El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hará parte en la causa legal por la masiva filtración de correos electrónicos y documentos que golpeó al Estado Mayor Conjunto (EMCO).Lo anterior tras el requerimiento del Ministerio de Defensa, cartera a cargo del EMCO, un organismo asesor en materia militar y de Fuerzas Armadas.

La causa se desarrolla ante la Primera Fiscalía Militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago.

Junto a lo anterior, el CDE anunció que analizará los antecedentes disponibles para determinar otras posibles acciones a ejercer en el marco de sus atribuciones y competencias legales.

La mega filtración, tras una falencia total en materia de ciberseguridad, dejó a disposición del público mails y archivos de distintos grados de relevancia e importancia para la seguridad nacional.

Desde La Moneda, la vicepresidenta Carolina Tohá afirmó que a su juicio “hay responsabilidad de mando” en la filtración y alertó que las autoridades civiles no tenían datos del problema.

El escándalo ya cobró su primera víctima: ayer jueves el general Guillermo Paiva presentó su renuncia como jefe del EMCO.

En estos momentos él es sindicado como el responsable de, presuntamente, no haber canalizado información del hackeo a sus superiores.

Eso sí, algunas versiones indican que en mayo habría comunicado de manera verbal lo ocurrido, aunque no habría registros de aquello.

Según La Tercera PM, su abogada María Alejandra Arriaza asegura que de esta manera, el CDE está desconociendo que «la respuesta policial en algunos casos no se ajustó a derecho» en el marco del estallido social, algo que la entidad había reconocido en calidad de querellante contra el presunto autor de las lesiones de la parlamentaria, el exsargento Patricio Maturana.

«La violencia aplicada por diversos grupos de antisociales fue intensa y sostenidamente agresiva en muchos de los incidentes. En base a esa situación es que las instituciones policiales debieron activar todas las competencias y facultades entregadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta realidad», arguyó la institución, lo que en su réplica, la senadora pide desestimar por una preocupación de que «pretenda dar un contexto».

Advierte que probablemente «busque justificar el actuar de sus agentes que, en ejercicio de sus funciones, han causado tanto daño a miles de pobladores y a sus familias, como es el caso de los demandantes (…) El contexto que sitúa la demandada es parcial y sesgado, desconoce el derecho a la manifestación y ha criminalizado la protesta social, a la vez que ha minimizado el proceso vivido en Chile». Por lo mismo, reitera que a marzo del 2021 se contabilizaban más de 8.000 víctimas de violencia estatal.

Suma solicitada

En cuanto al monto requerido para ella y su familia, que para el CDE no está debidamente justificado, la réplica establece que «no hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor y el daño que experimenta doña Fabiola Campillai Rojas; su proyecto vital y el de su familia cambió totalmente (…) nada hará que recupere los sentidos que le fueron arrebatados, ni vuelva a hacer muchas cosas de las que hacía con antelación a la agresión que sufrió», por tanto, «nos parece que la suma solicitada se ajusta plenamente a derecho».

El documento recuerda que antes del 26 de noviembre de 2019, la senadora era una mujer sana, deportista, voluntaria de Bomberos, y que nunca había estado hospitalizada, y que la grave lesión en su rostro no sólo le quitó la vista, el gusto y el olfato, sino que actualmente sufre de fuertes dolores de cabeza, hay zonas de su cara en las cuales no tiene sensibilidad, «sus dientes los siente templados, tampoco puede hacer movimientos bruscos, levantar peso, ni agacharse», cita el texto.

A la vez, «prima un ánimo depresivo, altos montos de angustia, ansiedad, sudación, palpitaciones, dificultades para respirar, reacciones fóbicas, miedo y dificultades para dormir. Permanece en estado de alerta permanente cuando está en la vía pública por temor a ser nuevamente agredida por Carabineros».

En este sentido, se sostiene que «si bien es cierto que resulta difícil estimar el daño moral, pues no existe suma de dinero que logre compensar ni satisfacer a la víctima directa de los hechos descritos, en el presente caso resulta aún más dificultoso, pues me atrevo a señalar que no existe un caso similar en nuestra jurisprudencia que nos permita tener como antecedente en cual el daño moral revista tal entidad o que sea comparable a las consecuencias que padece doña Fabiola Campillai Rojas».

Al mismo tiempo, defiende que parte del monto demandado pretenda indemnizar a la hermana de la parlamentaria, Ana María Campillai, luego de que el CDE señalara que las compensaciones «sólo podrían beneficiar al núcleo familiar más cercano: padres, hijos y cónyuge», con la abogada afirmando que ella también sufrió una directa agresión, pues ese mismo día «le lanzaron una bomba de humo a sus pies».

Por otra parte, indica que desde el día del ataque, ella debió acompañar en todo momento a su hermana, dejando su trabajo y viendo acrecentadas las enfermedades de base que padecía: «El temor que sintió al haber podido perder a su hermana menor le causa mucha angustia y pesadumbre (…) Desarrolló depresión y tres intentos de suicidio a contar de la agresión», cierra la réplica.