En la oportunidad, el contralor detalló que se auditaron 15 de 16 seremías (Aysén no registra convenios del tipo investigado) en las que se detectaron 16 observaciones.

La primera de estas, y a juicio de Bermúdez la principal falla del sistema de convenios vía trato directo, es la “Falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios”.

Es más, Jorge Bermúdez detalló que de existir dicho protocolo, se evitarían la mayoría de las otras observaciones. Es más, dicha observación se detectó en todas las seremías investigadas.

Otras de las faltas que se detectó a lo largo de todo el país que se realizan asignaciones directas de iniciativas de inversión “a entidades ejecutoras sin fundamentación”.

Además, el contralor explicó que se detectó la “falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia”.

En tanto que solo en Antofagasta y O´Higgins se confirmó que hubo “personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del servio o de la seremi del Minvu respectiva”.

Así también, en las regiones Metropolinta, Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Los Lagos, se detectó “falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios”.

Cabe destacar que la Contraloría informó que 19 fundaciones han sido objeto de investigación, y en relación a contratos sostenidos entre 2021 y 2023 con el Estado.

No obstante, y a pesar de todos los antecedentes recopilados, Jorge Bermúdez aseguró que no se puede hablar de un “modus operandis”, y que dicha categoría debe ser establecida por otras entidades.

Uno de los hechos conocidos en el informe de Contraloría y que fue resaltado por los diputados presentes en la comisión es que se detectó falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad.

Estos hechos fueron asociados a las seremías de O’Higgins (Fundación Arquiduc), Bío Bío (Urbanismo Social y ProCultura), Antofagasta (Democracia Viva) y Maule (Urbanismo Social).

Esta es la tercera citación que recae en el militante de Revolución Democrática (RD), aunque a las dos anteriores no concurrió.

Los parlamentarios revisan la situación de los contratos y traspaso de recursos públicos por parte de entidades del Estado a organizaciones privadas.

Reacciones
Juan Antonio Coloma, diputado de la Unión Demócrata (UDI) e integrante de la instancia, dijo a CNN Chile que la decisión también es para que Crispi acuda “como funcionario público, cuestión que fue lo que señaló el contralor en la presentación que hizo hace poco días”.

“Lo que nosotros buscamos con esto son dos cosas: primero, que quede claro que un jefe de asesores del Segundo Piso tiene la obligación de venir cuando es citado y, segundo, va a ser uno de los últimos días de la comisión, porque estamos a la espera también que la propia Contraloría pueda emanar información, por ejemplo, respecto de la actuación de Procultura en la misma Región de Antofagasta o de otros tipos de dictámenes que pueda emitir durante los próximos días”, indicó.

En tanto, el diputado del Partido De la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, comentó a CNN Chile que Crispi “tiene que dar las explicaciones como asesor“.