Cabe recordar que a ambos se les imputan tres delitos de fraude al fisco, tras los polémicos convenios por $426 millones para realizar proyectos en campamentos de la región.

Todo comenzó el pasado 16 de junio, cuando el medio Timeline reveló que la Seremi de Vivienda de Antofagasta traspasó esta millonaria cifra a Democracia Viva en 2022.

Contreras y Andrade estaban relacionados por dos factores: ambos eran militantes de Revolución Democrática y mantenían una relación con la diputada Catalina Pérez.

Mientras que el primero fue jefe de gabinete de la parlamentaria durante su primer paso por el Congreso, el segundo era su entonces pareja.

Tras conocerse el caso. Tras conocerse el caso, ambos imputados fueron expulsados de RD, mientras que Pérez fue suspendida hasta que se aclare su participación.

Días después de la publicación, la Fiscalía Regional de Antofagasta comenzó una investigación de oficio y el pasado miércoles se detuvo tanto a Carlos Contreras como a Daniel Andrade.

Este jueves se concretó la primera jornada de la audiencia de formalización en contra de ambos y el Ministerio Público pidió la medida cautelar de prisión preventiva.

Finalmente, esto fue acogido por el Juzgado de Garantía de Antofagasta y los imputados deberán ingresar a la cárcel mientras dure el plazo de investigación.

Recordemos que, el primero descartó el “rumor” informado en la comisión investigadora de la Cámara y aseguró que Presidencia recibió un informe de Democracia Viva el 7 de junio, el segundo lo descartó.

“Crispi asistió a la Comisión Investigadora sobre el Caso Convenios (…) su presentación se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado”, indicó la defensa en una declaración.

Según consignó La Segunda, dicho informe -que hoy es parte de la carpeta investigativa- se envió el 18 de mayo a la exsubsecretaria Tatiana Rojas y al jefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado.

El documento, enviado a raíz de una denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta, contempla -según Contreras- problemas en la gestión del programa que detectó al asumir el cargo en 2022.

Además argumenta la incorporación de otras fundaciones, instancia en la que ingresó Democracia Viva y otras fundaciones investigadas, pero omitió su relación con Daniel Andrade y con la diputada Catalina Pérez.

Posteriormente, el 5 de junio -a más de una semana de que se conociera el caso de Democracia Viva- Ricardo Trincado emitió un documento dirigido a la exsubsecretaria Rojas, quien salió de su cargo tras indicar que no había informado de las irregularidades.

Entre las conclusiones de Trincado destaca que no observa “incumplimientos graves”, sino “una actuación proactiva del seremi en corregir las deficiencias”.

Asimismo, ante las “debilidades” en el Programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta se incluyeron recomendaciones y compromisos.

Igualmente, se consideran las advertencias del exseremi sobre la fiscalización de convenios.

Además de la proactividad, Trincado concluye que “se debe monitorear los compromisos derivados de la auditoría realizada y solicitar informe específico en el caso de convenio con Fundación Democracia Viva”.

Agregando que, además, en el programa regional y nacional se debe hacer “un ajuste “en materias de contratación de personal externo y suscripción de convenios con instituciones que serán impulsadas por el nivel Central del Programa”.

En cuanto a la relación entre el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, el militante PS aseguró que en el caso Democracia Viva “se recomienda solicitar un informe legal al área jurídica de la Seremi de Antofagasta”.

Por su parte, este viernes, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo indicaron que el informe emitido por Ricardo Trincado “concluye que existen irregulares administrativas que están siendo abordadas desde la región, en el marco del seguimiento de la Auditoría Regional y que se debe acompañar desde nivel central para subsanar las observaciones”.

“Asimismo, que, respecto de la situación de Democracia Viva se requiere un análisis jurídico del convenio suscrito. Esta situación, por estar vinculada a un programa del Ministerio, fue puesta en conocimiento de la subsecretaria, quien es la jefa del Servicio y no del ministro Montes”.

Finalmente, concluyen que “una vez conocido el caso por la opinión pública, el propio ministro le solicitó que participara en la clarificación de los hechos y en la construcción de alternativas de solución. Cabe señalar que por este hecho en particular existe un sumario en curso”.

De esta manera, el 11 de agosto ante el Ministerio Público, el secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), el abogado Edson Dettoni, abrió una puerta, hasta ahora, desconocida en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta, en relación a los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta: lo que sabía de estos negocios, la diputada Catalina Pérez (RD,) expareja del represente legal de la ONG, Daniel Andrade.

