El matinal de la estación fue criticado por los usuarios al no hablar de la situación, debido a que comentaban sus canciones favoritas.

Un camarógrafo de TVN habría sido atacado en medio de la cobertura del desalojo de 180 casas en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, donde habría sido golpeado con palos destruyendo partes de su vehículo.

El hecho se observó en medio del matinal Contigo en la Mañana de CHV, cuando, mientras los animadores del espacio, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, le aconsejaban a su equipo alejarse de los desmanes.

Así, la cámara muestra como salen ciertos vehículos de Carabineros para entonces ver un jepp con el vidrio delantero trizado, uno de los espejos laterales totalmente roto y el vidrio de la luneta destruido y fuera de su lugar.

“De TVN, de TVN”, se escucha decir desde el lugar, mientras que en el set Rodríguez y Álvarez trataban de explicar la situación, a la vez que llamaban a su equipo a alejarse del lugar y buscar un espacio seguro.

“Estos prepotentes con palos comenzaron a romper… Este es un compañero de Televisión Nacional al que estos delincuentes le han pegado en un brazo y han destruido los vidrios delanteros y traseros del auto”, explicó Álvarez.

En ese mismo momento, además de mostrar los daños en el vehículo, se aprecia como el profesional toma su brazo, en señal de que lo habían lastimado, a la vez que comienza a revisar su equipo de trabajo.

Asimismo, Rodríguez explicó también la situación que se vive en el lugar, ya que se anunció el desalojo de 180 casas donde, pese a que se informó con anticipación, los ocupantes amenazaron con barricadas y palos a la policía para evitar salir de los inmuebles.

Mientras CHV cubría el suceso, TVN no mostró información al respecto en su matinal, tratando temas lúdicos como canciones favoritas y, en un tono más serio, la situación que vive Plaza Italia. Sin embargo, los usuarios criticaron la nula cobertura del matinal.

Cronología

A las 9:04 de la mañana, Buenos Días a Todos comenzó a informar lo sucedido a las 8 de la mañana, asegurando que su equipo de prensa se encontraba juntando antecedentes de la situación.

Así, los animadores del espacio hablaron con Felipe Jara, periodista que fue parte del equipo agredido.

“Estamos recomponiéndonos de alguna manera de esta situación bien compleja y, por supuesto, con bastante violencia, por parte de estas personas que tenían estos departamentos tomados”, comenzó explicando el profesional.

Asimismo, Jara aseguró que los antisociales “actuaron de manera bastante violenta. Nosotros estábamos acá cuando a las siete de la mañana comenzaron a instalar barricadas en el lugar, cortaron el tránsito”, momentos que no contaron con presencia policial.

“Lamentablemente, nosotros fuimos víctimas de esta violencia con la que actuaron estas personas, que ya fueron desalojadas”, añadió, asegurando que si bien el no resultó con lesiones, “es Marcelo (Retamal), mi compañero y camarógrafo, quien lamentablemente sufrió un golpe con un poste de madera de bastantes grandes dimensiones”.

“Lo golpearon en su brazo derecho, con el que estaba operando nuestra cámara, que quedó inutilizada luego de esta agresión. El vehículo es el que quedó con la destrucción más importante (…) Nos atacaron con palos, con elementos contundentes, con fierros”, narró.

Asimismo, aseguró que momentos después del ataque, Carabineros llegó al lugar.

“Comenzamos el desalojo de seis departamentos ocupados de manera ilegal y arbitraria, previa notificación la semana pasada, por parte de Serviu, para avanzar en este proceso y es un compromiso que hemos hecho con la comunidad, para tener un sector más seguro, con la paz y tranquilidad que las vecinas y vecinos esperan”, detalló el delegado Aqueveque.

Este desalojo es parte de una coordinación de meses, entre Gobierno, Carabineros, Municipalidad de Talca y comunidad, para realizar el procedimiento de la mejor manera, y de esta forma, generar la inhabilitación y regeneración de la Villa Las Américas.

