Así lo aseguró mientras ingresaba a las dependencias de la Contraloría General de la República, para participar de la última actividad de Jorge Bermúdez en su despedida del organismo.

En la oportunidad, el exmandatario se refirió al escándalo del Caso Convenios, que tiene en el centro de los cuestionamientos al ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

“El Caso Convenios no es un caso aislado que sorprende, fue una cosa muy sistemática. Ocurrió en muchas partes del país”, sostuvo Piñera.

“Y por supuesto, eso significó restar, quitar recursos para los chilenos y chilenas o las personas más necesitadas a través de convenios, muchos de ellos fraudulentos, como lo ha determinado la justicia”, sentenció.

En ese sentido, cuestionó al Gobierno, asegurando que no ha tenido una posición fuerte y clara, sino que solo han sido “palabras”.

“Creo que en esta materia el Gobierno tiene que tener una posición fuerte y clara. No solamente las palabras, sino que los hechos y eso hasta ahora no lo hemos vivido”, fustigó el expresidente Piñera.

Expresidente Piñera critica al Gobierno por crisis de seguridad

Consultado por la crisis de seguridad que vive el país, el exmandarario hizo un lapidario análisis, asegurando que hay un retroceso.

“¿Qué libertad, qué derecho se puede ejercer cuando uno no tiene la seguridad de poder estar en su casa tranquilo, esperar que sus hijos vuelvan del colegio a salvo, que las personas que uno quiere puedan vivir en paz?”, reflexionó.

“Y por esa razón yo creo que la primera prioridad de los chilenos es la seguridad y aparentemente no es la primera prioridad ni preocupación del gobierno”, cuestionó Piñera.

En esa línea, planteó un Pacto por la seguridad entre todas las fuerzas políticas, asegurando que como oposición están dispuestos a colaborar.

“Aquí lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, hacer un verdadero pacto por la seguridad, pacto por devolverle a los chilenos su derecho de vivir en paz y eso requiere por supuesto, la voluntad y la decisión del Gobierno y también de la oposición”, apuntó.

“Nosotros siempre hemos estado dispuestos a colaborar en eso, un pacto nacional por la Seguridad para que la delincuencia retroceda y la paz y la tranquilidad avance”, concluyó Piñera.

Personal de la PDI arribó la mañana de este martes hasta las oficinas del Serviu en Valparaíso, para realizar un operativo en el marco del Caso Convenios.

En específico, fue la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) la que llegó hasta el Edificio Centenario.

De acuerdo a información preliminar de Radio Bío Bío, llegaron -al menos- tres oficiales de la policía civil hasta el sitio del suceso.

Lo anterior, bajo una orden emanada por parte de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Con el paso de los minutos, se precisó que los funcionarios policiales ingresaron al piso seis del edificio ya mencionado.

Además, se indicó que el operativo en el Serviu en Valparaíso tiene como foco la incautación de aparatos y elementos electrónicos propios de este estamento.

Minutos más tardes, se le consultó por el operativo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se limitó a decir que “cuando hay investigaciones, quienes están a cargo de la investigación requieren la documentación, la evidencia”.

“Es parte de lo que un proceso investigativo contempla”, agregó la secretaria de Estado.

“Esta vez espero que no se límite sólo a un ministerio o a una región en particular”, comenzó diciendo el parlamentarios.

Por el contrario, dijo que espera que la instancia “abarque lo que ha ocurrido con el traspaso irregular de platas públicas en todo Chile y a cualquier entidad que se haya aprovechado de estos recursos”.

“Espero que con las más de 20 firmas que ya tenemos para esta segunda Comisión Investigadora, logremos constituirla a la brevedad”, complementó quien también integró la Comisión Investigadora que ya emitió su informe.

Recordemos que para eso se requiere contar con el acuerdo de -a lo menos- 2/5 de sus miembros en ejercicio.

Finalmente, Oyarzo hizo un llamado “a todos los sectores políticos a no hacer defensa corporativas y hacer realidad el caiga quien caiga, venga de donde venga”.

Recordemos que fue justo hace una semana que -por 8 votos a favor y 5 en contra- se aprobó el informe que nombró a distintas autoridades de Gobierno, incluido el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Pese a la pérdida de apoyo, las duras críticas del oficialismo y los desencuentros por el contenido del texto, Renovación Nacional y la UDI impusieran su visión.

En cuanto al ministro titular del Minvu, si bien la comisión investigadora “no ve motivos para cuestionar la verdad del ministro Montes”, no evita el “reproche a la diligencia” con la que condujo el ministerio.

Una peculiar solicitud se llevó a cabo durante la mañana de este lunes por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en medio de la investigación por el caso Convenios.

