El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió a los funcionarios asegurando que no es verdad que el Minvu está lleno de funcionarios corruptos en el marco del denominado “Caso Convenios”.

“No es verdad que en el Ministerio de Vivienda son puros corruptos, eso no es verdad (…) Quiero defender a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda porque son personas serias que llevan años dedicados a esto”, afirmó Montes.

Montes, además, aseveró que a su juicio “lo más importante es ver las causas de las cosas y ver cómo se resuelven. Quisiera terminar como un ministro… no el ministro del Caso de los Convenios, sino el ministro que resuelve el Caso de los Convenios y tenemos una nueva institucionalidad para que no se vuelvan a repetir”.

“Hemos entregado mucha información a los distintos organismos públicos porque creemos que hay que llegar a ella y cuando haya responsabilidades deben responder a esas responsabilidades quienes tienen la culpa”, agregó.

Asimismo, Montes recalcó que “nosotros queremos enfrentar el problema, enfrentar las causas, ver quienes son responsables, pero especialmente construir más viviendas y que haya solución hacia adelante”.

Consultado sobre la eventual acusación constitucional en su contra, dijo: “Respeto a las instituciones del Estado, espero poder estar ahí y explicar cómo se dieron las cosas”.

Esto sucederá el próximo martes 16 de enero, a las 09:30 horas, en el 9º Juzgado de Garantía de Santiago. La solicitud, ingresada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina.

Además, junto a Barriga serán formalizados otros colaboradores de su gestión. Se trata de Ana María Cortés, exdirectora de Dideco; Luis Japaz, exasesor sindicado como mano derecha de la exalcaldesa; Andrea Díaz, exadministradora municipal; Andrea Monsalve, quien también fue mano derecha de la exmodelo; y María Isabel Palma, quien ejerció como directora de control.

La exjefa comunal, quien se hizo conocida por su participación en programas de TV como “Mekano” y “Maldita sea”, está acusada de fraude al fisco.

Por ejemplo, se le investiga por el pago de $95 millones a la mencionada Andrea Monsalve, quien habría sido una contratación “fantasma”. Esto quiere decir que se le pagaba un sueldo, pero no ejercía funciones.

También se le indaga por el pago de un bono denominado “Años Dorados”, el que recibieron 14 funcionarios que dejaban el municipio. Sin embargo, el beneficio no está contemplado en la legislación. Ahí el posible fraude al fisco ascendería a $81 millones.

Finalmente, también se le investiga por la posible defraudación en más de $20 millones, por el aumento sin justificación necesaria del presupuesto comunal.

Pese a dichos montos, el actual alcalde de Maipú, el RD Tomás Vodanovic, acusa que durante la gestión Barriga -quien es independiente, pero electa bajo el alero de Chile Vamos- la defraudación al municipio llegó a los $31 mil millones.

En las próximas horas, la Fiscalía Oriente -unidad que lleva actualmente la investigación contra la exjefa comunal- dará más antecedentes sobre la causa.

Recordemos que, esta semana se dio a conocer una conversación entre Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, junto al representado, donde mencionan pagos a funcionarios del SII y la CMF para obtener información reservada que beneficie al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

“Todo funcionario público que esté involucrado en casos de corrupción tiene que responder a la justicia”, señaló el mandatario.

“Acá no se puede defraudar la fe pública, pareciera que estamos ante una red de corrupción y de desfalco de recursos y de evasión de impuestos gravísima que afecta a quienes más lo necesitan. Los impuestos no son una regalía para el Estado. Con los impuestos se construyen los consultorios en los que se atienden la mayoría de los chilenos, con los recursos de los impuestos construimos las carreteras que conectan los lugares más recónditos de nuestro país”, agregó.

Asimismo, dijo que “a quienes estén en esas prácticas les digo muy claramente: tal como a los delincuentes que cometen hurtos o asesinatos en las calles, que tengan cuello y corbata, no nos intimida en lo más mínimo, los vamos a perseguir con la más fiera convicción que nos otorga la ley“.

“Pueden contar con aquello y el señor Hermosilla y quienes sean sus cómplices tendrán que responder ante ello y ante la justicia como corresponde”, zanjó.

Por otro lado, el mandatario se refirió al caso de Rayen Curihuil, funcionaria de carabineros que recibió el impacto de una granada en el marco de un procedimiento en Club Hípico.

“En primer lugar, yo empatizo, entiendo y les aseguro que estoy avocado con toda la energía en combatir la delincuencia. Acá no se le puede mirar en menos ni minusvalorar la sensación de temor que existe”, expresó.

“Es importante poner las cosas en perspectiva. El otro día veía una encuesta en donde más del 50% de los chilenos decía que Chile es el país más peligroso de Latinoamérica. Eso no es así y pueden revisar los datos en cualquier parte y se van a dar cuenta de que pese a las dificultades reales que estamos enfrentando, la delincuencia como fenómeno transnacional está golpeando con mucha fuerza, no solamente los países de América Latina, sino todo el mundo y en varios, con mucha más fuerza que en Chile”, dijo.