Durante el accionar policial se realizó además el sacado de medidores, escaleras y cierres, entre otros, para evitar que se produzcan nuevas tomas.

El seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández, explicó que éste fue un procedimiento requerido por la ciudadanía, y que estaba pendiente desde hace varios años.

“Como Gobierno, el compromiso es recuperar espacios para vivir de manera segura. Lo que hemos hecho también es la entrega de un acta para la adjudicación de la demolición que comenzará hoy”, destacó.

Además, el titular de la cartera en el Maule sostuvo que la idea es devolver la tranquilidad al lugar, generando nuevos espacios públicos.

“Vamos a trabajar con nuevos proyectos de vivienda dentro del mismo territorio que se va a demoler y comenzaremos la construcción de un parque urbano y que se conectará con el Canal de la Luz y con el circuito de parques que ha desplegado la municipalidad, porque no es sólo viviendas, sino que también que el hábitat sea más justo y seguro”, acotó.

Por su parte, el jefe (s) de la VII Zona de Carabineros, coronel Óscar Muñoz, agregó que este desalojo se realizó con un protocolo de 10 días previos y que el proceso se ha desarrollado de manera tranquila.

“Hubo notificaciones para los ocupantes y tampoco termina hoy, es un proceso paulatino, que debe irse examinando en cuanto a las respuestas de las personas en esta situación anómala, que produce incivilizadas a la convivencia”, expresó.

El lugar ha sido foco de diferentes investigaciones por delitos ocurridos en la ciudad y en Maule y en donde existe un gran número de extranjeros que no se encuentran regularizados en el país, por lo que junto con el desalojo, se realizará además la destrucción de las escaleras y retiro de medidores y conductores que permitan conexión a servicios básicos.

«En en ese procedimiento vamos a desalojar entre 25 y 30 departamentos que tenemos el catastro que están tomados, hay tomas que son transitorias, gente que saben que están los departamentos desocupados y llegan, lo que no nos permite a veces catastrarlos, luego de eso se va a proceder a deshabilitación de los departamentos», explicó el delegado Aqueveque

El proceso ya comenzó y Rodrigo Hernández, seremi de Vivienda, subrayó que hubo una desconexión y descoordinación entre la expropiación de los edificios y su demolición, que dará pasos a dos conjuntos que se van a construir junto a la intervención en el espacio público.

«Es momento que el ministerio de la Vivienda se ponga los pantalones, y tome decisiones complejas pero que requiere para darle movilidad a proyectos urbanos. Hay que tomar decisiones para que las ciudades avancen y hoy día hemos notificado el desalojo de los edificios en toma que serán demolidos», explicó.

Hernández recalcó que no van a retroceder con el avance del proyecto de desarrollo para el norte, y con criterios de seguridad para las familias que tanto lo esperan.

Extranjeros irregulares

En paralelo al proceso de notificación del desalojo, los oficiales policiales lograron identificar en la jornada de este martes, a través de un trabajo de focalización y georreferenciación -en la misma Villa Las Américas- a siete extranjeros, de los cuales, cuatro presentaban su situación irregular, siendo denunciados a las autoridades administrativas.

Los extranjeros fiscalizados manifestaron no tener ningún tipo de identificación nacional, declarando haber ingresado a Chile en forma furtiva, situación que fue corroborada por los oficiales policiales al consultar a los sistemas informáticos.

Con incidentes terminó este lunes una fiscalización y desalojo del comercio ambulante no autorizado en el centro de Temuco, región de La Araucanía, ocasión en la que incluso personas arrojaron merkén a los ojos a personal de Carabineros.

Desde el municipio, afirmaron que continuarán con estos operativos que buscan erradicar el comercio informal en las calles de la ciudad.

