Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó acceder a crear una comisión especial investigadora (CEI) para el denominado Caso Hermosilla.

En total fueron tres solicitudes se presentaron en la corporación esta mañana. La primera fue impulsada por el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri para investigar las “mafias de la evasión y la regulación del mercado financiero”; la segunda por la bancada del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes; y la tercera por diputados del Partido De la Gente (PDG).

La CEI deberá buscar responsabilidades políticas en medio de las diligencias que realiza el Ministerio Público, y procesos internos que efectúa el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras revelarse una conversación donde abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto al representado Daniel Sauer, mencionan pagos a funcionarios del SII y de la CMF para obtener información reservada y favores que beneficien al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

La instancia tendrá 60 días para efectuar su trabajo y elaborar el informe al respecto. Se espera que las tres propuestas sean fusionadas en una sola comisión.

En paralelo, tanto la SII como la CMF anunciaron acciones legales al respecto. En tanto, el director del SII, Hernán Frigolett, removió este martes al director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, por pérdida de confianza en su gestión; y suspendió a otros cuatro funcionarios.

Tras un arduo debate legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones.

La acción ocurrió en medio de diferencias al interior del oficialismo, esto luego que parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio manifestaron en voto su discrepancia con la acción del Ejecutivo.

La iniciativa -que estaba en su tercer trámite constitucional luego de ser aprobada por ambas cámaras y que fue enviada por el gobierno vía mensaje de ley- busca modificar el Código Penal para sancionar el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en durante reuniones en lugares públicos.

Pese a que el proyecto fue enviado por el propio Ministerio del Interior el 29 de mayo de este año -en el marco de la agenda de seguridad y del fast track legislativo consensuado entre Ejecutivo y Congreso-, la iniciativa tal y como salió del Parlamento no cuenta con el respaldo de La Moneda.

El problema para el gobierno -como la reconoció la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la tramitación del proyecto- son las penas de presidio para el porte de combustibles durante una manifestación.

De hecho, la jefa de gabinete criticó en su momento que esa indicación excedía al espíritu de la norma en el mensaje original, por lo que llamó a rechazar la iniciativa.

En ese sentido, había remarcado que no es posible enviar a la cárcel a alguien que aún no ha cometido un delito y, además, sostuvo que portar una molotov u otro artefacto explosivo ya tiene una sanción penal, más alta que la planteada por los legisladores en la Cámara.

“(La indicación) tiene el error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera, en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito”, señaló en esa oportunidad la titular de Interior.

Durante la tramitación el Ejecutivo había advertido que en caso de aprobarse el proyecto tal y como estaba podría revaluar recurrir al TC.

“El Ejecutivo deja planteada la reserva de constitucionalidad respecto de la indicación que se aprobó. Las razones son las mismas por las cuales se declaró inadmisible la indicación del diputado (Andrés) Longton: la norma contiene una definición de la misma conducta y le pone una sanción diferente al resto del proyecto, es decir, es incompatible”, cuestionó la jefa de Interior.

En contraparte, el diputado Longton, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara y militante RN, señaló que “la pena de presidio permite castigar como corresponde una conducta que pueda atentar contra la vida de una persona”.

“Así hicimos ver con una votación contundente en la sala de la Cámara de Diputados porque quienes utilizan la violencia como método de acción política deben ser sancionados como corresponde, porque esto está dejando muchas personas afectadas en el diario vivir, que no pueden vivir tranquilos precisamente por estos violentistas que se toman las calles para atentar contra las personas o contra la tranquilidad de la población”, remarcó el legislador.

Nuevo round entre poderes del Estado

El nuevo revés para el gobierno en el Parlamento se da a solo días de que La Moneda enviara 14 vetos al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades -que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso-, que serán vistos esta tarde por el Senado y se enviará a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

Las correcciones que envió La Moneda buscaban eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a juicio del Ejecutivo- una “autotutela” o “justicia por mano propia”.

Es decir, el dueño de un terreno ocupado podía recurrir a la fuerza con medios propios, sin auxilio de Carabineros, para recuperar su inmueble.

