Recordemos que como se aprobó -por 79 votos a favor, 51 en contra y una abstención-, la acusación se desecha definitivamente.

Esto, pese a que el libelo venía con informe positivo desde la comisión revisora.

Tras lo anterior, la secretaria de Estado agradeció “a los diputados y diputadas que han desestimado categóricamente una acusación injusta, sin fundamento jurídico y además, técnicamente mal hecha”.

A continuación, la vocera de Gobierno comentó que “es momento de pasar al diálogo, a los acuerdos y dejar atrás la confrontación que no lleva a ningún lado, es lo que ha pedido y reafirmado categóricamente también la ciudadanía”.

En cuanto a Montes, dijo Vallejo, “ha mantenido el cumplimiento de una importante tarea y hoy día va a tener, además, una dedicación exclusiva para poder enfrentar la emergencia habitacional”.

“Queremos reiterar otro llamado, que es a cumplir con otras urgencias ciudadanas y no solamente lo de la vivienda social, hacer avanzar el pacto fiscal, la reforma de pensiones a la cual le pusimos suma urgencia porque efectivamente nuestra gente necesita soluciones”, insistió la autoridad.

Según dijo, la ciudadanía “necesita que el mundo político resuelva deudas que se han arrastrado por años. Llevamos 10 años discutiendo pensiones y por eso es momento de avanza”.

Finalmente, entre aplausos al titular del Minvu, concluyó que “como lo ratificó el Congreso, teníamos no solamente la razón, sino que tenemos un gran ministro cumpliendo una gran tarea”.

«Se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado a que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”, dijeron parlamentarios de Renovación Nacional.

Al respecto, en la región de Tarapacá, desde donde se inauguró un nuevo puesto de control fronterizo, la titular de Interior destacó que el Gobierno está tomando medidas para enfrentar esta problemática.

“Las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas con su seguridad, con su bienestar, las estamos haciendo por compromiso con Chile. No las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan”, dijo.

Agregando que “me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas. Las recibí en alguna época en dictadura, las recibí de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, las recibí de grupos de presión siendo diputada”.

Aún así, aseguró, “pero nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente, nunca. Espero que sea la última vez (…) efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad”.

“Nuestro Gobierno ha hecho varias cosas en esa dirección, hemos aprobado dos proyectos de ley para mejorar las condiciones en que quedó el proyecto de migraciones que se aprobó en la administración anterior”, añadió.

En concreto, dijo Tohá, “uno para agilizar los procesos de notificación, otro para dar más tiempo a los servicios particularmente al organismo contralor que es la PDI para poder llevar adelante la expulsión”.

“También para mejorar las condiciones de control de identidad que se hacen las personas que están de manera irregular”, concluyó.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, cuestionó a la oposición por esta decisión, afirmando que «las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones del parlamento, pero las acusaciones constitucionales tiene que tener sustento jurídico y no ir inventando sobre la marcha».

«En este caso, sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por evitar que el gobierno saque adelante sus reformas, y que lo digan públicamente», expresó el mandatario.

Al respecto, la diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, conversó sobre la acusación constitucional contra el ministro Jackson en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

«Por cierto que con los últimos sucesos la figura del ministro Jackson se ha visto golpeada, pero creo que no hay que confundir lo que está ocurriendo en torno a las encuestas, noticias, o la opinión que pueda tener la oposición de un ministro. Lo que hay que fijarnos es en la gestión del ministro», afirmó.

«Creo que la gestión del ministro es lo que menos se está discutiendo acá. Se está discutiendo sobre los dichos del ministro, de si alguien le gusta o no, si es cercano o no al Presidente, pero realmente no hay argumentos en torno a la gestión para decir que se estén vulnerando la Constitución y las leyes, ni tampoco para vincularlo al Caso Convenios. No han sido capaces de poner un antecedente», aseveró.

