A lo anterior se suma que Daniel Andrade, representante de la cuestionada fundación Democracia Viva, emitió en el año 2021 una boleta de honorarios a la campaña de la autoridad regional.

«Cuando existen dudas respecto a los temas de corrupción, hay que ser implacable. Y eso lo que quiere decir es transparencia absoluta», sostuvo la delegada.

En ese sentido, aseguró que «lo que yo he hecho en todas las instancias, es justamente entregar toda la información que tengo disponible, ponerla sobre la mesa. En ese sentido, nosotros mismos hemos instruido a todos los seremis y a todos los servicios de la región que levanten todos los convenios que hayan tenido, sean por trato directo o no, con fundaciones, con corporaciones, con ONGs, desde el 2018».

«Toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes… Acá no hay nada que se haya hecho fuera de la ley, fuera de las normas», aseguró.

Dresdner también figura dentro de los nombres a los cuales RD solicitó a la justicia obtener una declaración, mediante una querella.

«Yo he hablado con mi partido directamente, le he entregado la información a mi partido, y en la querella lo que se me pide es que vuelva a entregar estos antecedentes a Fiscalía, y es algo en lo que estoy absolutamente disponible», aclaró.

Finalmente, recalcó que «acá yo estoy por un mandato del Presidente, que es un mandato de poder estar con la ciudadanía y resolver sus problemas, y lo voy a seguir haciendo mientras esté en este cargo».

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se sumó al respaldo del Presidente Gabriel Boric a la delegada presidencial, y aseguró que «el compromiso del Presidente en materia de garantizar probidad al país es total, y segundo el compromiso de ser severo en materia de falta a la probidad también», aseveró.

En esa línea, aseguró que «si alguien, cualquier autoridad, cualquier ciudadano, considera que tiene antecedentes serios, que implican una falta de la probidad, o que eventualmente implican que se haya cometido un delito… tiene que formalizarla y será investigada».

«Y desde esa perspectiva, creo que las relaciones laborales que una persona haya tenido en el pasado o las relaciones personales que una persona haya tenido en el pasado no constituyen per se ni una falta de la probidad ni un delito», añadió.

En cuanto a las críticas de los parlamentarios, respondió que «si hay un senador de la República, justamente por la envergadura del cargo que tiene, que considera que tiene algún antecedente de un hecho que sea una falta administrativa o una falta de la probidad grave, estoy disponible que formalmente me la presente, y obviamente respecto a eso va a haber una investigación. Hasta ahora eso yo no lo he recibido», finalizó.

En paralelo a este plan, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Carabineros puso en marcha un protocolo a raíz de un “narco-funeral” o funeral de alto riesgo de un lanza internacional lo que hizo que el municipio suspendiera las clases en los colegios de la zona.

Es por lo anterior, que la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, en conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, detalló las acciones y puntualizó que no se puede normalizar este tipo de situaciones.

Consultada por si los “narco-funerales” tienen permiso para ser realizados, la delegada argumentó que no, y que estos sí tienen una activación de protocolo llevado a cabo por Carabineros.

“Está protocolizado, podemos acordar, es que no puede ser que en un país se naturalice que narcotraficantes puedan determinar el calendario escolar, es inaceptable es cualquier democracia, y hay que evitarlo a toda costa”, dijo Martínez.

Nuevamente la delegada presidencial de Los Ríos, Carla Peña, está envuelta en una polémica. Esta vez porque el Ministerio de Vivienda le asignó un subsidio de arriendo en 2022.

La militante del Partido Comunista aseguró que no utilizó el beneficio.

En la resolución exenta con fecha del 15 de marzo del 2022, se indica que la autoridad obtuvo la asignación del dinero para costear parte de la renta de un inmueble.

Un hecho que fue consultado de manera directa a la delegada presidencial, Carla Peña, quien reconoció haber recibido un subsidio de arriendo al que postuló tras el incendio que destruyó su vivienda.

Solicitud que, aseveró, hizo cuando trabajaba como independiente.

De acuerdo a la autoridad, al momento de presentar los antecedentes se encontraba dentro del 70% más vulnerable del Registro Social de Hogares, correspondiente a uno de los requisitos para acceder al beneficio.

Además el subsidio fue concedido cuatro días después que Gabriel Boric asumiera la presidencia.

La delegada Peña aseguró que nunca utilizó los dineros públicos, ya que en ese momento su situación económica había mejorado, asegurando que renunció a la asignación del Ministerio de Vivienda.

Finalmente, la autoridad, detalló que al momento de recibir el beneficio todavía no era parte del Gobierno, ya que fue el 27 de abril del 2022 cuando asumió como seremi de Minería de Los Ríos.