En específico, los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2016, donde la estudiante de educación parvularia, comenzó a bajar de las escaleras del quinto piso de la institución cuando «sufrió una gran caída de al menos 10 escalones», debido a que la escalera estaba «resbalosa y mojada», sin ninguna señalización que indicara dicha situación.

Según lo explicado en la sentencia del 3° Juzgado Civil de Santiago, tras la caída, la estudiante se puso de pie y «continuó bajando las escaleras como pudo, ya que los ascensores, como de costumbre, se encontraban fuera de servicio, hasta el primer piso, donde se encontró con unas compañeras quienes constataron que tenía un moretón y rasguños en la espalda».

Sufrió graves lesiones

Según se explica en la sentencia de la Corte de Apelaciones, en el centro de salud se le diagnosticó «contusión coxis» y tuvo que someterse a exámenes, reposos y toma de medicamentos.

Con el pasar de los días su estado se agravó y fue «diagnosticada con posterioridad con trauma del sacro, subluxación de coxis, debiendo someterse a infiltraciones y largos tratamientos de kinesiología». Debido al tratamiento kinesiológico, que fueron cubiertos por los medios de la afectada, la estudiante acudió hasta la universidad para regular su situación académica.

Tras hablar con la jefa de carera y rector, finalmente fue derivada donde la directora académica, quien «recriminó el escándalo que estaba haciendo, ya que si podía ir a sesiones de tratamiento, también podía asistir a clases, humillándola y destrozándola», indican en el documento judicial.

Frente a esto se acercó al ministerio para resolver el tema académico y centrarse en su rehabilitación, pero se enteró de que todos sus ramos habían sido reprobados, con excepción de uno. En marzo de 2017 se tuvo que someter a una cirugía urgente debido a nuevos diagnósticos y dejó la carrera para poder llevar a cabo su rehabilitación.

Universidad debe indemnizarla con más de $9 millones

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que condenó a la casa de estudios a indemnizar a la estudiante.

En un fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

Según determinó la justicia, la Universidad Los Leones deberá pagar una suma de $1.337.969 por concepto de daño emergente, más $8.000.000 por daño moral, a la alumna que sufrió un accidente en octubre de 2016, al resbalar en una escalera mojada, sin señalética ni advertencia.

En total, la estudiante afectada recibirá un total de $9.337.969 a modo de indemnización por el accidente que sufrió, según informó el Poder Judicial.

Dos resoluciones evacuadas del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago —de los jueces Patricio Álvarez y Marcia Figueroa— autorizaron a estos extranjeros a visitar a sus familiares.

Entre estos últimos se encuentran Ovicmarlixon Garcés Briceño, Davis Fuentes Escalona, Lermi Albarrán Angulo y Luis Lugo Machado, imputados por el crimen del suboficial mayor Palma, asesinado en abril pasado en la comuna de Santiago.

Gendarmería recurrió a la Corte para dejar sin efecto estas medidas. Según señalan, no se estarían cumpliendo las normas legales que regulan este tipo de acciones. En particular, apuntan a la validez dentro del territorio nacional de los documentos de identidad extranjeros.

Para ello, sostiene su argumentación en el artículo 43 de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería. Esta dispone que “toda cédula (de) identidad de persona extranjera mantiene vigencia, siempre y cuando acredite que cuenta con una solicitud de visa o residencia en trámite o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”.

“Dicha disposición legal chilena es de derecho público, y por ende, irrenunciable para un servicio público como Gendarmería de Chile”, agrega la norma.

Ahora, con las órdenes de no innovar concedidas por la Corte de Apelaciones, quedan suspendidas las visitas hasta que se resuelva el fondo de ambos recursos.

Según informó radio Biobío, Reveco será suspendida por cuatro meses y no podrá ejercer como secretaria titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso.

Además, la jueza enfrenta cargos de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones por transgresión gravísima de sus deberes funcionarios.

La abogada Valentina González fue encontrada muerta el sábado 30 de julio de 2022, en el motel El Duende de Quintero, donde, según los primeros antecedentes falleció sin participación de terceras personas, por asfixia por sumersión en el jacuzzi de una habitación.