Dettoni, en la declaración a la que tuvo acceso La Tercera, relató a los fiscales que “nos enteramos por Carlos Contreras y Andrade que los convenios eran 3 por una suma de 400 millones, surgiendo la preocupación de ambos por un flanco comunicacional que se abría, Andrade estaba muy arrepentido mientras que Contreras se trataba de justificar que estaba todo legal y en regla, que se hacía siempre desde el 2019, es decir, estos tratos directos con Fundaciones. Se les consultó tres cosas, la primera si Catalina Pérez sabía de antes? Nos dicen que no, eso lo dice su jefa de Gabinete”.

El caso estalló el 16 de junio, donde el medio regional Timeline reveló los traspasos por $426 millones desde la Seremi a Democracia Viva. “No tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, exfuncionarios de la administración del Estado”, dijo tres días después del escándalo. Su versión sería sostenida en el partido por Conteras -exseremi de Vivienda de Antofagasta- y Andrade.

Sin embargo, según declaró Dettoni, él no creyó esta versión y el 21 de junio comenzaría a confirmar sus dudas. “Ese día me enteré que Catalina sabía de los convenios, por lo menos, entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalu Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores que había sido parte de Democracia Viva, le había alertado a Romina Neumann sobre la existencia de estos convenios”, testificó. Seis días después lo confirmaría.

“El 27 de junio de 2023 me enteré que Catalina Pérez sabía de la existencia de los convenios con Democracia Viva desde el año pasado, dado que un militante de nombre Pablo Espinoza Espinoza me contó que ya otra militante Paz Fuica, concejala de Antofagasta había puesto una alerta respecto a que se veía feo estos convenios, lo que supone que este tema lo manejan en la región por el partido, lo que implica que naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió sobre esto nuevamente. Conversé al día siguiente con Llanquiray Díaz, militante del partido y además ex asesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema”, expuso Dettoni a los persecutores.

“Del total de recursos de Democracia Viva, que son 426 millones, hay comprobado por parte de ellos una parte que hicieron obra efectivamente, otra parte que tenían en su cuenta corriente y ahí se embargó y esos 294 millones están en manos del Poder Judicial”, aclaró el ministro Montes.

“Faltan 92 millones que recuperar creo que son, y el Consejo de Defensa del Estado se querelló para recuperarlos. No es verdad que no se vayan a recuperar”, insistó.

Luego de que la Contraloría entregara su informe sobre el Caso Democracia Viva, el que arrojó que existió corrupción en el convenio que involucró a militantes del Partido Revolución Democrática, el contralor Bermúdez descartó que fuese posible recuperar ese dinero.

Montes, además de cuestionar los dichos de Bermúdez, valoró el informe presentado por la Contraloría y aseguró que va en la misma línea de la investigación que ellos iniciaron como Ministerio de Vivienda cuando se conoció el caso.

“El informe de la Contraloría nos parece muy clarificador y muy en la línea de lo que veníamos diagnosticando previamente”, aseguró Montes.

“Creemos que en pocos días más vamos a poder entregar el informe que nos solicitó Contraloría. Ahí están los 16 hallazgos principales que detectamos, que coinciden con las que tiene la Contraloría. Estamos en la misma sintonía, caminando con los mismos objetivos”, agregó.

“No voy a renunciar”

Pese a las solicitudes de la oposición luego que se conociera el informe de Contraloría, Montes aseguró que las responsabilidades políticas del caso ya se pagaron y descartó presentar su renuncia.

“Es el típico debate. El ministro tiene que ver con las orientaciones políticas y hay otro conjunto de estructuras que tiene que ver con la operación misma. En todo caso eso tiene que ver con el Presidente, pero yo no voy a renunciar”, declaró.

Fue durante el pasado 27 de julio que el CDE solicitó al Primer Juzgado Civil de Antofagasta que se decretara la medida prejudicial precautoria de retención de dineros depositados en la cuenta bancaria de la Fundación Democracia Viva, representada por el presidente de su directorio, Daniel Andrade.

Con dicha medida, el CDE solicitaba que la retención de bienes se hiciera efectiva sin previa audiencia o notificación de dicha fundación, basándose en un cúmulo de antecedentes que constituían motivos graves y calificados que solicitaba sostener la existencia de un riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir el dinero al Fisco.