Las observaciones del Ejecutivo también pretenden suprimir la penalización de usurpaciones “transitorias”, por ejemplo, aquellas tomas ejecutadas en el contexto de una manifestación o una huelga.

Desde Chile Vamos y el resto de bancadas de derecha anticiparon que rechazarán el veto y las observaciones enviadas por el Ejecutivo, porque -a su juicio- las correcciones incluidas harían casi imposible que el delito de usurpación sea castigado con cárcel, una de los líneas rojas para la oposición.

“Veníamos trabajando en varios proyectos de ley y claramente yo, por lo menos, de aquí en adelante, después de lo que ha hecho el gobierno, no tengo ningún ánimo de sentarme con ellos en materia de seguridad, porque ya no les creo que les importa la seguridad. Tan simple como eso”, señaló el senador de Evópoli, Felipe Kast, presidente de la comisión de Seguridad.

Este hecho no fue bien recibido por el Gobierno, ya que esta semana se han manifestado en contra de la decisión del juez Héctor Barraza.

La resolución ocurrió una semana después que saliera a la luz que la Fiscalía mantiene abierta una investigación por amenazas de imputados del Tren de Aragua en contra de un grupo de jueces y fiscales.

Por esto, el diputado del Partido por la Democracia, Jaime Araya, anunció que está estudiando una modificación para la Ley 20 mil -que define los delitos y las penas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes- para que pueda precisar la protección de la identidad de los testigos desde los primeros actos de la investigación hasta el juicio oral, e incluso los actos posteriores a la ejecución de la sentencia.

En tanto, la Fiscalía Nacional ordenó la apertura de una investigación contra todos quienes resulten responsables por la divulgación de antecedentes que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias.

Aún así, el diputado de la UDI, Henry Leal, señaló que se debería tipificar este delito y condenar a los jueces y fiscales que difundan este tipo de información, e hizo un llamado a acelerar su proyecto que se encuentra estancado entre los 31 proyectos del fast track legislativo.

Asimismo, el senador Iván Flores presentó un proyecto que es una modificación de la ley antiterrorista, que considera nuevas técnicas especiales de investigación y permite perfeccionar la condición de testigo protegido y de agente encubierto.

Por esto, el parlamentario le hizo un llamado al ministerio del Interior a poner urgencia a estos proyectos y que no les siga mandando respuestas “misceláneas que no van en el sentido que la ciudadanía hoy día pide y el país exige”.

Recordemos que el pasado mes de julio, durante la administración del diputado Vlado Mirosevic (PL), se estableció una escala de multas que acompañan las medidas disciplinarias a partir del llamado al orden.

En medio del homenaje, tras comenzar a describir una serie de hechos ocurridos antes del Golpe, y luego de reiteradas advertencias, el diputado Gustavo Benavente (UDI) fue censurado.

Además, se otorgó la privación de la palabra por una sesión. Esto, contempla una sanción del 4% de la dieta líquida que se traduce en una multa de 224 mil pesos.

Por otro lado, el diputado Gaspar Rivas (PDG) tras acercarse al estrado con un cartel en la que se podía ver las fotos del exlíder de la Unidad Popular y del dictador Augusto Pinochet, fue llamado al orden.

En la instancia, el militante del PDG hizo un llamado: ¡Córtenla de pelear y preocúpense de Chile!Con el llamado al orden por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC).

Esto quiere decir un descuento del 1% de la dieta líquida, es decir, multa de 56.000 pesos.

Si bien el oficialismo intentó recordar al derrocado presidente Allende con discursos de los diputados Daniel Manouchehri (Partido Socialista), Luis Cuello (Partido Comunista), Claudia Mix (Frente Amplio) y Cristian Tapia (PPD), la UDI también intervino en el homenaje y provocó altercados en la cámara baja.

Los representantes de Renovación Nacional (RN) y el Partido Republicano salieron de la sala para el homenaje al exdiputado y exsenador Salvador Allende, mientras que los diputados de Evópoli se mantuvieron en silencio.

El diputado de la UDI Gustavo Benavente en tanto, pidió la palabra y comenzó a hablar del Gobierno de Allende, mientras era interrumpido por el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes, quien le aplicó el reglamento por no cumplir con el objetivo del homenaje.

