Se trata de un caso conocido en octubre de 2022, cuando se viralizó un video de un joven de 18 años derribando un grifo con una piedra de grandes dimensiones.

La Municipalidad de Las Condes y Aguas Andinas presentaron denuncias y se logró la identificación del sujeto, por lo que en noviembre se procedió a su formalización.

La indagatoria avanzó y finalmente la Fiscalía Oriente le ofreció una salida alternativa a Barros Vicuña. Se trata de la suspensión condicional del procedimiento por un plazo de un año, donde el sujeto deberá cumplir con las condiciones impuestas. Si no, la causa se reactivará.

Para acogerse a este beneficio, Barros deberá pagar $1.123.918 por el reemplazo del grifo y los costos derivados. Junto con ello, plantará 10 árboles de bajo consumo hídrico en la plaza Mardoñal, en Las Condes, todo solventado por su bolsillo.

El fiscal Felipe Sepúlveda subrayó que Barros estaba acusado de daños simples, por lo que arriesgaba desde una multa hasta 61 de presidio, pero los podría haber cumplido en libertad.

“Es más significativo y genera un bien mayor a la comunidad el haber llegado a esta salida alternativa, que lleva un esfuerzo del imputado para enmendar su conducta”, agregó.

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Luego de 9 meses desde la vulneración, el fiscal de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur, Milibor Bugueño Gonzalez, pudo este viernes formalizar a la imputada en calidad de autora de dos delitos de sabotaje informático.

En la audiencia llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, el persecutor expuso los antecedentes obtenidos durante los meses de investigación. Gran parte de la indagatoria se sostiene en un informe pericial encargado a detectives de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, además de reportes internos del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Cronología

Según la información proporcionada por el fiscal Bugueño, el peritaje de los funcionarios de la PDI permitió confirmar cada uno de los movimientos de la mujer previo y posterior a la modificación de la causa. Los peritos de la PDI concluyeron en su informe que el archivo cargado al sistema del poder judicial se creó la tarde del 27 de octubre de 2021 en el computador de Roldán Berríos.

En efecto, usó el aparato que le había sido asignado para trabajar desde su casa considerando las medidas adoptadas por la pandemia.

De acuerdo a lo informado por el persecutor, a las 22:03 horas de ese mismo 27 de octubre la funcionaria buscó en Google a Gabriel Boric Font, logrando obtener su RUT. Un minuto más tarde ingresó a la página web del Registro Civil y consultó los datos del por esos días candidato de Apruebo Dignidad.

A las 22:05 horas, la administrativa accedió al sistema abierto de información del Poder Judicial, presumiblemente para obtener los datos específicos (RUC y/o RIT) de la antigua causa contra Boric.

Dos minutos después accedió con sus credenciales al módulo histórico de causas del Poder Judicial y descargó un archivo Word que figuraba en la causa archivada. Se trató, aparentemente, del mismo archivo que en 2005 el fiscal usó para comunicar que no investigaría el hurto.

A las 22:12 horas la funcionaria creó un primer documento que nombró “frase videollamada 2” y de inmediato creó un archivo PDF que llamó “Boric”.

Finalmente, a las 22:17 horas es cuando la mujer accedió al sistema de causas del Poder Judicial, específicamente al módulo histórico, y cargó el archivo PDF (el que nombró “Boric”) que finalmente desató la polémica y la tiene ahora sentada en el banquillo de los acusados.

Además, según se expuso en al audiencia, tras la publicación de la noticia en el medio nacional BBCL, el 28 de octubre a primera hora la administrativa envió los archivos a la papelera de reciclaje del computador.

Formalización

En base a estos antecedentes, el fiscal formalizó este viernes a Roldán Berríos por dos delitos de sabotaje informático ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, comuna donde se ubica el domicilio desde donde se cometió el ilícito.

Tras una réplica de la abogada defensora, Paula Manzano Sagüez, el juez Rodrigo Hernández otorgó al Ministerio Público 90 días de plazo para la investigación formal y accedió a decretar la medida cautelar de arraigo nacional para la imputada.

Finalmente, se dio a conocer en la instancia que la funcionaria en cuestión fue desvinculada del Poder Judicial hace algunos meses, fruto del sumario administrativo que se inició cuando el caso salió a la luz pública.

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