El gobernante de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este miércoles en Twitter que su Gobierno “incluye prevención y represión” en la “estrategia de seguridad” que se implementa en el país, en respuesta a lo señalado por el presidente de Chile, Gabriel Boric.

La cadena británica BBC publicó el pasado 21 de julio una entrevista con Boric en la que, según la cadena, se le consultó sobre la estrategia en Seguridad del presidente Bukele y él opinó que si la solución solo se enfoca en “las medidas más extremas” y no en los “temas de fondo”, es “pan para hoy y hambre para mañana”.

“Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito. Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente”, tuiteó el gobernante salvadoreño.

¿Cómo ve la estrategia de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas en El Salvador y la enorme popularidad que esto le ha traído?, preguntó el medio británico al presidente Boric.

Boric respondió: “creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta”.

“Cuando solo se enfoca desde la cuña de quién es el más duro o categórico, o las medidas más extremas para combatir la delincuencia, al final no estamos solucionando el tema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana”, añade.

La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, aprobado en marzo del año pasado y que suspende algunas garantías constitucionales, asciende a más 71.770, según dijo recientemente el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.

Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios”, de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32 %, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.

No obstante, el presidente Bukele ha asegurado en repetidas ocasiones que está ganando la llamada “guerra contra las pandillas”

“Cerramos el 10 de mayo de 2023, con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año”, aseguró durante la jornada de este jueves Nayib bukele desde su cuenta oficial de Twitter.

Las autoridades de Seguridad no reportan como homicidios las muertes de supuestos pandilleros en “enfrentamientos” con elementos de la Policía y del Ejército.

El Salvador se encuentra en estado de excepción como medida para ‘combatir’ a las pandillas.

La medida ya cumplió un año y se reporta la detención de más de 68.000 supuestos pandilleros o personas ligados a estas estructuras.

Las autoridades atribuyen al régimen de excepción y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.

El ministro salvadoreño de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró recientemente en una entrevista que los cuerpos de Seguridad hacen un “trabajo responsable”.

Lo anterior, en el contexto del régimen de excepción, que ya cumplió un año de vigencia en el país, “apegado al Estado de derecho” y “a las leyes”.

No obstante, organizaciones humanitarias del país centroamericano registran hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos.

Esto, principalmente por detenciones arbitrarias llevadas a cabo en El Salvador, en el contexto del régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele.

Según indicaron autoridades salvadoreñas, se trata de Wilmer Segovia, de la reconocida célula Shulton.

Este hombre “fue declarado culpable de haber cometido 33 homicidios, 9 proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones”, de acuerdo con Delgado.

“Los pandilleros que tanto dolor y llanto le han causado al pueblo salvadoreño, NO VAN A SALIR. Permanecerán encerrados hasta que paguen por cada uno de sus crímenes. Nos encargaremos de eso”, señaló la autoridad de El Salvador en Twitter.

Añadió que Miguel Ángel Portillo, de la referida célula de la MS13, fue condenado a 945 años de prisión por “22 homicidios, 4 proposiciones para cometer asesinato, un intento de homicidio y extorsiones”.

El fiscal salvadoreño no dio detalles de la fecha de captura de los detenidos o si fueron capturados en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, vigente desde marzo de 2022.

Tampoco explicó si fueron condenados bajo las reformas penales aprobadas en la Asamblea Legislativa bajo el régimen de excepción.

“Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos”, señala Petro en el video.

“Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente”, agrega.

ue así como la primera autoridad salvadoreña escribió un directo mensaje junto al fragmento. “Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica”, comenzó señalando.

“Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”, añadió.

Luego que subiera el tuit, no debió pasar mucho tiempo para que el aludido saliera a responder a través de la misma plataforma.

“Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”, escribió el mandatario colombiano.

“Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional”, agregó.

Cabe señalar que El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción debido a sus tasas de homicidios, lo que llevó a Bukele a tomar férreas medidas contra las pandillas.

Bajo este contexto es que inauguró una mega cárcel cuya capacidad es para 40 mil detenidos, recinto que fue denunciado por la organización Human Rights Watch (HRW) por su “hacinamiento extremo” como consecuencia de las detenciones sin orden judicial de sospechosos.

