La idea del parlamentario es que quienes siendo trabajadores fiscales participen en este tipo de ilícitos “pierdan la ciudadanía”, es decir, no puedan votar, ni volver a desempeñarse en la administración pública por el resto de su vida.

En el texto, recuerda que el numeral 3º del Artículo 17 de la Constitución Política de la República, otorga dicha sanción a quienes reciban “condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”.

Así, la iniciativa solicita al Congreso Nacional que allí “se intercale entre las frases ‘como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes’, la oración ‘los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones»”.

“Es realmente indignante que personas se atrevan a robar el dinero de todos los chilenos”, sostuvo el legislador.

En este sentido, Ojeda añadió que “es por esto que vamos a presentar esta reforma constitucional para que aquellos que estén envueltos en delitos de corrupción, no solamente no puedan nunca más trabajar en un servicio público, sino que pierdan su condición de ciudadano, vale decir, que no puedan votar, ni tampoco optar a un cargo de elección popular”.

“Es lo mínimo de moralidad para cualquier persona que ejerce el servicio público”, sostuvo el parlamentario por el Distrito 23, en la región de La Araucanía.

Finalmente, el proyecto de reforma constitucional propone como única excepción, a quienes, habiendo sido condenados por los citados ilícitos, logren “la rehabilitación del Senado de la República”.

La iniciativa impulsada por los diputados Cristián Araya, Luis Sánchez y Benjamín Moreno, pasó este miércoles a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esa línea, la idea de los parlamentarios es agregar un ordinal en el artículo 17 de la Constitución. Este se refiere a las causales por las que una persona puede perder su ciudadanía, tales como:

1. Por pérdida de la nacionalidad chilena.
2. Por condena a pena aflictiva.
3. Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.

De esta manera, los autores de la medida buscan añadir un cuarto punto que establezca como causal de pérdida de la ciudadanía a aquellos que sean condenados por “delitos que impliquen el ultraje público de la bandera, el escudo, el nombre de la patria o el himno nacional”.

Asimismo, explicaron que si bien el texto propuesto conserva la redacción de la Ley de Seguridad del Estado, “no es la intención del proyecto limitar a una descripción típica en particular el resultado del ultraje público de los emblemas nacionales ni asociarlo a una pena concreta, lo que justifica su inclusión como un ordinal independiente de los ya consagrados”.

Este proyecto de ley es presentado a semanas de la “perfomance” del colectivo “Las Indetectables”, en un acto de cierre de la opción Apruebo en Valparaíso, lo que generó una condena transversal.