Este mecanismo, establecido en el artículo 43 de la Constitución, se vota para saber si la acción tiene fundamentos y cumple con las condiciones reglamentarias para materializarse.

Como se aprobó -por 79 votos a favor, 51 en contra y una abstención-, la acusación se desecha definitivamente. Esto, pese a que el libelo venía con informe positivo desde la comisión revisora.

En aquella instancia, el resultado de la votación -no vinculante- fue de 3-2, con los votos favorables de los diputados Cristian Labbé (UDI), Natalia Romero (IND-UDI) y Víctor Pino (IND-Social Cristiano).

En tanto, Tomás Hirsch (AH) y Emilia Nuyado (PS) rechazaron la acusación.

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Así lo señaló el secretario de Estado durante la mañana de este jueves, a su llegada al Palacio Gubernamental.

“Yo he dicho muy claramente, yo no voy a renunciar, estoy cumpliendo tareas y estoy dedicado al plan de emergencia habitacional”, sentenció.

“Vamos a colaborar en todo lo que se pueda para clarificar todas las situaciones de irregularidades y a su vez ver alternativas para tener un mejor sistema para adelante”, apuntó.

Consultado por la confusión respecto a la fecha en que se enteraron en La Moneda de los antecedentes, Montes evitó entrar en la polémica.

“La verdad que ayer fue clarísimo el ministro de Justicia cuando explicó que esto era otra cosa, yo creo que con eso basta con complicaciones”, sentenció.

“Yo tengo que dedicarme al plan habitacional, tengo que dedicarme también a contribuir a clarificar todo lo que está hoy día cuestionado y en tercer lugar a construir mejorías en el sistema que tiene defectos muy grandes”, cerró.

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El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, anunció que se encuentran estudiando dos posibles acusaciones constitucionales (AC) en contra de los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson.

Explicó que se contactaron con un equipo jurídico par analizar las posibles acciones a seguir en este sentido.

Aunque tanto en las carteras de Vivienda y Urbanismo como de Desarrollo Social se han anunciado medidas para indagar los casos del escándalo que sacude al Gobierno, desde la oposición ya venían adelantando medidas contra ambos secretarios de Estado.

Esta jornada, por ejemplo, el senador Javier Macaya expuso que “a juicio de la UDI (…) se hace difícil la permanencia de ministros que están directamente relacionados con esta situación porque obviamente son los principales responsables políticos, ya sea por acción o por omisión, en situaciones que están ocurriendo en el Ministerio de Vivienda”.

Además, el timonel gremialista no descartó por parte de la oposición una eventual acusación constitucional en contra de Montes, ya que -a su juicio- se debía hacer responsable políticamente de todas las decisiones que se toman al interior de la cartera de Vivienda y Urbanismo.

“Cuando los chilenos miran la situación de los convenios, la situación de la mala utilización de recursos que supuestamente estaban destinados para ver cómo se ordenaban los campamentos, cómo se ordenaban las políticas habitacionales en Antofagasta y en otras regiones y esto también merece una revisión de cuál es la necesidad real de ciertos convenios”, agregó.

El líder de la bancada del Partido Republicano agregó que “lo que nos ponemos por delante es el bienestar de los chilenos y en este caso, particularmente en los casos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de todos esos recursos que no llegaron a las personas que hoy necesitan una casa”.

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Tras las polémicas que ha generado el caso de presuntas irregularidades en los convenios suscritos entre el Minvu y fundaciones privadas ligadas al oficialismo -que mantiene investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía en al menos cuatro regiones-, desde la oposición han elevado el tono del discurso y pidieron la salida del ministro Carlos Montes (PS) de la cartera de Vivienda y Urbanismo.

Desde la UDI tampoco descartaron el empleo de “ninguna herramienta constitucional” -ya sea una interpelación en contra de Montes o una acusación-, pero puntualizaron que debía ser el Presidente Boric quien pida la renuncia al titular de Vivienda y Urbanismo.

Pese a las peticiones de la oposición, hasta ahora la salida de Montes no es algo que esté en la mente del jefe de Estado, según revelan fuentes de Palacio.

Fue en la entrevista de Tele13 Radio de esta mañana, donde el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), respaldó la gestión de su par de Vivienda y aseguró que “nadie puede cuestionar su compromiso con la probidad”.

“El ministro Montes es una persona con una dilatada trayectoria y lo más importante es que nadie puede cuestionar su compromiso con la probidad y con el esclarecimiento de los hechos”, dijo Elizalde en conversación con Tele13 Radio.

“El gobierno está comprometido con el total esclarecimiento de los hechos y con la aplicación de las sanciones que corresponda, no solo va a colaborar con las investigaciones que se están desarrollando adelante, sino que considera que es positivo que todos estos hechos se esclarezcan”, complementó.

Ante la ofensiva opositora, el ministro Montes fue consultado por su posible salida del gobierno y entregó una respuesta categórica: “Mi voluntad es cumplir, yo no voy a renunciar, el Presidente es quien decide hasta el día en que yo estoy”.