Sin embargo, luego se conoció que la abogada de 27 años había concurrido al lugar junto a tres personas, dos mujeres de nombre Scarlet Fuentes e Isidora Rojas, y un hombre llamado Felipe Olivares.

Cámaras de seguridad del lugar mostraron posteriormente que la jueza Reveco, quien era pareja en ese entonces de Álex Olivares, padre de Felipe, estuvo en el sitio del suceso junto a su pareja. Incluso, la funcionaria del Poder Judicial habría llegado en su propio vehículo.

Familiares de la víctima presentaron una querella contra Reveco y todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y/o encubridores por los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de documentos públicos y cualquier otro ilícito que se determine durante la investigación.

“Dado el mejoramiento de las condiciones climáticas, de los niveles de turbiedad que tenemos en las aguas del río Maipo y del consumo responsable que ha tenido la población en estas últimas horas, se ha decidido suspender el corte de agua que estaba anunciado”, señaló.

Recordemos que el Presidente Gabriel Boric visitó este sábado la comuna de Talagante en la Región Metropolitana, donde revisó los daños provocados por el sistema frontal que se registra desde el jueves en la zona centro sur del país.

En la ocasión, el mandatario aseguró que tras cerciorarse del mejoramiento de las condiciones climáticas, el consumo de la población y el nivel de turbiedad del río Maipo, se decidió suspender el corte de agua que estaba previsto para la Región Metropolitana a partir de las 20 horas.

Igualmente, la autoridad aseguró que se mantendrá el sistema de suministro alternativo de agua a través de tanques y camiones aljibes.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que los afectados por las fuertes precipitaciones contarán con el apoyo y respaldo del gobierno.

«Le he manifestado a los vecinos afectados por el sistema frontal que van a estar todas las ayudas que sean necesarias», enfatizó.

Recordemos que el pasado 6 de abril, tras el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma -la tercera muerte de un funcionario de Carabineros en servicio en menos de un mes y un caso en el que los involucrados son ciudadanos venezolanos con distinta situación migratoria- el Ministerio Público anunció que en la Región Metropolitana se empezaría a solicitar la prisión preventiva para todos los extranjeros detenidos que no puedan acreditar su identidad.

Cuatro días después se informó que el criterio fijado por el fiscal nacional Ángel Valencia se utilizaría en todo el territorio.

La Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Maritza Villadangos, Danai Hasbún y el abogado (i) Jorge Gómez, consideró que el recurso no puede prosperar por no ser la vía idónea para reclamar, ir contra una instrucción de un organismo autónomo y no existir afectación ilegal de derechos.

“De lo expuesto, no se vislumbra que existan hechos que se ajusten a las hipótesis” planteadas por los recurrentes y “no existen antecedentes que permitan entender que se están afectando o restringiendo” derechos de manera ilegal, dice la resolución de la corte.

El texto plantea que lo expuesto cobra mayor sentido, si se tiene en consideración que el acto que se denuncia se enmarca dentro de las facultades que la normativa vigente entrega al fiscal nacional, “que, además, goza de autonomía respecto de los otros Poderes del Estado”.

“Así las cosas, no se reúnen los supuestos para que se interponga el presente arbitrio y, no resulta ser la vía idónea para los fines que se pretenden, razón por la que no puede ser acogida a tramitación”, cierra la argumentación del tribunal de alzada.

Fueron de los primeros segmentos de la población en recibir la vacuna contra el covid-19, en febrero de 2021. Hablamos de los funcionarios del Poder Judicial. Lo hicieron antes que recolectores de basura, cajeros de supermercados y una serie de otros oficios con contacto directo con la ciudadanía, donde el riesgo de contagio en ese entonces no era menor.

¿La razón? Se entendía que la presencialidad de los que imparten y trabajan en la justicia era clave para la continuidad del país. No obstante, transcurrido el tiempo y el progresivo avance del plan de vacunación, junto a la baja en los casos diagnosticados, muchos de ellos decidieron continuar trabajando de forma remota, situación que se alejó del común de los chilenos que debieron volver a la presencialidad.

