Este martes, el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró la culpabilidad de Rojas por violar y asesinar a la joven cuando ella tenía 30 semanas de embarazo, esto en una bodega de Conchalí.

Fernanda Maciel estuvo desaparecida desde el 10 de febrero de 2018 hasta el 24 de junio de 2019, cuando una expolola del inculpado reveló que el sujeto le confesó todo y que el cuerpo estaba enterrado en la misma propiedad donde se vio a la víctima por última vez.

Por la condena de violación con homicidio, Rojas arriesga una pena de presidio perpetuo calificado. Esto quiere decir que podría pasar 40 años en la cárcel para recién postular a beneficios que no necesariamente derivarían en su libertad.

Posible nulidad

El abogado Andrés Delgado, quien es querellante y representa a la pareja de Fernanda Maciel, Luis Petersen, indicó que la defensa del inculpado buscará rebajar dicha sanción.

Según declaró, como Rojas colaboró al confesar el crimen, su defensa esperaría que se le condene por presidio perpetuo simple o incluso una condena más baja.

Por su parte, el abogado de la familia de Fernanda Maciel, Pedro Díaz, señaló que pedirá la nulidad del juicio en caso de que a Felipe Rojas no se le condene a presidio perpetuo calificado.

Junto con ello, criticó que Fiscalía no considerara diversas pruebas entregadas por él como querellante, pero sí se tomara en cuenta la cooperación de Rojas al confesar.

Perspectiva de género

Finalmente, la abogada del culpable, Jacqueline Stubing, fue consultada sobre la aplicación de perspectiva de género en el veredicto sobre su representado.

“Debe plantearse con perspectiva de género. Cualquiera causa que sea víctima mujer debe plantearse con perspectiva de género”, señaló escuetamente entre algunas manifestaciones que hubo afuera del Centro de Justicia.

Recordemos que el pasado 16 de marzo los abogados del imputado presentaran un documento desistiendo de continuar con su representación.

La decisión se tomó este viernes, en una audiencia de factibilidad del juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco (TOP), con el fin de fijar el orden y las formas en que se hará el segundo proceso.

Los defensores Patricio Salinas y Marcelo Pizarro solicitaron 40 días de plazo para conocer la carpeta de investigación, sin embargo, el tribunal otorgó 30 días.

«En atención a la renuncia de los defensores particulares de los abogados del acusado Pradenas y la recién asumida defensa pública de este acusado, lo que se resolvió fue suspender a partir del día de hoy, por 30 días, la realización del juicio oral», detalló el fiscal Miguel Rojas.

De este modo, el inicio del juicio, que inicialmente debía iniciar el jueves 30 de marzo, fue postergado hasta el lunes 24 de abril a las 09:00 horas, en un proceso que será llevado a cabo de manera presencial, durante 37 días.

«El Ministerio Público comparecerá de manera presencial en cada una de las 37 jornadas que fueron fijadas para el desarrollo de este juicio, al igual que el tribunal. Lo que sí se aceptó fue la comparecencia de algunos querellantes de manera telemática», precisó el fiscal.

Cabe recordar que, tras la renuncia de los abogados, la Defensoría Penal Pública (DDP) tomó el control de la representación de Pradenas.

En la audiencia también se determinó que en un plazo de cinco días Pradenas tiene que ser trasladado desde la cárcel de Valdivia hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Nueva Imperial.

La solicitud de traslado se realizó a raíz de que el joven estaría sufriendo agresiones en el recinto donde se encuentra actualmente.

Se trata de una nueva arremetida en el marco del recurso que busca declarar la inconstitucionalidad de tres grupos radicales que operan en el sur del país.

Recordemos que la semana pasada el TC acogió a trámite el recurso que busca declarar inconstitucional a la Coordinadora Arauco Malleco, junto a los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) Lafkenche, Wenteche Katrileo y Nagche.

Según el escrito al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se indica que el TC tiene la atribución de “declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del Nº 15º del artículo 19 de esta Constitución”.

Además, se apunta que “es un hecho público y notorio que existen en cursos diversas investigaciones y procesos penales referidos a imputaciones por una serie de delitos en contra de las denominadas “CAM” y de diversas organizaciones, entre ellas algunas denominadas “ORT”, delitos dentro de lo cual se encuentran algunos referidos a Ley de Seguridad Interior del Estado”.

El recurso, pese a ser acogido a trámite la semana pasada, fue votado en contra por la presidenta del organismo, Nancy Yáñez, y el ministro Rodrigo Pica.

“La imputación de hechos que puedan revestir caracteres de delitos no es propia de este proceso, no porque carezcan de relevancia, sino porque una imputación de esos caracteres desbordaría la delimitación constitucional específica del inciso sexto del número 15° del artículo 19 de la Constitución”, indicaron.

Por lo anterior, el abogado Ronald Kurt Von Der Weth solicitó la inhabilidad de ambos ministros a través de una recusación amistosa para conocer de la causa.

Según señala el texto, al que tuvo acceso exclusivo Radio Bío Bío, ambos ministros “fundamentan su disidencia, pronunciándose sobre el fondo del asunto, dejando serias dudas a parte la requirente y a la comunidad en su conjunto, si en la presente acción popular se respetará la garantía fundamental de contar con un tribunal independiente e imparcial”.

