En conversación con Radio Bío Bío, la autoridad apunto que “momentos excepcionales, requieren medidas excepcionales”. “Este para mí es un indicador más de que estamos viviendo la peor crisis de seguridad en la historia de nuestra ciudad”, aseguró.

En la misma línea, señaló que de todas formas, igual tiene que haber más medidas. “Son muchas las medidas en distintos planos, el uso de las Fuerzas Armadas como un apoyo, es una de ellas, pero no es la que nos va a salvar de este tema”, explicó.

Recordemos que el gobernador desde hace ya un tiempo que propone dicha medida para combatir la delincuencia. “Hemos tenido síntomas de esta grave crisis hace rato, yo ya había declarado hace un par de meses una pandemia de homicidios. El mes pasado fue de verdad el noviembre rojo con más de 37 homicidios y 38 homicidios frustrados”, reveló.

Por otro lado, valoró que “la Fiscalía Nacional haya creado una comisión especial para toda la región Metropolitana. Porque efectivamente el crimen organizado no conoce cuales son los límites de las comunas”.

La iniciativa pretende perseguir con mayor efectividad los delitos asociados al aumento del crimen organizado en la frontera con Perú, poniendo el enfoque en las consecuencias que tiene en los menores de edad y fue planteada por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota.

Se espera que la Fiscalía de Frontera comience a operar desde la próxima semana. En su primera etapa, se enfocará en proteger a niños, niñas y adolescentes, y se instalará en dependencias de la Delegación Presidencial de Arica.

La titular del Interior detalló que «el trabajo que se está haciendo en todo Chile de colaboración con la Fiscalía tiene aquí ciertas características particulares que ha significado que, de estos equipos especializados que la Fiscalía ha ido fortaleciendo, algunos se van dedicar específicamente a temas».

En esa línea, precisó que «tienen que ver con las situaciones fronterizas, y particularmente en esta primera etapa, con el tema de la circulación de niños y niñas, de menores de edad, que es un tema que nos tiene que preocupar, especialmente por la fragilidad y el requisito que tenemos de proteger sus derechos».

Por su parte, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, explicó que «la Fiscalía de Arica y Parinacota ya había tomado la decisión política de crear una Fiscalía de Fronteras, lo íbamos a anunciar en la cuenta pública y lo íbamos a trabajar efectivamente el próximo año».

«Sin embargo, de estas reuniones de coordinación que hemos tenido nos hemos dado cuenta que hoy día niños, niñas y adolescentes están en peligro en las fronteras y necesitamos una presencia hoy y ahora de nuestros psicólogos y de nuestras unidades ahí, en el lugar», sumó.

Sin embargo y considerando su impacto y sus consecuencias nefastas, de la crisis económica que vive el país se habla poco.

La semana pasada se dio a conocer un estudio realizado Equifax sobre la realidad socioeconómica de Chile, que da cuenta de una mala noticia: en un año, 135 mil personas han dejado de ser de clase media para pasar a engrosar la lista de los segmentos vulnerables.

Todos los días quiebran empresas, aumenta el desempleo y la inflación golpea duro los bolsillos de las familias, que ven cómo su calidad de vida se deteriora por el estrés que causan las deudas y las dificultades para llegar a fin de mes.

Explicaciones para tanta empresa caída en insolvencia hay muchas, pero lo cierto es que la ley de quiebras y reorganizaciones judiciales pasa a ser un actor relevante en un sistema golpeado, que arroja incertidumbre y que nos lleva a una serie de interrogantes: ¿quién protege los empleos? ¿quién vela por los derechos de los trabajadores, probablemente contrapuestos a los intereses de los acreedores? ¿Cuánto hay de especulación y aprovechamiento mal intencionado de la situación?

Un contexto distorsionado

En un modelo de libre mercado, la competencia debe darse entre empresas en condiciones parejas, sin distorsiones, en el que puedan competir ofreciendo productos o servicios similares, en el que los factores determinantes sean la calidad, el precio, la innovación y el servicio al cliente. La competencia, en esos términos, es beneficiosa para los consumidores, ya que fomenta la eficiencia, la mejora continua y la innovación.

Sin embargo, nuestro país está permanentemente amenazado por prácticas anticompetitivas, amparadas en una legislación laxa y con entes fiscalizadores carentes de competencias reales para velar por el cumplimiento de las precarias regulaciones establecidas en la ley. 

Las distorsiones de mercado se refieren a situaciones en las que su funcionamiento normal se ve alterado, afectando a la libre competencia. Estas distorsiones pueden ser causadas por diversos factores, como intervenciones gubernamentales, monopolios, oligopsonios, información asimétrica, externalidades y barreras de entrada.

Estas interferencias afectan los precios, la competencia y la asignación de recursos, generando resultados que difieren de lo que se esperaría en un mercado competitivo y eficiente, desencadenando efectos que repercuten en los consumidores y en las empresas, generan desempleo y afectan al panorama económico en general.

