A una semana de la revelación de la filtración de 400 mil correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, acudirá este martes al Congreso en Valparaíso para exponer sobre la situación.

Entre las 12.30 y las 14.00 horas está citada la sesión de la comisión de Defensa del Senado, presidida por el senador Francisco Huenchumilla, para conocer la versión de la ministra Fernández respecto a los hechos.

Asistirá también a la sesión en la Sala 4 de Comisiones de la Cámara Alta el subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar.

La sesión tiene por finalidad “escuchar a la señora ministra de Defensa Nacional, al señor subsecretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto en relación con los problemas cibernéticos que han afectado a este organismo”.

El general Guillermo Paiva presentó la semana pasada su renuncia al cargo. Desde el Ejecutivo explicaron que había “responsabilidad de mando” de Paiva en la filtración de los correos atribuida por el grupo de piratas informáticos centroamericano Guacamaya. El vicealmirante José Luis Fernández fue nombrado en su reemplazo.

Asimismo, se nombró al general de Brigada Mario Grez Casanueva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, como fiscal para encabezar la investigación sumaria por la filtración.

Pese a que se informó que la sesión sería transmitida por los canales del Senado, autoridades han adelantado que podría tener un carácter reservado.

A las 17.30 horas, en tanto está citada la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para recibir a la ministra de Defensa en la Sala Carlos Lorca, en el segundo nivel, en una instancia que se desarrollará en modo mixto, presencial y telemático.

Las sesiones buscarán aclarar las fechas en las que tuvo lugar la filtración y conocer las medidas que se han tomado. De acuerdo a la versión del gobierno, el ciberataque se habría concretado en mayo y la ministra de Defensa solo fue informada de “vulnerabilidades en el sistema” en esa fecha.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se refirió a la filtración de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, aseverando que “si la información de la vulnerabilidad se entregó después del hackeo, es evidente que no se entregó toda la información”.

En su visita a Lota, en la región del Bío Bío, la autoridad insistió que a la ministra de Defensa, Maya Fernández, solo se le informó respecto a la vulnerabilidad del sistema y no del hackeo: “Nunca fue informada de que había sido hackeado el sistema y que había información que había sido extraída, información reservada”.

“No es la misma situación que a una autoridad se le informe de que el sistema es vulnerable y, por lo tanto, se tome la decisión política de entregar recursos para cerrar la vulnerabilidad, que fue lo que se hizo, a que se le hubiese informado de que había una sustracción de información relevante para la seguridad del país”, profundizó.Lo último -añadió- es lo que no ocurrió.

Además, aseveró que una situación de esa naturaleza debía ser informada por escrito.

El ministro (s) reiteró que lo ocurrido es grave y que el sumario administrativo y la justicia militar esclarecerá desde qué momento se sabía que el sistema era vulnerable y si se actuó de manera oportuna.

Debido a que la filtración contempla cerca de 400 gigas, recién se está conociendo el conjunto de información y las áreas vulneradas.

De igual forma aclaró que los resultados de la investigación de Justicia Militar permitirá establecer si “está vulnerada la Ley de Defensa y eso depende del tipo de información que ha sido revelada”.

Esto porque -según explicó- “hay información reservada que no es necesariamente secreta”.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hará parte en la causa legal por la masiva filtración de correos electrónicos y documentos que golpeó al Estado Mayor Conjunto (EMCO).Lo anterior tras el requerimiento del Ministerio de Defensa, cartera a cargo del EMCO, un organismo asesor en materia militar y de Fuerzas Armadas.

La causa se desarrolla ante la Primera Fiscalía Militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago.

Junto a lo anterior, el CDE anunció que analizará los antecedentes disponibles para determinar otras posibles acciones a ejercer en el marco de sus atribuciones y competencias legales.

La mega filtración, tras una falencia total en materia de ciberseguridad, dejó a disposición del público mails y archivos de distintos grados de relevancia e importancia para la seguridad nacional.

Desde La Moneda, la vicepresidenta Carolina Tohá afirmó que a su juicio “hay responsabilidad de mando” en la filtración y alertó que las autoridades civiles no tenían datos del problema.

El escándalo ya cobró su primera víctima: ayer jueves el general Guillermo Paiva presentó su renuncia como jefe del EMCO.

En estos momentos él es sindicado como el responsable de, presuntamente, no haber canalizado información del hackeo a sus superiores.