En específico, el ministro pidió la renuncia a Ricardo Trincado como jefe del Departamento de Asentamientos precarios, dependiente de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Recordemos que el viernes pasado se reveló que Trincado revisó y validó el informe del exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, antes de estallar Democracia Viva.

Este último aseguró que Presidencia recibió un informe de la fundación antes mencionada el 7 de junio, lo cual fue descartado por el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

Según consignó La Segunda, dicho informe -que hoy es parte de la carpeta investigativa- se envió el 18 de mayo a la exsubsecretaria Tatiana Rojas y a Ricardo Trincado.

El documento, enviado a raíz de una denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta, contempla -según Contreras- problemas en la gestión del programa que detectó al asumir el cargo en 2022.

Además, argumenta la incorporación de otras fundaciones, instancia en la que ingresó Democracia Viva y otras fundaciones investigadas, pero omitió su relación con Daniel Andrade y con la diputada Catalina Pérez.

Informe

Después del 5 de junio -a más de una semana de que se conociera el caso de Democracia Viva- Ricardo Trincado emitió un documento dirigido a la exsubsecretaria Rojas, quien salió de su cargo tras indicar que no había informado de las irregularidades.

Entre las conclusiones de Trincado se detalla que no observa “incumplimientos graves”, sino “una actuación proactiva del seremi en corregir las deficiencias”.

Ante las “debilidades” en el Programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta, se incluyeron recomendaciones y compromisos. Igualmente, se consideran las advertencias del exseremi sobre la fiscalización de convenios.

Sumado a la proactividad, Trincado indica que “se debe monitorear los compromisos derivados de la auditoría realizada y solicitar informe específico en el caso de convenio con Fundación Democracia Viva”.

Destacando que, además, en el programa regional y nacional se debe hacer “un ajuste “en materias de contratación de personal externo y suscripción de convenios con instituciones que serán impulsadas por el nivel Central del Programa”.

Recordemos que, el primero descartó el “rumor” informado en la comisión investigadora de la Cámara y aseguró que Presidencia recibió un informe de Democracia Viva el 7 de junio, el segundo lo descartó.

“Crispi asistió a la Comisión Investigadora sobre el Caso Convenios (…) su presentación se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado”, indicó la defensa en una declaración.

Según consignó La Segunda, dicho informe -que hoy es parte de la carpeta investigativa- se envió el 18 de mayo a la exsubsecretaria Tatiana Rojas y al jefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado.

El documento, enviado a raíz de una denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta, contempla -según Contreras- problemas en la gestión del programa que detectó al asumir el cargo en 2022.

Además argumenta la incorporación de otras fundaciones, instancia en la que ingresó Democracia Viva y otras fundaciones investigadas, pero omitió su relación con Daniel Andrade y con la diputada Catalina Pérez.

Posteriormente, el 5 de junio -a más de una semana de que se conociera el caso de Democracia Viva- Ricardo Trincado emitió un documento dirigido a la exsubsecretaria Rojas, quien salió de su cargo tras indicar que no había informado de las irregularidades.

Entre las conclusiones de Trincado destaca que no observa “incumplimientos graves”, sino “una actuación proactiva del seremi en corregir las deficiencias”.

Asimismo, ante las “debilidades” en el Programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta se incluyeron recomendaciones y compromisos.

Igualmente, se consideran las advertencias del exseremi sobre la fiscalización de convenios.

Además de la proactividad, Trincado concluye que “se debe monitorear los compromisos derivados de la auditoría realizada y solicitar informe específico en el caso de convenio con Fundación Democracia Viva”.

Agregando que, además, en el programa regional y nacional se debe hacer “un ajuste “en materias de contratación de personal externo y suscripción de convenios con instituciones que serán impulsadas por el nivel Central del Programa”.

En cuanto a la relación entre el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, el militante PS aseguró que en el caso Democracia Viva “se recomienda solicitar un informe legal al área jurídica de la Seremi de Antofagasta”.

Por su parte, este viernes, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo indicaron que el informe emitido por Ricardo Trincado “concluye que existen irregulares administrativas que están siendo abordadas desde la región, en el marco del seguimiento de la Auditoría Regional y que se debe acompañar desde nivel central para subsanar las observaciones”.

“Asimismo, que, respecto de la situación de Democracia Viva se requiere un análisis jurídico del convenio suscrito. Esta situación, por estar vinculada a un programa del Ministerio, fue puesta en conocimiento de la subsecretaria, quien es la jefa del Servicio y no del ministro Montes”.

