Recordemos que la senadora fue una de las víctimas más simbólicas de las violaciones a los derechos humanos, ya que perdió los sentidos de la vista, el gusto y el olfato producto del impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros mientras esperaba un bus del transantiago en San Bernardo.

“Ante las declaraciones del fiscal nacional de que en Chile no hubo violaciones a los derechos humanos, yo no sé en qué lugar está viviendo el fiscal nacional, ni en qué tiempo él está. Porque en Chile hubo violaciones a los derechos humanos y yo soy una víctima de ello”, expresó Campillai.

“Me pregunto cómo tendremos justicia ante un fiscal que es negacionista, al igual que los sectores de derecha”, añadió.

Minutos antes, el fiscal Valencia se había referido a los distintos hechos de violencia que se produjeron en el contexto de manifestaciones durante el estallido social y aseguró que sí hubo violación a los derechos humanos, pero dijo no tener información para decir que fueron sistemáticas.

“Hay varias querellas que se presentaron para que investigaremos acciones de esa naturaleza y esas investigaciones están en curso (…) hemos detectado hechos que revestirían carácter de violación a los derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que permitan atribuirle el carácter ‘sistemático’, aunque esas investigaciones se encuentran todavía abiertas”, dijo Valencia.

Pese a estos dichos, fue la misma Fiscalía Nacional quien entregó los datos de casos de violación a los derechos humanos en Chile durante la revuelta social, cuando se cumplen cuatro años del 18 de octubre que dio inicio a las protestas.

Según los datos del Ministerio Público, se denunciaron 8.508 casos de violencia institucional, aunque solo se han logrado 31 condenas.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al hallazgo de osamentas humanas en una oficina del Programa de Derechos Humanos, ubicada en avenida Agustinas, en la comuna de Santiago.

Según las primeras informaciones, una funcionaria de una empresa externa de aseo halló los restos al interior de un contenedor de alimentos, ante esto se activaron los protocolos y se comunicaron con la Policía de Investigaciones (PDI).

Los policías confirmaron que los hallazgos existentes se trataban de osamentas humanas, por lo que se alertó de este hecho al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Al respecto, Cordero señaló que los restos fueron encontrados “como si fuera en un pote de mantequilla que estaba encima de un escritorio que tiene muy poco uso”.

Asimismo, informó que se activó inmediatamente el “protocolo de hallazgo de osamentas, se comunicó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, se comunicó al ministro Mario Carroza, y se han puesto los antecedentes a los jueces de dedicación exclusiva”.

Además, aclaró que esta situación se dio a conocer tras “previa comunicación con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, porque es una información sensible”.

Subsecretaría de DDHH inició sumario administrativo tras hallazgo de osamentas

El titular de Justicia afirmó que a raíz de esto se incluyó un sumario administrativo “con el propósito de indagar las consideraciones administrativas del funcionamiento de esa dependencia en particular”.

En esa línea, recalcó que “el Programa de DD.HH. no es una institución que reciba piezas de estas características, no existen antecedentes de ese medio que se encontró en ese lugar”.

En la misiva, los distintos firmantes reconocieron que muchas de sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos“. Sin embargo, mencionan que fue en el cumplimiento de sus deberes y en la forma “como lo entendíamos en esa época”.

“Ello fue reflejo de la formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no su justificación”, agregaron los oficiales del Ejército y otras instituciones de las Fuerzas Armadas.

En esta línea, manifestaron su congoja por los suboficiales, soldados conscriptos y empleados, a quienes catalogaron como el eslabón “más bajo y débil” de la cadena de mando, cuyo “único futuro es terminar sus días en prisión por cumplir órdenes de sus mandos“.

“Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes (…). Venimos a asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que (…) no han tenido la grandeza de hacerse cargos de las órdenes que impartieron”, agregaron.

Por todo lo anterior, solicitaron las medidas necesarias, jurídicas y administrativas, para que los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles “puedan volver a estar junto a sus seres queridos“.

Algunos de los participantes ya en la Casa de la Memoria y Derechos Humanos, ubicada en la calle Pérez Rosales -inmueble que fue uno de los centros de Tortura de la CNI durante la dictadura cívico-militar- sintieron un fuerte golpe afuera del recinto. Al salir, se percataron de la presencia de las heces apiladas en un montículo, en donde desconocidos instalaron en su cima uno de los claveles rojos que pusieron las mujeres en las rejas del inmueble. Los desechos fueron retirados en dos bolsas medianas de basura.

