El nombre del empresario es Javier Luengo, un tomecino que está vendiendo su vehículo Hummer H3 para ir en ayuda de las 50 familias damnificadas por el incendio del cerro El Santo en Tomé, región del Bío Bío.

El empresario pesquero, vive en el sector de California de la misma comuna y decidió junto a su familia cooperar con la venta de su vehículo Hummer al mejor postor para ayudar damnificados por el incendio.

Además, Luengo entregó detalles de la camioneta, indicando que “estos son vehículos que se fabricaron desde el 2006 hasta el 2010”.

Esta camioneta es del año 2007, tiene 140 mil kilómetros, es full equipo y tiene una base de venta de mercado en 14 millones de pesos.

La familia Luengo espera venderla en la cantidad más alta, dando la satisfacción a quien la compre de que todo el dinero irá tanto en ayuda de los damnificados, como para compras de materiales de construcción o necesidades de cada una de las 50 familias.

El empresario que se negó a entregar agua para combatir el incendio forestal en Yumbel, fue identificado por las autoridades, según confirmó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Así lo señaló en entrevista con 24 Horas, donde informó de la detención de tres personas en las últimas horas, acusados de iniciar siniestros.

Al respecto, Valenzuela reveló que el empresario, que se negó a colaborar con la emergencia, ya fue identificado.

“Se está identificando y se va a proceder con el individuo que prohibió e impidió el uso del agua para combatir los incendios”, aseguró el secretario de Estado.

En ese sentido, Valenzuela advirtió que “el Código Penal es explícito, de que nadie puede estorbar e impedir el uso de medios públicos o privados para combatir incendios forestales”.

“Esto tiene una implicancia adicional”, sentenció el ministro de Agricultura.

Respecto a su identidad, el secretario de Estado señaló que en las próximas horas el Ministerio del Interior va a revelar su identidad.

De todas maneras, aseveró que se trata del mismo personaje que tuvo un altercado con el piloto español Felipe Bru en Yumbel, según reportó el propio profesional europeo.

“Hay gente, dueños de esas balsas (piscinas) que nos están haciendo señales, nos están poniendo líneas para que no cojamos agua”, detalló.

“Es un acto incívico por su parte, viendo la afectación que estamos manejando en este momento. La verdad es que no es momento para no tratar de sacar agua”, criticó.

Fue un 18 de mayo de 2020 cuando Alejandro Correa fue asesinado en la puerta de su casa, luego de que lo mandara a matar el líder de una toma de una de sus propiedades, la cual se trata del mismo terreno en el que ahora su hija planea construir.

«Lo que hemos venido a presentar es una propuesta de plan maestro para el terreno, que tiene 13 hectáreas, y está pensando para hacer 400 unidades de viviendas sociales, también equipamiento municipal -el gobierno local manifestó interés de tener un terminal de buses intercomunal y otro tipo de equipamiento- y también un parque», detalló a Cooperativa la joven.

Además, indicó que el corazón de la iniciativa es tomar «este terreno que está manchado en sangre, resignificarlo en un terreno que construya comunidad y que dé una señal potente de justicia».

Cabe señalar que la joven llegó hasta el CORE de Valparaíso, para presentar el proyecto, acompañada de su abogado, Juan Pablo Hermosilla, y la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán.

El consejero regional Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, señaló que el Consejo Regional podría adquirir la propiedad para levantar el plan, conforme avance la materialización del proyecto.

«En el Plan de Emergencia, lo que le corresponde al CORE aportar los recursos para comprar el terreno y para construir el proyecto social; y las otras áreas podrían ser financiadas por otros organismos», explicó.

«Les hemos pedido un plan maestro para ver si nosotros pudiéramos involucrarnos en todo el predio o una parte del predio y eso tiene que ver fundamentalmente con cuál va a ser la propuesta final que nos presenten», añadió.

Millones aseveró que «con voluntad política todo se puede. Estamos hablando de un valor que no supera las 0,60 UF por metro cuadrado, así que es un valor incluso menor al precio comercial, absolutamente razonable».

El crimen

Fue el 18 de mayo de 2020, cuando Alejandro Correa fue asesinado a las afueras de su casa. Dos disparos le quitaron la vida, un crimen por encargo que conmocionó no solo en la localidad de Concón, sino que a todo el país.

Solo tres días después del hecho, Víctor Gutiérrez Londoño, de 35 años, tras ser detenido, confesó haber recibido la suma de $5 millones por matar al empresario.

Luego, fue detenida su pareja, Melissa Palma, como cómplice, al igual que Claudio Riveros y Renato López, siendo este último el presunto autor intelectual del homicidio.

El Juzgado de Garantía de Quilpué fijó para el 30 de enero la preparación del juicio contra Luis Alarcón, sindicado como el líder de la toma, mientras que los otros cuatro ya fueron condenados por el crimen.

Por lo anterior, la Fiscalía Regional de Los Lagos a través de su cuenta de Twitter informó el comienzo de «una investigación por el delito de amenazas, a propósito de los dichos que realizó una persona en programa online. Las denuncias recibidas por Fiscalía Local, se han agrupado para que BICRIM de la PDI de Los Lagos realice diligencias investigativas”, detalló.

El dueño de una cadena de supermercados de Osorno, participó en dos programas por streaming conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, donde dijo que en caso de ganar el Apruebo se va a “dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”, afirmó.

“Y no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”, agregó el empresario.

Seguidamente, mediante la trasmisión de otro programa, amenazó con “fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria (…) De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí (…) los vamos a fusilar”, expresó en el espacio online, donde afirmó además que Chile “no se merece lo que quieren hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud”.

Querella en contra del empresario

Por lo anterior, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella en contra de Pool por amenazas. La acción legal fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Osorno, por el delito de “amenazas, previsto y sancionado por el artículo 296 N.° 3 del Código Penal”.

Mediante esta acción se solicita la formalización del empresario y la prisión preventiva, por ser considera una persona peligrosa para la sociedad.

El propio Rendón indicó más tarde que los dichos del empresario «configuran también una amenaza de comisión de delito terrorista (homicidio y secuestro) dirigido contra un sector social específico».

A criterio del legista, según la Ley 19.314, esa amenaza debe ser «penada como tentativa del delito principal, por lo que al ser delito terrorista, la querella, a parte de por las víctimas directas, puede ser interpuesta por el Ministerio del Interior», detalló.

Condena amenazas

Desde la campaña del Apruebo, emiteron un comunicado condenando las amenazas en contra de los exconvencionales Bassa y Atria, a través de un documento expresaron que «no podemos dejar que este momento histórico de discusión democrática quede opacado por la violencia y el amedrentamiento reiterado, cuando lo que debe primar tiene que ser la unidad, el diálogo y el respeto».

«Desde la Casa del Apruebo, creemos que el debate por aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución debe mantenerse dentro de los marcos democráticos, sin violencia ni amenazas», complementaron.

Aseguraron que «estos hechos enmarcan la conducta de quienes buscan mantenerse en el Chile del pasado, estancando la conversación y dificultando el diálogo que nos permite avanzar hacia los cambios concreto que el Chile del mañana necesita, el cual fomenta la participación de todos los chilenos y chilenas».

Por su parte, el exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, declaró el lunes que “vivimos un momento histórico que define el presente y el futuro de Chile. En el debate democrático hay espacio para las diferencias, pero no vamos a permitir amedrentamientos ni violencia. Frente a las amenazas que vienen del rechazo: esperanza y unidad”, puntualizó.