Cuando un actor o un pequeño grupo domina un sector, la competencia se ve socavada. Los monopolios y oligopsonios pueden imponer precios, limitar las opciones para los consumidores y obstaculizar la entrada de nuevos competidores.

Analizar estas concentraciones de poder es esencial para mantener un juego justo en el mercado y se transforma en un desafío primordial para el gobierno y el congreso, que deben adecuar la legislación, defender a las pymes y asegurar las mejores condiciones para los consumidores.

En este aspecto, el Estado está en deuda y no ha hecho nada por asumir su responsabilidad frente a uno de los factores detonantes de la crisis que atraviesa el país. Emparejar la cancha está en sus manos y si bien siempre habrá un Hermosilla o un Ruiz Tagle, con una buena legislación y regulaciones razonables, la regla general será la justicia económica y no la trampa ni la caja negra.  

#Economía  #Distorsiones  #Pymes  #FNE

Al respecto, el mandatario afirmó que “no podemos quedar impávidos frente a eso, pero no todas las cosas dependen de nosotros, pero vamos a dar la pelea y debemos trabajar juntos, con ustedes, en esto”.

El dirigente dijo que como todos los que pertenecen al cordón industrial de Talcahuano están disponibles y estarían encantados de que los reciba en La Moneda.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, está siendo el canal de comunicación entre el presidente y los sindicatos, confirmando Boric que anoche conversó con la jefa comunal sobre esta materia.

En ese contexto, uno de los dirigentes dijo que Albornoz les afirmó que irían a La Moneda para abordar la crisis del acero, situación a la que reaccionó son sorpresa y risa el mandatario, indicando que “eso me lo tiene que contar a mí ella”.

La jefa comunal, que es una de las asistentes en la reunión con los 33 alcaldes, anunció que en el encuentro pedirá cierto ajuste a la estrategia para abordar la emergencia de los incendios forestales. Además indicó que pedirán impulsar un plan de desarrollo regional, ante el cierre de aserraderos, Fanalosa y la situación de Huachipato.

“Hemos tenido conversaciones con el ministro (Nicolás) Grau y los sindicatos que me mandataron para que mediara no para desarrollar no cambios cosméticos en la industria regional, sino un plan de desarrollo regional”, confirmó.

La industria del acero enfrenta una crítica situación, ante lo cual trabajadores de la planta y autoridades regionales piden salvaguardas para salvar 20 mil empleos directos e indirectos.

El problema es que los precios en los que se está tranzando el acero, no permite ni siquiera generar flujos operacionales, menos aún pagar los gastos no operacionales, y esto viene ocurriendo en los últimos 10 a 12 años.

Es preciso indicar que esta actividad forma parte de la primera gira oficial del Presidente en la región. Su primera agenda fue en Tirúa, donde inauguró un SAR.

En específico, la cancillería enviará una delegación a Venezuela para negociar nuevos vuelos en el marco de la compleja situación que se registra en el paso fronterizo de Chacalluta, donde cientos de migrantes no pueden cruzar hacia Perú por no contar con su documentación.

El gobierno venezolano ya dispuso un primer viaje el pasado 7 de mayo, cuando el vuelo de la línea «Estelar» trasladó a 115 ciudadanos de ese país desde Arica hacia Caracas en el maro del plan «Retorno a la Patria».

El canciller Alberto van Klaveren notificó este martes a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que una misión integrada por el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig, y el director general consular, Rodrigo Donoso, viajará el domingo para continuar las conversaciones diplomáticas.

«Queremos saber la disposición de Venezuela para generar nuevos vuelos. La información que nos ha entregado su embajada en Chile es que hay varios ciudadanos que quieren regresar, pero no sabemos cuántas personas son”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores.

Van Klaveren agregó que buscarán “la posibilidad de vuelos facilitados por Chile por charter o nuestra Fuerza Aérea. Eso requiere de una autorización de Venezuela para aterrizar en territorio venezolano. Eso es otro tema que tenemos que evaluar con la misión a Caracas”.

Asimismo, subrayó que la aerolínea venezolana Conviasa «puede aterrizar en Chile, cumple los requisitos, pero el problema es el abastecimiento de estas aeronaves, porque las empresas que prestan servicios de abastecimiento pueden verse expuestas a sanciones del gobierno de Estados Unidos».

«Nos parece que un vuelo de características humanitarias no debiera verse afectado, pero para evitar este problema es que Venezuela dispuso el vuelo de otra compañía que realiza vuelos habituales entre Santiago y Caracas”, recalcó.

En esa línea, la autoridad explicó que “no necesariamente los próximos vuelos van a salir de Arica, no queremos que se repitan situaciones como las vividas en la frontera (…) es posible organizar vuelos desde Santiago y otros territorios”.