Además, la diputada agregó que «ya hemos visto como, por ejemplo, desde la UDI se le intentó imputar delito a un ministro de Estado, delitos que no hay cómo comprobar, no hay ningún antecedente de que esté involucrado porque no lo está. Entonces, creo que eso sin duda impacta en su figura».

«Queda en evidencia con las declaraciones que ha dado el propio Partido Republicano que se está presentando una acusación constitucional completamente improvisada, sin argumentos», finalizó.

Pese a que no existe claridad absoluta de los hechos por los que buscan inhabilitarlo de cargos públicos por cinco años, de todas formas hay quienes ven en un momento muy frágil al secretario de Estado.

Desde Chile Vamos –Renovación Nacional, UDI y Evópoli– señalaron que apoyarán la acusación, pero que podría perder fuerza si se le pide la renuncia al fundador de Revolución Democrática.

Tras eso, el presidente Gabriel Boric arremetió contra la oposición y la verdadera intención, según dijo, que tendrían para presentar la AC contra Jackson.

“Creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por evitar, y entrabar, que el Gobierno saque adelante sus reformas”, aseguró el mandatario.

El ministro Giorgio Jackson atraviesa por un complejo escenario político, y se trata de la segunda acusación en su contra. Esta, será entregada el próximo lunes 14 de agosto.

Recordemos que a principio de año, también por iniciativa del Partido Republicano, el secretario de Estado fue acusado constitucionalmente por “vulnerar la Constitución e infringir las leyes”.

En la instancia, por 68 votos a favor, 76 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el libelo.

Al respecto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, negó que haya un quiebre al interior de Chile Vamos, luego de que Evópoli rechazara el libelo.

El legislador pidió «no dramatizar» la posición del partido, argumentando que sólo dos parlamentarios se mostraron en contra de la AC. Sin embargo, reconoció que los resultados causaron «sorpresa» y «molestia» en la oposición.

«Leo los diarios y parece una novela con la que dan ganas de llorar. De los cuatro diputados de Evópoli, dos votaron en contra de la acusación constitucional y se dramatizó no por la votación misma, sino que simplemente porque quienes apoyábamos este libelo en contra del minsitro de Educación, dábamos por hecho de que contábamos con los votos de Evópoli en su plenitud», sostuvo Frank Sauerbaum, en conversación con Canal 24 Horas.

«El tema de Evópoli no lo dramatizaría tanto, considerando que son solamente dos personas las que votan en contra de esta acusación», añadió.

Pese a ello, el diputado aseguró que los votos emitidos por los representantes de Evópoli no «marcaron la diferencia» en el resultado final de la AC, puesto que hubo una diferencia más amplia entre quienes apoyaron el libelo y los que lo rechazaron.

«No hacían la diferencia, pero genera sorpresa y molestia en los partidos de Chile Vamos, porque esperábamos contar con su apoyo», puntualizó el jefe de la bancada de RN, asegurando además que lo realmente preocupantes es la división dentro del mismo Evópoli.

«El problema más grande lo tienen ellos: si dos votan a favor y dos en contra, eso es una situación que tienen que arreglar ellos primero», afirmó.

Si bien Sauerbaum aseguró que los votos de los dos diputados de Evópoli no marcaron la diferencia en el resultado, sí fue enfático en señalar que la posición de la tienda generó que otros parlamentarios cambiaran de opinión en el último minuto.

«Esto produjo mucha sorpresa y molestia entre nosotros. Cuando se presentó la acusación había gente que se acercó a nosotros ofreciéndonos los votos rápidamente, entonces la gente más de centro estaba evaluando votar a favor de la acusación, pero cuando supo que había personas de Evópoli que no lo iban a hacer, no se sintieron con la responsabilidad de hacerlo también», explicó.

«Eso nos disminuyó el apoyo y eso generó molestia. Personas de otras personas dijeron ‘si no están cuadrados en Chile Vamos, por qué deberíamos estar nosotros también'», agregó. Por otra parte, Sauerbaum explicó los dichos del diputado Diego Schalper (RN), quien tildó de «puñalada en el corazón» lo ocurrido con Evópoli, y descartó que haya un quiebre en Chile Vamos.

