Se trata de un texto de 40 páginas que viene a interpretar el informe de la comisión técnica que trabajó dentro de la Comisión de Salud del Senado y que se desempeñó por tres meses con 16 representantes.

Al respecto se refirió la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien se refirió a la decisión del Ejecutivo de elegir algunos elementos del informe de la comisión técnica y desechar otros.

“Si es que llegamos hasta aquí, es por responsabilidad de las isapres y nuestro Gobierno ha estado preocupado exclusivamente de dos cosas. En primer lugar, que los usuarios y las personas no queden sin recibir una atención en salud, eso es la prioridad número uno y que además las isapres paguen. Y eso va en la línea de cumplir con los fallos de la Corte Suprema”, aseguró Camila Vallejo.

Cabe recordar que tras el fallo de la Corte Suprema que determinó un cobro de planes sin apego a la tabla de valores legal, la Superintendencia de Salud fijó en 1400 millones de dólares la cifra estimada que debían pagar las isapres.

Ante esto, la Asociación de Isapres dijo que esa cifra era prohibitiva y que de pagarla, simplemente caerían en insolvencia y se derrumbaría el modelo privado de salud.

Luego, antes de las indicaciones del Ejecutivo, la comisión técnica propuso una reducción del 67% a la multa de la Superintendencia, restando casi 1000 millones de dólares.

Tras considerar todos los antecedentes, el Gobierno tomó dos opciones que propuso el informe de la comisión.

Propone que, de forma excepcional y por una sola vez, todos aquellos contratos de salud que tengan un precio pactado que sea inferior a la cotización legal obligatoria del 7%, se van a ajustar al valor de dicha cotización.

Pero lo más relevante es que el Gobierno ha definido desechar el mecanismo de la mutualización de riesgo que reducía la deuda en mil millones y la dejaba en 450 millones de dólares.

Más detalles al respecto, entregó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

“No se define un monto, pero sí se define consideraciones que se deben tener para el cálculo de ese monto y en ese sentido se acoge la recomendación de la comisión técnica de considerar de que no deben haber planes por debajo del 7%”.

“Lo que no se consideró de la recomendación de la comisión técnica es la mutualización, por lo tanto, se acoge parte de la recomendación y esta no acogida de la motorización es por razón eminentemente jurídica”, detalló Ximena Aguilera.

A esto, la ministra agregó que las isapres tendrán un plazo máximo de 10 años para pagar lo adeudado, período en el que no podrán retirar utilidades.

Fueron los parlamentarios del Frente Amplio quienes presentaron la iniciativa que busca que sea el Gobierno de Gabriel Boric el que presente un proyecto que avance en condonar la deuda que tienen cientos de miles de estudiantes con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y otras deudas educativas.

“Queremos conocer la propuesta del gobierno porque desde el Ejecutivo se puede presentar una propuesta con recursos, que involucre funciones e instituciones pública, y creemos que por ahí es la vía de tener una condonación y un sistema de financiamiento que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía”, explicó la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider.

Recordemos que, precisamente la condonación de las deudas educativas es una promesa de campaña del Gobierno de Boric, aunque desde el Ministerio de Educación han dicho que no es prioridad por ahora, y que la cartera está enfocada en la reactivación educativa.

La propuesta tuvo el respaldo de todo el oficialismo y parte de la oposición.

La mayoría de los representantes de la derecha se abstuvieron y solo diputado por Evópoli Hotuiti Teao votó en contra.

En la misma dirección, este miércoles los diputados Gaspar Rivas (Partido de la Gente), Pamela Jiles (Partido Humanista) y René Alinco (Independiente) presentaron una propuesta de reforma constitucional que busca condonar el CAE y que sean los bancos los que se hagan cargo de la deuda.

“Respecto a la relación entre los usuarios, el Estado y la banca, este proyecto de reforma constitucional lo que hace es extinguir por el solo ministerio de la disposición transitoria, cualquier tipo de obligación, de deuda, que tenga el Estado con la banca o los usuarios con la banca”, explicó el diputado Rivas.

Ante esta situación, Santiago indicó que el no pago se debe a dos multas por el incumplimiento de contrato, las que son de $400 millones, según lo consignó El Mercurio.

La empresa acusada es High Security, la que comenzó su labor en el mes de agosto con la disposición de guardias en diferentes recintos de la comuna capitalina.

Eduardo Vásquez, abogado representante de la empresa, manifestó que las multas “son arbitrarias”, y que los han sancionado “por el mismo hecho varias veces, lo cual es contrario a los principios legales”.

En la misma línea, High Security acusa que las multas están excediendo el 30% del contrato, que es de $156 millones, pues el municipio consideró la totalidad del contrato, de 36 meses y más de $5 mil millones, y no como total mensual.

“Si se presta el servicio y no pagan, se está generando un problema. Estamos evaluando todas las alternativas”, indicó Vásquez, recalcando un posible término de contrato.

El gerente de operaciones, Carlos Muñoz, aseguró que cumplieron las obligaciones, lo que es diferente a que a un guardia le falte una chaqueta y que la empresa la reponga.

En tanto, la Municipalidad de Santiago, dijo a través de un comunicado que el sábado pasado los guardias hicieron un paro, quienes se mantuvieron en sus puestos de trabajo, mientras que el municipio apoyó al personal.