Asimismo, dijo que “eso no es excusa y no nos puede servir de consuelo para nada. Efectivamente, la criminalidad y en particular la violencia de determinados criminales ha aumentado. Pero yo quiero destacar la labor de las policías. Parte importante de los delitos que hemos conocido en el último tiempo han sido resueltos rápidamente por Carabineros y por la PDI”.

Finalmente, subrayó que “los delincuentes que decidan continuar con esa senda van a ser perseguidos con todo el peso de la ley y cuando a Carabineros, como sucedió con el caso brutal que vimos recientemente de Rayen, tenga que defender su vida, lo va a hacer y el Gobierno los va a respaldar“.

“A los delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar y si es necesario, los vamos a echar“, concluyó.

Ante la crisis educacional en la Región de Atacama, el ministro Nicolás Cataldo advirtió irregularidades y posibles hechos de corrupción al interior del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la zona.

Cerca de 30 mil estudiantes -de 46 establecimientos- están sin clases en la región, debido al paro de docentes que se ha extendido por más de 50 días. Los profesionales acusan infraestructura deplorable en los recintos y malversación de fondos por parte del SLEP.

En entrevista con Concierto, el secretario de Estado informó que remitió al Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Contraloría General de la República (CGR), antecedentes de una auditoría que se le hizo al servicio por los presuntos hechos delictivos.

En ese sentido, el titular de Educación dijo tener “pocas dudas de que haya corrupción, porque los informes de auditorías que se hicieron dan cuenta de ello. Esperemos que las instituciones hagan su trabajo rápido. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Sobre las falencias identificadas en la auditoría, Cataldo sostuvo que hay temas de arrastre de recursos “del año anterior al año actual. No es un delito, pero es un problema de gestión importante. Se contrataron servicios por un valor más alto que el que debería ser. Vimos personal contratado que no tiene contrato. Eso es una irregularidad gigantesca”.

Al respecto, el ministro fue enfático decir que no tiene dudas la situación debe ser corregida de forma inmediata. “De los 11 servicios locales de Chile tuve la oportunidad de trabajar un año en uno de ellos. Ninguno tiene la situación de Atacama. No existe el sistema perfecto. Los hallazgos de la auditoría nos muestran en Atacama algo que no se ha visto en el resto”, añadió.

Las comisiones de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado tendrán sesión en conjunto e invitarán a los directores de los SLEP implementados y al ministro Cataldo para abordar la situación.

Recuperación de clases

El ministro Cataldo también afirmó al medio citado que “probablemente” los estudiantes afectados estarán recuperando clases en 2024: “Estamos apostando a que las clases se retomen en noviembre y se cierre el año, pero vamos a necesitar una recuperación de aprendizaje específica para Atacama”.

No obstante, la senadora de la región y militante de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, al ser consultada en CNN Chile por los dichos del ministro de Educación respecto a los establecimientos disponibles para volver a clases, respondió: “Yo no quiero hacer esto una discusión con el ministro, porque yo le podría decir al ministro que fuera y dijera cuáles son los 42 colegios, porque esa información no es real“.

Fue durante la presentación del nuevo trazado de la Línea 9 del Metro de Santiago, que conectará las comunas de Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto, donde el mandatario emitió las declaraciones.

En la oportunidad, se refirió al denominado Caso Convenios, que ha salpicado directamente al Gobierno, calificando lo sucedido como una “corrupción inaceptable que no tiene ninguna justificación”.

En esa línea, se comprometió con los distintos organismos que están indagando los millonarios traspasos a fundaciones, como Contraloría y el Ministerio Público.

“Nuestro gobierno va a trabajar en conjunto con Contraloría, con Fiscalía, con la Justicia y con todas las instancias que correspondan, para además elevar los estándares de probidad”, afirmó.

A renglón seguido, el mandatario apuntó a los “sinvergüenzas” que han aparecido, incluso al interior de su propia administración.

“Porque al final los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas y eso no lo vamos a tolerar”, sentenció.

“Como Presidente de la República, el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir, no sigan ocurriendo”, dijo.

Incluso, advirtió que no habrá “perdonazos”, destacando la salida de autoridades, algo que incluso podría continuar sucediendo si se encuentran otras irregularidades.

“Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan y cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades. Y si eventualmente en el futuro tiene que ser así, va a seguir siendo así”, sentenció.

“Acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos, hay que tener en estas cosas un solo estándar”, agregó Boric.

No obstante, también envió un recado a la oposición, señalando que “lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo”.

“Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular cuando se imputan delitos. Tiene que hacerse fundamentada y ante las instancias que corresponden”, pidió.

Respecto a los casos que involucran la firma de convenios entre organizaciones e instituciones del Estado, Naranjo aseguró que para clarificar los hechos se deben realizar los “mecanismos propios de fiscalización” y “nadie se debe asustar, enojar ni incomodar”.