En esta oportunidad, el Mandatario, que ha dado de qué hablar en el último tiempo por su particular gestión contra la delincuencia y el crimen organizado, reveló el traslado de 2 mil pandilleros (maras) hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Esta es considerada la cárcel más grande de América y uno de los mayores logros de Bukele, el que hace poco celebró 300 días sin homicidios en el país, según cifras de su administración presidencial.

Esta prisión construida en tan solo siete meses buscará albergar a 40 mil pandilleros. Por medio de un video publicado por el propio Bukele, se aprecia el gran tamaño de las instalaciones y el amplio contingente policial.

Cabe mencionar que este centro está construido en un espacio totalmente aislado del sector urbano. Para esto, se adquirieron 165 hectáreas, de las cuales 23 están en el área de construcción.

Según explica un funcionario en el registro, lo primero a tener en cuenta es que, como para cualquier recinto de personas privadas de libertad, está prohibido el ingreso de objetos ilícitos, por lo cual existen escáneres de rayos X, por ejemplo.

El recinto cuenta con una vigilancia de 24 horas, por medio de cámaras de seguridad, y los guardias poseen indumentaria especial para su protección.

Cada una de las áreas y módulos están integrados y conectados en el centro de confinamiento, con el objetivo de facilitar la acción por parte de personal de seguridad.

¿Áreas de recreación?

Los agentes policiales y de seguridad también tienen acceso a áreas recreativas y zonas de descanso. En las imágenes proporcionadas por Bukele, se aprecian mesas de ping-pong e incluso un gimnasio para ellos.

A su vez, los uniformados contarán con diversas duchas y podrán dormir en camarotes, los cuales están dispuestos al interior de uno de los sectores del recinto, con el fin de garantizar su descanso.

En el registro, se puede ver que cada pandillero estará recluido en una celda de máxima seguridad y que contará con la vigilancia activa de personal policial.

Además, los grifos de cada lavamanos o baños en sí serán controlados desde afuera por los custodios, lo que busca imposibilitar el manejo por parte de los reclusos.

Una de las áreas más relevantes de este recinto es el área de castigo, cuyas celdas están totalmente cerradas y sin luz eléctrica. Estos espacios cuentan con una estructura de, al parecer, concreto, para recostarse, un lavamanos y un WC.

Al mismo tiempo, el CECOT, según la explicación de los propios funcionarios, contará con fábricas, en las cuales los pandilleros se verán obligados a trabajar.

«Estos tipos no han venido a descansar. Que no crean que van a estar en un hotel, señor Presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así resarcir un poco del año causado», agregó uno de los guías.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó que las pandillas, a raíz del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, supuestamente buscan “desplazarse” hacia Sudamérica y que hay reportes de su presencia en Chile, según informó este lunes la Secretaría de Prensa del Gobierno.

“Todo ese proyecto ha hecho que el crimen organizado vaya buscando desplazarse y una de las zonas de desplazamiento ha sido hacia el sur de América”, sostuvo Ulloa, de acuerdo con un comunicado.

Añadió, sin precisar fuentes, que “ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile y otros países del sur están siendo objeto de desplazamiento”.

El Salvador, bajo excepción

En el boletín, la Secretaría de Prensa indicó que las “pandillas emigran a países de Sudamérica para escapar del régimen de excepción”.

De acuerdo con cifras oficiales, son 62.972 personas detenidas bajo el régimen de excepción, que suspende varios derechos constitucionales, y que el Gobierno acusa de ser pandilleros.

Sin embargo, son más de 3.300 los liberados por orden de la Fiscalía o tribunales.

El viernes, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) dijo que la filtración de una base de datos del Gobierno de El Salvador “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos” en el contexto del régimen de excepción.

Destacó que el documento, al que tuvo acceso HRW y supuestamente pertenece al Ministerio de Seguridad, da cuenta de la detención, al menos hasta agosto, de 1.082 menores de edad (918 niños y 164 niñas) y que “habían sido enviados a detención provisional”.

HRW y la organización Cristosal concluyeron, en un informe de diciembre de 2022, que en El Salvador “se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción”, entre ellas detenciones “arbitrarias masivas”, torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos penales “abusivos”.

A finales de marzo pasado, el Congreso aprobó el régimen de excepción a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuidos a la pandillas. La medida se ha ampliado en 10 ocasiones.