El pleno de la Corte Suprema hizo entrega del título de abogado de manera póstuma a ocho víctimas de la dictadura militar, entre las que se cuenta el exdirector del Servicio de Prisiones (actual Gendarmería de Chile) Littré Quiroga Carvajal, y también a José Tohá González, padre de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

La iniciativa, que se da en el contexto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, respondió a la solicitud del Colegio de Abogados de Chile y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, señaló que este reconocimiento es un hito singular y trascendente, ya que se hace entrega del título de abogado a quienes lamentablemente no pueden estar presente para prestar a viva voz el juramento o promesa, ni desempeñar la profesión que hoy solemnemente se les reconoce.

En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró el rol reparador que ha tenido el máximo tribunal.

“Es una manera de seguir trabajando en memoria, verdad y justicia, como la ha venido haciendo la Corte Suprema en los últimos años, como consecuencia de la resolución de los casos en derechos humanos (…)”, manifestó el secretario de Estado.

En total, la Corte Suprema otorgó el diploma póstumo a ocho personas que a partir de hoy serán reconocidos como abogados. Todo esto a través de los familiares, quienes valoraron la iniciativa manifestando que tienen sentimientos encontrados.

50 años

Este martes, también se realizó otra actividad en el marco de los 50 años del golpe de Estado. El excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, lanzó su libro llamado “Un Ejército para todos”, en la Casa Central de la Universidad Católica, texto donde critica duramente lo acontecido durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

Según escribe Martínez, la publicación tiene como objetivo destacar episodios que, en muchos casos, vulneraron ciertos preceptos morales, individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar.

El excomandante en jefe del Ejército adelantó que lo que se ofrece a sus lectores es un fragmento referido a los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Uno de los episodios más condenables en materia de derechos humanos durante el gobierno militar, según Martínez Menanteau, fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva por diversas guarniciones del norte y sur del país durante octubre de 1973, con el supuesto fin de revisar y agilizar los procesos de los presos políticos. Dicha comitiva, conocida hasta ahora como la “Caravana de la muerte”.

El ilícito fue perpetrado a partir del 20 de julio de 1974, en el marco de la denominada Operación Colombo.

Fue la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, quien condenó a tres agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito consumado.

En el aspecto civil, se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 por concepto de daño moral, a los hermanos de la víctima.

Operación Colombo

En la resolución, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecidos los siguientes hechos:

“1° El día 20 de julio de 1974, en la intersección de avenida Matta con calle Arturo Prat, comuna de Santiago, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) detuvieron, sin derecho, a Leopoldo Daniel Muñoz Andrade, nombre político ‘Chico Lucho’, estudiante de Construcción Civil de la Universidad Técnica del Estado (UTE), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) e integrante del comité local ‘José María Caro’ de dicho movimiento.

2° Acto seguido, Leopoldo Muñoz Andrade fue trasladado a un centro de detención clandestina de la Dirección de Inteligencia Nacional, denominado ‘Londres 38’, ubicado en calle Londres N° 38 de la comuna de Santiago, recinto a cargo del mayor de Ejército Marcelo Moren Brito, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado.

3° Posteriormente, Leopoldo Muñoz Andrade fue conducido al centro de detención clandestina ‘Cuatro Álamos’, situado al interior del campamento de prisioneros ‘Tres Álamos’, en la comuna de San Miguel, a cargo del oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán, sitio en que también estuvo encerrado de manera ilegal.

4° Luego, estando privado de libertad en ‘Cuatro Álamos’, fue trasladado por un período no determinado al centro de detención clandestina ‘Villa Grimaldi’, ubicado en avenida José Arrieta, a la altura del 8.200, comuna de La Reina, recinto a cargo del teniente coronel de Ejército, Pedro Octavio Espinoza Bravo.

5° El día 19 de julio de 1974, es decir, con anterioridad a la detención de Muñoz Andrade, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional aprehendieron a Pedro Enrique Poblete Córdova, conocido como ‘Tito’, perteneciente a la dirección del comité local ‘José María Caro’ del MIR y compañero de Leopoldo Muñoz Andrade.

6° Que en la época referida, la DINA estaba a cargo del coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y contaba con unidades operativas y centros de detención clandestina, dependientes de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, comandada en la fecha de la detención de Muñoz Andrade por el teniente coronel de Ejército César Manríquez Bravo y, a partir de diciembre de 1974, época en que la víctima continuaba privada de libertad en poder de la DINA, por el teniente coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, encontrándose la represión de los militantes del MIR, entre ellos Leopoldo Muñoz Andrade, a cargo de la Brigada Caupolicán, comandada por el mayor de Ejército Marcelo Moren Brito y, puntualmente, de las agrupaciones operativas Halcón y Águila, dirigidas por el teniente de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko y el teniente de Carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires, respectivamente.

7° Finalmente, el nombre de Leopoldo Daniel Muñoz Andrade apareció en un listado de personas, publicado en la prensa nacional, luego de que figurara en una nómina publicada en el semanario ‘Lea’ de Argentina, en el mes de julio de 1975, en que se mencionaba que Muñoz Andrade había muerto en Argentina, junto a otras personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas, noticia que tuvo su origen en maniobras de la DINA con el fin de ocultar el verdadero destino de la víctima, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha”.