“Yo tengo una misión en el gobierno, el Presidente me ha dado objetivos, tareas y desafíos. Han aparecido estos hechos que obligan a responder porque es lo que corresponde a un ministro de Estado, y voy a seguir en el Ministerio mientras el Presidente así lo determine”, enfatizó.

La comisión de expertos

El pasado lunes, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer los nombres de los expertos que conformarán la comisión sobre probidad e integridad anunciada horas antes por el Ejecutivo, quienes tendrán la misión de recomendar políticas públicas para evitar casos como la actual crisis por líos de platas en fundaciones ligadas al oficialismo.

Los expertos estarán encabezados por la directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, quien presidirá la instancia. Es abogada de la UC con magister en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. “Posee 17 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas anticorrupción, de transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático”, indicó Boric.

“Es un grupo técnico integrado por destacados académicos y especialistas que tiene por objeto proponer un regulación respecto de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, principalmente las corporaciones y fundaciones con el Estado y basado en los principios de transparencia”, señaló Elizalde.

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El diputado UDI Juan Antonio Coloma aseguró que al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se le está “acabando el tiempo” para dar explicaciones por el caso, y no descartó que el partido impulse una acusación constitucional en su contra.“Al ministro Montes se le acaba el tiempo para transparentar lo que ocurre en el Ministerio de Vivienda. Ya prácticamente no le quedan instancias para decirle a Chile qué es lo que de verdad está pasando”, dijo Coloma.

“No puede ser que vaya a Antofagasta, entregue tres carpetas y con eso quede tranquilo. Si hay personas con doble sueldo, tiene que querellarse contra ellos y expulsarlos de la administración pública”, añadió.

Los polémicos contratos suscritos por Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta significaron la salida de la subsecretaria de la cartera Tatiana Rojas, quien habría estado en conocimiento de los hechos y no habría informado a Montes antes que se conocieran públicamente. El presidente de la UDI, Javier Macaya, presentó al equipo jurídico que se hará cargo de investigar estos casos que han sido denunciados a lo largo de todo el país.

“Que el gobierno no intente pasar gato por liebre en esto. He escuchado declaraciones de la vocera y de algunos representantes de la izquierda diciendo que necesitamos un Estados más grande, que necesitamos más recursos a propósito de la reforma tributaria, y acá hay una sociedad civil y fundaciones que son muy activas en la solución de los problemas públicos”, dijo Macaya.

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Los cuestionamientos comenzaron el pasado 16 de junio por parte de los propios funcionarios del Serviu por el pago en una cuota millonaria para el arriendo de un inmueble para una fundación y el convenio por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.

Montes calificó lo ocurrido como “un hecho bien lamentable. Apenas tuvimos toda la información, el seremi de la región de Antofagasta presentó su renuncia porque él entiende que no fue muy apropiado lo que se hizo, la forma en que se hizo”.

“Del conjunto de los 426 millones, son tres proyectos (…) Hasta el momento tenemos rendición solamente del 3 por ciento porque el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo. Cuánto es, no sabemos exactamente, es parte de la información que nos tienen que entregar”, detalló el titular de Vivienda.

Montes además indicó que “para este Gobierno, cualquier irregularidad es inaceptable y por eso es que estamos extremando las medidas de fiscalización para ver si hay irregularidades. Hasta ahora ha habido una falta de criterio en la manera de hacer esta operación, pero hasta el momento no tenemos antecedentes de irregularidades”.

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Además, tras conocerse este hecho y la consiguiente renuncia del seremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, Carlos Contreras, el ministro Montes abordó esta polémica y aseguró que la carretera envió una comisión para investigar el caso, que ya se encuentra en Antofagasta.

De igual manera, el secretario de Estado destacó que, al menos con la información que manejan en el Minvu, no ven ninguna irregularidad, pero sí una falta de criterio.

En particular, la Fundación Democracia Viva, ha desarrollado su labor en tres convenios que involucran a 10 campamentos, enfocados en diagnósticos y mejoramiento de la habitabilidad primaria.

Estos convenios representan menos del 6% del presupuesto total asignado en la región, el cual alcanza los 7.900 millones de pesos, de los cuales 426 millones corresponden a las labores de la Fundación Democracia Viva, precisaron.

Asimismo, desde el Minvu afirmaron que todos los convenios han seguido los trámites regulares y se proyecta que se cumplan en un plazo de 14 meses, con un avance programado hasta la fecha.

El ministro Carlos Montes agregó que están estudiando y replanteando la relación con las fundaciones, de tal manera que esto tenga mucha más participación de otros actores en la discusión.

Al respecto, los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Juan Manuel Fuenzalida, afirmaron que “es evidente la relación e injerencia que existe entre estas tres personas” y pidieron una investigación a la Fiscalía.

Mientras, parlamentarios del oficialismo valoraron la decisión de Catalina Pérez de presentar un oficio ante Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de los convenios suscritos.

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