«Es una situación que si uno lo ve con más lejanía, no tienen tanto dramatismo», zanjó sobre el tema.

RN se desmarca del libelo acusatorio

Ante el rechazo al libelo contra el ministro Marco Antonio Ávila, el diputado Frank Sauerbaum reconoció que previo a la acusación se tuvo que haber presentado una moción para intrepelar al titular de Educación.

«Yo siempre sugerí que era necesario hacer una interpelación previa, como lo había planteado la UDI, antes de hacer esta acusación para conocer más elementos, para que esta acusación tuviera más contundencia como lo estamos haciendo en el caso del ministro Montes», puntualizó el jefe de la bancada RN.

En ese sentido, el diputado aseveró que la aplicación de una comisión investigadora hubiese permitido reunir «todos los elementos de responsabilidad política y administrativa» necesarios para aprobar la AC.

«Ese trabajo previo se tuvo que haber hecho antes de la acusación del ministro», concluyó Sauerbaum.

La diputada Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano), una de las impulsoras de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lamentó el rechazo al libelo acusatorio.

Cabe señalar que la acusación fue descartada por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención.Al respecto, la parlamentaria aseguró que aquellos diputados que votaron en contra del libelo “le dieron la espalda a los niños“.

Asimismo, Muñoz señaló que la acusación “estaba en la línea de apoyar a la infancia, cuidar derecho preferente de los padres“, pero también en “la probidad y transparencia“.

Por otra parte, y respecto a lo planteado por el Gobierno, sobre que el libelo tenía un sesgo homofóbico, la diputada dijo que “solamente se hicieron las víctimas, porque no tenían argumentos“.

Fue hace un par de días, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, expresó su postura de rechazo al libelo y llamó a las y los parlamentarios democratacristianos a sumarse a su postura. Finalmente, así fue.

En total, la Democracia Cristiana cuenta con cinco representantes en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se restará uno.En específico, se trata del representante de la región de Los Lagos, Héctor Barria, quien fue hospitalizado de gravedad y con diagnóstico reservado en Hospital San José de Osorno.

“Carece de fundamentos” dicen desde la DC previo a la votación
Fue el jefe de la bancada de la DC en la Cámara Baja, Eric Aedo, quien confirmó la decisión. “Hemos llegado a la convicción de que no existe mérito para acusar constitucionalmente al ministro”.

Finalmente, y en la misma línea, el diputado de la región del Ñuble, Felipe Camaño (independiente-DC) destacó que la AC “carece de fundamentos” y “se ha dividido por interpelar por una orientación sexual y esto no debería pasar en el hemiciclo”.

“Lo único que voy a señalar es que yo estoy muy convencido de que en nuestra gestión, y en particular yo, no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes”, aseguró el titular de Educación, en su llegada al Congreso, donde evitó referirse a las causas y a las declaraciones que acusan que el sustento de la AC es la homofobia en su contra.

Recordemos que el pasado mes de mayo cuando las diputadas militante del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, anunciaron la acusación constitucional contra Ávila.

Según argumentaron en la instancia, y haciendo referencia a una guía del Ministerio de Educación, Muñoz y Concha dijeron que existió una infracción a “lo que es nuestra Constitución, específicamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

“Se han estado creando instrumentos con una fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías. Se está confundiendo la identidad sexual de los niños”, agregaron las diputadas.

En total, la acusación constitucional cuenta con 7 capítulos que van desde educación sexual hasta deserción escolar durante la administración de Ávila. Así, rompe los récords pues en ocasiones anteriores, en titulares de la misma cartera, se han visto sólo un máximo de 5 capítulos. Yasna Provoste en 2008 y Marcela Cubillos en 2019.

