Esto por su calidad de encubridor de 15 homicidios en el Caso Caravana de la Muerte, episodio La Serena.

En la resolución, a la que pudo acceder Biobío, el tribunal de alzada sostiene que están de acuerdo con la sentencia de primera instancia, ya que no se contemplan las consideraciones que permitan dar por aprobado un actuar doloso.

Asimismo, se consideró como una obligación de todo funcionario público el denunciar delitos y también que él tenía conocimiento de la muerte de los 15 extremistas.

Cabe señalar que Cheyre fue condenado en primera instancia, en 2018, por encubrir estos homicidios ocurridos el 16 de octubre de 1973.

Convirtiéndose así en el primer ex comandante del Ejército en ser sancionado por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.

En octubre pasado, la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó a Cheyre por malversación de caudales públicos.

En esa línea, se ordenó su ingreso al batallón de policía militar de Peñalolén como medida de prisión preventiva.

En dicha oportunidad, el general en retiro interpuso un recurso de amparo para acceder a la libertad bajo fianza.

Su defensa manifestó que Cheyre “ha prestado toda su colaboración en esta indagatoria y reafirma su inocencia”.

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Esta mañana la ministra en vista de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, procesó a los ex comandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, Óscar Izurieta Ferrer y Juan Emilio Cheyre Espinoza por el delito de malversación de caudales públicos, cometido entre los años 2006 y 2018.

En la instancia, la magistrada procesó a Cheyre por perjuicio fiscal por un monto total de $128.683.559, en la denominada arista «Gastos Reservados».

Por otro lado, Fuente-Alba Poblete fue procesado por montos que llegan a los $50.714.559 e Izurieta Ferrer por $95.153.689.

De esta forma, se decretó que Cheyre permanezca en prisión preventiva en el batallón de Policía militar N°1 de Peñalolén, mientras que los otros dos involucrados quedaron en libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial.

La magistrada ordenó finalmente el embargo de bienes de Juan Emilio Cheyre por un total de $140.000.000, ampliando además los embargos de Fuente-Alba por $55.000.000 y de Óscar Izurieta Ferrer por un total de $105.000.000

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