Respecto a las relaciones con Perú, el titular de RR.EE. aseguró que siguen en muy «buen nivel, no ha habido un conflicto diplomático respecto a este tema».

«Lo que ha existido es una nota de protesta no por tema migratorio, sino que debido a un exceso de una autoridad local peruana, pero eso quedó ahí”, agregó, aludiendo a cuando citó al embajador de Perú en Chile, Fernando Rojas, para expresar su molestia por los dichos del alcalde de Tacna, Pascal Güisa Bravo, quien tildó de «innombrable» e «irresponsable» al Presidente Gabriel Boric.

Un análisis de lo que se encuentra haciendo el gobierno en materia de seguridad hizo este miércoles la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

El tema de la seguridad se ha ido tomando la agenda de la administración de Gabriel Boric, esto debido al aumento de violencia en que han incurrido los hechos de delincuencia que se producen diariamente en el país.

Justamente, esta jornada, el Índice de Paz Ciudadana reveló que la percepción de temor ante la delincuencia llegó a su nivel más alto en los últimos 22 años. Este escenario ha motivado a que la ciudadanía, según diversos estudios de opinión, pida al Ejecutivo que el combate a la delincuencia y el narcotráfico sea una prioridad.

Al respecto, la secretaria de Estado, en diálogo con el matinal Contigo en la Mañana de CHV afirmó que “hoy tenemos harta urgencia en materia de seguridad producto de lo violento que están siendo los hechos delictuales y eso ha generado mucha preocupación y temor, entonces hemos tenido que, en el ámbito del programa de seguridad, poner un reforzamiento en la agenda que se expresa en la Ley de Presupuestos (…)”.

En esa misma línea, la ministra aseguró que el tema de la seguridad “no es una dificultad en términos políticos e ideológicos para nosotros. La seguridad humana también es un derecho fundamental de las personas. Por ser de izquierda no tienes menos temor a andar por la calle que por ser de derecha”. 

“Si nosotros entendemos que la seguridad del espacio público, el poder caminar tranquilamente es una condición habilitante para el desarrollo de la vida humana, de la integración con la sociedad, es algo que nosotros también entendemos como parte de nuestra agenda propia”, complementó.

En ese sentido, Vallejo aseguró que la forma de enfrentar la delincuencia y los crímenes es justamente con un trabajo conjunto que involucre a diversas instituciones.

“Para poder enfrentar los problemas de la delincuencia, del crimen común y del crimen organizado, que tiene un nivel mayor de complejidad, se requiere al gobierno, a las instituciones del Estado, al Congreso, a los municipios, a los gobiernos regionales y a la sociedad civil”, indicó.

Preguntada la ministra por si se debiera actualizar la reforma procesal penal, para modificar ciertos aspectos garantistas que tiene la ley, respondió que “tenemos distintos problemas. Yo creo que uno no puede pretender nunca tener una bala de plata, porque en esto no somos superhéroes, esto no es Marvel. O sea es la realidad y tenemos aquí distintos problemas. Si nos quedamos solo en que el tema es punitivo y de penas, vamos a descuidar lo otro. Y si miramos que es solo un problema de prevención o reinserción, vamos a descuidar lo punitivo. Entonces esto tiene distintos ámbitos. En la reinserción hemos fallado también”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que las policías puedan ocupar su armamento de servicio, indicó que “que no puedan utilizarlo es absolutamente mentira (sus armas). Hoy las policías tienen estas armas automáticas y pueden usarlas. Y hay policías que tienen la capacitación para usar esas armas en ciertos operativos, y en general en los operativos que se requiere usar, se usa. Otra discusión es si se usó bien o mal, de acuerdo al protocolo, hace poco hubo un enfrentamiento donde un Carabinero disparó a una persona y estaba ajustado a protocolo y el gobierno respaldó eso”.

La vocera concluyó su intervención en materia de seguridad señalando que “no estamos partiendo de cero. El gobierno ha estado actuando desde el día uno en reforzar la parte operativa, de recursos, de coordinación, legislativa. Evidentemente podemos mejorar, por eso hemos recibido observaciones y recomendaciones, por eso hemos estado escuchando”.

Pero Vallejo no fue la única que abordó la situación de delincuencia que se vive actualmente en el país. Más temprano este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá abordó este tema, en diálogo con Radio Duna, y en específico, las facultades que tienen las policías para el combate del crimen. Al respecto sostuvo: “Que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos”.

Y agregó que “un carabinero tiene derecho a detener a una persona, a detenerla con fuerza, tiene derecho a si una persona está actuando de una forma que no puede controlarla a golpearla con el bastón y si un criminal está disparando, tiene derecho a dispararle. O si está poniendo en riesgo la vida de otro tiene derecho a dispararle incluso antes de que dispare el criminal”.