Según el director ejecutivo de AI en Chile, Rodrigo Bustos, el texto “no garantiza que vayan a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, tampoco asegura igualdad y está lejos de poner fin a los abusos que tanto daño hacen a la sociedad, por el contrario, la desprotección que generaría es realmente alarmante”.

Más de 15 millones de chilenos se pronunciarán el 17 de diciembre sobre la propuesta de nueva Constitución elaborada por un órgano dominado por la derecha conservadora y la derecha tradicional.

Las derechas defienden que el documento es mejor que la Carta Magna actual, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), porque “recoge” las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.

La izquierda oficialista, en cambio, califica la propuesta de “dogmática” y “partidista” y denuncia que perpetúa el modelo neoliberal que instaló el régimen y supone “retrocesos” en derechos sociales.

AI alertó principalmente sobre normas contenidas en la nueva propuesta constitucional relacionadas con la salud, las pensiones, los derechos laborales, los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al agua, entre otros.

Para la organización, es “muy riesgoso” que el texto incorpore la libertad de elección entre entidades de salud públicas y privadas, pero que no incluya “una norma tajante que impida a estas últimas discriminar tal como lo han hecho hasta ahora”.

Sobre la seguridad social, Amnistia Internacional denunció que el documento “constitucionaliza” el sistema privado de capitalización individual, un modelo que -en su opinión- es “ineficiente” y “discriminador”

Una de las normas que han generado más polémica es la consagración del “derecho a la vida de quien está por nacer”, que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales.

“La palabra ‘quien’ (en lugar de ‘que’) puede significar una merma en el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres e impide avanzar a otras formas de regulación del aborto más amplio”, apuntó Bustos.

Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad chilena.

Si esta nueva propuesta constitucional finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución porque el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya adelantó que no impulsará un tercer intento.

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Acusan que la actual no está a la altura de los estándares de Derechos Humanos (DD.HH), por lo que vigilarán el proceso constituyente.

En concreto, el organismo aseguró que la Carta Magna vigente beneficia a unas personas por sobre otras, acentuando las desigualdades y la precariedad de los grupos históricamente excluidos.

En este contexto, la organización enfatizó en que estarán alerta a la reforma constitucional que se debe llevar a cabo para activar el nuevo proceso constituyente.

Sostuvieron que esta no debe contradecir de ninguna manera los principios fundamentales de los DD.HH.

Recalcaron que es fundamental que el proceso constituyente sea transparente, inclusivo, participativo y siempre de cara a la ciudadanía.

Por lo anterior, estarán vigilando la implementación del “Acuerdo por Chile” al que llegaron algunos partidos políticos con representación parlamentaria.

Además, vislumbran a priori este nuevo proceso como menos participativo, debido a sus características de composición. Además del reducido tiempo que tiene el texto constitucional para su elaboración.

Proceso constituyente: elección de Comité de expertosPor otra parte, subrayaron que se debe especificar de manera detallada qué características y requisitos deben cumplir las personas integrantes del “Comité de expertos”, así como aclarar el mecanismo para su designación.

Por tanto, precisaron que es importante asegurar que quienes participen en el proceso constituyente sean representativos de la diversidad del país y actúen con imparcialidad en todo momento.

De esta manera, Amnistía Internacional advirtió que mantendrán, desde vigilancia, hasta incidencia para asegurar que la Carta Magna se sitúe centrada en los Derechos Humanos.

Finalmente, destacaron que así se asegurarán de mejorar las condiciones de vida de todas las personas, construyendo una sociedad más igualitaria y justa.

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Para el senador, es vital que el Gobierno a través de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y el Ministerio de Justicia,  realice las gestiones respectivas con los parlamentarios de derecha a fin de «conseguir los votos que nos faltan y poder convencerlos de que este es un proyecto que justamente busca hacerse cargo de uno de los tantos problemas que generó el estallido social en el país», explicó.

El parlamentario sostuvo que desde la derecha “no quieren ceder en esta materia y como necesitamos algunos votos de parlamentarios de derecha, probablemente el proyecto será rechazado“, enfatizó.

Araya recalcó que la comisión de Constitución revisó en distintas ocasiones el proyecto de ley que establece un indulto a los presos del estallido, estableciendo “un catálogo bastante acotado de delitos respecto de los cuales se puede solicitar la amnistía. Se excluyeron los delitos más graves como el incendio, los robos en lugar habitado y el homicidio“.

Aseguró estar «convencido», de que se deben ir cerrando las distintas heridas que generó el estallido social y una de estas heridas tiene que ver con los denominados «presos de la revuelta, así como también quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, además de aquellas pymes y emprendedores que fueron afectados producto de que el Estado no les pudo garantizar la mantención del orden público”, añadió.

Según el parlamentario, la derecha “desde que comenzó el estallido social lo ha mirado como hechos delictuales. Basta pensar en las reacciones que tuvo el Gobierno de la época, el presidente Piñera y el ministro del Interior, respecto a cómo abordar el estallido social; con más represión, más policías en la calle, con iniciar acciones penales, pero sin ir a buscar las causas de qué es lo que estaba pasando, por qué los chilenos se estaban manifestando”, finalizó.

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