Finalmente, concluyen que “una vez conocido el caso por la opinión pública, el propio ministro le solicitó que participara en la clarificación de los hechos y en la construcción de alternativas de solución. Cabe señalar que por este hecho en particular existe un sumario en curso”.

En concreto, se trató de un punto de prensa entre la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular del Minvu, Carlos Montes.

En primer lugar, la ministra Vallejo recalcó que el allanamiento responde a “una denuncia que el mismo Ministerio interpuso contra un exfuncionario que renunció cuando nosotros asumimos”.

“El Ministerio de Vivienda además ha realizado una serie de acciones para poder enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el caso Convenios, haciendo mejoras institucionales, interponiendo denuncias y querellas”, agregó.

Posteriormente, el ministro Carlos Montes profundizó que la denuncia “surgió de una serie de dudas y antecedentes que nosotros teníamos respecto a ciertas acciones de un funcionario y dos instituciones en Tarapacá”.

Allanamientos a las oficinas del Minvu por el Caso Convenios

Sobre la acción por parte de la PDI, el titular del Minvu comentó que “el Ministerio Público nos ha dicho que quiere complementar la información que nosotros entregamos en su momento al hacer la denuncia”.

“Lo que nos parece a nosotros muy bien y tanto que dimos el consentimiento voluntario para esta acción (…) lo principal para nosotros es que se clarifiquen las cosas, llegar a fondo de todas las cosas”, agregó.

A continuación, Montes fue enfático en asegurar que “para el país, lo peor es pensar de que un ministerio tan importante como el Ministerio Ministerio de Vivienda es un ministerio corrupto”.

“Aquí lo que ocurrió es que había un modelo de operación” y “que venía desde antes, desde el año 2019 (…) lo que dejaba forados y permitió que hubiera un acto de corrupción, que fue el caso Democracia vivido en Antofagasta”, señaló.

Además, dijo Montes, “no es verdad que en cada región de este país hay una Democracia Viva, lo que si hay faltas administrativas que las tenemos bastante precisadas y son las que se señalaba que veníamos trabajando”.

Montes: “Yo no me voy a ir y no voy a renunciar”

Posteriormente, la autoridad de gobierno abordó las solicitudes de renuncia tras el allanamiento, asegurando que “nos interesa que se conozca todo (…) no estamos escondiendo nada, además que estos son hechos que corresponden al gobierno anterior y están buscando elementos de eso”.

“Algunos parlamentarios que han reaccionado no saben los antecedentes de fondo” y están solicitando su renuncia. Entonces “seamos serios, tratemos de construir un país mejor y no tratemos de auto destruirnos (…) yo no me voy a ir y no voy a renunciar”.

En esa línea, la ministra Camila Vallejo indicó que “el hecho que estemos acá junto con el ministro de Vivienda, refuerza el respaldo que tiene por parte de todo el Gobierno, partiendo por el Presidente de la República”.

“Es inconcebible que algunos pretendan que le pidamos la renuncia al ministro por una denuncia que interpuso contra un exfuncionario que viene de la administración anterior”, concluyó.

Durante la mañana de este jueves, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por el ministro Carlos Montes (PS), llegó la Policía de Investigaciones (PDI) a allanar sus oficinas.

El hecho se da en medio de la investigación que tiene el Ministerio Público sobre el Caso Convenios, en donde la fiscalía se ha encargado de indagar en el traspaso de recursos públicos entre el reparticiones públicas representantes del Estado y fundaciones privadas.

El motivo detrás del allanamiento responde a un pedido de la Fiscalía de Tarapacá, en una causa relativa a los convenios firmados entre las fundaciones EnRed Social y Enlace Urbano con el Seremi de Vivienda de la zona.

En particular, a Enlace Urbano se le indaga por traspasos equivalentes a $728 millones, mientras que para EnRed Social el monto alcanza los mil millones de pesos ($1.060.619.263), los que fueron transferidos en un sólo día.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió a los funcionarios asegurando que no es verdad que el Minvu está lleno de funcionarios corruptos en el marco del denominado “Caso Convenios”.

“No es verdad que en el Ministerio de Vivienda son puros corruptos, eso no es verdad (…) Quiero defender a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda porque son personas serias que llevan años dedicados a esto”, afirmó Montes.

Montes, además, aseveró que a su juicio “lo más importante es ver las causas de las cosas y ver cómo se resuelven. Quisiera terminar como un ministro… no el ministro del Caso de los Convenios, sino el ministro que resuelve el Caso de los Convenios y tenemos una nueva institucionalidad para que no se vuelvan a repetir”.

“Hemos entregado mucha información a los distintos organismos públicos porque creemos que hay que llegar a ella y cuando haya responsabilidades deben responder a esas responsabilidades quienes tienen la culpa”, agregó.