Dicha decisión, avanzado el 2023, habrían querido convertirla en un privilegio “descarado”, según desclasifican algunos ministros del mismo sistema de justicia a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. Eso hasta este miércoles en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y es que durante las últimas horas el Pleno del tribunal de alzada capitalino acordó “instruir a todos los jueces y funcionarios de los tribunales con competencia en esta jurisdicción, que deben cumplir sus funciones en forma presencial, salvo las excepciones que se encuentren debidamente acreditadas”.

El documento, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, tuvo presente una serie de acciones que ha tomado el Poder Judicial para hacer frente a la pandemia y a la continuidad del servicio. Por ejemplo, el 13 de octubre de 2022 la Corte Suprema dispuso el “Plan de Retorno Paulatino Presencial”, el cual dispuso que debía volver un mínimo del 50% de la dotación por estamento a los tribunales. Lo anterior excluyó a los grupos de riesgo, cuidadores y a integrantes del “proyecto Post Covid”.

En lo relativo al teletrabajo, en marzo del 2020 el máximo tribunal del país dictó un Auto Acordado que reguló el trabajo a distancia y el uso de la videoconferencia en el Poder Judicial. Este dio cuenta de dos modalidades: una “ordinaria” y otra “extraordinaria”. El artículo 16 de la mencionada regulación, en lo relativo al “régimen extraordinario del teletrabajo”, señala que el trabajo a distancia podrá utilizarse cuando ocurran casos “fortuitos”, de “fuerza mayor”, o en general “cualquier circunstancia que impida el desempeño de funciones en el tribunal, o que amenace o perturbe su normal funcionamiento”.

Bajo este contexto, los ministros de la Corte capitalina concluyeron que “no concurren actualmente las condiciones que ameritan el teletrabajo ‘extraordinario’ y, en lo que atañe al trabajo telemático en régimen ‘ordinario’, según se indica en dicha normativa será procedente por razones de buen servicio calificadas por el juez presidente del tribunal y debe disponerse siempre de manera formal y por escrito”.

A renglón seguido, estimaron que “la modalidad de ‘teletrabajo’ no puede transformarse en la regla general de funcionamiento de los tribunales, menos en procedimientos marcados por la oralidad”. Asimismo, en el mismo Auto Acordado se establecieron las “exigencias para disponer el teletrabajo de los jueces”, en donde se detalla que los magistrados requieren permiso del Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, ante una “solicitud que debe ser acompañada por una declaración del juez presidente del tribunal”.

La anterior declaración debe especificar que el trabajo a distancia del juez -cualquiera sea su competencia- no “alterará el normal y el continuo funcionamiento del tribunal y que tampoco afectará la programación y celebración de audiencias”. En el caso de los grupos de “riesgo” y “cuidadores” se hace hincapié en que las “causas de exclusión deben ser debidamente corroboradas y evaluadas por las jefaturas respectivas, de manera de asegurarse que existan razones graves que ameriten ese tratamiento especial”.

Bajo este contexto, en la sesión de Pleno del pasado 13 de febrero, teniendo en cuenta hechos “recabados por el Presidente de esta Corte por medio del Administrador”, como “quejas disciplinarias y reclamos administrativos”, sumado a las “actuales condiciones sanitarias y los imperativos que derivan del deber funcionario de proveer el mejor servicio judicial”, han hecho “indispensable” el retorno.

Por eso, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidido por el ministro Mario Rojas González, definió “instruir a los jueces y funcionarios de los tribunales de la jurisdicción sobre su deber de prestación de servicios en forma presencial”, salvo los casos que -en base a la normativa- estén “debidamente acreditadas ante la autoridad respectiva”. Es uno de los primeros tribunales de alzada en dar la orden de volver a la normalidad. Ante esto, ¿imitará el resto de las regiones lo zanjado por los ministros capitalinos?

Su defensa presentó un recurso de amparo y solicitaba que fuese trasladado desde Valdivia hasta el penal Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

El abogado de Pradenas, Javier Jara acusó durante este jueves que su defendido ha sido agredido por otros internos al interior del penal y que se encontraría bajo amenazas.

De esta forma, Pradenas, quien había sido condenado a 20 años de cárcel por dos casos de violación, cuatro de abuso sexual y otro de abuso sexual a una menor de 14 años, seguirá cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Esto, luego de que durante la jornada del jueves la Corte Suprema confirmara que acogió el recurso de nulidad presentado por la Defensa de Pradenas.