Lo anterior a raíz del incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Fundación Democracia Viva por tres convenios celebrados con la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la Región de Antofagasta, mediante los cuales se transfirieron $462 millones para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en campamentos.

Sin embargo, debido al término anticipado de los convenios, la Fundación Democracia Viva se encuentra en la obligación de restituir montos no rendidos.

Caso Fundaciones: Boric valora acción del CDE contra Democracia Viva

Este viernes, a través de Twitter, el Presidente Gabriel Boric valoró lo realizado por el CDE hace casi un mes, señalando que «el Estado través de su Consejo de Defensa, interpone acciones contra Fundación Democracia Viva».

«Es lo que corresponde. Nada de perdonazos ni meter la basura bajo la alfombra», comentó.

“El plazo, recuerden que se contabiliza desde el momento de la notificación. Hay dos aspectos que son relevantes. El 14 de julio, el día siguiente que se dicta la resolución, la Seremía de Vivienda requirió al Consejo de Defensa del Estado, en una gestión reservada, la solicitud de una medida prejudicial precautoria, con el propósito de que los fondos que estaban en las cuentas corrientes de Democracia Viva quedaran, tuvieran prohibición de celebrar actos de contrato, en consecuencia también fueran reintegrados”, precisó el secretario de Estado.

Así también explicó que “esa resolución fue favorable al Fisco, representado por el Consejo, esa medida se decretó y los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del tribunal. Anticipando que esto podía suceder, se requirió esa medida, el Consejo de Defensa del Estado en los próximos días interpondrá la acción civil respectiva”.

“Si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras, así que en eso, el resguardo, como ha dicho el ministro Montes, del último peso transferido será, si no lo hacen convenientemente, bueno con las acciones civiles y penales que correspondan”, detalló Cordero.

Caso Convenios

Respecto a la confirmación que hizo el fiscal Eugenio Campos, director de Anticorrupción de Fiscalía, sobre que hay 47 fundaciones que presentan patrones comunes, el ministro dijo que esto “forma parte de la de la estrategia de investigación que desde el principio señalizó el fiscal nacional, Ángel Valencia, tratar de encontrar patrones comunes y esos patrones son los que está arrojando la investigación que se está desarrollando en distintas regiones del país, que tiene que ver con la fecha de Constitución, con las características de ese tipo de fundaciones, con el tipo de fondos de los cuales postulaban”.

“Todos los antecedentes lo hemos ido entregando al Ministerio Público, a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda”, indicó Cordero.

En esta línea, el secretario de Estado explicó que “hay dos cosas que nosotros hemos querido transmitir. Lo primero tiene que ver con que acá se han detectado irregularidades por parte de un grupo de personas que se han aprovechado de cierto marco de vulnerabilidad normativa que tenía nuestro sistema institucional”.

“Pero la gran mayoría de las fundaciones que reciben fondos públicos cumplen los objetivos para los cuales esa transferencia está realizada”, recalcó el ministro de Justicia.

Gobiernos regionales

En cuanto al caso de los gobiernos regionales, Cordero cree “que también es otro aspecto que es relevante, aunque no tiene que ver con gobierno central, donde hoy día tenemos focalizada la investigación en algunos gobiernos regionales, producto de esas transferencias”.

“Creo que tampoco hay que olvidar que existe una gran cantidad de gobiernos regionales que no tiene problema y que ha hecho un uso responsable de las transferencias y las fundaciones a las cuales han sido esos recursos destinados. No se han prestado para ningún tipo de irregularidad. Mirar el vaso medio lleno también es relevante en un contexto donde pareciera que exclusivamente nos focalizamos en los aspectos negativos“, manifestó el ministro.

Al preguntarle por las declaraciones del contralor Bermúdez, quien dijo que había autorizado los gobernadores regionales asignar fondos por tratos directos inferiores a 7000 UTM, sin aprobación del Consejo Regional, Cordero indicó que “es una nota de prensa que aparece un dictamen de Contraloría. Les quiero recordar que de conformidad a la ley bajo 7000 UTM, es posible que el gobernador pueda adoptar esas decisiones”.