Para la secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Torturados Políticos en Valdivia, Daniela Morales, lo ocurrido fue un acto malicioso en una fecha conmemorativa, con el claro fin de molestar, llamando a la sociedad y a las autoridades a propiciar que la conmemoración de sus familiares se haga sin disturbios.

“Ya estamos en la conmemoración de los 50 años del Golpe Cívico Militar. Son 50 años de lucha también que hemos dado las agrupaciones. Entonces, es algo que para algunos sectores molesta y pedimos que se ponga el ojo necesario para poder desarrollar estas actividades sin mayor disturbio. Queremos conmemorar a nuestros familiares”, dijo.

Este hecho fue denunciado a Carabineros. En las inmediaciones hay al menos una cámara de seguridad que habría registrado todo lo ocurrido.

La presentación de la batería de proyectos de ley había sido confirmada ayer por la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC). Y así fue como pasada las 8.30 horas, el ministro Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Carolina Arredondo (Culturas) se reunieron con agrupaciones de DD.HH. y parlamentarios para informar sobre la agenda legislativa del gobierno, ad portas de la conmemoración de las cinco décadas del Golpe militar.

La presentación del proyecto tuvo lugar en el Parque Cultural Valparaíso -emplazado en el Cerro Cárcel- y además contó con la presencia de la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, y del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina.

A solo seis días para un nuevo 11 de septiembre, donde se cumplirán 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, el gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó una agenda legislativa en Derechos Humanos que incluye iniciativas para avanzar en materias como verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.

La presentación de la batería de proyectos de ley había sido confirmada ayer por la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC). Y así fue como pasada las 8.30 horas, el ministro Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Carolina Arredondo (Culturas) se reunieron con agrupaciones de DD.HH. y parlamentarios para informar sobre la agenda legislativa del gobierno, ad portas de la conmemoración de las cinco décadas del Golpe militar.

La presentación del proyecto tuvo lugar en el Parque Cultural Valparaíso -emplazado en el Cerro Cárcel- y además contó con la presencia de la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, y del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina.

“Lo primera es habilitar esa norma para que el Plan Nacional de Búsqueda tenga el mismo acceso a esa información que tiene el INDH, y para ver si en esa información hay aspectos relevantes de las trayectorias de personas detenidas desaparecidas. La finalidad es cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hecha desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o sus herederos”, complementó el titular de Justicia, Luis Cordero.

El domingo, el Presidente dijo que “lo que nosotros estamos planeando es que se ponga a disposición Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia toda la información que permita conocer la verdad y la trayectoria de los detenidos desaparecidos”. “A nadie que haya prestado testimonio que quiera mantener ese testimonio en confidencialidad se le va a obligar o presionar para levantar ese secreto”, aseguró Boric.

La agenda legislativa en Derechos Humanos

En cuanto al resto de los proyectos contenidos en la agenda, el ministro Elizalde aclaró que comprenderañ cinco ejes o materias específicas, y se tratará de proyectos que están en actual tramitación -a los cuales se les presentará urgencia e indicaciones, según corresponda- y nuevas iniciativas de ley que serán enviadas al Congreso para su tramitación.

En ese sentido, el ministro Segpres enumeró así la batería de proyectos: “En primer lugar, la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada; en segundo lugar la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; en tercer lugar el levantamiento para el plan Nacional de Búsqueda del secreto de la información contenida en la omisión Valech; en cuarto lugar un plan de memoria y patrimonio y, por último, la eliminación de restricción de información que existe respecto de las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto o reservado o de circulación restringida”.

En cuanto al primer proyecto, el gobierno presentará urgencia e indicaciones al proyecto de ley sobre calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. De esta modo, se creará esa calificación jurídica y además se buscará levantar un registro especial denominado “De las personas ausentes por desaparición forzada”, que será administrado por el Registro Civil.

En segundo lugar, se buscará tipificar los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. Para ello, se agruparán distintas mociones presentadas sobre la materia y a través de esas iniciativas se apuntará a cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile, en el marco de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Internacional para todas las Personas contra Desaparición Forzada.