Asimismo, Montes recalcó que “nosotros queremos enfrentar el problema, enfrentar las causas, ver quienes son responsables, pero especialmente construir más viviendas y que haya solución hacia adelante”.

Consultado sobre la eventual acusación constitucional en su contra, dijo: “Respeto a las instituciones del Estado, espero poder estar ahí y explicar cómo se dieron las cosas”.

Recordemos que el robo ocurrió en medio de las revelaciones del caso Convenios, y que fue perpetrado por individuos que simularon ser familiares del exsecretario de Estado.

Ellos lograron entrar a las dependencias del ministerio ubicadas en calle Catedral en Santiago, precisamente porque un sujeto llamó a la guardia y se hizo pasar por Jackson. Según la investigación, dicho individuo es Miguel Ángel Apablaza, quien realizó todo desde la Cárcel de Puente Alto.

Los supuestos familiares de Jackson lograron llevarse 23 computadores y una caja fuerte. Los primeros fueron encontrados rápidamente, mientras que la segunda apareció abandonada días después y sin los documentos que guardaba.

El fundador del partido Revolución Democrática (RD) venía cuestionado por la oposición y también por parte del oficialismo. El robo de computadores y el caso Convenios, fuertemente ligado a su partido, terminaron desembocando en su renuncia ante la presentación de una acusación constitucional.

Según informó Ex-Ante, un informe de la Fiscalía estableció que entre los 23 computadores sustraídos estaba el del exministro.

Asimismo, también estaba el de su entonces jefe de gabinete, Diego Vela, actual presidente de Revolución Democrática.

Los otros aparatos estaban destinados a la jefa jurídico-legislativa del gabinete ministerial, Camila Astorga Valenzuela; y a la asesora legislativa, Laura Mancilla Rubio.

El citado medio también reportó que el resto de los aparatos estaban destinados a otras reparticiones, como el programa Elige Vivir Sano, la Fiscalía interna, el del jefe de Auditoría, la División de Evaluación Social e Inversiones, la División de Cooperación Público Privada y la Unidad de Asuntos Internacionales.

Actualmente, hay cuatro formalizados por este caso. Además de Apablaza, su abuela está imputada por recibir los computadores robados, mientras que otros dos sujetos quedaron tras las rejas por trasladar y ocultar la caja fuerte.

De los tres sujetos que simularon ser familiares de Jackson, aún no hay novedades.

En su exposición, el contralor Bermúdez detalló una serie de faltas y debilidades institucionales en los organismos regionales encargados de, entre otras cosas, controlar el gasto de las transferencias a entes privados. Sin embargo, la autoridad fiscalizadora evitó a referirse a un “modus operandi”, a pesar de los constantes emplazamientos de la oposición en la instancia.

El contralor, en todo caso, sí habló de “observaciones” que se repetían en las 15 regiones donde se detectaron serias falencias y debilidades institucionales.

Además, informó que algunos de los antecedentes se remitieron a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que podría configurar posibles delitos de corrupción.

Desde La Moneda, en tanto, llamó a la oposición a “asumir las propias responsabilidades frente a estos casos”, según señaló la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Tesis que esta mañana respaldó el subsecretario del Interior.

“Las responsabilidades son de quienes cometen las irregularidades o el delito, eso es intransferible. Y las irregularidades se produjeron en el traspaso de recursos durante el año 2021 y durante el 2022, por lo tanto, esa responsabilidad es intransferible”, apuntó en conversación con Radio Pauta.

En ese sentido, Monsalve señaló que el gobierno debía asumir dos desafíos en esta materia: “Reparar la institucionalidad deficiente, que lo está haciendo en la Ley de presupuesto, donde Hacienda presentó una serie de indicaciones para tener mucho mayor control. Y lo segundo, es hacerse responsable de las responsabilidades políticas o administrativas de los hechos que han ocurrido durante el transcurso de este gobierno, y creo que hemos enfrentado ambos desafíos”.

Y agregó: “Distinto es que la institucionalidad construida para el traspaso de recursos públicos sea una institucionalidad débil que permite abuso y esa institucionalidad estaba creada antes”.

Además, la autoridad de Interior valoró que la Contraloría tenga “la autonomía suficiente para sacar un informe que coloque en cuestión los procedimientos de asignación de recursos públicos” y aseguró que eso es parte de las “fortalezas institucionales” que había que destacar.

“Tenemos que valorarlo porque aquí no se está tapando un hecho, aquí hay una institución del Estado que tiene la autonomía para colocar los antecedentes en manos del Congreso, para colocarlo en manos del Ministerio Público, para hacer observaciones al gobierno para que corrija procedimientos”, expresó.