“En efecto, a juicios de este requirente la señora y el señor ministro, ya individualizados, se pronunciaron sobre el fondo del asunto en la etapa de admisibilidad, enmarcándose la acción en la hipótesis prevista en el artículo 196 número 10 del Código Orgánico de Tribunales relativo a las causales de recusación”, agrega.

“No queda más que concluir que los ministros individualizados se han pronunciado anticipadamente y de manera concreta sobre el fondo del asunto, perdiendo en definitiva la independencia requerida a todo y a cualquier tribunal de la República para resolver el presente requerimiento”, señalan.

Luego que los abogados de Martín Pradenas presentaran un documento donde desistían de continuar defendiendo al imputado, sindicado como el responsable diversos delitos de connotación sexual, se confirmó que ya tiene nuevos defensores.

Esto porque en la audiencia de factibilidad de Juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco de este jueves, tras la salida Javier Jara y Gaspar Calderon, los defensores penales públicos Marcelo Pizarro Quezada y Patricio Salinas Gaete asumieron la representación de acusado Martín Pradenas.

Cabe recordar que, en un principio, el segundo juicio contra Pradenas está fijado para el 30 de marzo. Esto luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de nulidad que presentaron los abogados anteriores de Pradenas, luego de que se sentenciara a este a 20 años de prisión.

De acuerdo a los juristas, en ese juicio hubo «falta de imparcialidad» de parte de un juez, el cual en redes sociales había usado consignas para exigir justicia por una de las víctimas.

Después de que dicha acción terminara siendo acogida por la Corte Suprema, se estableció la realización de un nuevo juicio.  Sin embargo, la fecha de este nuevo proceso podría ser modificada ante el cambio en los abogados del acusado.

Ante la posibilidad que el juicio agendado para el 30 de marzo sufra una modificación tras la confirmación de los nombres de los nuevos abogados que tendrá Pradenas, el fiscal Roberto Garrido se mostró reacio a ese escenario. 

«Las víctimas, ya enfrentaron un juicio oral por esta materia (…) evidentemente les provoca una situación de victimización y afecta a la adhesión que ellas tienen con el proceso. Como Fiscalía esperamos que los intervinientes sean responsables, las decisiones que adopten, que no se pretenda obtener ventajas procesales a través de los derechos que se consagran para la defensa de los imputados. Y podamos prontamente, con el respeto de los derechos de todos los intervinientes, iniciar este segundo juicio oral».

En la misma línea, Miguel Rojas, fiscal de delitos sexuales, apuntó a que «lo lamentaríamos de sobremanera (posponer el segundo juicio) en atención a que este tipo de situaciones revictimiza a cada una de las víctimas y su familia».

Así se refirieron desde el Colegio de Abogados, por el ataque al juez. Manuel Muñoz, consejero de la institución, rechazó el hecho violento efectuado a la altura del sector La Greda en Penco.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el juez Carlos Hidalgo dio a conocer la experiencia vivida el sábado a eso de las 20:30 horas, al llegar a un semáforo en el sector La Greda del camino Concepción-Penco.

De acuerdo a sus propias palabras, señaló que “estos señores aparecieron de todos lados, es gente muy joven y muy violenta, pues pese al decirles que les iba a entregar el auto me golpearon…”.

Detalló que fue un carabinero de civil que al verlo sangrando lo ayudó y lo trasladó al Hospital Penco-Lirquén. Hoy se encuentra con licencia médica, pero sin querer referirse al tema, señalando que hay una investigación en desarrollo.

Esa indagatoria ya tiene algunos resultados, según confirmó el prefecto de la PDI, Gino Gutiérrez, quien agregó que las diligencias están a cargo de la Brigada Investigadora de Robos.

“Ya hemos recuperado una especie que estaba sustraída por los delincuentes. Estamos hablando de teléfono móvil, lo hemos recuperado, seguimos trabajando”, detalló el prefecto de la PDI.

Se espera que las pericias realizadas al teléfono arrojen resultados para dar con el paradero del vehículo BMV, pero además hay un chequeo de las cámaras de vigilancia que pudieran tener empresas ubicadas en el sector.

Mientras el silencio fue la respuesta de la Corte de Apelaciones y la Asociación de Jueces frente a las consultas sobre lo ocurrido al magistrado, desde el Colegio de Abogados, el consejero y exministro del tribunal de alzada, Manuel Muñoz, subrayó que la delincuencia no discrimina.

Manuel Muñoz enfatizo que “queremos dar el repudio más enérgico y decidido, respecto de la acción delincuencial de algunas personas. No es el primero que sufre esto, ni es el último que lo va a sufrir, porque la delincuencia ataca a todo el mundo (…) es una lacra social que hay que combatir de todo punto de vista”.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, también se refirió a la encerrona al juez y los otros delitos perpetrados el fin de semana, adelantando que pondrán el acento en un trabajo que realiza la municipalidad con las policías y Fiscalía.

La encerrona al juez se sumó a otro hecho similar ocurrido en Lenga el fin de semana, además del homicidio del comerciante de la Vega Monumental, cuyo vehículo fue interceptado por delincuentes que le dispararon.