Cabe recordar que el fallo del máximo tribunal del país enfatiza en que su resolución no cuestiona el fondo del fallo que dictó el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, ni tampoco la perspectiva de género que se plasmó en la resolución del caso, sino que responde a la no imparcialidad del juez Leonel Torres, quien hizo comentarios en redes sociales referidos al juicio antes que se aplicara alguna sentencia.

La Corte Suprema ordenó que se realice un nuevo juicio oral, con jueces habilitados, por lo que todo el proceso se repetirá.

El juez Torres en tanto, será sometido a una investigación sumaria para determinar si hubo una infracción a sus deberes de funcionario en su actuar.

“Apareciendo del mérito de los antecedentes que los hechos establecidos podrían constituir una infracción a los deberes funcionarios previstos en los artículos 320 y 323 del Código Orgánico de Tribunales y en las recomendaciones impartidas por esta Corte Suprema para el uso de redes sociales por parte de los integrantes del Poder Judicial, contenido en AD N° 1873-2017 de fecha 5 de diciembre de 2018, se dispone que la Corte de Apelaciones de Temuco instruya una investigación sumaria respecto del juez Leonel Torres Labbé, para determinar la concurrencia de una eventual responsabilidad disciplinaria que de ellos pudieren surgir”, dice la resolución.

Como autores de los delitos consumados de incendio reiterado, robo con retención, robo con intimidación, disparos injustificados, porte ilegal de arma de fuego convencional y porte ilegal de arma de fuego prohibida son imputados tanto el hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) junto a Luis Guillermo Menares, Luis Darío Fuenzalida, Jorge Andrés Caniupil y Juan Carlos Mardones,

En el caso de Llaitul y Mardones, se les imputa, además, autoría en el delito de porte ilegal de municiones.

De este modo, y en fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada que fue dictada por el Juzgado de Garantía de Lautaro, al compartir que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 8:20 horas del pasado 22 de noviembre, los imputados Llaitul, Menares, Fuenzalida, Caniupil y Mardones junto a otros sujetos no identificados, previamente concertados ingresaron al predio San Luis de la empresa FHO, portando escopetas y un fusil con los que intimidaron a cinco trabajadores forestales y ejecutaron disparos con el propósito de que estos huyeron del lugar.

Seguidamente, habrían rociaron con combustible e incendiaron tres camiones y una excavadora, maquinaria avaluada en la suma de $262.000.000. Antes de retirarse del sitio, desplegaron un lienzo con una leyenda relativa al denominado conflicto mapuche, indicó la entidad.

Luego, los imputados intimidaron al empleado de la empresa, a quien apuntaron con un arma de fuego y forzaron a que acompañara, a bordo de la camioneta marca Maxus, avaluada en $18.000.000, que conducía, a otro lugar de la propiedad donde hubiera más vehículos.

Según se detalla, Intimidado, el trabajador los guió hasta otro punto donde los imputados prendieron fuego a una camioneta, una máquina trineumática y un bulldozer, avaluadas en $200.000.000 y tras unos 40 minutos de retención, liberaron al trabajador en un camino interior del fundo La Colonia, emplazado en comuna de Lautaro, llevándose la camioneta.

Posteriormente se dirigieron hasta un campamento forestal de la empresa Hancoock Chilean Plantations, ubicado en comuna de Temuco, lugar donde dispararon al parabrisas de un camión marca Mitsubishi, modelo Canter, propiedad de la empresa Charriot, y obligaron a un grupo de brigadistas a tenderse en el suelo para proceder a prenderle fuego al camión y a dependencias del campamento forestal, provocando la pérdida total de dichos bienes, los que fueron avaluados en $80.000.000.

Antes de retirarse, los imputados procedieron a sustraer motosierras y otros equipos avaluados en $2.500.000, y a escribir en una bodega consignas alusivas a la CAM. Luego se dirigieron al sector de Pastales y, al llegar al fundo Santa Laura, de la comuna de Cholchol, lugar donde incendiaron la camioneta en que se movilizaban, la que resultando destruida en su totalidad.

Finalmente, el ente persecutor relató que en su escape a pie, los imputados fueron sorprendidos por personal de Carabineros, contra quienes dispararon. Luego dejaron abandonadas las armas que portaban en una quebrada e intentaron ocultarse en medio de la vegetación del sector, pero fueron ubicados y detenidos por los policías.