Mientras Benavente continuaba hablando, parlamentarios oficialistas lo interrumpieron con gritos en recuerdo a Salvador Allende: “Allende está presente”.

Finalmente, el presidente de la cámara le quitó el uso de la palabra al diputado Benavente, quien posteriormente aseguró que no había insultado al expresidente.

“En ningún momento he insultado al homenajeado, solamente se mencionaron hechos históricos de su gobierno y, por tanto, eso es un homenaje. El homenaje puede resaltar luces y sombras, porque eso somos los seres humanos”, aseguró Benavente.

Reacción de la DC y el PDG en homenaje a Allende

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, hizo un mea culpa sobre el rol de su partido en el golpe de Estado de 1973, y recordó la relación de la falange con el expresidente Allende.

“Entre las sombras, la actitud oficial de la Democracia Cristiana fue complaciente en el golpe y en los primeros meses siguientes. El presidente Aylwin, diría más tarde, que la declaración de los trece había sido la correcta”, declaró Undurraga.

El diputado del PDG Gaspar Rivas también protagonizó un polémico momento cuando, en medio de las palabras del diputado Benavente, se paseó con un cartel con las fotografías de Allende y el dictador Augusto Pinochet y los comparó.

“Ni Allende, ni Pinochet”, decía su letrero.

“No voy a entrar en el debate sobre indicaciones específicas, pero sí quiero referirme a la propuesta y a la posición del Gobierno. Que es una postura de principios que tiene relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el Estado de Derecho, y en alguna medida lo aprobado hoy lo pone en duda, puesto que en Chile la violencia entre particulares está prohibida y no hay espacio para la autotutela“.

“El monopolio de la fuerza está radicado en las instituciones públicas, específicamente en las policías. Nos parece que lo aprobado hoy, es sin duda una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico, por eso el Gobierno no lo va a promulgar y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”, agregó.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó casi sin cambios el proyecto de ley de usurpaciones. Dicha iniciativa tiene como propósito regular la ocupación ilegal de inmuebles, aumentando las sanciones de estos delitos, fijando nuevas penas e incorporando mecanismos más eficientes de restitución.

Así lo hizo ver Álvaro Elizalde, ministro Secretario General de la Presidencia, quien aseguró que como Gobierno “vamos a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución con el objeto de velar por una buena ley, una ley que entregue herramientas para restablecer el derecho respecto a quienes han sido usurpados, pero que bajo ninguna circunstancia autorice el uso de la violencia”.

Cabe recordar que previo a la votación de este martes, La Moneda incluyó distintas indicaciones. Entre ellas, una que buscaba revertir la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos.

Esta es considerada por el oficialismo como una posibilidad de hacer justicia por mano propia a través de cualquier medio, incluyendo la contratación de terceras personas.

De igual manera, se cayó la indicación que pedía considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones.

Enmiendas al proyectos que se rechazaron con votos del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero que contaron con el apoyo de parlamentarios de otros partidos oficialistas, como el Partido por la Democracia.

Precisamente, el diputado PPD Jaime Araya aseguró que es absolutamente inaceptable el “discolage” que protagonizaron los diputados de Apruebo Dignidad, algo que de haber sido cometido por ellos “se nos reprocha”.

“Las permanentes diferencias que plantea tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, por complejo ideológico en materia de seguridad, quedarán en nada”, aseguró Araya.

Luego agregó que esto “se acabó” y que ellos se declaran, desde la perspectiva de los proyectos de seguridad, “en absoluta reflexión”.

“No hay capacidad de parte del propio gobierno de ordenar sus filas, no pueden pedirnos a nosotros que sigamos pagando los costos”, agregó Jaime Araya.

En tanto que el independiente pro PPD, Héctor Ulloa, manifestó una “profunda preocupación por cómo salió el proyecto” ya que “legítima defensa que combinada con una flagrancia permanente, puede generar verdaderas milicias privadas para la recuperación de predios ilegítimamente ocupados”.