“Algunos gobiernos regionales, como el Gobierno de los Ríos, lo que hace es que cualquiera sea la transferencia, igualmente requiere el acuerdo del Consejo. Y eso se refiere a un dictamen de la Contraloría sobre bajo ese monto. Además, permitir la asignación directa cuando el Gobierno en esto tiene una opinión sobre el rol autónomo que tiene la Contraloría y la Contraloría, entre otras cosas, ha estado haciendo recomendaciones sobre los mecanismos de transferencia”, añadió el secretario de Estado.

Cordero dijo que “el contralor ha hecho un sinnúmero de recomendaciones. El Gobierno el viernes anunció su agenda de probidad y modernización del Estado, donde varias de las recomendaciones del contralor han sido incorporadas”.

Así lo señaló en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana, donde aseveró que no se ha robado “ni un solo peso”, sino que todos los fondos “se han ocupado para lo que el convenio se le asignó”.

En ese sentido, arremetió contra La Moneda, apuntando a que “si el Gobierno cree que es corrupción, sería bueno que se ingresara alguna normativa o proyecto de ley que justifique eso, porque o si no todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas, que se relacionen con el Estado pueden ser indicados como corruptos cuando se han apegado a la Ley”.

Asimismo, detalló que fue el ahora exseremi del Ministerio de Vivienda (Minvu), Carlos Contreras, quien lo contactó para echar a andar el cuestionado proyecto, porque “hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores”.

“El seremi me contacta a mí”, sentenció Andrade en la conversación con Montserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

“Yo no debí acceder a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción, pero se me dijo que así funcionaba y que estaba en regla y así lo hacían otras fundaciones. Es un modus operandi de todas las fundaciones y que está desde gobiernos anteriores en los convenios”, sentenció.

Incluso, aseveró que “nunca nos pidieron una boleta de garantía”. De todas maneras, se mostró dispuesto a devolver parte de los recursos, cuestionando eso sí el monto que le exigió el ministro Carlos Montes, apuntando a que lo que se ejecutó fue tutelado por el Serviu.

“Mirándolo en retrospectiva, jamás habría firmado esos convenios”, reconoció, admitiendo que fue “imprudente” y que lo hizo por su “inexperiencia”.

“Actué con exceso de confianza y seguridad, y fui imprudente en firmar ese convenio. Ese es el gran problema del que yo me hago responsable. Hago una autocrítica y estoy acá para dar cara y decir que cometí un error. Pero también para decir que esto está dentro del marco legal, porque también se ha dicho que yo me robé esta plata, que me la fumé y no fue así”, señaló.

En esa línea, aseguró que el escándalo también tuvo consecuencias, criticando de paso a los medios de comunicación. “Me trataron como un líder criminal”, dijo.

“Fue un error gigante por el daño que ha provocado a gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez. He tenido crisis de angustia, sentía que me moría”, lamentó Andrade.

“No vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyan y se destinen para mejorar las condiciones de vida de los campamentos”, dijo Montes.

El reintegro correspondía a las partes no ejecutadas de los 3 convenios —por un total de $426 millones—, suscritos con Democracia Viva en 2022.

En los documentos presentados el viernes, el presidente de la fundación Daniel Andrade (ex RD) planteó que no se consideraron las rendiciones de febrero en adelante, por lo que les pedían reintegrar un monto mayor al que debían devolver.

Aseguró que se vulneró la “justicia contractual” y el principio de igualdad ante la ley, por lo que pidió realizar un proceso administrativo adecuado.

En la declaración, la fundación afirmó que el Ministerio de Vivienda “ha dado a entender que no estamos disponibles a devolver el dinero, eso no es así.

Estamos en proceso administrativo de determinación de cuál es el monto que debemos devolver.

Para eso hemos ingresado un recurso para que se considere el presupuesto realmente ejecutado y rendido”.

A esto añadieron que “una correcta revisión a nuestro parecer, de las rendiciones de nuestros trabajos a junio de este año, establece que el monto a devolver sería de $294.384.230”.

Adjuntaron a la declaración el pantallazo de una cartola de una cuenta corriente en Banco Estado que mostraba un saldo total de $294.957.312 a las 6:45 pm del martes 25.

Es decir, casi $97 millones menos de los que la Seremi les pide devolver.Los argumentos dados por Andrade.