Durante el traslado hacía la Octava Comisaría de Carabineros de Temuco, Pelentaro Llaitul y Juan Mardones fueron observados cuando intentaban desprenden de 12 cartuchos calibre 357, por lo que fueron registrados, hallando entre sus vestimentas otros cartuchos balísticos.

Los apremios ocurrieron cuando era estudiante universitario.

La Corte de Santiago rechazó un recurso de casación y confirmó el fallo que ordenó al fisco indemnizar con $12 millones a Héctor Llaitul, líder de la CAM, por torturas en la dictadura en Valparaíso.

La resolución se adoptó unánimemente por la Segunda Sala del tribunal, ratificando la sentencia por daño moral a Llaitul, quien fue detenido el 28 de abril de 1998, cuando era estudiante universitario, y recluido en la cárcel de Quillota, recinto penal donde permaneció incomunicado durante 10 días y sometido a torturas y tratos inhumanos y degradantes por agentes de la disuelta CNI.

Las ministras Maritza Villadangos, Karina Ormeño y el abogado (i) Michael Camus – integrantes de la sala — descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción indemnizatoria.

“El recurso de casación por el motivo reseñado en el considerando anterior deberá ineludiblemente ser desechado, toda vez que basta únicamente leer el fallo objetado, específicamente el fundamento Décimo Séptimo, para resolver que no incurre en el vicio que se reclama, dado que el mismo sí contiene el razonamiento que el recurrente echa en falta, debiendo concluirse, entonces, que lo efectivamente impugnado viene a ser el hecho que la decisión adoptada por la juez a quo y los motivos jurídicos en que se apoyó tal pronunciamiento, no resultaron favorables a sus intereses, lo que por cierto, no constituye la causal de casación en que se apoya el presente arbitrio”, se precisa en el fallo.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada el 32 de mayo de 2021, con declaración que la suma que se condena pagar al fisco al actor asciende a la suma de $12.000.000 a título de daño moral, más reajustes conforme al alza del Índice de Precios al Consumidor que se devenguen a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta la de su pago efectivo y que dicha suma así reajustada devengará además intereses corrientes para operaciones reajustables los que se contabilizarán desde que el deudor sea constituido en mora, sin costas.

Por estos hechos se detuvo a trece personas de nacionalidad colombiana, tres de los cuales quedaron en prisión preventiva y ocho con arresto domiciliario total.

Luego del ataque, el presidente Gabriel Boric anunció la expulsión de los ciudadanos extranjeros que golpearon a los funcionarios y, hace unos días, el Gobierno informó que entre el 19 y el 26 de octubre, la Policía de Investigaciones notificó a los 13 colombianos de que serían expulsados en los próximos días.

Pero este 28 de octubre la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de amparo que puso en jaque la decisión del Gobierno. Y es que el abogado defensor de los extranjeros, Carlos Jiménez, argumentó en el recursointerpuesto que antes de la expulsión, se debe realizar la investigación correspondiente a los acusados.

“La Subsecretaría del Interior, antes de aplicar la expulsión, debe en respeto a las garantías constitucionales de los amparados, someterlos a una investigación y procedimiento previo legalmente tramitado, exigido para el procesamiento de toda persona sobre la que se presume la comisión de un delito”, dice el documento.

Al acoger el recurso, la corte dictó una orden de no innovar, por lo que los responsables del ataque a carabineros no podrán ser expulsados por el momento.

Marcela Ríos, ministra de Justicia, aseguró que el Gobierno apelará la decisión.

“Nosotros vamos a utilizar todas las medidas legales para poder llevar adelante la expulsión de estas personas que agredieron a Carabineros. Vamos a apelar esta decisión, pero también somos respetuosos de los fallos y de la autonomía del Poder Judicial, pero sin embargo vamos a apelar a la decisión. Esperamos que nuestra posición sea acogida en la CorteSuprema”.

Durante este jueves 3 de noviembre, la subsecretaría del Interior deberá entregar un informe a la Corte, incluyendo los antecedentes y justificativos de sus alegaciones para ordenar la expulsión.