Recordemos que, tras una demanda presentada por la familia del músico, fue en el año 2016 que el jurado de un tribunal federal de Orlando responsabilizó a Barrientos por la muerte ocurrida en 1973.

Por su implicancia en el deceso del reconocido cantautor chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet, el exmilitar perdió su nacionalidad estadounidense en el pasado mes de julio.

Ahora, la detención se logró tras un trabajo en conjunto de agencias como la Patrulla de Caminos de Florida, oficiales de operaciones de fugitivos de la Suboficina de Deportación, entre otros.

Tras lo anterior, la ministra Camila Vallejo indicó que como Gobierno les parece “importante lograr justicia”.

“Sabemos, y esta es una discusión muy de fondo, cuando la justicia llega tan tarde es como si no existiera”, dijo.

Agregando que, de todas maneras, “para nosotros como Gobierno es fundamental que este caso tenga alguna luz”.

Finalmente, la vocera de Gobierno destacó la importancia de la detención “para que en Chile pueda ser juzgado como corresponde frente al brutal crimen contra Víctor Jara”.

«Los cambios los determina el Presidente y hace muy poquito me tocó señalar a nombre del Presidente que no iba a haber cambio de gabinete», detalló la ministra.

«Tenemos un ministro de Estado que fue calumniado por parte de un sector de la oposición sobre la supuesta comisión de delitos que no cometió; que ha sido criticado por militar en un partido a propósito de que hubo militantes de ese partido que se vieron involucrados en el Caso Convenios», sumó.

Además, Vallejo planteó que «estamos de acuerdo en que no se puede juzgar a una autoridad política solo por el hecho de ser militante de un partido que ha tenido militantes involucrados en un caso de corrupción, porque si no estaríamos pidiendo la cabeza a varios presidentes de partidos de la oposición».

«Esa no es una lógica sana en el debate público y no es un criterio para medir o evaluar o exigir responsabilidades políticas. Porque hoy es un ministro de Estado, mañana un parlamentario o un representante de partido. Al final, para un sector el problema del ministro Jackson es su cercanía con el Presidente. Por eso se le cuestiona, por eso se le quiere sacar. Eso, la verdad, no es una razón suficiente», apuntó.

La titular de la Segegob sostuvo que «lo que entorpece es que haya una fijación con el ministro Jackson. Que haya una fijación por discutir solo si es que me gusta o no el ministro Jackson, en vez de estar discutiendo sobre los temas que le interesa al país. Lo que entorpece es que haya un partido que decida salirse de la discusión sobre cómo aumentamos las pensiones, porque el ministro Jackson no sale. No necesitamos eso en política».

«Por eso nuestro esfuerzo ahora está en el pacto fiscal, en la reforma de pensiones. Si es que hay un partido que no quiere avanzar o define obstruir una reforma, quizás es mejor que no esté en el debate y que estén aquellos partidos y parlamentarios que sí quieren avanzar a pesar de las diferencias. Ahí está nuestra vocación y nuestro ánimo», cerró.

El 20 de junio, el Diario Oficial publicó el decreto de creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La comisión tendrá como objetivo asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales y hará recomendaciones sobre políticas públicas.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, “debe haber preocupación cuando los Gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”.

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó en un comunicado que las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia “siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior de Argentina, dijo que la SIP, como organización, favorece que los Gobiernos promuevan la alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas públicas para combatir la desinformación.

Sin embargo, subrayó Jornet, “es muy distinto cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar, desde su óptica, lo más conveniente”.

Greenspon y Jornet recordaron que tanto la Declaración de Chapultepec como la Declaración de Salta no dejan resquicios para que los Estados impongan requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o desinformación.

“El espíritu de estos documentos -dijeron- es defender las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que los Gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura”.

Las autoridades de la SIP, con sede en Miami (Florida), dijeron que para combatir la desinformación, el Gobierno de Chile debería incentivar medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, “pero no involucrarse en forma directa en las soluciones”.

“De esa forma -afirmaron- se dará mayor relevancia al tema, para que sea tratado con mayor apertura, diversidad y pluralidad en la sociedad”.

Según el decreto, la Comisión Asesora contra la Desinformación estará integrada por dos representantes de universidades estatales, dos de planteles privados y uno de una institución fuera de la Región Metropolitana, tres miembros de una ONG, fundación o de la sociedad civil, relacionada con el tema y un representante de una organización de chequeo de datos.

Entre otras funciones, el organismo presentará al Ministerio de Ciencia y a la Secretaría General de Gobierno recomendaciones para adoptar políticas públicas, agregó el comunicado de la SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas.

La situación motivó la renuncia del seremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, y que Pérez suspendiera su participación a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, advirtió que están revisando la rendición de gastos y calificó la situación como un «descriterio».

Este mismo adjetivo fue usado por Vallejo, quien acusó que «efectivamente fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó».

«Nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada», subrayó la portavoz de La Moneda.

«Aquí hubo un seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el Gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político», complementó la vocera.