Además, se impulsará un proyecto para crear el Plan Nacional de Memoria y Patrimonio, para lo cual se a establecerá una mesa técnica y diálogos con distintas organizaciones de Derechos Humanos. “Con el objeto de escuchar sus miradas, que nos permitan tener un marco jurídico que no solo se refiera a sitios memoriales, sino que también a cómo preservamos un patrimonio cultural de conjunto de la sociedad chilena, que permita sentar las bases para un nunca más”, reseñó Elizalde.

Por último, explicó el expresidente del Senador, se eliminará “la restricción para un conjunto de leyes que fueron dictadas bajo carácter de secreto reservado o de circulación restringida, las llamadas leyes secretas, y por tanto, vamos a poner fin a estas leyes secretas y al desconocimiento que existe por parte de la opinión pública y de la ciudadanía respecto de su contenido”.

El mandatario recalcó el rol de Velasco como defensor de la democracia y los derechos humanos, a pocos días que se cumplan 50 años del golpe de Estado de 1973, que Velasco condenó, pese a ser militante de la DC.

“Belisario Velasco dedicó su vida entera a Chile y al servicio público. Fue firmante del histórico Grupo de los 13, que condenó el golpe a días de haber ocurrido, defendiendo la democracia y los derechos humanos en los momentos más duros”, escribió Boric en su cuenta de Twitter.

Belisario Velasco fue opositor al Gobierno de Salvador Allende desde 1970 a 1973, sin embargo, inmediatamente después del golpe de Estado fue parte del “grupo de los 13” representantes de la Democracia Cristiana que condenó la acción militar que quebró la democracia.

Por lo mismo, también se destacó como opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, y jugó un rol clave en la transición a la democracia. Posteriormente fue subsecretario del Interior, en los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. En 2006 se convirtió en el primer ministro del Interior de la entonces presidenta Michelle Bachelet.

DC reconoce a Belisario Velasco

La Democracia Cristiana, el partido donde militó toda su vida el exministro fallecido, lamentó su deceso, y lo calificó como un “constructor de democracia”.

“Estamos tristes por la partida de Belisario Velasco. Se nos fue un grande de la democracia, un grande de los derechos humanos, un luchador incansable por Chile”, dijo el presidente de la DC, Alberto Undurraga.

“Condenó desde los primeros días después, el golpe militar. Se la jugó por la democracia y los derechos humanos, fue relegado. Fue el primer funcionario público de los gobiernos democráticos, subsecretario del Interior, ministro del Interior, constructor de paz social, constructor de democracia”, añadió.

Lo anterior, por parte del Partido Comunista (PC), tres diputados socialistas y 160 asociaciones ligadas a los Derechos Humanos, por sus dichos en una entrevista que lo aluden a un supuesto “negacionismo” y que estaría buscando un “relato común” con quienes justificaron y permitieron las violaciones a los DD.HH.

En su carta de renuncia entregada al mandatario, Fernández señaló que: “mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. El reto es tan grande e importante, que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme a un lado”.

Recordemos que fue el pasado miércoles cuando el exconvencional tomó la decisión de dar un paso al costado como asesor presidencial a cargo de la conmemoración.

Ese mismo día, el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra Carolina Tohá y sus pares de Justicia y Hacienda, Luis Cordero y Mario Marcel, se reunieron con Fernández para agradecer los 7 meses que ejerció como asesor.

Asimismo, para brindar apoyo por las críticas que ha recibido por parte de las familias de detenidos desaparecidos, y que incluso el mismo lunes se habían manifestado pidiendo su renuncia.

Hertz (PC) y organizaciones de DD.HH coinciden en “no victimizar” a Fernández por sus dichos

En este contexto, la diputada comunista Carmen Hertz enfatizó que, en esta polémica, las víctimas y protagonistas son las agrupaciones de los Derechos Humanos y no Patricio Fernández.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Mariela Santana, manifestó que las violaciones de los Derechos Humanos no son un tema opinable. Al contrario, debe tener actitud de repudio y condena.

Además, la abogada agregó que la decisión del Gobierno de designar a alguien que no viene del mundo de los Derechos Humanos, y que tiene una tradición política distinta, fue un error. Por eso, condenó su desempeño como asesor en la conmemoración de los 50 años.

