Este hecho no fue bien recibido por el Gobierno, ya que esta semana se han manifestado en contra de la decisión del juez Héctor Barraza.

La resolución ocurrió una semana después que saliera a la luz que la Fiscalía mantiene abierta una investigación por amenazas de imputados del Tren de Aragua en contra de un grupo de jueces y fiscales.

Por esto, el diputado del Partido por la Democracia, Jaime Araya, anunció que está estudiando una modificación para la Ley 20 mil -que define los delitos y las penas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes- para que pueda precisar la protección de la identidad de los testigos desde los primeros actos de la investigación hasta el juicio oral, e incluso los actos posteriores a la ejecución de la sentencia.

En tanto, la Fiscalía Nacional ordenó la apertura de una investigación contra todos quienes resulten responsables por la divulgación de antecedentes que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias.

Aún así, el diputado de la UDI, Henry Leal, señaló que se debería tipificar este delito y condenar a los jueces y fiscales que difundan este tipo de información, e hizo un llamado a acelerar su proyecto que se encuentra estancado entre los 31 proyectos del fast track legislativo.

Asimismo, el senador Iván Flores presentó un proyecto que es una modificación de la ley antiterrorista, que considera nuevas técnicas especiales de investigación y permite perfeccionar la condición de testigo protegido y de agente encubierto.

Por esto, el parlamentario le hizo un llamado al ministerio del Interior a poner urgencia a estos proyectos y que no les siga mandando respuestas “misceláneas que no van en el sentido que la ciudadanía hoy día pide y el país exige”.

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