“Lamentablemente, y yo lo señalé hace algún tiempo atrás, estamos cosechando lo que sembramos hace muchos años atrás cuando el problema Penta y Soquimich se tapó debajo de la alfombra”, aseguró el socialista.

Agregando que, en ese momento, “por no haberlo resuelto bien, sembramos lo que posteriormente vendría en diversos escándalos de corrupción”.

“La banda de alcaldes” y la corrupción, según acusó Naranjo

En esa línea, el diputado Jaime Naranjo, en conversación con Via X denunció una situación vinculada a las y los distintos jefes comunales.

“No nos olvidemos lo que ocurre en los municipios, donde están involucrados alcaldes de todos los sectores, que yo llamo ‘la banda de alcaldes»”, dijo.

Finalmente, respecto a lo que sucede en las distintas Municipalidades del país, el diputado oficialista aseguró que “hay un nivel de corrupción que lo que ocurre en las Fundaciones es la nada misma si usted lo compara en montos”.

El senador de RD presentó una querella «no contra una persona», sino porque «entendemos que hay una red de gente con información» y que «busca sacar provecho de recursos públicos».

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, presentó este martes una querella contra todos quienes resulten responsables de posibles delitos de corrupción dentro del Caso Demcoracia Viva, escándalo que salpica a militantes del partido, y por el cual la Fiscalía está indagando.

De acuerdo al parlamentario, la instancia judicial no va en contra de alguien en particular, sino contra todos quienes resulten responsables: «Podemos entender que hay una red de gente que tiene información y está involucrada en delitos».

«Como RD, decidimos colectivamente hacernos parte. esperamos mayores diligencias para entregar todos antecedentes, nos interesa aclarar que cualquier delito de un militante de RD vinculada a esta fundación no van a tener cabida», señaló. Asimismo, remarcó la necesidad de «investigarlo todo, caiga quien caiga».

«Cualquier delito cometido por algún militante de RD vinculada a esta fundación, que no es parte de RD, sino que son militantes que armaron la fundación y que podrían haber delitos involucrados, no tendrán cabida en el partido», señaló Latorre en redes sociales.

Añadió que, «Hay sospecha de corrupción, de una organización que se forma hace poco tiempo y empieza a buscar convenios con el Estado en mucha variead de temas para sacar provecho de recursos públicos», complementó.

Para Latorre, si es que hay integrantes del partido involucrados como autores de delitos, «no pueden ser parte de nuestor proyecto político. Violan los estándares de transparencia y probidad que buscamos».

«A Daniel Andrade y Carlos Contreras se les solicitó la expulsión del partido. Por otro lado se suspendió la militancia de la diputada @CatalinaPerezS».

Latorre también subrayó que «es un aprovechamiento político» exigir la salida del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, asegurando que este «ha tenido una actitud muy proactiva».

«El ministro está haciendo un muy buen trabajo. En este caso, ha tenido actitud muy proactiva y cuenta con el respaldo del Presidente», manifestó.

El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quedó en prisión preventiva, como medida cautelar.

El exmilitante de Renovación Nacional, es imputado de los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Además, se le acusa de ser el líder de una organización criminal para defraudar dineros desde la Municipalidad de Vitacura

El país mantuvo los 67 puntos que obtuvo el 2017 (sobre un máximo de 100), sin embargo, cayó de la posición 26 a la 27, lo que refleja una baja total de seis puestos en los últimos cuatro años, según el vigésimo sexto Índice de Percepción de Corrupción (CPI).

En este sentido, la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, señaló que la corrupción es “lo más opuesto a la función pública y al bien común, fin último y único del Estado. Se trata de un fenómeno tenaz y complejo. Combatirla es, por tanto, una tarea que nunca concluye, ingente y que demanda el empleo de múltiples controles, desde alertas tempranas hasta castigos severos, y también un grado de creatividad y anticipación”.

En América Latina, después de Uruguay (23) y Chile (27) se encuentra Costa Rica (48). En tanto, Venezuela (168), Nicaragua (152) y Guatemala (144) están dentro de los peores calificados.

“La corrupción daña, debilita la confianza del público y, con ello, la legitimidad de esa institución, la priva del poder que debe tener para cumplir su fin social. Y la falta de confianza, de legitimidad, en suma, de credibilidad, entorpece y dificulta que esa institución pueda cumplir eficazmente sus fines”, concluyó Manaud.

“¿Qué piensas de la corrupción en Chile?” es el nombre de la consulta impulsada por la Contraloría General de la República, para medir la percepción del fenómeno de la corrupción en el país y, además, impulsar una cultura de tolerancia cero hacia las malas prácticas.

La encuesta es anónima y plantea preguntas relativas a determinar el nivel de corrupción de diversas situaciones y las áreas e instituciones más vulnerables a enfrentar malas prácticas.

Además, se espera conocer la percepción sobre el rol que debe cumplir la Contraloría en el combate de la corrupción, entre otras materias. 

Esta herramienta participativa es parte Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría y estará disponible hasta el 30 de noviembre.