Lanzamiento de objetos, interrupciones de tránsito y agresiones a carabineros se registraron durante la tarde de este lunes en la intersección de las calles Bulnes y Montt en el centro de la capital regional, donde inspectores municipales con apoyo de Carabineros llevaron a cabo un operativo para desalojar a los vendedores que no cuentan con permiso para vender en la calle.

Tras la oposición de los vendedores se generaron desordenes y según afirmó afirmó el jefe de la novena zona de Carabineros, general Manuel Cifuentes, hubo agresión a funcionarios policiales.

Desde la Municipalidad de Temuco, el director de Seguridad Ciudadana, Israel Campusano, aseguró que continuarán realizando estos operativos y llamó a la población a no comprar en el comercio informal.

Tras los incidentes no se registraron personas detenidas, mientras que desde Carabineros indicaron que algunos funcionarios resultaron afectados con el lanzamiento de merkén en los ojos por parte de los comerciantes.

Según La Cuarta, en ese momento el concejal lanzó un comentario, relativo a la situación que afecta a decenas de personas, que no gustó del todo al comunicador.

“Tenemos una diferencia interpretativa. Creo que el bien común no puede quedar supeditado al bien particular (…) A mí me hubiese gustado que el Estado se hubiese hecho cargo antes, por ejemplo, de este predio. Y que la tensión que hay hoy hubiese estado cuando este predio era utilizado como vertedero ilegal”, agregó.

La molestia de Neme fue evidente: “Bueno, concejal, le voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar. Para usted, como el bien común está por sobre todo, ponga el patio de su casa”.

Por lo anterior, la respuesta del político no se hizo esperar: “Es que no tiene ningún sentido lo que usted me dice. Es una analogía que no corresponde”.

Aún molesto, el periodista espetó: “Para el dueño del terreno tampoco tiene sentido lo que usted dice”.

“Mire, yo lo respeto y lo que estamos haciendo aquí es coordinar, justamente, para poder encontrar una resolución a este conflicto en el pleno de la negociación”, cerró el concejal.

El desalojo lo concreto Carabineros en la vivienda fiscal ubicada en calle Los Prunos, en La Reina, por orden del Ministerio de Bienes Nacionales. Allí habitaba una pareja de adultos mayores, uno de ellos exseremi, por casi 50 años.

Según un comunicado de la cartera, el matrimonio habitaba el inmueble desde 1973 y debían dejar la propiedad, ya que la justicia determinó en agosto de 2021 que eran “ocupantes ilegales”.

Por su parte, el ministerio señaló que se otorgaron diversas prórrogas para que los habitantes pudieran dejar el lugar, la última el 4 de julio pasado, donde se comprometieron a irse en 30 días. Como no ocurrió, hoy se concretó el desalojo.

Desde 1973

Entre tanto, Bienes Nacional explicó que el inmueble tiene 833 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de más de $230 millones, donde habitaba Manuel Miranda y su esposa. Él ejerció como funcionario y luego como seremi de Bienes Nacionales entre 1992 y 1994.

El domicilio lo ocupan desde 1973, arrendándolo hasta 1980. Tres años después, el Estado ofreció que comprara la propiedad, lo que no se concretó.

“De esta manera, siguieron viviendo gratis hasta 1991, cuando se firmó un nuevo contrato de arriendo con la señora María Teresita Araya como titular. Sin embargo, este arrendamiento solo fue pagado hasta el año 1992. A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron pagadas hasta el año 2004″, agregó el ministerio.

Fue así como la situación llegó a tribunales, donde se rechazó la defensa de los habitantes del domicilio. “Si bien se han otorgado diversas oportunidades y nuevos plazos para la restitución voluntaria, esta nunca ha sido cumplida, no dejando más opción que el desalojo concretado el día de hoy”, aseguró Bienes Nacionales.

Además, agregaron que Araya y su esposa “se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes en esta materia”.

“Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee”, agregaron.