En cuanto a las votaciones de diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio, dijo que esperaban “gestos de lealtad” y que quedaron en “ridículo” al aprobar “normas contra nuestras convicciones para apoyar al gobierno del presidente Boric”.

“No puede ser que tengamos reuniones de coordinación, tengamos ciertas votaciones que acordamos y resulta que en la sala cada uno vota lo que quiere”, agregó Ulloa.

Por su parte, el ministro Álvaro Elizalde, dijo que no entrará a un debate “respecto de indicaciones específicas”, pero que lo aprobado este martes va contra la “postura de principios que dice relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el Estado de Derecho en Chile y que en alguna medida lo aprobado hoy pone en duda”.

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

De esta forma, la iniciativa vuelve al Senado para su discusión en tercer trámite constitucional.

En el debate en sala de la Cámara Baja intervino la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, cuestionando la disposición de “legítima defensa privilegiada”, que incorporó la oposición y permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” (según describen en el gobierno) sus terrenos ocupados.

“Salvajismo”

“Como Gobierno no vamos a permitir una ley de usurpaciones que permita enfrentamientos. El proyecto que está en el Congreso busca proteger a las personas que les usurpan sus bienes, y para eso es fundamental avanzar con las herramientas del derecho, no del salvajismo”, señaló Tohá en su cuenta en X.

En el debate en el Congreso, la autoridad de gobierno argumentó en una línea similar.

“Habilita a causar cualquier daño al autor del delito. Esa es la legítima defensa privilegia. O sea, aquí se pueda actuar en cualquier plazo, se puede recurrir a terceros y se puede causar cualquier daño. Si eso no es autotutela, si eso no es ley de la selva”, planteó la ministra.

“El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, sostuvo Tohá.

En la votación en particular del artículo, fue aprobado por 73 parlamentarios que se manifestaron a favor, 63 en contra y cinco abstenciones.

El texto del proyecto ya había sido aprobado en su idea de legislar en una sesión anterior.

Sin embargo, su articulado había quedado pospuesto debido a un segundo análisis por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.

Allí el gobierno intentó, sin éxito, buscar acuerdos en diversas materias donde a su entender, se alteró la idea matriz del texto.

Las indicaciones finalmente rechazadas en la comisión, tampoco prosperaron en sala, salvo una de ellas relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.

“Impunidad se va a acabar”

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton señaló que el “mensaje es claro, la mayoría del Congreso, que es la mayoría del país también, está por una ley de usurpaciones que sancione con penas efectivas de cárcel y que dé la posibilidad a las policías de detener flagrantemente, de manera permanente, a quienes usurpan terrenos”.

“Eso es un cambio muy grande respecto a lo que tenemos hoy día, donde precisamente por efectos de procesos judiciales que eran eternos, que no tenían fin, las familias no tenían justicia. Y esa impunidad se va a acabar con este proyecto de ley, porque va a permitir que a las violentistas, a las personas que se meten a terrenos que no les pertenecen, sean detenidos. Y eso es una tremenda noticia para nuestro país”, destacó.

El proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.

Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.

“Cuando a la gente le decimos el Estado está ausente, no podemos decirle también que no va a tener la posibilidad de defenderse. Entonces, hoy día el rol de las policías va a ser fundamental, porque la flagrancia va a ser permanente, no de 12 horas. Es decir, en cualquier momento las policías van a poder llevar detenidas a personas que se tomaron y usurparon terrenos. Y eso es un alivio para cientos y miles de familias que viven con la desesperanza de que la justicia ya no sirve”, sostuvo el diputado Longton.

El plan debiese incrementar progresivamente la remuneración líquida de los alumnos para alcanzar, una vez cumplidos los seis meses, un equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual.

Al inicio del tercer semestre, dicho valor podría llegar a un 75% del ingreso mínimo mensual. Luego, al comenzar el cuarto semestre de estudios, se propone entregar un sueldo mínimo íntegro, durante los años 2024 y 2025.

Además, la solicitud plantea que, a partir de 2026, los carabineros que ingresen a la Escuela de Formación perciban una remuneración líquida equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual. En el segundo semestre, en tanto, correspondería, según la propuesta, un sueldo mínimo de manera íntegra.