En la instancia, la secretaria de Estado señaló que la defensa del Ejecutivo tiene que ver con recordar que esta es una instancia de un comité asesor presidencial no vinculante, que entrega elementos de estudio para analizar el fenómeno de las noticias falsas que puedan ser dañinas para las personas.

En la misma línea, Vallejo explicó que en ningún sentido el interés es vulnerar la facultad que tienen los parlamentarios de mejorar el acceso a la información, como lo han hecho a través de diez proyectos de ley, según dijo la ministra.

Solicitudes -proyectos de resolución- aprobadas

Cabe mencionar que se rechazaron todas las Solicitudes -antes conocidas como proyectos de resolución- que cuestionaba la Comisión contra la Desinformación y sólo se aprobaron dos proyectos que condenan precisamente la desinformación a través de redes sociales y los impactos negativos que pueden tener para la salud de las personas.

Lo anterior, como ocurrió en algunos casos durante los momentos más fuertes e intensos de la pandemia de Covid-19.

La primera Solicitud aprobada -con 51 a favor, 25 en contra y 13 abstenciones- contempla que la Cámara de Diputadas y Diputados condena y rechaza el uso de información maliciosa que se realiza mediante las plataformas de redes sociales, por atentar contra la sana convivencia en nuestro Sistema Democrático.

En tanto, el otro proyecto establece que la Cámara rechaza categóricamente la utilización de mecanismos de desinformación, y solicita a S.E. El Presidente de la República adoptar con urgencia todas las medidas tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información, especialmente en los concerniente a las plataformas digitales, entendido como uno de los principios rectores para el resguardo de nuestra democracia. Esta solicitud se aprobó con 50 votos a favor, 27 en contra y 16 abstenciones.

Comisión contra la Desinformación al Tribunal Constitucional

Finalmente, la ministra Vallejo valoró que el Tribunal Constitucional acoja a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad en contra de esta Comisión contra la Desinformación.

En ese contexto, señaló que es un paso administrativo que es natural y que celebran que el TC pueda despejar cualquier duda en torno al esfuerzo que ha hecho el Gobierno.

El Senado aprobó el proyecto de acuerdo que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación.La iniciativa contó con 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones.

En este proyecto de acuerdo se le señala al Presidente de la República que el decreto número 12 del Ministerio de Ciencia, que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional.

Cabe mencionar que para presentar esta misiva, los senadores juntaron 26 firmas, 11 de Renovación Nacional, y las otras vinieron de Ximena Rincón (Demócratas), y del comité de Evópoli.

Recordemos que la Comisión desarrollará informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.

Además, deberán entregar recomendaciones para la creación de una política pública respecto a la regulación de las plataformas digitales.

Comisión contra la Desinformación

Los votos a favor del proyecto de acuerdo fueron de los siguientes senadores: Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, José Miguel Durana, Luz Ebensperger, Rojo Edwards, Rodrigo Galilea, José García, María José Gatica, Carlos Kuschel, Javier Macaya, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, David Sandoval, Gustavo Sanhueza y Matías Walker.

Dentro de los que votaron en contra están: Pedro Araya, Fabiola Campillai, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Iván Flores, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic.

Mientras que las abstenciones fueron de: Karim Bianchi, Fidel Espinoza, José Miguel Insulza.

La instancia había sido anunciada por el presidente Gabriel Boric días atrás. Hasta el congreso había asistido la vocera de gobierno, Camila Vallejo.A través de una intervención telemática, el conductor de Informa Especial aseguró que la instancia representa un “peligro para la libertad de expresión”.

“No aporta a la promoción de la libertad de expresión en Chile y más bien podría debilitar ese derecho. Es una comisión patrocinada por un gobierno, lo cual ya siembra dudas respecto de su independencia, aunque sus integrantes parezcan ser personas honorables y loables”, indicó.

En este sentido, Santiago Pavlovic expuso su punto haciéndo un análisis con lo ocurrido en Chile el pasado 4 de septiembre, cuando la opción Rechazo ganó el plebiscito por una nueva constitución.

“Luego del masivo rechazo al proyecto propuesto a la ciudadanía por la Convención Constitucional leímos y escuchamos a distintas personas, incluso miembros de esa Convención, diciendo o argumentando sin antecedentes que se había perdido el proyecto debido a las fake news, es decir, a la desinformación. No recuerdo a ningún ministro o académico relevante haber enfrentado con decisión eso que a mi juicio sí fue una descarada desinformación”, aseveró.

“Nos guste o no, el Rechazo no fue producto de las fake news sino de la reflexión tranquila de la ciudadanía como antes lo fuera el plebiscito de entrada, las elecciones del Presidente Boric o de los nuevos representantes populares al Congreso. Esta comisión es innecesaria, tal como está planteada y representa un peligro para la libertad de expresión”, concluyó.

