Junto a esto, la alcaldesa Irací Hassler (PC) ordenó la realización de acciones administrativas internas.

Incluso, la jefa comunal señaló que “en orden a los antecedentes informados por el ente contralor, la Municipalidad ejercerá acciones legales por las tasaciones”.

Desde el municipio recalcaron que “no se ha efectuado ningún pago en relación a esta compra, por lo que no hay afectación al patrimonio municipal”.

Recordemos que durante esta jornada, el organismo que lidera Jorge Bermúdez emitió un pronunciamiento jurídico entregando los argumentos para impugnar el proceso de compraventa, lo que representa un duro golpe a las intenciones de la edil comunista de hacerse de dicho recinto de salud.

La Municipalidad de Santiago valoró que “la resolución de Contraloría ratifique el actuar transparente de esta administración durante el proceso, dando cuenta que el Concejo Municipal tuvo todos los antecedentes a la vista”.

“Lamentamos que haya reparos a que Santiago cuente con una clínica municipal, proyecto que además iba a albergar al Cesfam Padre Orellana, que requiere urgentemente, de un recinto para funcionar, por lo que la alcaldesa ha instruido continuar en la búsqueda inmediata de alternativas para ello”, manifestaron desde el municipio.

Finalmente, reiteraron su “férreo compromiso con el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Santiago merece un recinto de salud de calidad”.

“Una vez más un problema municipal. Acá una reacción institucional y eso está bien, pero fue una reacción posterior, después de que el negocio se hiciera. Entonces, lo que hay que fortalecer son los controles previos, los mecanismos de transparencia”, manifestó el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.

Así también indicó que “en este mismo instante, con la institucionalidad que tenemos, muchos casos como este pueden estar pasando desapercibidos”.

El ente fiscalizador realizará un sumario para determinar responsabilidades administrativas por este hecho y, además, por incumplir la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa durante la investigación.

A mediados de enero, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler anunció la compra del inmueble en el que estaba la ex clínica Sierra Bella con el objetivo de transformarla en la primera clínica municipal, sin embargo, y pese a que la compra del edificio fue aprobada por el concejo municipal, la concejala Rosario Carvajal presentó un requerimiento ante Contraloría, acusando irregularidades en el proceso.

Las acusaciones apuntaban a que el municipio habría pagado un eventual sobreprecio en la compra-venta del inmueble, cuyo avalúa fiscal es de 1.940 millones de pesos y la municipalidad habría pagado cerca de 8.200 millones de pesos.

La Contraloría, que ya notificó a las partes interesadas, señaló que no se fundamenta el gasto para la adquisición de los inmuebles, y que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio, “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal”.

Precio injustificado

El municipio ofertó 234.124 UF, algo así como $8.252.873.341 por la exclínica Sierra Bella, monto que fue aceptado por la inmobiliaria dueña. Sin embargo, la investigación de Contraloría constató que el 9 de abril de 2021, en el sitio www.portalterreno.com se publicó un aviso de venta de dicho inmueble por 95.000 UF, precio notoriamente inferior al propuesto a pagar por el municipio.

Además, se advirtió que las tasaciones encargadas presentan inconsistencias: falencias en el lote tasado, falta de información, falta de justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias, entre otros aspectos.

Por esto, el ente fiscalizador determinó que “no es posible tener por fundamentado el gasto”, debiendo el municipio adoptar las medidas que garanticen la correcta administración y resguardo de los recursos municipales en un plazo de 15 días hábiles.

No procede una clínica municipal

Más allá de las irregularidades en el proceso de adquisición del inmueble, la Contraloría General de la República cuestionó la idea de la Municipalidad de Santiago de implementar una “clínica municipal”.

El ente fiscalizador determinó que el municipio pretendía otorgar prestaciones de salud “que excederían del nivel propio de la atención primaria”, cuestionando el fondo del proyecto impulsado por la alcaldesa Hassler.

La Contraloría verificó que esta decisión de cubrir necesidades de salud para ayudar a la atención del Cesfam Padre Orellana no fue sometida “al conocimiento del concejo municipal ni tampoco fue invocado como fundamento para justificar su adquisición”.

Por esto, el ente determinó que “no resulta procedente” que la municipalidad otorgue “prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud”. Por lo que si el municipio insiste en implementar este proyecto de “clínica municipal, deberá someterlo a una nueva aprobación del concejo municipal.

Recordemos que esta compra, defendida por la alcaldesa Irací Hassler (PC), era objetada por algunos concejales de izquierda y de derecha, ya que su costo de $8.200 millones distaba mucho del avalúo fiscal de alrededor de $2 mil millones.

De hecho, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago no inscribió la transacción justamente por dicha diferencia, como también por la falta de documentos.

La suspensión rige como medida preventiva “hasta que se aclare el procedimiento administrativo de compra del inmueble”.

El ente contralor ya informó vía oficio al municipio para que se abstenga de materializar nuevas actuaciones para materializar la compra, hasta que la Contraloría adopte una determinación ante los múltiples reclamos al respecto.

Los concejales Rosario Carvajal (independiente de izquierda), Juan Mena y Santiago Mekis (ambos RN), recurrieron al organismo para que revisara la millonaria transacción de la propiedad, donde la alcaldesa Hassler pretende instalar una clínica municipal.

Por ello, Contraloría había solicitado a la Municipalidad de Santiago que entregara toda la información sobre la compra. Luego, cuando se supo que el Conservador de Bienes Raíces no inscribió la transacción, solicitó más antecedentes.