“Sabemos que las acusaciones constitucionales son facultades de los parlamentarios y parlamentarias, pero esto ha sido abusivo, y ha sido un acto de profunda homofobia y discriminación”, aseguró la Vocera de Gobierno.

Cabe recordar que la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el juicio político contra el titular de Educación, por tres votos contra dos.

En la instancia, votaron en contra de la AC los diputados oficialistas Tomás Hirsch (Acción Humanista), Juan Santana (Partido Socialista) y Héctor Ulloa (Ind-PPD).

Mientras que a favor votaron los diputados de oposición Gloria Naveillán, del Comité Social Cristiano e Independientes, y Miguel Ángel Becker (RN).

De esta forma, la Acusación Constitucional llegará con informe negativo a la Cámara de Diputadas y Diputados, para que este miércoles sea votada por la totalidad de los diputados.

Luego de esto, Camila Vallejo comentó que desde el primer momento en que se anunció y se ingresó el mencionado juicio político “está claramente inspirada en la homofobia y la discriminación”.

Vallejo continuó y agregó que “es una acusación que cuando más se ha podido revisar y leer en su libelos da cuenta de que carece de todo sustento jurídico”.

“Su motivación principal es desplazar de una responsabilidad de Estado a una persona por su orientación sexual, y eso es un acto de discriminación que debería ser repudiado no solo en Chile sino que en el mundo entero. No puede ser que en pleno siglo 21 haya quienes, haciendo uso de sus facultades políticas, validen o legitimen la persecución a alguien por su orientación sexual“, dijo Camila Vallejo.

Por último, la ministra Vocera de Gobierno dijo que como Administración valoran el rechazo en la Comisión Revisora porque “se hizo prevalecer la mirada jurídica al carecer de todo profesionalismo, de toda rigurosidad al carecer del fundamento. Evidentemente la evaluación de mérito es que tenía que ser rechazada“.

Finalmente, Vallejo aseguró que esperan que el mismo rechazo se reitere en la Sala (Diputadas y Diputados).

Según Vallejo, el juicio político que fue anunciado por el Partido Social Cristiano, pero que es apoyado por Chile Vamos y el Partido Republicano, solo responde a razones de “homofobia y discriminación”.

“Por lo que hemos visto y analizado de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, no hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación”, recalcó la ministra Vallejo.

“No hay una línea de esa acusación constitucional que tenga sustento político y jurídico. Entonces, para aquello, nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta acusación constitucional no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado a quien se le ha acusado de hechos que no corresponden al periodo de su administración”, añadió.

Quienes impulsan esta acusación la hicieron bajo el argumento que el ministro Ávila impulsaría una “ideología de género” en las aulas y privaría a los padres del “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

Esto se dio luego de la polémica por la distribución de una guía para la sexualidad afectiva que distribuyó el Ministerio de Educación en distintos recintos municipales, que data del año 2017 y al que se le hizo una actualización en mayo de 2023.

Aquel documento entrega sugerencias sobre el trato hacia personas pertenecientes a las diversidades sexuales.

Desde la oposición han dicho que estarían los votos para que la acusación constitucional avance en la Cámara de Diputadas y Diputados, y desde La Moneda esperan que el Caso Convenios no influya en esta votación, dado que Ávila es militante de Revolución Democrática (RD), el principal partido involucrado.

“Nosotros como gobierno creemos que todos los que estamos en política debemos estar a la altura (…) mire al absurdo que nos lleva de repente el debate a propósito del Caso Convenios: Se trata de perseguir políticamente a cualquier militante del partido que ha tenido un caso asociado a actos que pueden vulnerar la probidad, e incluso constituir delito”, dijo la ministra Vallejo.

“Si fuese por eso, hemos tenido varios casos de corrupción en nuestro país; Cso Penta, Caso SQM, casos relacionados con municipios… Si fuera por esa lógica, o esa racionalidad, estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo a los de la oposición, deberían estar siendo expulsados o sancionados solo por el hecho de ser militantes”, añadió.