El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina condenó al cabo segundo del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, a siete años de cárcel por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Colina, el 20 de octubre de 2019, cuando en medio de las protestas por el estallido social, el joven Carlos Astudillo, resultó herido de bala y fue trasladado a la rastra por un grupo de militares.

En la condena, se concluyó que el uniformado efectuó un disparo con un arma de fuego con munición letal, en una de las extremidades del estudiante “desatendiendo las reglas del uso de la fuerza vigentes al momento de los hechos“.

Lavín Villalobos fue el primer militar imputado por un ataque a un civil.

Agustín O’Ryan Soler fue sentenciado a 7 años de cárcel el pasado viernes, por lo que la policía lo fue a buscar a su casa en el sector de Zapallar de Curicó donde estaba con la cautelar de arresto domiciliario para ser trasladado a la unidad penal, pero no estaba en el lugar.

Al respecto, el prefecto Luis Campos Moya, jefe de la prefectura provincial de Curicó, detalló que la Policía de Investigaciones una vez que salió la condena de Agustín O´Ryan por 7 años por abuso sexual agravado y violación, procedió a concurrir al domicilio.

«Con el fin de que el imputado fuera trasladado hasta el centro penitenciario para que iniciará su cumplimiento, se concurrió al domicilio, no obstante esta persona no se encontraba allá. Por lo que se procedió a verificar en todos los puestos fronterizos si esta persona había salido del país, lo cual no ha sido así, por lo tanto se está trabajando con un grupo interdisciplinario con el fin de reunir los antecedentes necesarios para establecer su actual paradero y ponerlo a disposición de la justicia como ha sido ordenado», resaltó.

Indicó que la fiscalía dio una orden específica a la Policía de Investigaciones para que continúe con estas diligencias, por lo que esperan pronto dar con su paradero.

Según lo expuesto en el juicio por el fiscal Gonzalo Pino, el sacerdote aprovechando la confianza lograda con la familia de la víctima, ingresaba a su habitación momento en que el acusado le realizaba tocaciones en sus genitales manifestándole que lo quería mucho. Esta situación se repitió a lo menos un par de ocasiones, lo que permitió al Ministerio Público configurar el delito de abuso sexual.

Un total de 40 personas fueron presentadas a declarar en la acusación de la fiscalía, además de precias y la participación de diversos peritos en especial de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.

El fiscal Gonzalo Pino señaló que ”la fiscalía a penas conocida la denuncia derivó al menor para ser atendido por la Unidad de Victimas y Testigos de la fiscalía quienes en todo momento le prestaron apoyo permanente para la tramitación de este caso.

En el desarrollo del juicio se rindió como prueba fundamental la declaración de testigos, su familia y la víctima de este hecho, resultando aquello de relevancia para acreditar el hecho, además de peritos psicólogos.

También concurrieron a prestar declaración al menos cuatro testigos de contexto del comportamiento anterior del sacerdote en el desempeño de sus funciones, lo que fue vital para lograr un veredicto condenatorio en su contra. Fue importante también el minucioso trabajo de la unidad de delitos sexuales de la PDI.

Con toda la prueba que se rindió el tribunal Oral de Talca dictó sentencia condenatoria por delito de abuso sexual en contra del sacerdote considerando que también se acreditó que concurre la circunstancia especial que el acusado era un sacerdote de la iglesia católica.

Finalmente, en su acusación la fiscalía solicitó se imponga una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. El tribunal fijó para el día 29 de agosto a las 13 horas la lectura de la sentencia que en definitiva deberá cumplir el acusado.

Los antecedentes presentados por el Fiscal Adjunto de Calama (s), Gabriel Zepeda Castillo, durante el juicio, arrojaron que el hecho ocurrió durante la mañana del 18 de agosto de 2020, cuando la víctima concurrió al Cesfam ubicado en San Pedro de Atacama, por un fuerte dolor abdominal.

Debido a su gravedad, personal de salud de la localidad decidió que la paciente debía ser trasladada al Hospital Carlos Cisternas de Calama, en la ambulancia desde el consultorio.

«Durante el traslado, el imputado, en su calidad de paramédico, acompañó a la víctima en la parte trasera de la ambulancia y cometió el delito, simulando para ello maniobras de revisión de su estado de salud. Una vez que la víctima fue ingresada al centro asistencial, realizó la respectiva denuncia», informa Fiscalía en su sitio web.

Otras penas

Informaron que el condenado también recibió las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos mientras transcurra dicha condena.

“Gracias a la investigación liderada por el Ministerio Público con colaboración de personal de SIP de la 2da Comisaría de Carabineros, se pudo acreditar dicho delito a través de la presentación de testimonios, pruebas documentales y fotografías”, explicó Zepeda Castillo.

Finalmente, el Tribunal Oral de Calama acogió los argumentos presentados por el equipo de la Fiscalía Local de Calama, dictando veredicto condenatorio y la respectiva sentencia.