Santiago Pavlovic y Comisión contra la Desinformación

Los comisionados acordaron la estructura del primer informe, que se publicará a fines de agosto, con las siguientes partes: Introducción, Definiciones, Perspectiva de organismos internacionales, Estado del arte en el país y experiencia local, Experiencia en otros países y Conclusiones.

En lo operativo, decidieron que sus sesiones tendrán frecuencia quincenal y que se efectuarán de manera híbrida.

“Esta comisión está conformada por personas que tienen mucha experiencia en esta materia, que han tenido vinculación con los organismos internacionales que están estudiando estos temas también y hoy día, luego de la primera reunión, podemos corroborar eso (…) Los comisionados tienen el mandato de emitir dos informes, uno hacia fines de agosto y uno hacia fines de noviembre.

Una vez concluidos, el trabajo de la comisión termina porque se acaba el propósito para el cual fue convocada. Son plazos bien estrechos, y la intención de los comisionados, y así lo manifestaron, es de avanzar rápido. Estos son temas que vienen estudiando hace tiempo, por lo tanto, creen que pueden hacerlo”, afirmó la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry.

Recordemos que parlamentarios de RN pidieron al INDH que se pronuncie respecto a la Comisión contra la Desinformación.

Según lo parlamentarios, “es imperativo que este vergonzoso silencio sea interrumpido a la brevedad, ya que choca directamente con el mandato legal del Instituto”.

El organismo, anunciado hace unas semanas por el Gobierno, desarrollará informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.

Además, deberán entregar recomendaciones para la creación de una política pública respecto a la regulación de las plataformas digitales.

Miembros de la comisión

Lionel Brossi Garavaglia: Académico de la Universidad de Chile. Profesor asociado y director del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen. Es Faculty Associate del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard y sus líneas de investigación son Inteligencia Artificial y sociedad, calidad de la información, tecnologías y derechos de niños, niñas y adolescentes.

Claudio Elórtegui Gómez: Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Licenciado en Comunicación Social y Periodista, PUCV. Magíster y Doctoren Periodismo y Cs. de la Comunicación; U. Autónoma de Barcelona. Director de la Escuela de Periodismo PUCV. Investigador en comunicación política, forma parte del equipo de investigación DEEP (Demoscopía Electrónica del Espacio Público), programa de la PUCV que analiza la relación entre las redes sociales y los fenómenos políticos en Chile.

Ingrid Bachmann Cáceres: Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Periodismo, University of Texas at Austin, Estados Unidos. Magíster en Lingüística y Licenciada en Información Social y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Experta en desinformación, lidera FONDECYT, es directora del Núcleo Milenio NM NUDOS y ha publicado diversos trabajos de investigación sobre estos temas.

Pedro Anguita Ramírez: Abogado, Doctor en Derecho, experto en regulación constitucional y legal de los medios de comunicación social, libertad de expresión y protección civil y penal de las personas frente a la actividad de empresas informativas y acceso a la información. Director del Programa Doctoral en Comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y autor del libro “El Derecho a la Información en Chile”, entre otras variadas investigaciones sobre el tema.

María José Escobar Silva: Magíster en Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Doctora en Procesamiento de Imágenes y Señales del INRIA, Francia. Es académica del Departamento de Electrónica de la UTFSM, investigadora del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) y colaboradora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA). Actualmente, se desempeña como directora general de Vinculación con el Medio de la UTFSM y presidenta de la Gobernanza de Emprendimiento e Innovación de la Región de Valparaíso, EIVA. Consejera del Comité Regional de Desarrollo Productivo de Corfo Valparaíso.

Patricia Peña Miranda: Directora Fundación Datos Protegidos. Periodista y Licenciada en Comunicación Social. Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. Académica e investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en los cursos del área de periodismo/ comunicación digital y desarrollo de proyectos digitales. Coordinadora del Diplomado de Postítulo en Proyectos de Comunicación Digital y profesora del Magíster en Comunicación Política.

Juan Carlos Lara Gálvez: Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, Master of Laws con certificación en derecho y tecnología en la Universidad de California, Berkeley. Es director ejecutivo en Derechos Digitales, organización de defensa y promoción de los derechos fundamentales en línea, donde anteriormente se desempeñó como director del equipo de investigación y políticas públicas. Anteriormente, fue abogado independiente y consultor en temas vinculados a la libertad de expresión, la propiedad intelectual, la protección de datos personales, el acceso al conocimiento y la labor académica en el entorno digital.