«Hay que esclarecer si los recursos fueron bien utilizados»

En ese sentido, expuso que «otra cosa distinta es lo que va a arrojar la investigación que está realizando el Ministerio de Vivienda que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, porque eso es algo central».

«Hay que esclarecer si los usos de los recursos públicos fueron bien utilizados o no para los propósitos que estaban señalados, que es el apoyo y reforzamiento a los campamentos en distintas áreas», cerró.

“cada vez que muere un lactante, en el Servicio de Salud, instruye una auditoría para investigar y esclarecer las causas del fallecimiento”, manifestó.

Respecto a los cuestionados protocolos de derivación, cuando hay emergencia sanitaria “hay que contactar a toda la red pública como privada para constatar que haya camas disponibles para la atención de los pacientes”.

“Lo que correspondía, y siempre corresponde, es que se contacte a todas las clínicas, sin exclusión”, pero como eso no pasó, “requiere aclararse por qué no se realizó ese contacto cuando el protocolo señalaba que sí”, agregó.

Respecto a la evaluación, o responsabilidad política de las autoridades correspondientes, Vallejo indicó que “eso le corresponde al Gobierno a nivel central, particularmente al Presidente de la República”.

¿Quién informó mal al subsecretario Araos tras la muerte de menor en San Antonio?

Con el fin de esclarecer las causas, la secretaria de Estado explicó que se realizarán dos procedimientos: en primer lugar, la auditoría específica que es obligatoria y procede inmediatamente.

Por otro lado, un sumario porque “cuando el protocolo señala que se debe hacer contacto con las clínicas en caso de emergencia sanitaria por ley de urgencias, no puede ser una razón no contactarse con una de ellas a propósito de una sentencia de carácter judicial”.

Finalmente, consultada por la posición en la que queda el subsecretario de Redes Asistencias, Fernando Araos, ministra vocera de Gobierno respondió que la responsabilidad es “trabajar junto a los equipos con alta rigurosidad en el enfrentamiento de esta emergencia”.

Agregando que, respecto a una emergencia sanitaria, “hay que siempre estar reforzando los equipos, semana a semana (…) en las últimas semanas se adicionaron medidas de reforzamiento”.

Asimismo, destacó que -cuando se enfrentan estas emergencias sanitarias- se articulan espacios con diferentes profesionales para no solamente tener un diagnóstico técnico compartido, sino que también para tomar las nuevas medidas.

Finalmente, la ministra Camila Vallejo adelantó que las próximas semanas se juntarán las consultas por el virus sincicial como la influenza, particularmente en las personas mayores.

Fueron los parlamentarios del movimiento Avancemos Chile, ex Partido de la Gente, Víctor Pino y Yovana Ahumada, además del independiente Enrique Lee, los que dieron pie a esta iniciativa. Se trata de una reforma constitucional que pretende poner límite a los intentos por tener una Carta Magna, al menos durante los próximos 8 años, incluyendo un plebiscito de entrada.

Por lo anterior, la ministra Camila Vallejo aseguró que, a su parecer, es “política ficción” y que desvía del proceso actual, del que se espera emerja “una constitución hecha en el siglo XXI y de forma democrática”.

“Por eso es tan importante insistir en el presente, en poner los ojos en aquellos que fueron electos para asumir este desafío en esta segunda oportunidad histórica y más que estar solo pensando en qué viene después, porque nos desvía la atención lo que es importante, porque es construir escenarios hipotéticos”, reflexionó Vallejo.

Para la ministra, lo que el Gobierno espera es que “el Consejo Constitucional se constituya, pueda dar demostración en los hechos, y no solamente en las entrevistas o declaraciones, de que son capaces de fortalecer el diálogo democrático e inclusivo (…), sin dejar a sectores fuera”.

“Nadie quiere que volvamos a desaprovechar una oportunidad como esta, pero todo eso depende del rol que asuman en la práctica los consejeros y las consejeras constitucionales y del resultado del trabajo que tengan”, aseguró Vallejo.

Por último, la vocera de Gobierno les deseó “la mejor de las suertes” a los consejeros, recordando que “la ciudadanía podrá juzgar en el plebiscito de salida si está de acuerdo o no con la propuesta, eso no lo hace el Gobierno”.

La titular de la Secretaría General de Gobierno participará estos 2 y 3 de mayo de la cita internacional en la sede de la ONU.

Dicha presentación por el Día Mundial de la Libertad de Prensa se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

En rigor, Vallejo participará de la conferencia global 2023 de la Unesco.

En la instancia, formará parte de un panel de ministros sobre políticas públicas y libertad de expresión.

Además, compartirá escenario con la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power.

Junto a ella, la ministra de la Segegob compartió podio con el secretario de Estado adjunto del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Thomas Guerber.

Finalmente, también participó de la conferencia la ministra de Estado para Europa y Clima del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Anna Lührmann.

Anteriormente, la ministra ya había participado de encuentros similares en Europa.