De acuerdo al proyecto, al que tuvo acceso el medio Radio Bío Bío, se busca tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet.

La iniciativa presentada busca modificar el Libro Segundo del Código Penal, denominado “Crímenes y simples delitos y sus penas”, al Título Tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución, un nuevo párrafo del siguiente tenor: “De la justificación, aprobación o negación de violaciones de derechos humanos”.

En ese nuevo párrafo, se incorpora el tipo de Negacionismo en un nuevo artículo 161 D, que tipifica la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los DDHH en la dictadura, se indica.

Estas últimas son la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

“Para que se configure la responsabilidad penal que el tipo propone en el proyecto, es necesario que se produzca un determinado resultado fáctico, consistente en una perturbación del orden público, un impedimento del legítimo ejercicio de un derecho por parte de un tercero”, indica.

Para ello, se propone un castigo con la pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 41 hasta 60 días, y una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales, entre 1 millón 200 mil pesos y 2 millones 500 mil pesos a la fecha actual.

Pero además, se pide agravar la pena en el caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio.

“En el caso de que la conducta tipificada sea desplegada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, el proyecto contempla una agravación de la pena, circunstancia que se fundamenta en la infracción al principio de igualdad y al deber de objetividad que les es imperativo”, indica.

“Ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar, legislar acerca del Negacionismo se erige como un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”, indica el texto.

Asimismo, apunta a “contribuir a la obligación de prevención y garantías de no repetición que pesan sobre el Estado de Chile; perseverar en la construcción de una memoria colectiva y honrar el pacto social del Nunca Más y frenar la impunidad”, añade.

Por último, se busca “honrar el esfuerzo inclaudicable de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, impidiendo que se banalice su dolor y sacrificio”.

La iniciativa busca establecer todas las herramientas, tanto administrativas como constitucionales o financieras, para erradicar el narcotráfico en nuestro país.

Aseguraron que, como partido, están aburridos de las mesas de trabajo y de las “listas de supermercado”. A diferencia de otras colectividades, aseguraron que no pueden esperar el nuevo proceso constitucional.

Lo anterior porque, según su percepción, Chile no puede esperar más para tener medidas concretas en esta materia. Es por esto que proponen establecer -en la Constitución- el narcotráfico y el crimen organizado como un atentado a los Derechos Humanos.

En la misma línea, plantearon que es primordial que el Ejecutivo no sólo enfoque la preocupación en los distintos tipos de narcotráfico, sino también por cerrar las fronteras.

El líder y fundador de Republicanos, José Antonio Kast, aseguró que no están por torpedear ningún tipo de proceso constitucional, sino que lo que quieren es medidas concretas.

Asimismo, Kast se refirió al Plan Calles Sin Violencia -presentado por el Gobierno- y dijo que no confían en las distintas medidas que ha tomado la administración del presidente Gabriel Boric porque aseguran que estos son iniciativas en las que el Gobierno “no cree”.

“El Gobierno, vuelvo a insistir, hace un llamado a que nos sentemos en una mesa de seguridad y acto seguido libera a delincuentes y terroristas, por lo tanto es poco creíble la actitud”, dijo.

«Las Naciones Unidas -y aquí hay varios que se llenan la boca con los Derechos Humanos- ha dicho que esa Ley, como está hoy día, es un atentado a los Derechos Humanos y es un peligro», dijo al ser consultado sobre el tema, tras participar de la firma del compromiso de seguridad del Gobierno con los alcaldes.

«Me llama mucho la atención que personas de la coalición de Gobierno, todos aquellos que se hacen llamar Socialismo Democrático, haya aprobado una Ley que en el futuro podría significar violaciones a los Derechos Humanos sistemáticas, como ya la ha vivido nuestro país, sin esa Ley», cuestionó el jefe comunal.

«Por lo tanto, me parece que el Gobierno debe hacer todo lo posible por evitar que esa Ley salga como está», cerró Daniel Jadue.

Este martes se realiza la revisión en particular del proyecto de Ley Nain-Retamal en la sala del Senado, tras haber sido revisada por la Comisión de Seguridad Pública del organismo, donde recibió más de 120 indicaciones tanto del Gobierno del Presidente Gabriel Boric como de legisladores.