su marido, con las hijas y con la familia. Tengo un compromiso y le tengo harto cariño a toda su familia. Todos ellos están comprometidos con las causas sociales en la ciudad”.

No obstante, Reyes no es la única persona del grupo que es relacionada con el exdiputado.

Juan Riquelme, conocido como Homer, sostuvo en un video difundido en redes sociales: “Yo, como primera línea, apoyo a Hugo Gutiérrez, porque ha sido el impulsor de iniciativas legislativas del pueblo”.

Respuesta de Hugo Gutiérrez

Tras los cuestionamientos, el ex parlamentario reconoció que fue “partidario del estallido social. Creo que era necesario justamente cambiar un país profundamente desigual. Sin embargo, “la violencia, por supuesto, no la comparto”, agregó.

“Pero es obvio que Chile necesitaba un remezón para cambiar las estructuras injustas”, indicó.

Respecto a su constante mención en informes de Carabineros, Gutiérrez acusó: “Toda la Operación Cavancha es un montaje armado por la Fiscalía Local de Iquique junto con Carabineros. Un montaje que, en principio, estaba orientado a mi persona, eso lo tengo claro. Pero no pudieron acreditar nada, no obstante que la Corte de Apelaciones de Iquique le dio chipe libre a la Fiscalía”.

La investigación también dio cuenta de un evento a beneficio –“Plato único”- para financiar el tratamiento de cáncer de una vecina de la sede social de Iquique.

Sin embargo, el dinero recaudado -superior al medio millón de pesos- fue utilizado para financiar operaciones de la agrupación.

La medida ocurre tras nueve meses de que haya asumido el Gobierno, al que llegó con la promesa de campaña de indultar a personas que fueron detenidas a raíz de las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019.

«A solicitud del Presidente de la República, amparado en la ley 18.050, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, firmó el indulto particular en favor de once personas, quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso», informa el comunicado.

«Se trata de los internos Juan Bastián Olguín Rivera de 31 años; Bastián Ignacio Campos Gaete de 22 años; Jordano Jesús Santander Riquelme de 38 años, Luis Arturo Castillo Opazo de 37 años; Felipe Eduardo Santana Torres de 22 años; Cristián Marcelo Cayupan Queupil de 30 años; Francisco Andrés Hernández Riquelme de 23 años; Sebastián Emmanuel Montenegro Coo de 25 años; Claudio Natanael Romero Domínguez de 21 años; Brandon Sebastián Rojas Cornejo de 22 años; y Jorge Mauricio Mateluna Rojas de 48 años», especificó.

El exfrentista fue condenado a 16 años de prisión tras ser acusado de participar en un asalto a una sucursal del banco Santander en Pudahuel el año 2003.

Finalmente, el Gobierno recordó que «el indulto presidencial es una facultad del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N°14 de la Constitución y en la la Ley 18.050, que fija las normas generales para concederlo».

Si bien la promesa de campaña del Presidente Boric era indultar a quienes han permanecido en largas prisiones preventivas tras el estallido social, no se logró encontrar una fórmula legislativa para llevar esto a cabo, ya que no contó con el apoyo suficiente en el Congreso.Cabe recordar que desde sectores de la oposición habían afirmado que si el Presidente Boric avanzaba en un indulto a las personas detenidas en el marco del estallido, el acuerdo en materia de seguridad que impulsa el Gobierno iba a correr peligro.

«Por cierto, las decisiones que el Presidente pueda tomar en esta materia pueden dar lugar a distintas opiniones, evaluaciones y críticas. Pero no castiguemos a los ciudadanos y ciudadanas por ese debate político legítimo», señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina condenó al cabo segundo del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, a siete años de cárcel por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Colina, el 20 de octubre de 2019, cuando en medio de las protestas por el estallido social, el joven Carlos Astudillo, resultó herido de bala y fue trasladado a la rastra por un grupo de militares.

En la condena, se concluyó que el uniformado efectuó un disparo con un arma de fuego con munición letal, en una de las extremidades del estudiante “desatendiendo las reglas del uso de la fuerza vigentes al momento de los hechos“.

Lavín Villalobos fue el primer militar imputado por un ataque a un civil.