Eso sí, algunas versiones indican que en mayo habría comunicado de manera verbal lo ocurrido, aunque no habría registros de aquello.

La jornada de este jueves, el general Guillermo Paiva, presentó su renuncia como jefe del Estado Mayor Conjunto, luego que se informara que habría estado en conocimiento de la filtración de correos que afectó a dicho estamento.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, Paiva tomó la decisión en medio de la ola de cuestionamientos y controversia que existe respecto de si informó o no al Gobierno respecto de la vulnerabilidad de los sistemas de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto a posibles hackeos.

A lo anterior, se suma que -de acuerdo a algunas versiones- en mayo pasado habría entregado verbalmente una impresión al respecto al Ministerio de Defensa, de la cual no existe ningún documento que señale y confirme su advertencia respecto que el Estado Mayor haya sido víctima de un hackeo internacional.

Estos hechos, están en el contexto de que el grupo hacktivista Guacamaya ingresó a los sistemas de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto en el mes ya mencionado.

En ese sentido, en distintas plataformas se advirtió que en las próximas horas se conocerían los correos electrónicos de empresas privadas, pero también de Perú, El Salvador, Ecuador, Colombia y México que están directamente relacionados con inteligencia militar.

La filtración de correos, provocó el regreso el país de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien se encontraba participando en las actividades de la Asamblea de la ONU en Nueva York, junto al Presidente y otros miembros del gabinete.

El hackeo liderado por el grupo hacktivista Guacamaya liberó más de 300 mil archivos reservados del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de la Defensa Nacional de Chile.

Los documentos internos -analizados por la Unidad de Investigación de BioBioChile– detallan, entre otras comunicaciones, los cuidados, complicaciones y los gastos operacionales de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción instaurado en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, bajo el mandato del ex Presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo se desprende de los informes secretos a los que accedió este medio, la Armada y el Ejército de Chile desembolsaron, entre octubre de 2021 y abril de 2022, más de 1.200 millones de pesos.

Todo ello, pese a que reportes internos evidencian la escasez de equipamiento básico para los uniformados desplegados en la zona.

Por su parte, el Consejo para la Transparencia (CPLT) oficiará al Estado Mayor Conjunto para obtener mayores antecedentes sobre el hackeo que sufrió el organismo.

El allanamiento a la comunidad de Ercilla donde se presume estaría oculto, sigue sin ocurrir.

El informe es uno de los miles de documentos filtrados por un grupo autodenominado Guacamaya, a través del usuario “weichafe@cibermapu”.

Informe detalle

El 6 de abril de 2021, un coronel de aviación envió a sus mandos un correo con el archivo adjunto titulado “Tips preventivos de ciberseguridad”.

Se trataba de un documento elaborado por la unidad CSIRT del Ministerio del Interior y el Estado Mayor Conjunto (EMCO) para que todo el personal siguiera medidas básicas de cuidado de información, especialmente en redes de mensajería.

El 28 de este año, el jefe del departamento de ciberseguridad de la Subsecretaría de Defensa envió a contactos del EMCO y de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, una “notificación del FBI referente al Ransomware Diavol”, mostrando una de las preocupaciones permanentes para la cartera: la ciberseguridad.

Ambos emails forman parte de los miles de correos del EMCO difundidos en Fiestas Patrias por un grupo autodenominado Guacamaya, a través del usuario “weichafe@cibermapu”, según muestra un video difundido por el sitio Enlace hacktivista.

La filtración derivó este miércoles por la tarde en el regreso anticipado a Santiago de la ministra de Defensa, Maya Fernández, desde la asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York, y su citación a la comisión de Defensa del Senado, el martes 27, junto al general Guillermo Paiva, jefe del EMCO.

Paralelamente, la cartera ordenó el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del caso y se pusieron los antecedentes recabados a la fecha a disposición de la justicia militar.

Este jueves por la mañana la ministra recibió en la cartera a los comandantes en Jefe de las distintas ramas y al general Paiva, para abordar la situación.

La filtración, que afectó a la entidad encargada de coordinar la labor de las Fuerzas Armadas en estado de excepción constitucional, entre otras labores, incluye información personal de los altos mandos de las FFAA chilenas actualizada a 2022, antecedentes sobre personal que tuvo Covid-19 y datos básicos sobre agregados militares extranjeros, además de documentos de compras y proveedores.

También adjunta informes reservados de inteligencia sobre el despliegue militar en las macrozonas norte y sur, menciones a manifestaciones y desmanes tras el 18-O y análisis de situaciones internaciones de interés castrense.Los informes sobre Temucuicui.