Paulina Ibarra Araya: Licenciada en Comunicación y Ciencias Políticas por la Universidad Marymount y máster en Comunicación de la Universidad de Georgetown. Experta en género, gobierno abierto y derechos humanos, con énfasis en América Latina y el Caribe. Directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, miembro de CIVICUS y de UNCAC, entre otras instancias. Desde Multitudes, dirige el Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y Fake News. Participó en la Cumbre de Alto Nivel de la OECD sobre Democracia y Confianza con el tema de desinformación política de género; en la 26ª edición de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas en Ginebra y en la 67ª Comisión Sobre el Estatus de Mujeres en la ONU (NY) sobre mujeres y democracia. Actualmente es becaria de Vital Voices.

Fabián Padilla Arenas: Periodista de la Universidad de Santiago de Chile y estudiante de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director y editor general de Fast Check CL, medio ganador del Premio Periodismo de Excelencia 2019 en categoría Digital Innovación, primer medio de fact checking certificado por IFCN y partner local de Meta en Chile. Ha sido profesor de Periodismo Digital y Fact Checking en la Universidad Central de Chile y profesor de Marketing Digital en la Universidad de Santiago de Chile. Es estudiante Ph.D asociado a Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD).

El 20 de junio, el Diario Oficial publicó el decreto de creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La comisión tendrá como objetivo asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales y hará recomendaciones sobre políticas públicas.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, “debe haber preocupación cuando los Gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”.

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó en un comunicado que las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia “siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior de Argentina, dijo que la SIP, como organización, favorece que los Gobiernos promuevan la alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas públicas para combatir la desinformación.

Sin embargo, subrayó Jornet, “es muy distinto cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar, desde su óptica, lo más conveniente”.

Greenspon y Jornet recordaron que tanto la Declaración de Chapultepec como la Declaración de Salta no dejan resquicios para que los Estados impongan requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o desinformación.

“El espíritu de estos documentos -dijeron- es defender las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que los Gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura”.

Las autoridades de la SIP, con sede en Miami (Florida), dijeron que para combatir la desinformación, el Gobierno de Chile debería incentivar medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, “pero no involucrarse en forma directa en las soluciones”.

“De esa forma -afirmaron- se dará mayor relevancia al tema, para que sea tratado con mayor apertura, diversidad y pluralidad en la sociedad”.

Según el decreto, la Comisión Asesora contra la Desinformación estará integrada por dos representantes de universidades estatales, dos de planteles privados y uno de una institución fuera de la Región Metropolitana, tres miembros de una ONG, fundación o de la sociedad civil, relacionada con el tema y un representante de una organización de chequeo de datos.

Entre otras funciones, el organismo presentará al Ministerio de Ciencia y a la Secretaría General de Gobierno recomendaciones para adoptar políticas públicas, agregó el comunicado de la SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas.

Recordemos que el Diario Oficial publicó el decreto mediante el cual se crea una Comisión Asesora contra la Desinformación, que estará a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y asesorará a la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

Tras su publicación, parlamentarios de oposición criticaron el anuncio apuntando a que el hecho «debió ser conversado». Incluso, desde la UDI están evaluando una presentación ante el Tribunal Constitucional por «atentar contra la libertad de expresión».

Una de las más contrarias a la creación de esta comisión es la senadora Ximena Rincón (Demócratas) quien manifestó vía Twitter: «Esto es gravísimo. La creación de políticas públicas, especialmente cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa la libertad de expresión, deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso».

Frente a la polémica que se ha generado, la vocera de Gobierno, Camilla Vallejo, indicó este jueves que «estas son comisiones asesoras ministeriales que se conforman según decreto, así siempre se han conformado (…) tienen ciertos requisitos sobre la expertiz en el área, el desarrollo investigativo en el área, no son cualquier miembro el que conforma la comisión».En este sentido, precisó que «no hay nada que diga que hay consultarle estas cosas primero al Congreso, por cierto, que van a poder participar, si quieren participar expositores sobre iniciativas que tengan».

Y añadió: «Es una iniciativa que se ha recomendado por parte de organismos internacionales, han hecho otros países lo mismo, porque se requiere de avanzar, no solo en diagnóstico, sino que en propuestas para abordar este fenómeno».

Por otra parte, la vocera dijo que «la desinformación no es simplemente las opiniones en plataformas digitales, no tiene que ver con las opiniones, tiene que ver en aquellas instancias en donde se promueve intencionadamente o malintencionadamente la mentira y eso incluso daña las políticas públicas, ha habido por ejemplo fenómenos respecto al censo donde se difunde información que no es real sobre que el censo sería una instancia para preguntar cuántas casas tiene una persona para luego determinar que esa casa pasa a otra persona».

Finalmente, Vallejo descartó que la creación de esta comisión tenga fines de censura. «Esto no se trata ni de censura ni de los medios de comunicación, se trata de cómo abordamos esta problemática que está principalmente radicada en las plataformas digitales y que ha afectado a distintos países», concluyó.