Por ejemplo, en el mes de noviembre de 2022, Vallejo asistió a un foro de la Unesco para hablar sobre desinformación y fortalecimiento de las democracias

“No me voy a hacer responsable de acusaciones infundadas y falsas”, afirmó desde el Palacio de La Moneda. 

Lo anterior, luego que Carter acusara que la Fiscalía Nacional recibió un “telefonazo” de La Moneda antes de tomar su decisión de instruir un sumario interno por la entrega de información sobre las casas vinculadas al narcotráfico que han sido objetivo de un plan municipal de demolición.

Quien también se refirió a las declaraciones de Carter fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que “sobre la afirmación del alcalde, yo no sabría cómo calificar. Solo recordar que el Ministerio Público es una institución autónoma del Estado, tiene autonomía constitucional”. 

“Es bien poco probable estos tipos de ‘telefonazos’. La verdad es que el Ministerio Público tiene plena autonomía”, recalcó.

El general director había llamado a los parlamentarios de los distintos sectores políticos a destrabar proyectos legislativos para que “los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a los delincuentes y hacer uso de todos los elementos que la ley entrega”, enfatizó.

“Aquí yo hago una invitación, a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso, para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro”, agregó el director general de la institución.

Al respecto, la ministra Camila Vallejo afirmó que “es muy importante señalar que los proyectos de la agenda de seguridad buscan, entre otras cosas, fortalecer las capacidades de las policías en los temas que son centrales: el combate al crimen organizado y al narcotráfico”.

La reforma tributaria y las policías: “Eso está en juego cuando rechazamos proyectos tan importantes”Por ese motivo, la titular de la cartera de Secretaría General de Gobierno se refirió a la importancia de contar con “nuevos ingresos permanentes para financiar los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad”.

Haciendo referencia al rechazo de la reforma tributaria en el Congreso, la ministra Vallejo comentó: “Quiero recordar, y lamento si somos majaderos con esto pero hay que serlo, la reforma tributaria implicaba incrementar 900 plazas para la formación de policías”.

A su vez, “250 asistentes policiales extras, implementar la Defensoría de las víctimas, aumentar la cobertura del programa Lazos, mejorar tecnologías y, entre otras cosas, contemplaba financiamiento para el proyecto de mejora institucional del Ministerio Público”, aseguró.

“Entonces, cuando hablamos de la importancia de que el Congreso respalde la agenda legislativa que nos permita dotar de capacidad y fortalecimiento institucional a nuestras policías en el combate de la delincuencia, hablamos también de la reforma tributaria”, finalizó la ministra Camila Vallejo.

El martes, el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, indicó en 24 Horas que la medida «terminó con una inflación que hizo sufrir a gran parte de la población y que, hasta el día de hoy, se sufren los niveles de alza de precios. (…) Nos dimos cuenta, incluso quienes votamos a favor».

Consultada por dichas declaraciones, Vallejo respondió que «sin lugar a dudas ha habido un aprendizaje. Nosotros desde el año pasado empujamos una política fiscal y pública muy responsable, justamente tanto para atender a las necesidades de bolsillo de las familias chilenas, trabajadoras, mujeres que perdieron el empleo, como también un manejo en materia de macroeconomía para ir disminuyendo lo antes posible la inflación, que impacta en los bolsillos de las familias».

La titular de la Segegob aseveró que los efectos de la política económica del Ejecutivo «están empezando a verse, hoy tuvimos un Imacec positivo, ha ido bajando la inflación y esperamos que lo siga haciendo, esperamos pasar a inicios de segundo semestre a un dígito. Y además, hemos ido empujando una reforma previsional».

En esa línea, reiteró que «no vemos razón para otro retiro. Uno, es retroceder de los avances que hemos tenido en materia de enfrentar la inflación; y en segundo lugar, es autoboicotearnos con la reforma previsional, que es una de las prioridades del compromiso del programa de Gobierno, porque se requiere aumentar y mejorar las pensiones en nuestro país».

«Eso para nosotros es algo que ha sido resuelto, nuestra posición es clara, el autopréstamo la vez pasada se logró rechazar casi por unanimidad, y esperamos que ese aprendizaje, que no solamente ha tenido nuestro Gobierno, sino que el propio parlamento y la ciudadanía, se manifieste nuevamente en las instancias de toma de decisión como el Congreso Nacional», rememoró.

Además, subrayó que este miércoles se retoma la agenda legislativa en el Congreso «para aprobar el paquete de ayudas económicas, que como Gobierno y el Presidente Gabriel Boric anunció las primeras semanas de enero. Tiene que ver con la duplicación del Bono Marzo, el Bolsillo Familiar Electrónico, el aumento considerable de varios subsidios y aportes familiares a un porcentaje importante de nuestra población, medidas en materia de endeudamiento, etc.»

«Ahí también tenemos una política de ir ayudando de manera permanente a las familias que lo requieren y que lo están pasando mal, mientras seguimos empujando una mejora a la situación económica de nuestro país», cerró.