En las últimas horas se detuvo a 55 empresarios en el contexto de un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Organizados en una enorme red, los detenidos usaron más de 100 mil de facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.

Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, todo se habría iniciado tras sendas querellas de Aduanas y del SII.

Este último organismo detectó —a través de su Área de Litigación Penal— distintos movimientos sospechosos de similares características, compartiendo los mismos proveedores o emisores tributarios falsos.

Ello ocurrió al menos en Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, entre otros.En la presente jornada, el subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, remarcó que todo se descubrió tras una serie de querellas presentadas por el Servicio, desde 2016 a la fecha.

Freyhoffer mencionó -como ejemplo- a José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el fin de emitir facturas falsas e incrementar así su crédito fiscal para pagar menos impuestos, o bien evadir.

El subdirector Jurídico del SII agregó que las facultades de fiscalización que poseen, les facilitó detectar unas redes vinculadas entre sí. Las empresas fueron creadas en distintas ciudades, entre Arica y Puerto Montt.

“Tenemos una acción colaborativa con el Ministerio Público”, destacó al ser consultado por las cautelares que solicitarán en el marco de este caso.Los empresarios detenidos son todos chilenos, pero no serían de nombres reconocidos a nivel público.

Las compañías que crearon -todas de tamaño mediano- eran de diversos rubros, entre ellos la construcción y servicios.

“Una tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA”, mencionó Freyhoffer.

La policía allanó de forma simultánea 83 domicilios en diez regiones. Así pudo capturar a los 55 empresarios.

Por último, Freyhoffer puntualizó que todo este megafraude abarca sólo al territorio nacional, ya que no se detectaron -de momento- operaciones en el exterior vinculadas a esta red.

En diálogo con La Radio, el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, explicó la magnitud de este caso, comparándolo con otros que han surgido en Chile.

“En el Caso Penta, más menos lo que se imputó fueron mil boletas falsas (…). Hace un par de semanas, el SII presentó una querella en el Caso Factop y ahí se imputaron 9.000 facturas falsas”, partió relatando.

Sin embargo, este caso tributario “involucra 100 mil facturas falsas, según se ha conocido por la información preliminar, y un perjuicio fiscal aproximado de $240 mil millones”, comentó Gajardo.

“O sea, 100 veces el Caso Penta”, remarcó, apuntando que $240 mil millones “son varias teletones juntas”.

Según explicó el secretario de Estado, muchos mostraron una postura que se va alejando un poco de las cosas que se escucharon del mundo empresarial, por ejemplo, en la época del estallido social, donde “sí dijeron que había que hacer esfuerzos para aportar más recursos al Fisco”.

Recordemos que, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) manifestó estar en contra de las alzas de impuestos que busca el Gobierno en su proyecto de reforma tributaria o pacto fiscal, asegurando que no es el camino correcto para que Chile recupere su capacidad de crecer.

Aludió a que con esa iniciativa tampoco se mejorarán las condiciones para la inversión.

En la misma línea, el gremio dijo que se restaba de enviar algún tipo de propuesta o de avanzar en un pacto fiscal que implicara un aumento de impuestos.

Por su parte, el presidente del gran empresariado, Ricardo Mewes, ratificó que no cree que exista un espacio para hablar de una carga tributaria; y enfatizó que el país “necesita crecer”.

Así, el ministro Marcel, afirmó que las declaraciones de la CPC marcan un cambio de actitud respecto a lo discutido y a la posición que habían mostrado en la época del estallido social.

De todas maneras, el jefe de las arcas fiscales espera continuar con las conversaciones, como las que tuvo en estos últimos días con la Pymes.

El secretario general de la Confederación Nacional de la Pequeña, Mediana y Microindustria, Humberto del Solar, señaló que en el encuentro analizaron temas que perjudican al sector, como los problemas con las patentes, la burocracia y el régimen de impuestos.

Por último, Marcel aseguró que el tema principal de esa reunión fue identificar cambios en el sistema tributario que apoyen al gremio.

La semana subsiguiente continuarán con las reuniones, para entrar de manera más particular en materia de temas tributarios.