“Vengo en impetrar (solicitar con ahínco) recurso de reposición y jerárquico en subsidio, deducido en el primer otrosí de esta presentación, en contra de la Resolución N°299 de fecha 14 de Julio de 2023, emitida por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, consistentes en 3 recursos de reposición por cada uno de los convenios suscritos entre la fundación que encabeza y la repartición pública”, consignó el primero de los 3 documentos presentados por Andrade.

A continuación, los detalles de su argumentación.

Transferencia de $200 millones. “En virtud del convenio referido en el numeral anterior y de la ya citada Resolución Exenta N°504 de 2022 de Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, con fecha 17 de octubre de 2022 se realizó la transferencia a la Fundación Democracia Viva de la suma de $200.000.000”.

Término anticipado. “Con fecha 10 de Julio de 2023, mediante la Resolución Exenta N°279 se dispuso el término anticipado del convenio en comento, ordenando la liquidación del mismo, debiendo determinarse el monto a restituir por parte de la fundación”.

Devolución de $171 millones. “En consecuencia, con fecha 14 de Julio de 2023, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta emite el acto recurrido, Resolución Exenta N°299, mediante el cual se aprueba el acta de liquidación por término anticipado del convenio, disponiendo además la restitución, en un plazo máximo de 30 días, de la suma de $171.481.839”.

Diferencia de monto. “Según consta del acta de liquidación de fecha 14 de Julio de 2023, la Fundación que represento efectúo mensualmente las rendiciones correspondientes desde el inicio de la ejecución del proyecto, esto es desde el mes de octubre de 2022 hasta el mes de mayo de 2023. Sin embargo, según consta en el mismo documento en referencia las rendiciones realizadas de febrero, marzo, abril y mayo de 2023 fueron observadas, por lo que los montos allí consignados no han sido considerados en el monto total gastado y rendido del proyecto”.

Justicia contractual. “Evidente es la necesidad de existencia de reglas claras en el proceso de suscripción del convenio, de igual modo en la interpretación, aplicación y ejecución de éste, a fin de que sean razonables y respondan a criterios de buena fe y justicia contractual que, en este caso, manifiestamente, se han vulnerado”.

Panorama general. Los 3 convenios —por un total de $426 millones— son los que dieron origen al denominado caso Democracia Viva y que repercutió en investigaciones que actualmente se extienden por 9 regiones, involucrando a diferentes fundaciones.

En este caso se indaga el eventual fraude al fisco ocurrido en los traspasos autorizados por el entonces seremi de Vivienda Carlos Contreras a la fundación liderada por Andrade, en circunstancias de que ambos militaban en Revolución Democrática (RD) y tenían cercanía con la diputada Catalina Pérez.

El primero fue su asesor y Andrade era entonces su pareja.Mientras RD suspendió la militancia de Pérez, tanto Andrade como Contreras fueron expulsados del partido (Andrade había comunicado antes su renuncia).

Según informó la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, el viernes 21 de julio, Democracia Viva interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico, “el cual está siendo analizado por la autoridad regional para determinar los méritos del mismo”.

El Minvu de Antofagasta explicó que en el escrito presentado, la Fundación presenta su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios, “alegaciones que serán evaluadas dentro del contexto de estos recursos”.

Cabe señalar que “el recurso de reposición no suspende el acto”, detalló el Minvu.

Es decir que siguen corriendo los 30 días que interpuso la cartera para que la fundación reingrese el 92% de los fondos que se le entregaron, es decir 391 millones 768 mil 516 pesos.

Sin embargo, Democracia Viva solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el mismo escrito.

“Como ha señalado el ministro Carlos Montes, el Ministerio de Vivienda insistirá, dentro de lo que permita la ley, que se deben devolver los recursos entregados”, aseguraron desde la cartera.

“Lo que nosotros podemos informar es que la Seremi de Antofagasta ha dictado una resolución el día lunes, que le ha sido comunicada a Democracia Viva para efecto de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “en esa resolución no solo se pone término al convenio, sino que además se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato, la que se debe realizar en los próximos cinco días”.

“Esto fue dictado el lunes, y Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales”, complementó.

Al ser consultado sobre si estos montos deberán ser pagados en cuotas o de forma inmediata, el secretario de Estado aclaró que “la obligación que tiene de acuerdo a lo establecido en la resolución de la Seremi, en la liquidación del contrato y la devolución en el plazo de 30 días, no hay consideraciones adicionales para esa devolución”.

«Cinco días para la liquidación, 30 días para la devolución», precisó.