Resalta varias veces la importancia de que los gremios del agro se modernicen y destaca la labor de la SAGO en ese aspecto, lo que les ha valido la incorporación de nuevos socios “que sienten que estamos haciendo los cambios”.

–Sergio, ¿está la agricultura tradicional atravesando por una crisis?

«Yo creo que sí. Las cosas se han ido complejizando a través de los años. Hace 15 años, el rubro de ganadería de carne se veía totalmente en desventaja, ya que cereales, producción de leche, frutas y otros rubros eran claramente más competitivos. Fue el primer indicio de declive, pero las cosas no se detonan en un día, van empeorándose año a año, hasta que se llega a un punto difícil de subsanar

Pero ahora resulta que se han ido sumando otros rubros a la falta de rentabilidad, por diferentes razones. Temas de comercio exterior sin duda han impactado, pero el año pasado, muchos productores que sembraron trigo, tenían sus proyecciones calculadas en base a un valor de 350 -400 pesos por Kg. Luego la realidad fue un rango entre $200 – $300/Kg. Los frutales también han tenido vaivenes importantes, y son productores absolutamente rescilientes para seguir produciendo.

Esto no se trata de quejarse por deporte. Responde a que sencillamente el retorno no compensa los gastos y los riesgos. A nivel sectorial muchas veces le produce incomodidad hablar de productividad y rentabilidad. Pero tristemente, el agricultor vive de lo que produce la tierra. Es una de las razones poderosas que lleva a las familias tomar la decisión de vender e irse a la ciudad, muchas veces parcelando para poder obtener un patrimonio mejor, y también desincentiva a los jóvenes para quedarse o volver al campo para asentarse».

–¿Cree usted que el gobierno principalmente a través del ministerio de agricultura ha diseñado implementado políticas públicas a la altura de las necesidades de los agricultores?

«Desde el punto de vista de las instituciones del Estado, comprendemos que los recursos son finitos. También valoramos los esfuerzos hacia la sustentabilidad, que para nosotros es parte del comportamiento ético, nos debe acompañar toda la vida. El problema es que actualmente está adoptando un rol central, como un fin en sí mismo. Y entonces perdemos tiempo en inyectar tecnología, manejos y recursos para ser más productivos, y buscar mejores mercados.

Algunos estudios internacionales, indican que por cada peso que invierte el Estado en ganadería, retornan 3,1. Se multiplica la inversión por tres, ya que son rubros que movilizan muchos servicios, insumos, transportes, comercio, etc. Y eso lo han visto en países como Uruguay, que al igual que muchos otros a nivel internacional, apuesta firmemente como Estado, para facilitar el desarrollo del agro, porque se entiende que es vital para el bienestar interno de la población, y de la economía.

Por eso, poder facilitar procesos, aumentar el techo de patrimonio para mantenerse o acceder a ser cliente de INDAP, apoyar a un programa de suelos que debería contar con un presupuesto al menos tres veces lo actual, es crucial».

–Entre los agricultores de diferentes rubros hay muchas críticas hacia la labor de los gremios ¿Cómo las asume?

«La SAGO ha entendido que debe modernizarse, y actuar proactivamente. Por ello, se han estado realizando cambios administrativos, porque entendemos que el principal valor de una organización son sus socios».

–Algunos productores de Raps de distintas regiones han señalado que el principal comprador les ha manifestado que cambiarán la forma de pago modificando unilateralmente los contrato ¿Sabe algo eso?

«Sobre el tema de raps, en SAGO no se han recibido reportes de socios afectados, pero estamos recabando información. Siempre es bueno contemplar los diferentes puntos de vista frente a este tipo de situaciones que afectan a las cadenas productivas», finalizó.

La caída de la acerera conlleva la pérdida de 20 mil puestos de trabajo.

¿Qué tiene en común el drama de Huachipato con la crisis de la agricultura tradicional? La respuesta es simple: distorsiones de mercado afectan a ambas industrias y un mercado distorsionado no es viable, termina pulverizando a los productores y aumenta los precios a los consumidores.
Ciertamente, ambas crisis son estructuralmente muy diferentes.

En términos sociales, la caída de la agricultura implica la pérdida de miles de puestos de trabajo directo e indirecto, afecta a diferentes regiones, impacta en la seguridad alimentaria de la población y aumenta la dependencia de la importación de comida.

Su impacto es muy superior al de la crisis de Huachipato -siendo esta extremadamente potente-, pero hasta ahora es invisible para las autoridades, para los gremios del agro (que inexplicablemente han demostrado ser meros espectadores indolentes ante el sufrimiento de sus asociados) y para los consumidores, que sólo se quejan de los precios en los supermercados.

El caso Huachipato, al visibilizarse, debería ser una luz de esperanza para la agricultura tradicional y un ejemplo de que hay que hacerse cargo de los problemas antes de que las industrias colapsen.

Que intervenga la comisión antidistorsiones es una muestra de que existe una institucionalidad que, con voluntad política, puede ayudar a los sectores de la economía en problemas, pese a los embates de las transnacionales y de los poderes fácticos que siempre están atentos para operar en favor de sus intereses.

En este contexto, el llamado a las autoridades, principalmente al ministerio de Agricultura, es a dejar de mirarse el ombligo, dejar de ser autocomplacientes y esforzarse un poco, sólo un poco, y preocuparse del agro. A diferencia de Huachipato, la agricultura produce comida y la comida se come. El fierro no.

Análisis #Economía #Agricultura #SNA

Como imperioso calificó el diputado independiente, Francisco Pulgar Castillo, efectuar un catastro inmediato en el territorio regional, de manera tener un panorama real y efectivo de eventuales daños en la producción frutícola; tras las lluvias y granizos caídos en el Maule. 

El parlamentario, quien tras contactarse con la ministra secretaría de la Presidencia, Ana Lya Uriarte y la cartera de Agricultura, se trasladó hasta algunas comuna afectadas y constató en terreno los daños generados por el frente climático que golpeó además sectores rurales de las provincias de Curicó, Talca y Linares. 

“Productores frutícolas maulinos me contactaron y dieron cuenta de severos daños en sus siembras de frutillas, berries, cerezos y frambuesas. Estamos frente a un episodio anormal para la fecha y evidentemente, la autoridad debe evaluar y así definir un registro del impacto y afectación en estas siembras; muchas de las cuales ya están en proceso de cosecha y recolección.”, detalló el legislador. 

En esa línea, el diputado Pulgar pidió a las autoridades, a través de oficio parlamentario y mediante comunicación con el gabinete del Ministerio de Agricultura, actuar con celeridad y en los casos que correspondan, activar los seguros agrícolas para este tipo de situaciones, y así ir en respuesta y apoyo de quienes resulten afectados, dijo. 

“Detrás de esas producciones existen familias, quienes dependen en su totalidad del éxito de estas cosechas. Esta vez el clima les jugó un a mala pasada y, por tanto, urge ir en su ayuda inmediata y no sólo abordar la contingencia inmediata, también proyectar la próxima temporada. El impacto, evidentemente, se reflejará en una merma en rendimiento, que en forma preliminar implicaría bajas de alrededor de un 20 por ciento de fruta exportable”, puntualizó el congresista.