El Mandatario había adelantado que para avanzar en lo anterior, el Estado lo haría con la colaboración del sector privado, pero a juicio de Mewes, ello no fue anunciado de la misma forma.

“El Estado es el que va a controlar cualquier empresa que se cree para la explotación del litio”, comentó el líder empresarial a radio Agricultura, asegurando que con lo informado por Boric quedaron “descolocados”.

Explicó que cree que no estarán los incentivos para que el sector privado invierta en el mineral.

“Uno dice ‘si solamente el Estado requiere el capital de los privados y los privados no van a tener acceso a controlar’, entonces ¿cómo se invierte?, ¿cómo se gasta ese capital?, porque no va a tener mayoría en los directorios, teniendo menos del 50% de la participación. Es un contrasentido”, señaló Mewes.

“Se nos va a pasar el tren en la explotación de este mineral”, agregó en el diálogo con la citada emisora.

Por último, remarcó que situaciones como estas “son las que generan incertidumbre”; y que los cambios de expectativas generan problemas al país.

El anuncio del Gobierno en materia del litio

Boric realizó una cadena nacional ayer jueves para presentar la Estrategia Nacional del Litio, donde destacó el anuncio de una empresa nacional, la explotación y explotación de más salares y el incentivo a la creación de productos de valor agregado.

En medio de una serie de detalles, el jefe de Estado se refirió particularmente a la explotación del salar de Atacama, asegurando que se respetarán los contratos con privados que están vigentes hasta 2030, pero que encargó a Codelco buscar la participación del Estado en la extracción de litio en este salar antes de esa fecha.

“En caso de conformarse una empresa pública-privada que explote el litio del Salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través Codelco. En segundo lugar, el Estado respetará íntegramente lo establecido en los contratos vigentes. Es decir, una anticipada participación del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio”, sostuvo.

Además de eso, explicó que se otorgarán contratos de exploración y explotación a Enami y Codelco “en aquellos lugares en donde actualmente se tienen proyectos que están en distintas etapas de desarrollo”.

El nuevo presidente electo es Ricardo Mewes, quien además encabeza la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

En su discurso final, Sutil destacó que el mundo “mira a Chile” y que el país “puede volver a ser el ejemplo que un día fue” en materia de “reconciliación, de unión, de reformismo responsable y con sentido de futuro”.

“Tenemos la oportunidad de reafirmar los valores que nos han hecho una gran nación; los valores de la democracia, la libertad, la solidaridad, la paz social y el respeto a todos los habitantes de nuestro país”, agregó.

En la misma línea, Sutil comentó que desde la empresa siguen trabajando para alcanzar los acuerdos y colaborar en lo que sea necesario “para volver a poner a Chile en marcha”.

“Pero para que esto ocurra, se necesitan condiciones habilitantes. Y la primera condición necesaria es la seguridad y orden público, sin lo cual no hay desarrollo posible. También se requiere de fortaleza institucional, cuyo punto de partida es el respeto al estado de derecho”, señaló.

Mewes, por su parte, expresó que se debe “condenar la delincuencia y poner todos los esfuerzos, públicos y privados, para volver a ser un país donde vivamos y trabajemos sin miedo”.

Dijo que la ecuación “es sencilla”, puntualizando que “sin seguridad no hay inversión; y sin inversión no hay creación de empleos”.

Por último, agradeció a todos los gremios que componen la CPC por depositar su confianza en él y en lo que será su gestión.

A juicio de la Sofofa, los acuerdos bilaterales que tiene Chile con casi todos los firmantes del TPP11 incorporan un mecanismo de resolución de controversias, por lo cual “no haría mucho sentido” la decisión de dilatar la promulgación, a la espera de las “side letters”.

Una visión similar manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, quien calificó como un “balde de agua fría” el anuncio del Ejecutivo de esperar las negociaciones bilaterales.

En la Sociedad Nacional de Agricultura suscribieron el llamado a ratificar el acuerdo lo antes posible, apelando a los beneficios que traería para el acceso de 3 mil productos chilenos a mercados internacionales.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería afirmó que dilatar la promulgación del acuerdo afectaría “la positiva imagen que hoy el país ostenta en el ámbito del comercio mundial”, en un complejo momento económico donde es “clave” aumentar los niveles de inversión.