El secretario de Estado explicó que se trataría de “una medida cautelar intermedia entre la prisión preventiva y el arresto domiciliario, con mecanismo de seguimiento telemático“.

Esta podría aplicarse a un 30% de las personas que están privadas de libertad.

A criterio del ministro, este cambio es necesario en la actualidad, debido a que el país tiene las mismas plazas de reclusión de 2012, que consiste en 41 mil camas, y hoy en día hay aproximadamente 48 mil internos.

No solo eso, ya que la autoridad también mencionó que Gendarmeria proyecta que en el año 2024, tendremos una población penal superior a 50 mil personas.

Acerca de los detalles de este tipo de arresto, Luis Cordero explicó que “es un anteproyecto de ley que está estudiando el Ejecutivo. En términos sencillos, se traduce en tener control telemático, arresto con control telemático, de aquellas personas que estén en posibilidades de estar a esa medida cautelar, de modo de poder descongestionar cárceles”.

Aparte de esta medida, el ministro también explicó que se está trabajando en otras soluciones para este problema de sobrepoblación, tales como la reactivación del plan de infraestructura carcelaria y la ampliación o reacondicionamiento de penales como La Laguna, ubicado en la región del Maule, y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción.

Cabe recordar que la puesta en marcha del “Criterio Valencia“ es importante en este contexto, debido a que es una medida que pide prisión preventiva para aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentren en nuestro país sin la documentación que acredite su legalidad.

Esta orden ha hecho que una gran cantidad de inmigrantes intenten escapar de Chile, generando aglomeraciones en la frontera con Perú, donde incluso el país vecino pidió ayuda de las Fuerzas Armadas tras decretar estado de emergencia.

“Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos”, señala Petro en el video.

“Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente”, agrega.

ue así como la primera autoridad salvadoreña escribió un directo mensaje junto al fragmento. “Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica”, comenzó señalando.

“Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”, añadió.

Luego que subiera el tuit, no debió pasar mucho tiempo para que el aludido saliera a responder a través de la misma plataforma.

“Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”, escribió el mandatario colombiano.

“Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional”, agregó.

Cabe señalar que El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción debido a sus tasas de homicidios, lo que llevó a Bukele a tomar férreas medidas contra las pandillas.

Bajo este contexto es que inauguró una mega cárcel cuya capacidad es para 40 mil detenidos, recinto que fue denunciado por la organización Human Rights Watch (HRW) por su “hacinamiento extremo” como consecuencia de las detenciones sin orden judicial de sospechosos.

El procedimiento permitió incautar 486 armas blancas, 216 celulares y 300 gramos de sustancias ilícitas y según datos de Gendarmería, se pudo intervenir a 3.664 personas que se encuentran privadas de libertad, en un operativo de 22 unidades penales compuestas por 1.064 funcionarios de Servicios Especializados.

Cabe destacar que ya se han realizado 11 de estas intervenciones en el marco del Plan de Seguridad y Combate contra el Crimen Organizado.

El subsecretario Gajardo, aseguró que, estas instancias «son fundamentales para la labor de Gendarmería, ya que tener establecimientos limpios es clave para poder tener una adecuada reinserción social, pero además para evitar que se cometan delitos al interior de los establecimientos penitenciarios».

Situaciones de riesgo 

La autoridad señaló que «desde que iniciamos estos operativos, en junio del año pasado, con el primero a nivel nacional, hemos logrado ir viendo una disminución de estos elementos prohibidos (…) Es algo que tenemos que evaluar cuando cumplamos al menos un año de esta política», agregó el subsecretario.

Por su parte, Provoste explicó que la disminución de los elementos prohibidos que se encontraron se debe «principalmente a los controles, al registro permanente y a la labor de inteligencia».

«En todos los operativos que se han desarrollado a nivel nacional no ha habido ninguna observación, ningún reclamo de la población penal, han sido operativos de carácter profesional, eficientes», cerró.

En el marco de la agenda de seguridad pública, donde participó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; y de Interior, Manuel Monsalve, quienes se reunieron con representantes de la Corte Suprema, con la finalidad de tratar temas de interés en cuanto a la situación carcelaria.

«Hemos tomado medidas de carácter urgente cada vez que hay informes -por ejemplo, del Poder Judicial- y por eso precisamente esas coordinaciones que estamos teniendo con el Poder Judicial el día de hoy, en donde el presidente del Primer Tribunal de Garantía de Santiago nos señaló que existía una situación muy compleja de posibles extorsiones en el penal Santiago 1, y ahí precisamente tomamos decisiones urgentes y de generar mejores condiciones de segregación al interior del establecimiento penitenciario y, por ende, hacer un conjunto de traslados», detalló el subsecretario Gajardo. 

Dentro de las medidas evaluadas está la segregación de la población penal según peligrosidad, como también la posibilidad de «bloquear la conectividad de telefonía celular desde el interior de los recintos penitenciarios», detalló Monsalve.

Para la autoridad, la presencia de bandas al interior de las cárceles no es inusual, pero desde hace unos 4-5 años, se viene produciendo una modificación en el tipo de estructuras criminales que operan en Chile, por lo que ahora son más complejas y peligrosas.

«Usan más armas, más tecnología, extorsionan, amenazan y, por lo tanto, es más posible que tomen el control de un recinto penitenciario», indicó. La autoridad señaló que esta situación tiene diversas consecuencias, desde seguir «cometiendo o coordinando delitos desde las cárceles», como también la afectación al resto de la población penal.