El 19 de agosto de 2021, el general Javier Iturriaga, actual comandante en Jefe del Ejército y entonces jefe del EMCO, recibió, entre otros destinatarios, el “Informe diario OSINT”.

El documento, clasificado como “reservado”, incluía una mención al caso de Jorge Huenchullán, el vocero o werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui que se había declarado ese mes en “clandestinidad política”, luego de que el tribunal resolviera enviarlo a prisión preventiva tras su formalización de cargos por tráfico de marihuana y porte ilegal de armas y municiones.

En el documento se vinculó a Temucuicui con el grupo radical Resistencia Mapuche Malleco (RMM), investigado en relación con el fallido ingreso de la exministra de Interior, Izkia Siches, a la comunidad en Ercilla, en La Araucanía, en marzo pasado. Su comitiva fue recibida con disparos al aire y un auto incendiado bloqueando un camino rural.

“En la Macrozona Sur es posible el desarrollo de nuevos procedimientos policiales para detener al werkén Jorge Huenchullán Cayul, lo que fomentaría a que grupos operativos de la RMM (Resistencia Mapuche Malleco), efectúen acciones contra personal y unidades policiales o cualquier otro evento de violencia rural.

Finalmente, se espera continúen las acciones focalizadas en contra de activos y personal perteneciente a empresas forestales y funcionarios de Carabineros que concurre a los diversos procedimientos que se disponen en las zonas de conflicto”, consignó el documento.

El informe se elaboró en momentos en que se estudiaba un eventual ingreso a la comunidad de Temucuicui aprovechando el apoyo del Ejército a las policías por el estado de excepción de emergencia decretado por el gobierno pasado.

La entrada de las policías sin apoyo militar el 7 de enero de ese año había terminado con la muerte por un tiro del subinspector Luis Morales.

El caso de Huenchullán ya había sido abordado en otros informes.

El reporte del 28 de julio de 2021, tras su detención y posterior liberación por el tribunal, advirtió que “debido a la liberación del werken Jorge Huenchullán Cayul, integrante del Lof Temucuicui, es probable la ocurrencia de manifestaciones, durante la formalización de cargos prevista para el próximo jueves 29 en la comuna de Victoria”.

A causa de ello, en La Moneda se está debatiendo respecto a si debe continuar en su cargo.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, en mayo pasado el Estado Mayor Conjunto habría tenido antecedentes de que habían sido más de un ciberataque a sus correos electrónicos que involucra a su vez a la información confidencial y secreta de seguridad de Estado que maneja dicha unidad.

Sin embargo, no existe registro de que hayan sido alertados de aquello tanto la ministra de Defensa, Maya Fernández, como las subsecretarías respectivas.

Debido a lo anterior, se deberá esclarecer si el general Paiva bloqueó o no la información referida al ciberataque en cuestión.

Eso sí, el jefe del Estado Mayor Conjunto apuntó que sí hizo entrega de la información respectiva, pese a que no hay registros de ello.

A su vez, la ministra Fernández se enteró de la situación a través de un tuit recibido en su teléfono, el cual fue emanado por una empresa estadounidense que -por medio de la red social en cuestión- anunció de que las fuerzas militares de Chile, Colombia, El Salvador, México, Ecuador y Perú, habían sido víctimas de un hackeo masivo.

Acto seguido, la secretaria de Estado solicita que dicha información sea indagada, viajando posteriormente con el Presidente de la República, Gabriel Boric, a Estado Unidos, país desde donde le pide al ministro de Defensa (s), Gabriel Gaspar, que constituya de inmediato el Comité de Crisis.

La filtración de correos, provocó el regreso el país de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien se encontraba participando en las actividades de la Asamblea de la ONU en Nueva York, junto al Presidente y otros miembros del gabinete.

Entre la información filtrada tras el hackeo se encuentran proyectos que pensaba ejecutar el Estado Mayor Conjunto, quedando en evidencia la estrategia militar de Chile.

“Frente a los hechos conocidos en relación con la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, el Presidente de la República ha instruido a la Ministra de Defensa Nacional retornar al país para liderar la respuesta frente a estos hechos”, se leyó en una publicación efectuada por el Ministerio de Defensa.

Además, la cartera comunicó que el Gobierno ordenó un sumario administrativo para determinar responsabilidades a partir de la filtración de miles e-mails del EMCO, organismo de coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.