Hasta el lugar acudieron funcionarios municipales, Seguridad Municipal, Inspectores, Carabineros, y Policía de Investigaciones con el fin de hacer la notificación correspondiente a los locatarios para su desalojo y retiro de la mercadería.

Desde la Municipalidad, informaron que son cinco patios los que funcionan dentro del Parque Industrial, y solamente el número dos presenta este inconveniente.

Al respecto, Grace Salazar, directora del departamento Jurídico Municipal de Talca, detalló que el resto de los patios cumplen a cabalidad con los permisos correspondientes al comercio establecido.

«El patio dos es un bien productivo municipal que forma parte del Parque Industrial. Está compuesto por cinco patios, cuatro de ellos funcionan racionalmente y se pagan conforme a la ordenanza los permisos municipales», detalló.

Añadió que, «en el caso del patio dos, este se encuentra de forma irregular desde hace varios años, los ocupantes ilegales no han querido pagar permisos municipales, por lo que haciendo uso de las facultades que tiene el alcalde, ordenó el cierre y la clausura del lugar», explicó.

Por los motivos expuestos, este patio no puede seguir en funcionamiento, es por ello que los ocupantes fueron llamados a desalojar el lugar de forma pacífica.

«Un grupo minoritario se opuso y se van a tomar las medidas por el administrador los próximos días. Todos los otros patios funcionan normal, con gente que trabaja y paga permisos de forma honesta y en perjuicio de ellos tenemos que mantener este patio, servicios básicos y otras cosas por gente que no paga», enfatizó.

Salazar explicó que con esta medida se busca formalizar a los locatarios para que puedan seguir sus funciones de manera regular.

«Mucha gente inclusive que estaba en situación irregular se ha acercado al municipio porque quieren trabajar de forma regular, la gente honesta siempre quiere pagar su impuesto y quiere ejercer labores productivas como corresponde, pero lamentablemente hay un grupo de personas -desconocemos cuáles son sus motivaciones-, que pretenden hacer suyo un bien municipal y eso legalmente no corresponde», cuestionó.

Explicó que el bien productivo volvió a la administración municipal en junio del año 2020, pero debido a la pandemia -y otras cosas- se había demorado el desalojo, el que llega tras intentos fallidos de conversaciones donde no se lograron concretar soluciones.

Finalmente explicó, que existe un decreto de desalojo del bien municipal productivo, y en estos casos, si no funcionan regularmente se debe clausurar.

Por su parte, el representante de los trabajadores -quien al momento fue informado del desalojo-, aseguró que no estaba dispuesto a ese tipo de diálogos, por lo que espera una sentencia para el desalojo, según informó la directora del departamento Jurídico de la Municipalidad de Talca.

Para Mitzy Vilos, presidenta del gremio, en Constitución existen dos categorías de desalojo en primera y segunda categoría.

«Las tomas VIP de primera y segunda categoría, o sea que nosotros estamos con un posible desalojo inminente en nuestro lugar de trabajo, no están siendo equitativas las partes acá con las tomas VIP, la gente humilde como nosotros los están sacando de nuestro lugar de trabajo. Para nosotros no hay tribuna, ni siquiera podemos salir a la opinión pública por eso queremos que sea justo para todos, aquí estamos con este desalojo dónde van a quedar de 200 a 300 personas sin trabajo», expresó.

Desde el municipio reaccionó el concejal de la comuna, Rodrigo Veloso, el cual indicó que «se han decretado dos desalojos los cuales en primera instancia funcionaron pero con el correr de los días nuevamente siguen instalados y viviendo en el lugar, posteriormente se decretó un decreto de demolición por parte del alcalde qué es el único qué tiene las atribuciones para poder firmar este tipo de decreto», señaló.

El nuevo conflicto social que acompaña al alcalde de la comuna, Fabián Pérez, quien aún no concreta el proceso de demolición de las viviendas VIP de Constitución y que mantiene bajo amenaza a las familias de las cocineras de la primera playa de Constitución.